- La
defensa del actual sistema de pensiones está indisolublemente unida a la
defensa del principio de la caja única
- La
lucha de las pensiones contributivas está unida a la lucha del movimiento
obrero por la mejora de las condiciones de empleo y mejores salarios. No habrá
nunca buenas pensiones si no hay buenos salarios
- Los
recursos para garantizar el sistema de reparto deben buscarse en el incremento
de las cotizaciones sociales.
Juan Miguel Fernández
Ruiz,
Profesor Honorífico de la Universidad
Complutense. Funcionario del Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la
Administración de la Seguridad Social y Asesor Técnico del Tribunal de Cuentas, jubilado.
28
de febrero de 2020
La
financiación de la paga extraordinaria de pensiones del mes de diciembre, para
la que no había cotizaciones suficientes, ha vuelto a plantear la discusión
sobre la financiación por aportaciones o préstamos de los llamados “déficits”
de la Seguridad Social, la necesidad de nuevos recursos y sobre el saqueo
sistemático a que los gobiernos han sometido a la Seguridad Social.
Se
constata abuso continuado en el acceso al Fondo de la Reserva de la Seguridad
Social, que en 2011 alcanzó unas reservas de 66.815 millones de euros. La norma
reguladora del Fondo, que permite
sacar recursos hasta un 3% del gasto, se ha incumplido sistemáticamente. Así, desde 2011 a 2017, se dispuso de más
de 60.000 millones de euros. Este saqueo y los de años posteriores han dejado
el Fondo casi agotado. Ha sido el saqueo de la llamada “hucha de las
pensiones”.
A
su vez, la propaganda sobre los supuestos “déficits” de la Seguridad Social ha
activado, quizás por influencia de las políticas de recortes de los gobiernos
franceses, la búsqueda de alternativas de nuevos recursos mediante impuestos,
tipo contribución social generalizada (CSG) o “cesta de impuestos”.
La
introducción de este tipo de tributos, extraños en nuestro sistema fiscal, para
financiar pensiones contributivas, supondría el inicio de un cambio sustancial
del actual modelo de seguridad social de nuestro país.
Financiación
por impuestos del sistema de reparto
Este
asunto constituye hoy día un aspecto fundamental de la contradicción entre el
capital y el trabajo en torno al salario. Es una ofensiva de la patronal que se
da en todos los países por reducir salarios y conquistas sociales, que pone el
punto de mira de la ofensiva en la dislocación de los sistemas de seguridad
social y su adaptación a las necesidades del capital financiero.
En
España, la reforma laboral y las reformas de pensiones de Zapatero, con el
aumento de la edad de jubilación a 67 años, y la de Rajoy, con su Factor de
Sostenibilidad y el Índice de Revalorización (0,25 %), que preparaban una
fuerte reducción de las pensiones, generaron una gran contestación social y
sindical que cristalizó en una fuerte resistencia entre los pensionistas.
Frente
a esta resistencia, para hacer pasar sus planes, el capital financiero y la
patronal pretenden separar la Seguridad Social de las bases en que ésta se
asienta, que son las relaciones laborales, las organizaciones de trabajadores,
los convenios colectivos, la defensa de los salarios y de las conquistas
sociales. Para ello, la eventual necesidad de nuevos recursos para cubrir los
supuestos déficits de la Seguridad Social, se buscan, no en la actividad
reivindicativa y sindical de incremento de salarios y cotizaciones sociales,
que sería lo coherente, sino en su financiación por impuestos.
Esa
búsqueda de nuevos recursos se orienta hacia su financiación por impuestos que
en buena medida son soportados por trabajadores. Los tipos de imposición
propuestos son muy variados: impuestos específicos, impuestos finalistas,
impuestos generales, IVA social, contribución social generalizada, recargos en
el IRPF, etc.
Ya
que la resistencia organizada en torno a los pensionistas impide rebajar
pensiones, se pretende financiar las pensiones contributivas no activando las
fuentes lógicas de su financiación, cuyo coste recaería en la patronal, la
economía sumergida, falsos autónomos, etc., sino financiándolas por los propios
trabajadores y jubilados vía impuestos.
