El nuevo orden mundial. Avances y retrocesos

El nuevo orden multipolar avanza por la confrontación interna/externa de los países y coaliciones en todos los órdenes de la vida, con referentes cada vez más evidentes de implantación de regímenes de democracia y los sistemas de progreso e igualdad o nuevos modelos de dictaduras, con recortes en derechos, igualdad y condiciones de vida dignas.

21 de Julio de 2026

Manuel Armenta

Los poderes fácticos más relevantes de la revolución tecnológica y la IA, asentados en los EEUU, revelan un carácter político e ideológico anti-liberal, la desigualdad de las clases sociales y étnicas, el mundo del trabajo y una actitud belicista armamentística, opuesta a la búsqueda de la paz y el NO a las guerras. Esta manera de entenderlo e implantar por todo el mundo como un proceso despolitizado, subordina y daña al ser humano y la vida política institucional (con énfasis en la democrática progresista), en todos los órdenes de la vida, frente al poder fáctico oculto.

Tratan de sustituir el protagonismo del ser humano y la ética de la vida política de los derechos humanos y la igualdad, por la IA y sus algoritmos, y así alcanzar los modelos de gobiernos dictatoriales -de nuevo tipo- que justifican todo tipo de recortes y formas de organizar la vida laboral, económica y social, frente a la democracia progresista que hoy tenemos, que tiene que ser el mecanismo humano e institucional de la toma de decisiones en la implantación del nuevo poder tecnológico que debe mejorar las condiciones de vida en igualdad y estar al servicio de todas las personas y no al revés, como se manifiestan las NACIONES UNIDAS: “construyamos una IA desarrollada por la HUMANIDAD, con la HUMANIDAD, y para toda la HUMANIDAD”.

La revolución tecnológica y la IA avanzan por todo el mundo bajo los distintos criterios y controles que permiten su implementación en todos los órdenes de la vida, así como las tendencias que se proyectan políticamente de avance democrático progresista o de retroceso en derechos e igualdad. Todo responde a los procesos y confrontaciones de la vida política, económica y social que cada país soporta y vive en el día a día. Esa es la lógica del nuevo orden multipolar y las formas de proceder de cada país.

Las guerras, a pesar de los intentos de acuerdo y entendimiento o los suscritos, siguen matando y destruyendo. Los apoyos y respaldos de otros países a los protagonistas de ellas (que ya anuncian otras nuevas en Cuba y Groenlandia), siguen siendo de gran importancia frente a otros países que lideran el NO a la guerra. Por ello EEUU también confrontará con las leyes de la OTAN y con todos los Estados de la UE que se oponen radicalmente a esas guerras.

En los EEUU destaca la actitud del alcalde de Nueva York, que golpea las políticas de vivienda de Trump, congelando los alquileres de casi un millón de viviendas. Retrata cómo se debe actuar ante un problema que afecta a medio mundo (destacando Europa).

La reconfiguración política y social del nuevo mundo por el que avanzamos los países en los que imperan los regímenes democráticos (América y Europa), históricamente gobernados por sectores políticos de izquierdas/derechas con el voto popular, y sus consecuencias de mejores o peores condiciones de vida de las mayorías sociales, se están generando importantes retrocesos que pueden no ser ajenos a la influencia de EEUU y su poder fáctico de la IA que hoy los domina.

En América Latina en 2023 los gobiernos de 10 Países eran de izquierda y 3 de derecha; en 2026, 6 son de izquierda y 7 de derecha. Y todos ellos, con el añadido de la derecha más radical y/o dictatorial. Europa va en la misma dirección, y si profundizamos en España, en donde ejerce el poder del Estado un gobierno que destaca en la vía de progreso en todos los órdenes de la vida, resulta que en las elecciones autonómicas y municipales de los últimos años, la ultra-derecha se consolida en las estructuras de sus gobiernos.

