- Los Acuerdos
con la Santa Sede de 1979, que amparan la inclusión de la enseñanza religiosa
confesional en los centros públicos, deberían ser suprimidos
- Solo la red pública garantiza la función social y
emancipadora de la educación
- La enseñanza laica favorece la formación de niños y jóvenes en
la libertad de conciencia
Juan M. Valencia Rodríguez (Doctor en Historia, profesor en Institutos de Enseñanza
Secundaria, jubilado)
21 de febrero de 2020
NOTA.-
Este artículo es continuación del publicado el pasado martes 18 de febrero, “ENSEÑANZA
PÚBLICA Y LAICA (I). La anomalía de la enseñanza concertada
La
enseñanza de la religión en los centros públicos
La Iglesia y sus diferentes congregaciones acogen a siete de
cada diez estudiantes (70 %) de la red concertada, casi un millón y medio de
alumnos en toda España.
La
Constitución no ampara el sostenimiento público de la enseñanza privada
confesional. Donde sí se habla de ello es en los acuerdos con el Vaticano
firmados en 1979 por el entonces Gobierno de la UCD. En su artículo I se
establece que “la
acción educativa respetará el derecho fundamental de los padres sobre la
educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar. En todo caso, la
educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con
los valores de la ética cristiana”. A
tal fin, los planes educativos en los niveles de Primaria y Secundaria “incluirán la enseñanza de la religión
católica en todos los Centros de Educación, en condiciones equiparables a las
demás disciplinas fundamentales”. En el artículo III de los acuerdos se
estipula que la enseñanza religiosa será impartida por personas propuestas por
los Obispados.
Es decir, además de la anomalía que supone
dedicar fondos públicos a sostener centros privados (enseñanza concertada), el
sentido de lo público se rompe también a través de la inclusión en el currículo
oficial vigente de la enseñanza religiosa confesional, impartida por profesores
no seleccionados como el resto en un proceso público y transparente, sino
designados directamente por la autoridad religiosa. Además, las clases de
Religión se establecen como alternativa a las asignaturas de “Valores sociales
y cívicos” o “Valores Éticos”, de manera que se les veda a los alumnos
asignados a la asignatura de religión la posibilidad de formarse en los valores
cívicos, universales y laicos que se abordan en esas materias.
Contenidos educativos del pacto de gobierno PSOE-Unidas Podemos
El último ataque a la enseñanza pública en nuestra tierra se ha
producido hace bien poco, con el nuevo Decreto de escolarización aprobado por
la Junta de Andalucía (17-02-2020), que so pretexto de la “libertad de elección
de centro de los padres”, permite a estos elegir un centro concertado aunque no
esté ubicado en su zona de residencia. Es un paso más en la privatización de la
enseñanza, realizada además a costa de todos nosotros. Todos los estudios
internacionales y organismos como la OCDE advierten que la libre elección de
centro solo sirve para incrementar la segregación del alumnado según su origen socioeconómico.
Las consecuencias antisociales del retroceso de la
educación pública en beneficio de la privada concertada durante los últimos
años son evidentes y lamentables. La enseñanza privada profundiza las
desigualdades sociales y la segregación, y erosiona la cohesión social.
Cuando alguien plantea la necesidad de
cambiar este estado de cosas, siempre se levantan voces que proclaman: “ahora
no toca”. Nosotros creemos, por el contrario, que sí toca: es imprescindible
revertir la situación y ponernos en el camino de hacer que los recursos
públicos vayan dirigidos en exclusiva a la enseñanza pública. Es la escuela
pública la que hace realidad el derecho de todos a la educación, la que atiende
a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social y económica.
El pacto de gobierno entre PSOE
y Unidas Podemos se orienta en esa dirección, aunque su formulación es muy
genérica y de un alcance limitado. Incluye la determinación de aprobar una Ley
Básica de Educación que “blinde
la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo”. Se compromete
asimismo a la “Universalización del
acceso a la Educación Infantil 0-3 años a través de la red pública en
condiciones de equidad”.
No puede hacerse todo en un día, ni siquiera
en los cuatro años de una legislatura, pero sí entendemos que hay que ir dando
pasos decididos hacia la escuela pública y laica. Los poderes públicos deben
plantearse una política de reducción progresiva de los conciertos educativos
por los que la enseñanza privada es sostenida con fondos públicos. No vemos
reflejado de manera explícita ese propósito en el compromiso de gobierno, que
se limita a declarar su propósito de impedir la segregación por razón de sexo
en los centros concertados.
Tampoco se apuesta en el pacto de gobierno por
la escuela pública laica, tan sólo se reduce el papel de la enseñanza de la
religión en los centros públicos; el acuerdo dice: “La asignatura de religión será de carácter voluntario para los
estudiantes, sin que haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable
a efectos académicos.”
Por una enseñanza pública y laica
Dice el filósofo y profesor
Emilio Lledó: “que el Estado subvencione con dinero público
ciertos intereses ideológicos de una buena parte de colegios más o menos
elitistas parece, en principio, no solo una aberración pedagógica sino una clamorosa injusticia”. Y
añade “El principio esencial del sueño igualitario es la educación. Su más
equitativo y generoso instrumento es la educación pública, con la pedagogía de
la justicia y la solidaridad”.
La educación de las personas se efectúa en tres ámbitos:
la familia, los centros educativos y la sociedad. De esas tres instancias, solo
el Centro Educativo es un instrumento de emancipación, los otros dos, familia y
sociedad, tienden por lo general a lo contrario, a perpetuar lo que existe. Únicamente
la enseñanza pública puede garantizar esa función social y emancipadora, porque
no tiene otros intereses que la defensa de lo colectivo y de todas las personas
por igual.
De manera que solo debería de haber dos clases de enseñanza: pública
y privada, y solo la primera debe estar financiada con el dinero de todos. Todo
lo que no sea una política de supresión progresiva de los conciertos educativos
es perpetuar la anomalía y la injusticia, desatender el interés colectivo.
La
enseñanza pública debe ser también laica. Es la única que ofrece garantías para
formar a niños y jóvenes en libertad de conciencia, como derecho del alumno, no
de los padres. Lo que defiende el laicismo es una separación estricta entre las religiones y el Estado, entre los
sentimientos y creencias religiosas, que corresponden a la conciencia
individual de cada persona, y los asuntos públicos que afectan a toda la
ciudadanía. Si esa separación no se da, las personas no creyentes no pueden
verse cómodamente como parte de ese Estado.
El laicismo es respetuoso al máximo con las creencias religiosas o no creencias de cada cual, pero las pone en su sitio: en el ámbito privado de la libertad de conciencia de las personas y de la libertad de culto, que si deben amparar los poderes públicos.
Por tanto, los acuerdos con el Vaticano de
1979 deberían ser inmediatamente denunciados para ir hacia su eliminación. Y
mientras tanto no se llegue a eso, habría que sacar la enseñanza de la religión
del horario escolar en los centros públicos. El estudio de los fenómenos
religiosos debe limitarse a la enseñanza de la Historia de las Religiones desde
una perspectiva no dogmática, como parte de la Historia cultural en que el
alumnado debe formarse. Para la enseñanza de los dogmas y principios de la
religión, ya están la familia y las iglesias, esos son los ámbitos apropiados y
naturales en que deben aprender sus doctrinas.