En
otros países este giro en la financiación del sistema de reparto ha llevado a
que disminuya el peso de las cotizaciones patronales en la financiación de las
pensiones.
Los sindicatos y organizaciones obreras se adecuan a la situación cuando entran en el terreno de la financiación por impuestos, cuando, como es el caso, se toma como alternativa al incremento de las cotizaciones sociales ocupando el lugar que les corresponden en este conflicto de intereses entre el capital y el trabajo.
Los sindicatos y organizaciones obreras se adecuan a la situación cuando entran en el terreno de la financiación por impuestos, cuando, como es el caso, se toma como alternativa al incremento de las cotizaciones sociales ocupando el lugar que les corresponden en este conflicto de intereses entre el capital y el trabajo.
Para
la patronal la solución pasa por la reducción de las cotizaciones.
El capital financiero junto con la patronal está claramente a favor del
cambio de nuestro modelo de sistema público de pensiones. Y cada uno por su
lado aprietan, la banca y compañías de seguro por ampliar el mercado de fondos
de pensiones, y la CEOE, por rebajar los costes laborales en la parte de las
cotizaciones sociales.
La CEOE en las
últimas elecciones de 2019 se pronunció por la rebaja de las cotizaciones en
los siguientes términos:
Revisión del sistema de financiación del
Sistema de Seguridad Social, determinando clara y nítidamente las prestaciones
de carácter contributivo y su financiación mediante cotizaciones de
trabajadores y empresarios, asumiendo el Estado los gastos de carácter no
contributivos, lo que permitirá una rebaja del tipo de cotización a cargo del
empresario que redundará en aumento de empleo [y fija su objetivo] Reducir las cotizaciones empresariales a la
Seguridad Social que son un impuesto sobre el empleo [sic] y la
competitividad de nuestras empresas[1].
La patronal vincula la
sostenibilidad del sistema con la reducción de las cotizaciones sociales, es
decir, con la disminución del salario diferido, lo que supone que el equilibrio
financiero, si no consigue reducir los gastos, se hace depender de las nuevas
fuentes de ingresos y, si estas fallan, el equilibrio vendrá impuesto por la
rebaja de las prestaciones.
La posición de la
patronal sobre la rebaja de las cotizaciones sociales es un posicionamiento
estratégico, forma parte esencial de su lucha por reducir el coste de la mano
de obra, incluso en situaciones de bonanza. De hecho, en el momento actual se
destaca la alta rentabilidad de las empresas, gracias, entre otras, a la
reforma laboral de Rajoy:
La
rentabilidad de las empresas españolas es una de las más altas del mundo
occidental. Prueba de ello, los beneficios después de impuestos y pago de
dividendos superan el 30 % del valor añadido de las empresas no financieras,
siete puntos por encima de la media de la eurozona.
Fruto
de ello, las empresas españolas apenas necesitan recurrir al crédito bancario u
otras fuentes de financiación externa para sostener su esfuerzo inversor.
Incluso gozan de un superávit financiero (es decir que su renta disponible
excede la inversión). En 2019, con datos hasta el tercer trimestre, el
superávit financiero de las empresas españolas alcanzó 26.600 millones, casi
cuatro veces más que en Alemania. Las cuentas de las empresas francesas y las
británicas, por su parte, arrojaban un déficit, de 10.700 y 32.700 millones,
respectivamente[2].
El sistema de reparto
En el sistema de
reparto, los asalariados afiliados y en alta en la Seguridad Social financian la
pensión de los jubilados que estuvieron también afiliados a la Seguridad Social
y fueron por tanto cotizantes. Al mismo tiempo, con la cotización generan su
derecho a la pensión futura en base a la solidaridad intergeneracional, siendo
el salario diferido y su defensa lo que le da cuerpo entre los trabajadores de diferentes
generaciones a la defensa del sistema público de pensiones.