El soberano poder de los EEUU por todo el mundo también hoy camina por la vía de la quiebra en todos los órdenes de la vida, porque muchos Estados ya avanzan por la vía de su autonomía política y económica sin dependencia, aunque se siga manteniendo la relación de entendimiento posible en igualdad. Veamos algunos referentes destacados:

Importantes potencias de los BRICS han creado recientemente el Brics Plus Thinking: plataforma diseñada para coordinar no solo el comercio de cada país, sino también el desarrollo de la Inteligencia Artificial aplicada a las finanzas, lo que marca también el inicio de una era de soberanía financiera que afecta directamente al dólar.

Brasil y México crean una alianza histórica para el control total de las reservas de petróleo del Golfo de México ”por la unificación de las capacidades Tecnológicas y las de Perforación profunda”, que frenan en seco a los EEUU porque así coordinan un frente impenetrable contra la dependencia externa.

Europa y México relanzan una alianza comercial que permite a todos avanzar por la autonomía estratégica de todos los países, (acuerdo que se formalizó ante Antonio Costa como testigo de honor). El acuerdo elimina el 95 % de los aranceles actuales; así como proteger 568 indicaciones geográficas europeas y abrir la contratación pública a 14 estados mexicanos; actualiza los mecanismos de protección de inversiones y facilita la actividad de 45.000 empresas europeas que exportan a México.

En México, referente de las políticas de progreso, destaca su proyecto de lanzar un sistema de salud universal con el acceso a la atención médica gratuita de 130 millones de personas.

India e Indonesia firman unos acuerdos comerciales y financieros independientes, alejándose del dólar y acercándose a los BRICS.

Canadá y Arabia Saudita sellan una alianza estratégica y comercial de más de 1.200 millones de dólares.

En la Unión Europea, y en concreto en Suecia, Finlandia, Dinamarca, Italia, Francia y Noruega, se han tomado medidas contra la implantación de la digitalización en los colegios, porque afecta en general a los alumnos/as en su educación. Se vuelve a los libros como criterios pedagógicos avanzados, como también lo indican los informes de la OCDE y la UNESCO, que hoy sustituyen la educación de la IA por lo PEDAGÓGICO.

Europa se mantiene ante las guerras, la OTAN, la economía y los vínculos con EEUU, de forma muy controvertida, salvo excepciones, sin que ello esté afectando a la apertura de nuevas vías de comercio y relaciones de todo tipo, que reportan al conjunto nuevas vías de desarrollo. La situación de dependencia de los EEUU podemos considerarla que está en quiebra, aunque su futuro seguirá siendo controvertido como Unión. Si se avanza con autonomía por el camino tecnológico, la Defensa, la Energía, el acceso a materias primas críticas y la economía, la soberanía de la UE avanzará por el nuevo mundo, con independencia de controvertidos retrocesos en algunos países.

España está destacando de forma positiva y progresista dentro y fuera del Estado, sin poder evitar el controvertido ataque que sufre desde la política, los poderes fácticos y el voto popular que se está inclinando por el ultra-conservadurismo en comunidades autónomas y ayuntamientos. La economía, la vida laboral, los derechos, la igualdad y las condiciones de vida progresan en todos los ámbitos de responsabilidad del Estado como un referente histórico. El NO a las guerras, la prohibición y uso de las bases militares y el espacio aéreo han sido aplicadas a los EEUU en la guerra contra Irán. En esta dirección, el Presidente del Gobierno de España ha sido nombrado por la ONU “copresidente” en su organismo de los Defensores de la ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). Hay que destacar asimismo cómo el 86 % de los españoles piden y demandan una tecnología digital europea, como expresión de eficiencia y la mejor forma de avanzar con autonomía por la vía de progreso en todos los órdenes de la vida.

La oligarquización de las sociedades

 

Juan Manuel Valencia Rodríguez

14 de julio de 2026

Asistimos en la actualidad a una aparente contradicción: la oligarquización de unas sociedades que se pretenden y declaran democráticas.

