Francisco casero Rodríguez
Luis Babiano Amelibia
9 de abril de 2019
El orden de preferencia para los usos del agua
queda establecido por Ley y en el Plan Hidrológico de la cuenca correspondiente.
A falta de dicho orden, la legislación vigente plantea unas preferencias de
carácter general, encabezadas por el respeto a los ecosistemas (verdaderas
fábricas de agua) y el abastecimiento a la población, si bien no discrimina en
los usos agrícolas, aquellos respetuosos con el medio ambiente como la
agricultura y ganadería ecológica frente a otros que no lo son.
Ante el Cambio Climático, la Agricultura y
Ganadería Ecológica se muestran como una de las herramientas más eficaces, por
lo tanto, la gestión del agua tiene que priorizarla frente a otros usos no
respetuosos. En situaciones de sequía,
la Agricultura y Ganadería Ecológicas tienen que estar tras el abastecimiento
urbano, y por delante de otros, por el uso y respeto al agua.
El canon de agua superficial que cobra el
Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España, a través de las
Confederaciones Hidrográficas, por la utilización del agua, tendría que
repercutir de una manera clara en el territorio y, especialmente, en el fomento
y desarrollo de la Agricultura Ecológica, al ser respetuosa con la calidad de
agua. Sería recomendable un pequeño canon
para las aguas subterráneas, actualmente inexistente, con la finalidad de
controlar en calidad y cantidad los aprovechamientos que actualmente se están
realizando.
Si se mantiene la vigencia del principio de
que “quien contamina, paga”, en el caso del agua, tendría que haber una
discriminación positiva a favor de la Producción Ecológica, pues no contamina
frente a la convencional. Los costes asociados a la potabilización para el
abastecimiento urbano en España, por descontaminación de plaguicidas,
herbicidas e insecticidas utilizados en el pasado y en la actualidad, se
evalúan en cantidades económicas muy importantes, frente a las irrisorias que
reciben la Producción Ecológica. La administración, también debería incentivar los acuerdos entre las ciudades
y el mundo rural para la protección de las fuentes de suministro tal como
están haciendo ciudades como París con sus agricultores sostenibles.
Los proyectos de investigación en materia de
aguas, muchos de ellos financiados con Fondos Europeos, han de evaluar los beneficios y su cuantificación
de la Producción Ecológica, frente a las importantísimas cantidades
actuales en inversión para nuevas técnicas de descontaminación.
Por otra parte, habría que intensificar los controles
en la Agricultura Convencional, en especial en regadíos, sobre uso de
fertilizantes, herbicidas, plaguicidas e insecticidas, creando la figura de Zona saturada de contaminantes y limitando su
uso. Hay que informar a la población sobre calidad de las aguas, presencia y
cantidades de plaguicidas en aguas
Del mismo modo, habría que potenciar las infraestructuras verdes,
aquellas que facilitan la infiltración y recarga de acuíferos, potenciando de
este modo la depuración natural, encaminadas a un mejor uso y prevención de la
contaminación de las aguas, frente a la situación actual de descontaminación y
planteamiento de nuevos embalses por colmatación de existentes. Habría que modificar el procedimiento actual de
deslinde y amojonamiento del Dominio Público Hidráulico, como herramienta
efectiva ante los riesgos de inundación, planteando que la seguridad de las
personas y del territorio está condicionada al respeto de los riesgos ciertos
que traen las crecidas de los ríos.
Todo ello, sin olvidarnos de que el contribuyente no puede soportar
fiscalmente el coste ambiental del agua. Los productores en régimen superintensivo
tendrían que pagar mucho más por el líquido elemento, porque su sistema
productivo conlleva un mayor consumo de nutrientes y agua, además de minimizar
la mano de obra en el campo.
Otras tasas aplicables para un uso más justo
de agua, aumentando su calidad de servicio, podrían ser un canon aplicable al agua embotellada, por la cantidad de residuos
que genera y la afección para la salud y el medio ambiente de los microplásticos
en los que se descomponen; y una tasa
para superficies impermeables, urbanizadas, por afectar de forma notable a
la capacidad hidráulica de los arroyos y ríos o, en su defecto, plantear
soluciones locales a través de redes pluviales sostenibles.
Nuestra agricultura cumplió con éxito los
retos del siglo XX; una agricultura productiva que aportó alimentos a bajo
precio para el desarrollo de nuestras ciudades. No obstante, el campo del
futuro es otro y precisa un nuevo cambio cultural e institucional; de la
hegemonía de la ecológica depende también el desarrollo de nuestras ciudades.
En este sentido desde la Fundación Savia
proponemos:
La consideración del agua como recurso ecológico que favorece los
servicios que nos aportan los ecosistemas es esencial en la configuración de
una política sostenible en su gestión, como también lo es la búsqueda de la
máxima transparencia en esta gestión en base a la cual se fomenten los
necesarios acuerdos entre agricultores y ganaderos ecológicos y operadores de
agua para fortalecer nuestras fuentes de suministro de agua.
Estos acuerdos ya son realidad en ciudades
europeas como Paris.
La producción ecológica tiene como objetivo
ambiental introducir nuevas prácticas de cultivo que redunden en la disminución
de la contaminación de los suelos y el agua (ya sea superficial o subterránea),
por medio de la reducción del uso de productos fitosanitarios y fertilizantes
de síntesis química, contaminantes o potencialmente contaminantes. Además el
empleo de productos ecológicos redunda en la mejora de la salud pública. Estos
productos de síntesis química se usan de forma habitual en la agricultura
tradicional y son los abonos y los productos fitosanitarios. En este sentido la
ley de aguas y la planificación hidrológica debe ser un buen instrumento para
favorecer la implantación de la producción ecológica. En este sentido es
fundamental favorecer a la Producción ecológica en la normativa en materia de
asignación de concesión de agua
establecidas por las Confederaciones Hidrográficas u organismos similares.
Las sequías afectan directamente a la
agricultura, y suelen acarrear restricciones al riego. Desde la Fundación Savia
creemos que la anticipación y planificación de este fenómeno recurrente es
garantía de éxito. Por ello creemos que en
los Planes de Sequía se singularice y proteja a la producción ecológica (uso diferenciado) de manera que cuando se reduzcan las
dotaciones para el regadío, en medida de lo posible y sin ser un problema para
otros usos imprescindibles y prioritarios, la agricultura ecológica y el
abastecimiento esencial del ganado, tengan garantizada su agua.