El salario diferido
es la parte del salario que, vía cotizaciones sociales, cuota obrera y cuota patronal, garantiza al asalariado el
derecho a una pensión contributiva y a cubrir los riesgos de enfermedad,
accidente, despido, jubilación, etc. Por eso la masa de cotizaciones pertenece
al conjunto de los asalariados, es su propiedad colectiva, y forma parte del
patrimonio común de la Seguridad Social.
Hay que destacar que
este patrimonio común es administrado por las instituciones propias de la Seguridad
Social, bajo la tutela ministerial, pero reguladas por la legislación
específica de la Seguridad Social. De forma que cotizaciones, bienes, derechos
y recursos de la Seguridad Social, constituyen un patrimonio único, distinto del Patrimonio del Estado, y que solo puede
destinarse a atender las prestaciones sociales del sistema. Sus recursos y
prestaciones se gestionan por unos presupuestos propios, el Presupuesto de la
Seguridad Social, que es un presupuesto separado y distinto del Presupuesto del
Estado, y los dos juntos forman parte integrante de los Presupuestos Generales
del Estado.
Hay particularidades
muy relevantes del Presupuesto de la Seguridad Social que lo distingue del
Presupuesto del Estado, es decir, del presupuesto de los ministerios,
gestionado por el Ministerio de Hacienda. Entre ellas hay que citar que hay una
participación de los trabajadores a través de los sindicatos en el control y
vigilancia de las instituciones del sistema de Seguridad Social, que el
Presupuesto de la Seguridad Social no está sometido al techo de gasto, que los
créditos necesarios para financiar el pago de las prestaciones son ampliables, y,
sobre todo, que su financiación fundamental son las cotizaciones sociales.
La implantación de una
línea de financiación por impuestos debilita el sistema de reparto. Porque
además de servir de apoyo a la petición de la patronal de reducir las
cotizaciones, a la larga, apunta a descompensar el peso de las cotizaciones a
favor de los impuestos; estando, además, sometidos estos impuestos a la
incertidumbre de las políticas gubernamentales, las limitaciones
presupuestarias derivadas del techo de gasto, a las imposiciones del FMI y la UE, a los vaivenes
anuales de las políticas del gobierno de turno. Y, cómo no, a las prioridades
del pago de la deuda pública consagradas en la reforma del artículo 135 de la
Constitución que afectan directamente al Presupuesto del Estado, donde se
registrarían esos tributos, pero no al Presupuesto de la Seguridad Social.
Hay políticos,
representantes de la derecha, que claramente se pronuncian por el cambio de
modelo. “La clave de la
sostenibilidad del sistema va a ser establecer más impuestos y menos
cotizaciones”[3],
dice Carles Campuzano del PDECAT, antiguo portavoz en el Pacto
de Toledo. Para los asalariados ese plan representa una pérdida de salario y
poder adquisitivo: por el lado de la reducción de cotizaciones es una pérdida
de salario diferido, y por parte del impuesto, supone una reducción de su
salario disponible.
Y, precisamente, los
obstáculos para iniciar ese camino de sustitución de cotizaciones ya se
destacaron desde la creación, a propuesta de CiU (actual PDECAT), de la
Ponencia que más tarde se llamó del Pacto de Toledo. En la proposición no de
ley de su creación se dice que los déficits y la evolución presupuestaria de la
Seguridad Social se agravarán por el envejecimiento de la población, el paro, “y a causa de la estructura financiera del
sistema de la Seguridad Social española fundamentado en un régimen de reparto”[4].
El centro de su preocupación es, efectivamente, desarmar el sistema de reparto
basado en la financiación por cotizaciones sociales, modelo que incluso en los años
transcurridos de la reciente crisis ha demostrado su fortaleza y concentra el
apoyo de miles de pensionistas.