A lo largo de la Historia humana el poder ha estado casi siempre en manos de minorías que lo han utilizado en su propio beneficio, pero la generalización de las sociedades democráticas parecía abrir la posibilidad de romper esa dinámica.

Tal día como hoy de 1789 una milicia popular protagonizó el famoso asalto a la Bastilla, la Prisión Real odiada por el pueblo porque simbolizaba la arbitrariedad y el despotismo de la Monarquía Absoluta. El hecho iba a suponer el inicio de la Revolución Francesa, y marca una fecha germinal en la historia del republicanismo laico y de las libertades ciudadanas. Lo que allí se mostró, en un espectáculo impresionante y sobrecogedor, fue la fuerza del pueblo, el poder del pueblo como se ve en pocas ocasiones. En ninguna revolución anterior fue tan evidente, tan efectivo, tan decisivo ese poder popular.

Ya nada iba a ser lo mismo: frente a la monarquía absoluta y teocrática se hizo la revolución de la nación, la soberanía de los ciudadanos sustituyó a la de los reyes, se forjó la idea de un Estado que debía representar a todas las personas, desaparecieron casi todos los privilegios de unos pocos, la nación se regía por leyes aprobadas por sus propios representantes.

Tras el Estado liberal surgido de aquellas revoluciones, que aún restringía el ejercicio de los derechos a una minoría, el empuje del pueblo trabajador fue imponiendo, en unos países antes que, en otros, la democracia, que extendía las libertades y derechos al conjunto de la ciudadanía.

Sin embargo, en las últimas décadas se multiplican las evidencias de un retorno al dominio oligárquico del poder efectivo, más allá de la apariencia formal de nuestras democracias, notoriamente degradadas. Las decisiones claves se toman en círculos cada vez más opacos y restringidos.

A escala mundial observamos en los últimos tiempos una novedad: los oligarcas salen de sus escondrijos; ya no son el habitual poder en la sombra que deja la gestión de sus intereses en manos de políticos a su servicio. Ahora irrumpen, cada vez con más frecuencia, en el primer plano de la escena y asumen directamente los hilos del poder multimillonarios como Silvio Berlusconi, pionero en esta tendencia, Trump y su secuaz Elon Musk, Michael Bloomberg, los presidentes chilenos Sebastián Piñera, ya fallecido, y el actual, José Antonio Kast Rist…

La relación entre la riqueza y el poder político ha cambiado, en especial en Estados Unidos, aunque se mantengan también los antiguos sistemas de intervención indirecta de los oligarcas en la política, que hoy se conducen sobre todo por dos vías: el dominio casi absoluto de los medios de comunicación social, tanto los tradicionales (TV, radio, prensa) como los nuevos (redes sociales); y la financiación masiva de las campañas electorales de sus candidatos predilectos, todo un flujo de capital de las grandes fortunas hacia el sistema político que pervierte de manera evidente los principios democráticos de igualdad (vemos al multimillonario inmobiliario y petrolero John Catsimatidis y los magnates de Sillicon Valley financiando a Trump, Peter Thiel ligado a la Argentina de Milei, Marcelo Claure en Bolivia…).

Lo que subyace bajo esa oligarquización de los poderes y de las sociedades es sin duda la concentración extrema de la riqueza en manos de una minoría muy reducida. Ya sabemos que la acumulación progresiva del capital es la naturaleza propia del sistema capitalista, pero hoy ha llegado a unas proporciones extraordinarias y brutales, como mostraba el último informe de Oxfam: el 1 % más rico de la población mundial acumula el 63 % de la riqueza producida desde 2020. En España, 33 personas, milmillonarios, acumulan una riqueza conjunta igual a la que poseen 18,7 millones de españoles, el 39 % de toda la población.  

La concentración masiva de la riqueza ha acabado con la libre competencia de la teoría capitalista clásica y la ha reemplazado por oligopolios que controlan los mercados en beneficio propio, sin remilgos a la hora de destruir poblaciones o las bases de la vida en el planeta.

