viernes, 21 de febrero de 2020

ENSEÑANZA PÚBLICA Y LAICA. (II) Hay que cambiar el rumbo


- Los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, que amparan la inclusión de la enseñanza religiosa confesional en los centros públicos, deberían ser suprimidos
- Solo la red pública garantiza la función social y emancipadora de la educación
- La enseñanza laica favorece la formación de niños y jóvenes en la libertad de conciencia


Juan M. Valencia Rodríguez (Doctor en Historia, profesor en Institutos de Enseñanza Secundaria, jubilado)



21 de febrero de 2020

NOTA.- Este artículo es continuación del publicado el pasado martes 18 de febrero, “ENSEÑANZA PÚBLICA Y LAICA (I). La anomalía de la enseñanza concertada

La enseñanza de la religión en los centros públicos

La Iglesia y sus diferentes congregaciones acogen a siete de cada diez estudiantes (70 %) de la red concertada, casi un millón y medio de alumnos en toda España.

La Constitución no ampara el sostenimiento público de la enseñanza privada confesional. Donde sí se habla de ello es en los acuerdos con el Vaticano firmados en 1979 por el entonces Gobierno de la UCD. En su artículo I se establece que “la acción educativa respetará el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar. En todo caso, la educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana”. A tal fin, los planes educativos en los niveles de Primaria y Secundaria “incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los Centros de Educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”. En el artículo III de los acuerdos se estipula que la enseñanza religiosa será impartida por personas propuestas por los Obispados.

Es decir, además de la anomalía que supone dedicar fondos públicos a sostener centros privados (enseñanza concertada), el sentido de lo público se rompe también a través de la inclusión en el currículo oficial vigente de la enseñanza religiosa confesional, impartida por profesores no seleccionados como el resto en un proceso público y transparente, sino designados directamente por la autoridad religiosa. Además, las clases de Religión se establecen como alternativa a las asignaturas de “Valores sociales y cívicos” o “Valores Éticos”, de manera que se les veda a los alumnos asignados a la asignatura de religión la posibilidad de formarse en los valores cívicos, universales y laicos que se abordan en esas materias. 

Contenidos educativos del pacto de gobierno PSOE-Unidas Podemos

 
El último ataque a la enseñanza pública en nuestra tierra se ha producido hace bien poco, con el nuevo Decreto de escolarización aprobado por la Junta de Andalucía (17-02-2020), que so pretexto de la “libertad de elección de centro de los padres”, permite a estos elegir un centro concertado aunque no esté ubicado en su zona de residencia. Es un paso más en la privatización de la enseñanza, realizada además a costa de todos nosotros. Todos los estudios internacionales y organismos como la OCDE advierten que la libre elección de centro solo sirve para incrementar la segregación del alumnado según su origen socioeconómico.


Las consecuencias antisociales del retroceso de la educación pública en beneficio de la privada concertada durante los últimos años son evidentes y lamentables. La enseñanza privada profundiza las desigualdades sociales y la segregación, y erosiona la cohesión social. 

Cuando alguien plantea la necesidad de cambiar este estado de cosas, siempre se levantan voces que proclaman: “ahora no toca”. Nosotros creemos, por el contrario, que sí toca: es imprescindible revertir la situación y ponernos en el camino de hacer que los recursos públicos vayan dirigidos en exclusiva a la enseñanza pública. Es la escuela pública la que hace realidad el derecho de todos a la educación, la que atiende a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social y económica.

El pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos se orienta en esa dirección, aunque su formulación es muy genérica y de un alcance limitado. Incluye la determinación de aprobar una Ley Básica de Educación que “blinde la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo”. Se compromete asimismo a la “Universalización del acceso a la Educación Infantil 0-3 años a través de la red pública en condiciones de equidad”.

No puede hacerse todo en un día, ni siquiera en los cuatro años de una legislatura, pero sí entendemos que hay que ir dando pasos decididos hacia la escuela pública y laica. Los poderes públicos deben plantearse una política de reducción progresiva de los conciertos educativos por los que la enseñanza privada es sostenida con fondos públicos. No vemos reflejado de manera explícita ese propósito en el compromiso de gobierno, que se limita a declarar su propósito de impedir la segregación por razón de sexo en los centros concertados.

Tampoco se apuesta en el pacto de gobierno por la escuela pública laica, tan sólo se reduce el papel de la enseñanza de la religión en los centros públicos; el acuerdo dice: “La asignatura de religión será de carácter voluntario para los estudiantes, sin que haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable a efectos académicos.


Por una enseñanza pública y laica

Dice el filósofo y profesor Emilio Lledó: “que el Estado subvencione con dinero público ciertos intereses ideológicos de una buena parte de colegios más o menos elitistas parece, en principio, no solo una aberración pedagógica sino una clamorosa injusticia”. Y añade “El principio esencial del sueño igualitario es la educación. Su más equitativo y generoso instrumento es la educación pública, con la pedagogía de la justicia y la solidaridad”.

La educación de las personas se efectúa en tres ámbitos: la familia, los centros educativos y la sociedad. De esas tres instancias, solo el Centro Educativo es un instrumento de emancipación, los otros dos, familia y sociedad, tienden por lo general a lo contrario, a perpetuar lo que existe. Únicamente la enseñanza pública puede garantizar esa función social y emancipadora, porque no tiene otros intereses que la defensa de lo colectivo y de todas las personas por igual. 

De manera que solo debería de haber dos clases de enseñanza: pública y privada, y solo la primera debe estar financiada con el dinero de todos. Todo lo que no sea una política de supresión progresiva de los conciertos educativos es perpetuar la anomalía y la injusticia, desatender el interés colectivo. 

La enseñanza pública debe ser también laica. Es la única que ofrece garantías para formar a niños y jóvenes en libertad de conciencia, como derecho del alumno, no de los padres. Lo que defiende el laicismo es una separación estricta entre las religiones y el Estado, entre los sentimientos y creencias religiosas, que corresponden a la conciencia individual de cada persona, y los asuntos públicos que afectan a toda la ciudadanía. Si esa separación no se da, las personas no creyentes no pueden verse cómodamente como parte de ese Estado. 

El laicismo es respetuoso al máximo con las creencias religiosas o no creencias de cada cual, pero las pone en su sitio: en el ámbito privado de la libertad de conciencia de las personas y de la libertad de culto, que si deben amparar los poderes públicos.

Por tanto, los acuerdos con el Vaticano de 1979 deberían ser inmediatamente denunciados para ir hacia su eliminación. Y mientras tanto no se llegue a eso, habría que sacar la enseñanza de la religión del horario escolar en los centros públicos. El estudio de los fenómenos religiosos debe limitarse a la enseñanza de la Historia de las Religiones desde una perspectiva no dogmática, como parte de la Historia cultural en que el alumnado debe formarse. Para la enseñanza de los dogmas y principios de la religión, ya están la familia y las iglesias, esos son los ámbitos apropiados y naturales en que deben aprender sus doctrinas.