El Pacto de Toledo, creado
para “sacar de la discusión política” [sic] las reformas de las pensiones y
llevar la discusión con “criterios técnicos” y con “profesionales de reconocido
prestigio” en una comisión de parlamentarios de todos los grupos en proporción
a su peso parlamentario, se fue a pique cuando se hicieron públicas sus
recomendaciones. Y fracasó cuando en rueda de prensa los diputados de Podemos y
Esquerra Republicana de Catalunya, Yolanda Díez y Jordi Salvador, en vez de
contentarse con discretos votos particulares, explicaron públicamente en rueda
de prensa su rechazo a los acuerdos alcanzados tras cuatro años de discusiones
y las nefastas implicaciones del cambio de modelo que se proponía. En reciente
entrevista el diputado Jordi Salvador explica: “El Pacto de Toledo para mí
ya no tiene recorrido, si es que algún día lo tuvo”[5].
Michel Rocard y el
desmantelamiento de la Seguridad Social en Francia
Michel Rocard inició
en la Francia de 1985 la línea de acomodación del sistema de reparto a las necesidades
de la patronal. Orientación que Delors, desde la presidencia de la Unión Europea, pretendía extender a otros
países europeos. Parte de la base de que las cotizaciones sociales son una
carga que desalienta la creación de empleo, por eso dice que “es necesaria una acción pública determinada
para modular la base de las cotizaciones sociales en una dirección menos
desfavorable para el empleo”[6].
Propone la búsqueda
de un nuevo equilibrio de la protección social:
1) Tener el coraje de decir que, a partir de
ahora, habrá que saber cómo compartir los ingresos generados por cada uno con
su actividad productiva a lo largo de toda su vida, y que esto solo se
conseguirá garantizando a todos una pensión básica decente. Más allá de eso,
podríamos considerar pensiones adicionales por capitalización.”
2) Reequilibrar la participación de las
empresas y la participación de los hogares en la financiación de la protección
social de dos maneras: mediante la continuación progresiva de la rebaja de las cotizaciones
y la sustitución por impuestos de una parte de éstas.
Como Primer Ministro
de Mitterrand, Rocard dio un gran golpe a la Seguridad Social al imponer la
Contribución Social Generalizada (CSG) en los Presupuestos del Estado de 1991. Medida
muy impopular que desde el principio contó con fuerte rechazo sindical y
parlamentario. Tuvo que ser adoptada utilizando el procedimiento extraordinario
previsto el articulo 49-3 de la Constitución que para detener el rechazo
parlamentario a un proyecto de
ley requiere que los que lo promueven planteen y ganen una moción de confianza
En España caen en un grave error los que proponen iniciar
la financiación de pensiones por impuestos
Entre
las posibles medidas de mejora de los ingresos del sistema público de pensiones
presentadas en la comparecencia del Secretario General de CCOO, en la Comisión
parlamentaria de los Pactos de Toledo del 28 de noviembre de 2016, se incluyen:
Ingresos procedentes de
la imposición general, en la cuantía que se considere necesaria en cada
momento. A título de ejemplo, la financiación con impuestos de las prestaciones
por supervivencia, supondrían unos ingresos adicionales de 19.000 millones de
euros.[7]
En
comparecencia similar en el Pacto de Toledo, el Secretario General de UGT el 14
de diciembre de 2016, dice entre las conclusiones:
Los ingresos por
cotizaciones no son en ningún caso suficientes. Por lo que es preciso
complementar los ingresos por cotizaciones con ingresos provenientes de
impuestos. El sistema de Seguridad Social debe lograr una financiación
suficiente y consolidada. Es una de las mayores obligaciones de esta Comisión
en este proceso de revisión del Pacto de Toledo.
Es un grave error porque
abre la vía para romper el lazo entre las pensiones contributivas y los
salarios. Y ese lazo es el que facilita la organización de la clase obrera en
la defensa de los derechos de seguridad social y sus prestaciones.