El capitalismo actual ha destruido el mito de que el sistema produce un progreso para todos, para beneficiar sólo al capital, como ya advirtió Marx como destino final de la expansión y acumulación capitalista. El modelo neoliberal instituye la precariedad laboral que genera el miedo permanente, el desempleo estructural, el declive de las clases medias. La aceptación de esa realidad neoliberal por la socialdemocracia europea está desmantelando parcialmente el Estado del Bienestar y provoca un desencanto social generalizado, que abre camino al populismo y la barbarie de extrema derecha en esta ola reaccionaria mundial. Y lo que es peor, buena parte de la población ha interiorizado esos designios neoliberales como una realidad imposible de cambiar; así, el neoliberalismo, ayudado de sus poderosos medios de comunicación, ha logrado troquelar una mentalidad social individualista y conformista, que ve a sus enemigos en los de más abajo, no en los poderosos que realmente son los que empeoran sus vidas.

Las desregulaciones financieras y comerciales, las normas en materia de remuneración de directivos y las políticas de reducción de impuestos a los más ricos han contribuido a preservar estas fortunas.

Los superricos dedican una parte sustancial de su riqueza a controlar medios de comunicación y redes sociales, sin que los gobiernos de las naciones sean capaces de impedírselo. Más de la mitad de las grandes empresas de medios del mundo y la totalidad de las principales plataformas de redes sociales están en manos de milmillonarios. 

En resumen, las élites económicas están utilizando sus inmensos recursos para “capturar” el poder político y asegurar así la conservación e incremento de sus fabulosas fortunas.

El dominio oligárquico se extiende hoy incluso a las manifestaciones más genuinas del gusto popular. Grandes magnates dominan los clubs de fútbol, antes más ligados a los “hinchas” del equipo, hoy subordinados al dinero creciente que genera el espectáculo. Los muy ricos se han hecho los dueños, y los aficionados ya únicamente exigen que se gasten mucho dinero en el equipo para que lleguen los triunfos. Se mire por donde se mire, las decisiones se alejan de la soberanía popular.

Los poderes democráticos deberían haber puesto en marcha medidas para combatir esa desastrosa e inadmisible distribución de la riqueza socialmente producida, pero no se atreven a hacerlo en ningún país.

En la UE, las decisiones más importantes que afectan a nuestras vidas se toman por élites no surgidas de la soberanía popular, que imponen austeridades contrarias a la mayoría social, desarrollan políticas cómplices con el genocidio palestino cometido por Israel frente al clamor popular en contra de esta barbarie, o sepultan en el Mediterráneo los valores del humanismo y los derechos humanos con salvajes medidas anti inmigración. La integración europea ha devenido en un proceso de oligarquización neoliberal que ha debilitado la democracia tanto en las instituciones europeas como en sus Estados miembros, algunos de los cuales fueron obligados a introducir cambios en sus constituciones en aras de una política de recortes decidida en opacos círculos de decisión sin legitimación democrática. Para cumplimentar el proceso antidemocrático, los dirigentes europeos han renunciado a una política de defensa propia para ponerse en manos de la OTAN, es decir, de los EE. UU., rinden viajes de vergonzosa pleitesía a Washington y firman onerosos pactos a espaldas de la ciudadanía europea.

En España la oligarquía tradicional, forjada a partir de la Restauración borbónica tras el aplastamiento militar de la I República, se conformó con un carácter profundamente reaccionario. Se habituó a ejercer su dominio mediante el uso de la fuerza, en regímenes carentes de libertades y derechos para el conjunto de la población, y a parasitar el Estado y sus recursos en su exclusivo beneficio, como ha desvelado el profesor Carlos Arenas (El Estado pesebre. Una historia de las élites españolas, 2025). Esta tónica se perpetúa en el presente mediante el control que esta oligarquía ultra reaccionaria ejerce sobre palancas de poder tan poderosas como la judicatura y los medios de comunicación, con la complicidad siempre disponible de los jerarcas de la Iglesia católica.

