“Todo
crimen tiene un móvil. Para descubrirlo y, de paso, desenmascarar a sus
responsables solo hay que seguir el rastro del dinero. En este caso, es difícil
encontrar un botín más atractivo. En España, los actuales planes de pensiones
privados llevan ahorrados 109.244 millones de euros, una décima parte del PIB.
Un monto que representa, sin embargo, una minúscula muestra de lo que podría
ser el negocio de las pensiones para los grandes bancos y aseguradoras si
desaparece su principal competidor: las pensiones públicas. Ya lo han hecho en
muchos países de América Latina. Ahora quieren terminar el trabajo iniciado en
España.”
José Gil y Alfredo Oria - Activistas de la
PSDPP
Sevilla 11 de mayo de 2018
Este es
el título y el comienzo de un artículo publicado en el periódico saltodiario.com, por el
periodista argentino Martín Cuneo, experto en temas sobre los
movimientos sociales y de América latina, (desde aquí recomendamos sus
lecturas).
Esta
introducción nos sirve para desmontar la GRAN MENTIRA que nos están vendiendo y
que por desgracia, poco a poco va calando, sin que tengamos medios para
informar a la ciudadanía del engaño manifiesto al que nos están sometiendo
tanto el Gobierno como el IBEX-35, las aseguradoras y la banca.
Nos dicen
que el sistema público de pensiones es insostenible, que la Seguridad
Social está en quiebra, que hay dos cotizantes por cada pensionista, por ello
hay que ahorrar y hacerse planes de pensiones privados. Hay que recordar que el
déficit estimado ronda los 18.000 millones de €.
·
Dan
45.000 millones € de dinero público al rescate de la banca.
·
La
amnistía fiscal y el fraude fiscal supone cada año más 70.000
millones de € el equivalente al coste de la sanidad pública de un
año.
·
En
el 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) desvía 14.000
millones de € de cotizaciones sociales para otros compromisos, que nunca se
devuelven al Fondo de Reserva.
·
Se
han gastado en los últimos cinco años, 69.915 millones de € del Fondo
de Reserva de la Seguridad Social, más los 3.000 millones anuales de
intereses que producía la inversión de ese dinero.
·
El
Gobierno ha dejado de ingresar a la caja de la SS. más de 20.000 millones de
€ por las bonificaciones por el fomento del empleo.
·
Se
cuantifica por un Informe de la Intervención General de la Seguridad Social
(órgano gestor contable del organismo) que entre los años 1990-2012 las arcas
de la Seguridad Social financió los complementos a mínimos, responsabilidad de
los Presupuestos Generales del Estado en 72.371, 5 millones de €
·
Todos
los gastos corrientes de bienes, servicios, y nóminas que se generan en una
Administración siempre van a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, a “excepción”
de los derivados del funcionamiento de los organismos de la Seguridad
Social
·
Otros
gastos como por ejemplo las compensaciones a los afectados por el terremoto de
Lorca, víctimas de incendios u otras catástrofes naturales… otros fines que
nada tienen que ver con abonar prestaciones contributivas de la Seguridad
Social.
·
El
Estado, los Presupuestos Generales del Estado y el Ministerio de Hacienda no
están haciendo un préstamo a la Seguridad Social para hacer frente a sus
pensiones, esto es devolver unas cuantías que ya pertenecían por derecho al
propio Sistema de Seguridad Social.
Esto es lo que pasa
con los ingresos de la Seguridad Social, ese es el crimen, y que toda la
caterva de manijeros de los poderes económicos esconde a la opinión pública.
Pero el final de las
pensiones públicas no está escrito, el sistema es sostenible. La
insostenibilidad no es, ni mucho menos, un hecho inevitable. Es necesario
afrontar la transformación del sistema, no su insostenibilidad. El
sistema de pensiones solo se degradará si se sigue con políticas amparadas en
la ideología y no en la evidencia del análisis económico.
Disponemos de
recursos para garantizar las pensiones públicas. Solo saliendo de la trampa
ideológica y activando políticas inclusivas, podremos garantizar que nadie se
quede atrás a causa de la crisis.
La sostenibilidad de
las pensiones es un problema político y no económico, la cuestión es la
distribución de la renta. Se pretende que creamos que lo importante para la
sostenibilidad es “cuantos son los que producen”, cuando la variable importante
es “cuanto se produce” y como se reparte, distribución de la riqueza.
La productividad es
el factor decisivo en la sostenibilidad del sistema público de pensiones, se
asume que la productividad apenas varía pero si productividad crece 1,5% por
año, que es el promedio de crecimiento en los últimos 50 años, el PIB en 2060
sería de 1,95 veces mayor que en 2015 (en monedas constantes, es decir, en capacidad
adquisitiva real)
Hace 50 años nos
gastábamos el 3% del PIB en pensiones. Hemos casi cuadriplicado el gasto en
pensiones y, sin embargo, los recursos para los no pensionistas también han
aumentado, pues el tamaño de la tarta es mucho mayor ahora.
El problema es de
voluntad política, es decidir en que nos gastamos el dinero que el Estado
recauda, el cual no tiene en cuenta el artículo 109 de la LGSS en relación con
el 41 y 50 de la C.E.
El 2014 España
destinó a pensiones el 12% del PIB, Francia, el 15% y Italia, el 17%. Según
Eurostat, el 2015 España tiene un gasto social sobre el PIB y una presión
fiscal de las más bajas de la zona euro. Por lo tanto, y en contra de algunos
presagios, tenemos margen para sostener el sistema.
La organización Economistas
Frente a la Crisis propone:
·
Una
reforma pactada con los sindicatos y los grupos parlamentarios.
·
Conseguir
un nivel más elevado de cotizaciones sociales y de redistribución fiscal.
·
Volver
a una reforma pactada del sistema de pensiones.
·
Mejorar
las cotizaciones por el incremento de salario medio interprofesional.
·
Eliminar
las bonificaciones en las cotizaciones a empresas.
·
Eliminar
el techo de cotización a los salarios más altos (destope).
· Contribución
de los Presupuestos del Estado, como se hace en países de nuestro
entorno.
La
reforma del PP del 2013, ha sido injusta y políticamente inviable, solo
garantiza un incremento del 0,25%, implica una reducción real de entre
el 15%y el 20% durante la primera década. En ningún país de Europa hay una
norma semejante, contrariamente, tienen garantizado un mínimo igual al IPC.
No solo
es sostenible sino que además es el mayor pilar del Estado de Bienestar, y que
reformas como las del 2011 y 2013 ponen en gran riesgo y perjudican
mayoritariamente a todas las generaciones que en un futuro próximo o más lejano
tengan la necesidad y/o el derecho de acceder a alguna de las prestaciones del
sistema.
La
aparición en la escena de Pedro Sánchez, proponiendo establecer dos nuevos
impuestos de carácter finalista, uno a las transacciones financieras y otro a
la banca para destinarlo a las pensiones, remitimos a los lectores, para
comprender mejor esta parida de última hora al artículo publicado por la
Plataforma por la Justicia Fiscal en nuevatribuna.es el pasado 12 de
enero. Pique aquí para leerlo
Para
terminar y en línea de lo que aquí se habla, recomendamos la lectura del
artículo de Acacio Puig en la revista Vientosur, Pique aquí para leer