Para
UGT la necesidad de nuevos ingresos también pasa por la creación de impuestos
específicos:
Para UGT, es necesario que el sistema de pensiones, sin excluir a ninguna
pensión, se financie no solo con cotizaciones sino con impuestos. Esto
supondría definir una cesta de impuestos cuya recaudación se destinaría en su
integridad a financiar el sistema de pensiones. Tendría un carácter finalista:
totalmente o con mayoría de impuestos directos (progresiva y redistributiva) y
calculada de forma que siempre sea mayor que la diferencia de ingresos y gastos[8].
Por su parte el
actual Director General de Ordenación de la Seguridad Social, Borja Suárez, en
una larga entrevista previa a su nombramiento sobre la sostenibilidad del
sistema de pensiones, afirma que en una
situación de cambios del mercado de trabajo la “excesiva dependencia de las cotizaciones sociales es catastrófica”[9], coincidiendo
así con la orientación originaria del Pacto de Toledo, que
considera el sistema de reparto como un obstáculo a sus planes de reforma y,
así, busca romper, o al menos debilitar, el vínculo de las pensiones con el
salario, con los convenios, con la lucha del movimiento obrero por los salarios
y el empleo digno. En definitiva, la separación de las reivindicaciones de los
pensionistas de las reivindicaciones de los asalariados. Con esta premisa de fondo,
explica:
Me parece interesante la propuesta del
impuesto finalista. No estoy pensando tanto en la última propuesta del PSOE,
aunque llevaba la idea de impuesto finalista en su programa electoral. Francia
recauda a través de esta Contribución Social Generalizada (…) 90.000 millones
al año. De hecho, Macron, que tanto le gusta a Ciudadanos, ha subido 1,7 el
porcentaje de esta contribución.
Y a la pregunta del periodista ¿Es aplicable un
impuesto así en España?, responde.
Esa fórmula es muy interesante en este caso,
porque, aunque en este país da mucho miedo subir los impuestos, yo creo que
esto la gente lo entiende. Si dices, vamos a crear un impuesto ante el reto del
envejecimiento, porque tenemos 25 años por delante en los que tenemos que hacer
un esfuerzo importante, y esto es una cuestión central de nuestro modelo de
convivencia y sociedad. Así que, para blindar esto vamos a establecer un
mecanismo que en función de las necesidades vamos apretando un poco más o menos”.
También
la ministra Magdalena Valorio se ha pronunciado por la creación de impuestos
para financiar la Seguridad Social, subrayando que “estos impuestos no afectarán a los trabajadores ni a las clases medias”[10]. Precisamente para los
pensionistas supondrá una pérdida de poder adquisitivo tener que pagar esos
impuestos. Pues, aunque la introducción de nuevos impuestos se acompaña siempre
de promesas de ser una imposición para los ricos, como ocurrió en el país
vecino, con el tiempo, se extendió a los asalariados e incluso a los propios
pensionistas.
Respecto a la propuesta de modificar la naturaleza de las pensiones de viudedad,
orfandad y a favor de familiares (prestaciones por muerte y supervivencia) realizada
en el Pacto de Toledo convirtiéndolas en prestaciones asistenciales supone
romper la integridad del sistema de pensiones públicas. Al convertirlas en
pensiones asistenciales se abriría el camino a la reducción de esas pensiones,
al tiempo que entrarían en el terreno de transferibles a las Comunidades
Autónomas. Las pensiones de viudedad son de mujeres en más del 90 %, que acceden
a la pensión después de los 70 años y el 70 % de estas pensionistas tienen como
único recurso económico la propia pensión.
Las prestaciones por muerte y
supervivencia están destinadas a compensar la situación de necesidad económica
que produce, para determinadas personas, el fallecimiento de otras, como las
pensiones de viudedad y orfandad. Su inclusión entre las
propuestas a discutir en el Pacto de Toledo ha cobrado actualidad recientemente
al ser retomada por el
conocido exdirigente de CCOO Agustín Moreno, jubilado, que como profesor de Historia
firma un artículo donde dice que “procedería
ser objeto de debate si las pensiones de viudedad y las de orfandad deberían ir
a cargo del Sistema de Seguridad Social”. Planteando así la
posibilidad de que la viudedad y orfandad como “modalidad no contributiva o asistencial es [una pensión] de ámbito universal y se financia con cargo
de las aportaciones de los PGE [del Presupuesto del Estado]”[11].