Como se puede comprender, revertir la deriva oligárquica del poder y la descomunal desigualdad en el reparto de la riqueza es extremadamente complicado. La lógica del sistema es esa. Teje unas redes laberínticas de relaciones e influencias que es muy difícil romper.

Intentarlo requiere una acumulación de fuerzas de superior cuantía, unas mayorías sociales y electorales en las que tenga peso considerable la izquierda con voluntad transformadora, que debería tomar conciencia de la situación y poner manos a la obra para articular una unidad popular organizada, extensa, sólida y duradera, y no envolverse en trifulcas, purismos y egos castradores y suicidas. Es hora de aunar esfuerzos en esa tarea hercúlea de cambiar el rumbo oligárquico de los tiempos, no de acentuar las diferencias que existen. Los motivos para unirse están a la vista de todos: defensa radical de los derechos y libertades, lucha contra las desigualdades, defensa de lo público, defensa del medio natural.

En torno a esos objetivos, debe impulsar todas las mareas, plataformas sociales y colectivos que se oponen a que las oligarquías se apoderen de las instituciones y se apropien la riqueza material producida entre todos, que rechazan la destrucción del medio natural, que defienden lo público. Dichos movimientos son la base indispensable para que cambie el rumbo oligárquico de la sociedad, en favor de una democracia profunda con base en lo común.

Aquel episodio de la Bastilla nos recuerda una verdad que la experiencia hace evidente una y otra vez: junto a la conquista de cotas de poder en las instituciones, que es asunto importantísimo, el protagonismo, la movilización del pueblo, es imprescindible para que se produzcan cambios reales.

ORA PRO NOBIS

 

 

José Antonio Bosch. Abogado.

10 de julio de 2026

 A principios del pasado mes de junio hemos vivido, en directo y con una insistencia desmesurada, nos gustase o no, la visita del jefe de Estado del Vaticano, a quien, en aplicación de la normativa internacional, se le han rendido honores de «jefe de Estado». Si bien nuestra Constitución recoge la aconfesionalidad del Estado español (artículo 16), lo que hace inviable el reconocimiento de la autoridad religiosa de cualquier líder de cualquier confesión —incluida la católica—, lo cierto es que, en la medida en que reconocemos al Estado Vaticano, dicho reconocimiento conlleva todas las consecuencias jurídicas que el Derecho internacional prevé en relación con las visitas de jefes de Estado.

No voy a entrar en el origen del Estado de la Ciudad del Vaticano (los Pactos de Letrán suscritos en 1929 entre la Santa Sede, representada por el cardenal Pietro Gasparri, en nombre del papa Pío XI, y el Reino de Italia, representado por Benito Mussolini, en nombre del rey Víctor Manuel III), ni en los acuerdos vigentes entre el Estado español y la Santa Sede, ni en la vigencia parcial del Concordato de 1953 suscrito por la dictadura franquista con la Santa Sede. Simplemente voy a aceptar que hemos tenido la visita de un jefe de Estado extranjero a quien, en un hecho bastante excepcional, se le ha invitado a intervenir en la sede de la soberanía nacional, el Congreso de los Diputados.

En esa democrática sede y ante nuestros representantes, un jefe de Estado extranjero ha demandado la abolición de derechos, como el derecho a una muerte digna o el derecho al aborto, porque, desde su posición moral —y, por supuesto, desde su condición de hombre al que nada le impide disponer de su propio cuerpo a su arbitrio y voluntad—, considera que los avances en los derechos sexuales y reproductivos, la lucha por la igualdad y el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo deben estar subordinados a su concepción moral de la vida.

Y lo cierto es que no me extraña que una organización que priva al 50 % de sus fieles —en concreto, a las mujeres— de recibir la gracia de Dios a través del sacramento del sacerdocio, y que ejerce una discriminación prohibida actualmente en la mayoría de los ordenamientos jurídicos constitucionales, sostenga tales postulados. Se cuente como se cuente, es una organización que practica una discriminación estructural basada en el sexo y, como tal, sería casi un milagro que respetara el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo.

Y es de una lógica aplastante. Esa norma moral que impone la negativa a respetar el derecho al aborto es una norma concebida y aprobada por una jerarquía masculina. La jerarquía de la Iglesia, históricamente, en la actualidad y, previsiblemente, en el futuro próximo, está conformada por varones. Los órganos de decisión —como el papado, el episcopado y el colegio cardenalicio— han estado integrados tradicionalmente de forma exclusiva por hombres, lo que implica una ausencia absoluta de mujeres en los niveles más altos de poder institucional. Son hombres quienes han decidido y pretenden seguir decidiendo sobre el cuerpo de las mujeres y sobre el rol social que estas deben desempeñar, cuál debe ser su sexualidad o su papel como reproductoras… Por ello, todo lo relacionado con anticonceptivos, aborto o derechos sexuales es considerado por dicha doctrina como cosa del maligno.

No es necesario extenderse demasiado sobre las posiciones oficiales de la Iglesia en relación con el papel de la mujer en la familia —estructura que, según su doctrina, debe estar conformada por un hombre y una mujer unidos bajo el sacramento del matrimonio— para comprender las limitaciones que se formulan y que se tratan de imponer desde esa organización a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a las que sitúa en una posición subordinada o condicionada por su función reproductiva.

Así, lo que ha venido a solicitar el señor Prevost en el Congreso de los Diputados es la derogación de normas que, con gran esfuerzo y sacrificio a lo largo de años de muchas ciudadanas y ciudadanos de este país, han incorporado a nuestro ordenamiento jurídico el reconocimiento y respeto a los derechos humanos. Y lo sorprendente no es que predique semejante doctrina (conocida, pública y notoria), sino que lo haga en la sede de la soberanía nacional donde se aprobaron las normas cuya derogación solicita y que, además, nuestros representantes le aplaudan como si no hubiera un mañana.

El Papa puede pensar lo que quiera, faltaría más, pero, en su condición de jefe de Estado —en el rol en que ha sido recibido—, debería observar, al menos, las exigencias básicas de la cortesía parlamentaria. Si algo no le ha faltado en su viaje han sido ocasiones para predicar y altavoces desde los que difundir su mensaje. Tanto los medios de la Iglesia como los públicos y los privados han retransmitido, en directo y en diferido, cada una de sus palabras, por lo que no tenía necesidad de faltar al respeto a nuestro poder legislativo para difundir su moral.

No me imagino a ninguno de los jefes de Estado que han visitado el Vaticano en viaje oficial diciéndole al papa de turno que debe derogar la confesionalidad del Estado vaticano porque Dios es una ficción, o que una organización que hoy no reconoce la igualdad de las personas está anclada en el medievo. Por muy ateo que sea un visitante del Vaticano, lo normal, lo adecuado, lo propio de una diplomacia moderna, es el respeto entre las partes.

Pero, claro, el respeto es un valor más extendido entre iguales, y el señor Prevost ostenta la ventaja de presentarse como el representante de Dios en la Tierra, lo que le sitúa, a su juicio, por encima de cualquier interlocutor. Ello le permite mantener esa pretendida superioridad moral desde la que decide qué derechos humanos están amparados por la ley divina y cuáles son contrarios a ella. Y a mí me parece perfectamente legítimo que lo haga respecto de sus fieles, en la medida en que estos se lo permitan, pero utilizar su visita como jefe de Estado al Congreso español para tal fin me ha parecido un abuso.

Personalmente, no tenía ninguna duda sobre la posición de la Iglesia católica en relación con la anticoncepción, el aborto o cualquier cuestión vinculada a la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo. Tampoco albergaba dudas sobre el carácter marcadamente patriarcal de sus postulados. Sin embargo, episodios como este deben recordarnos la cantidad de actores que mantienen abierto el frente contra los derechos sexuales y reproductivos, que, aunque hoy parezcan consolidados, del mismo modo que se conquistaron pueden perderse.