Y así, al excluir las pensiones de viudedad y orfandad de su categoría de
prestación de Seguridad Social, y convertirlas en pensiones asistenciales, no financiadas con cotizaciones sociales,
el Presupuesto de la Seguridad Social
“dejaría un sobrante de 16.000 millones de
euros al año. Ajustable en función del grado de ejecución de los ingresos y
gastos. Dicho de otra manera: la Seguridad Social tendría superávit si solo
tuviera que pagar las prestaciones contributivas cuyo derecho ha sido generado
por cotizaciones sociales (…). Este es un reto inaplazable del nuevo Gobierno
progresista”.
Es decir, se saca superávit
a condición de transformar las pensiones contributivas de viudedad y orfandad
en pensiones asistenciales. Son contributivas porque constituyen un derecho
procedente de un salario diferido, el del cónyuge o progenitor fallecido. No
parece que sea la voluntad de viudas, huérfanos y los propios asalariados, que
son los verdaderos dueños de sus cotizaciones, y quizás no quieren que nadie
decida por ellos y menos con ocurrencias tan dañinas.
¿Qué
dicen los sindicatos franceses de la financiación con impuestos?
Han
sido diversas las fórmulas utilizadas para sustituir cotizaciones por impuestos,
con el objetivo de reducir el coste el trabajo en beneficio de la
patronal y los accionistas. Desde su creación, la Seguridad Social fue financiada con cotizaciones sociales que
surgen del trabajo y por tanto son
salario, salario diferido.
Pero la patronal nunca acepta esa carga y reiteradamente manifiesta su voluntad
de trasladarla a los trabajadores, a las familias, vía impuestos.
Hay que subrayar un
punto: que sea de la parte de los asalariados o la de los empleadores, las
cotizaciones sociales son parte integrante de la remuneración de la fuerza de
trabajo. Reducir las cotizaciones sociales es sinónimo de reducción de la
remuneración de la fuerza del trabajo.
La
valoración que la CGT francesa hace sobre el aumento del 1,7 % de la CSG, señalado como el ejemplo a seguir por el
actual Director General de
Ordenación Económica de la Seguridad, es la siguiente:
Al aumentar la Contribución
Social Generalizada (CSG) en un 1,7 % para los empleados y pensionistas, el
Gobierno acentúa una vez más la transferencia de la financiación de la
seguridad social desde las cotizaciones hacia el impuesto y la sustitución de
cotizaciones por impuestos, según un comunicado de la Federación de Finanzas de
la CGT.
Esta transferencia ha
aumentado constantemente desde la creación de la CSG por parte del Gobierno de
Rocard en 1991 hasta el Gobierno de Jospin en 1998, en que la CSG aumentó del
1,1 % al 7,5 % para los asalariados y al 6,6 % para los pensionistas.
Con este nuevo
aumento, la proporción de las cotizaciones a la seguridad social pasaría del
86,8 por ciento en 1991 al 65,6 por ciento, mientras que la proporción de
impuestos, incluido el CSG, aumentaría del 4,9 por ciento al 30,3 por ciento. La CSG, este impuesto
injusto, es financiado por asalariados y los jubilados hasta el 89,6 % (…).
Desde su creación, los
aumentos sucesivos en la CSG a menudo han sido compensados por reducciones en
las cotizaciones sociales, en particular, las cotizaciones del
"empleador".
Tanto es así que hoy,
lo que pagamos en CSG fue pagado anteriormente por los empleadores. Un impuesto injusto
financiado por asalariados y pensionistas, la patronal se beneficia[12].
Por parte de la central Force Ouvrière, la Unión Confederal de Pensionistas
y ocho organizaciones
sindicales de jubilados, contra
el aumento del 1,7 % de la CSG, en carta del 19 de mayo de 2017 dirigida al
Presidente Macron manifiestan:
Señor Presidente,
queremos manifestar nuestro desacuerdo sobre la propuesta de aumentar al 60 %
de los jubilados un 1,7 punto el CSG, que es un impuesto para compensar la disminución
de las cotizaciones salariales.