Discursos como el descrito —nada extraordinario a la vista del auge de movimientos reaccionarios que avanzan, cuando no se imponen, en distintas partes del mundo— deben impulsarnos a seguir atentos y activos en la defensa y consolidación de los derechos humanos en todas sus vertientes, y a asumir que, al igual que las flores, los derechos, si no se cuidan con esmero, acaban marchitándose.

Publicado en NR Periodismo Alternativo el 28/06/26.

Marxismo en el Partido Popular

 

José Antonio Bosch. Abogado.

7 de julio de 2026

Parece que no era tan trágico para el señor Moreno Bonilla, como había anunciado, no obtener la mayoría en las pasadas elecciones autonómicas, toda vez que ha sido capaz de alcanzar un acuerdo de gobierno en tiempo récord. Otra cuestión es el tipo de acuerdo que, en realidad, no se diferencia demasiado de los ya suscritos por el PP y VOX en otras comunidades autónomas, y ello pese a la “especialidad de la vía andaluza” que desde tantas plataformas se vendía.

Hasta el presente, se nos decía por activa y por pasiva que, si bien la música era de VOX, la letra era del señor Moreno Bonilla. Así que, pese a acuerdos puntuales PP y VOX, en realidad la habilidad y el buen hacer del presidente andaluz nos conducía por la senda de la moderación y nos mantenía a salvo de las estrambóticas propuestas de la extrema derecha. La cruda realidad nos ha demostrado que la letra y la música la compone VOX, incorporando así a Andalucía a la larga lista de gobiernos (autonómicos y estatales) dirigidos por la extrema derecha en todo el mundo.

Me imagino a “Juanma presidente” -como lo presentaban las vallas y demás soportes electorales- llegando a la reunión para pactar con VOX y poniendo sobre la mesa una firme postura, muy marxista (de Groucho, no de Karl) parecida a aquella de estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros. Y lo digo porque, tras la lectura de las 160 medidas del Acuerdo de Gobierno PP-VOX en Andalucía (en adelante Acuerdo) podemos comprobar cómo rompe e incumple en forma descarada compromisos ofrecidos en el programa electoral del PP de Andalucía (en adelante el Programa).

Así, por ejemplo, en el Programa se utiliza en veintinueve ocasiones el término «género» en contextos tales como perspectiva de género, violencia de género o igualdad de género, mientras que en el Acuerdo el término «género» ni está ni se le espera. Por el contrario, si observamos las referencias a la inmigración o a las personas inmigrantes, vemos que en el Programa se realizan siete menciones en contextos tales como la promoción social de las personas inmigrantes, la afirmación de que la inmigración no está saturando el mercado laboral andaluz o la contribución de las personas inmigrantes al crecimiento económico. Frente a ello, en el Acuerdo se realizan quince referencias en contextos como «inmigración masiva», «rechazo a la política migratoria del Gobierno», «inmigración ilegal» o «repatriación», sin que podamos encontrar una sola medida que suponga el más mínimo reconocimiento a las personas inmigrantes y, mucho menos, cualquier tipo de ayuda.

Por supuesto, en las 441 páginas del Programa no existe una sola referencia al concepto de «prioridad nacional», concepto que sí se incluye en el Acuerdo. Ya sé que los portavoces autorizados del PP sostienen que ellos lo llamaban arraigo y que, en realidad, significa lo mismo que prioridad nacional, pero, por más que consulto diversas herramientas de inteligencia artificial, no logro encontrar ninguna que me ilustre sobre la similitud de ambos conceptos. Prioridad nacional significa «los españoles primero» —pretensión muy acorde con el trumpismo militante de VOX—, que además resulta contraria al principio de igualdad y, en consecuencia, a nuestra Constitución. Por su parte, el arraigo es un término que no establece distinción alguna en función de la nacionalidad, sino que atiende a circunstancias objetivas aplicables a todas las personas, con independencia de su origen.