Aumentar el 1,7 % de
contribución social generalizada va a subir una vez más la presión fiscal sobre
los jubilados (...) Es ignorar que la CSG, a diferencia de las cotizaciones, no
genera en contrapartida ningún derecho. Finalmente, es olvidar que este
impuesto es ampliamente soportado por los asalariados, activos o no[13].
Por
su parte, el Secretario General de la UCR-FO manifiesta: “Necesitamos que
nosotros estemos preparados para estar todos movilizados parar dar nuestro
rechazo a políticas suicidas económicamente, socialmente y que terminarán por
serlo políticamente”. Una movilización contra el aumento del 1,7 % del CSG
tuvo lugar del jueves 28 de septiembre, con decenas de miles de jubilados respondiendo al
llamamiento de nueve organizaciones que reagrupan a sindicatos y asociaciones
(UCR-CGT, UCR-FO, UNAR-CFTC, UNIR-CFE/CGC, FSU, FGR-FP, UNIR SOLIDAIRES, LSR,
UNRPA).
Efectivamente,
da toda la impresión de que en España se copia lo que proponen los gobiernos
del país vecino, en vez de lo que dicen los sindicatos de clase de allí a las
propuestas de su gobierno.
La
defensa de las pensiones está unida a la defensa del salario
Hay
una herencia recibida por el actual gobierno que es necesario no olvidar,
porque es en buena medida causante de la situación actual y cuyos elementos
principales son los siguientes:
1.
Uno
de los elementos centrales del sostenimiento del sistema de reparto se basa en
las reservas generadas en periodos de superávits y su utilización en periodos
de debilidad en las cotizaciones. Pero el abuso continuado en la utilización de
los excedentes, para financiar otras
políticas que debieron financiarse con el Presupuesto del Estado, ha llevado a
la situación actual en la que no hay reservas constituidas para hacer frente a
cotizaciones insuficientes.
2.
Han
sido reiterados los incumplimientos de los sucesivos gobiernos, no reconociendo
reservas con los superávits utilizados en gastos ajenos a la Seguridad Social,
o la práctica ilegal de computar como préstamos que falsean las cuentas de la
Seguridad Social, lo que debía ser aportaciones desde el Presupuesto del Estado
al Presupuesto de la Seguridad Social
3.
Junto
a esta política de saqueo a la Seguridad Social, las insuficiencias de recursos
se explican por la pervivencia de la reforma laboral de Rajoy y sus efectos en
la precarización y la devaluación salarial. Por ello es urgente la derogación
de la reforma laboral.
4.
Las
reformas de pensiones de Zapatero de 2011, que eleva a 67 años la edad de
jubilación, y la de Rajoy de 2013, con su Factor de Sostenibilidad y el Índice
de Revalorización (0’25 %), cuya búsqueda de equilibrio del sistema se basa en
el recorte de las pensiones y en dificultar el acceso al derecho a pensión, también
requieren la derogación urgente, así
como su actualización anual por el IPC, para el mantenimiento del poder
adquisitivo.
Al
abordar las soluciones y futuras medidas, respecto a la propuesta de crear
nuevos impuestos para financiar pensiones, además de los argumentos expuestos
hasta aquí, debe señalarse otro inconveniente añadido. Consiste en las
limitaciones derivadas de la normativa presupuestaria acordada con la Unión
Europea, pues el resultado de la combinación del techo de gasto público, el
límite del déficit del Presupuesto del Estado y los objetivos de reducción de
la deuda pública, daría como resultado recursos siempre insuficientes para las
pensiones, sobre todo para las pensiones no contributivas o asistenciales, que
necesariamente deben financiarse con el Presupuesto del Estado.
Las
medidas concretas que pueden proporcionar recursos suficientes para garantizar
la sostenibilidad y el equilibrio de la estructura financiera del sistema de
reparto hay que buscarlas en los mecanismos propios del sistema, es decir,
removiendo los obstáculos que bloquean el crecimiento de los ingresos regulares
del sistema, las cotizaciones sociales.
Y
a su vez, la defensa del actual sistema de pensiones está indisolublemente
unida a la defensa del principio de la caja única, continuamente puesta en
cuestión por algunas fuerzas nacionalistas. Cualquier fisura o cesión a ese
principio fundamental abriría la puerta a la dislocación de nuestro sistema de
seguridad social.
En la lucha por tener los recursos necesarios para
las pensiones no hay que buscar en el sistema impositivo, sino en la mejora de
los salarios y en la mejora del nivel de empleo y de su calidad. La
lucha por las pensiones está vinculada a la lucha por los salarios dignos. Si
no suben los salarios malamente podrá haber sostenibilidad del sistema con
pensiones dignas.
La
lucha de las pensiones contributivas está unida a la lucha del movimiento
obrero por la mejora de las condiciones de empleo y mejores salarios. Por ello,
para el éxito de la lucha por unas pensiones dignas, sólo cabe la defensa del
modelo actual de pensiones y, por tanto, impulsar todos los lazos entre los
pensionistas y los asalariados actuales que faciliten la acción común.
Los
recursos necesarios, siendo coherentes con nuestro sistema de reparto, deben
buscarse en el incremento las cotizaciones. Derogando la reforma laboral que
precariza el trabajo y limita la acción de los convenios en defensa del
salario, elevando el salario mínimo, luchando contra la economía sumergida,
incrementando los cuerpos de inspección, luchando de verdad contra el fraude, destopando
las bases, eliminando los regalos en exenciones a los empresarios financiados
con cotizaciones, actuando contra la existencia de los falsos autónomos, promoviendo
una política de empleo público, etc.
La
discusión y clarificación de los objetivos precisos de las movilizaciones y las exigencias al nuevo gobierno que se
constituya son una necesidad urgente, porque no habrá nunca buenas pensiones si
no hay buenos salarios. Para los sindicatos rechazar la vía de los impuestos es vital, se trata de su
propia existencia como organizaciones que, a través de los delegados
sindicales, participan en el control y gestión de esta conquista.
[1]
CEOE. Propuestas
empresariales ante las elecciones generales de 28 de abril de 2019 y 10 de
noviembre de 2019.
[2]
El País, “La
economía ante la epidemia”, Raymond Torres, director de coyuntura de
FUNCAS, 16 de febrero de 2020
[3]
Alternativas Económicas
nº 42, diciembre de 2015.
[4] Proposición no
de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Informe
de la Ponencia para el análisis de los problemas estructurales del sistema de
la Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse. Pacto
de Toledo. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 1996.
[5]
Información
Obrera. "El Pacto de Toledo
para mí ya no tiene recorrido si es que algún día lo tuvo". http://www.informacionobrera.org.
Nº344, 17 de enero de 2020.
[6]
Michel
Rocard. “A l`épreuve des faits. Textes politiques 1979-1985.” Editions
du Seuil, 1986, páginas 120 y 122.
[7]
Documentos
del Pacto de Toledo difundidos por las dos centrales.
[8] UGT. “UGT reclama medidas urgentes para
acabar con el déficit de las pensiones”. www.ugt.es/ugt-reclama-medidas-urgentes-para-acabar-con-el-deficit-de-las-pensiones. 10 de noviembre de 2019.
[9]
El Diario. “Es sistema de
pensiones es perfectamente sostenible hoy y dentro de 30 años”. https://www.eldiario.es/economia/sistema-pensiones-perfectamente-sostenible-dentro_0_753125650.html. 31 de marzo de
2018.
[11]
Kaosenlared. “Las pensiones no corren peligro si no se saquea el
sistema”. https://kaosenlared.net//las-pensiones-no-corren-peligro-si-no-se-saquea-el
-sistema