Inmigrantes, de entrada, sí, pero, por Dios, que no sean muy oscuros de piel; que además recen a nuestros dioses; que recojan nuestras fresas y nuestras aceitunas a cambio de salarios ínfimos y en las condiciones laborales que determine el empleador; que cuiden de nuestros mayores con esmero y respeto, pero que no pretendan convertirse en un español más. Hasta ahí podíamos llegar. Cuando nos sobre algo ya lo compartiremos, pero sentarse en nuestra mesa en condiciones de igualdad, de ninguna manera.

¿Y qué decir del llamativo acuerdo de incluir en los planes de estudio la historia del terrorismo en España? La verdad es que no espero muchas sorpresas. A buen seguro no se incluirá a los GAL, ni al Batallón Vasco Español o Fuerza Nueva, por ejemplo; ni mucho menos al terrorismo de Estado o al comportamiento de determinados miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante la dictadura y la transición. Con suerte, y si el asunto se le escapa al censor, se citará el atentado de Atocha y ya veremos a quién se le atribuye la autoría. Se trata, como en los mejores ejemplos del fascismo, de alterar la historia para justificar el presente.

Mientras en el Programa se hablaba de educación en valores democráticos y al rechazo de la violencia terrorista, en el Acuerdo se contempla que antes de finales del 2026 deberá estar registrada una Ley de Concordia que sustituya la normativa vigente en materia de memoria histórica. No hay problema: Juanma es un hombre muy versátil. Sus principios no pueden ser un obstáculo frente a la posibilidad de ostentar un tercer mandato en Andalucía.

Por supuesto el Acuerdo contempla la bajada de impuestos junto con el aumento de las prestaciones sociales, es decir la cuadratura del círculo que tantas veces nos ofrecen pero que siempre termina empobreciendo a los menos favorecidos y haciendo más cuantiosas las fortunas de los que más tienen.

También acuerdan derogar leyes ideológicas —medidas 148 y 149—, como si el propio Acuerdo fuera algo empírico, objetivo y ajeno a las ambiciones personales de quienes lo suscriben y de sus respectivos partidos. Sin embargo, lo cierto es que el Acuerdo constituye la antesala de las políticas ultraderechistas que guiarán a Juanma y a todo su gobierno durante los próximos cuatro años, en los que veremos cuestionados el principio de igualdad, los derechos sexuales y reproductivos, la protección del medio ambiente o los avances en materia de violencia de género, por ejemplo.

Un Parlamento y un Gobierno rancios como el tocino añejo, que nos empujarán a creer que el enemigo común es quien es diferente y no quien acumula rentas y capital a costa de que las personas vulnerables vean reducida su protección. Un Parlamento y un Gobierno que, ante la evidente emergencia climática, acuerdan reducir tasas a quienes contaminan o dejar de financiar a quienes promueven zonas de bajas emisiones.

No puedo sino recomendar la lectura detenida del Acuerdo. El PP se ha quitado el «burka» siguiendo las instrucciones de VOX y ambos se han compinchado para construir una realidad que normalice lo que, hasta hace muy poco, eran claras vulneraciones de los derechos humanos. Se trata de que nos vayamos acostumbrando a una «nueva normalidad» que, pisoteando principios, valores y derechos constitucionales logrados con sumo esfuerzo, y con un evidente desprecio por los derechos humanos, permita, en pocas palabras, que la desigualdad, como mínimo, se mantenga y, preferentemente, aumente.

Lamentablemente, no estamos ante escenarios desconocidos; la extrema derecha no es especialmente innovadora. Se están reproduciendo patrones que ya se utilizaron en el siglo XX. No miremos para otro lado y, como diría el señor Aznar, «el que pueda hacer, que haga».