Juan M. Valencia Rodríguez
22 de diciembre de 2020
Durante muchos años, todos los veranos llegaban a mi pueblo (Berlanga, Badajoz) varios niños saharauis. Alguno de ellos incluso, a raíz de una patología grave, se quedó allí, al cuidado de una familia berlangueña. Los niños formaban parte de una iniciativa nacida en 1979 de la colaboración entre el Frente Polisario y el PCE, con el objetivo de alejar a los menores, al menos durante unos meses, de la guerra y de las penosas condiciones de vida en los campamentos de la hamada (desierto) argelina, donde se refugia la población saharaui que hubo de abandonar su tierra por la ocupación marroquí. Los cien niños acogidos en España aquel primer año se convirtieron en miles en los años siguientes, en virtud del proyecto Vacaciones en Paz, que fue alcanzando cada vez más amplitud bajo el impulso de diversas organizaciones solidarias y de los dirigentes saharauis.
Buena gente de todas las tierras de España ha desplegado en estos largos años su solidaridad y conciencia humanitaria con las familias saharauis desterradas de su tierra. Humanidad y solidaridad que contrasta con el desinterés y la inacción de los sucesivos gobiernos de nuestro país (de UCD, PSOE y PP), que abandonaron al pueblo saharaui haciendo dejación de sus obligaciones como potencia colonial en el territorio. Lo mismo puede decirse de la comunidad internacional, de las potencias occidentales, en especial EEUU y Francia cuyo silencio, pese a los dictámenes de la ONU, los hace cómplices del ocupante Marruecos.
Un poco de historia
En 1884, bajo el gobierno conservador de Cánovas, España, que poseía unas factorías comerciales en Villa Cisneros y otros puntos de la costa, reclamó el dominio del Sáhara Occidental. La franja septentrional del territorio era Saguia el Hamra; la franja sur fue denominada por los portugueses Río de Oro, por el beneficio que obtenían con el tráfico de oro y esclavos. Cuando en la Conferencia de Berlín del año siguiente las potencias de Europa se reparten África, a España se le reconoce la soberanía sobre la zona. Sin embargo, la ocupación efectiva del territorio no se realizó hasta 1934.
Desde los años 50 los movimientos por la descolonización del Tercer Mundo cobran fuerza: Marruecos se independiza de Francia en 1956, Mauritania en 1960 y Argelia en 1962. Por su parte España le da la independencia al Marruecos español en 1956, incluida una parte del Sáhara Occidental, la cuenca del bajo Draa. En 1961 el dictador Franco, para evitar la política descolonizadora de la ONU, convierte al Sáhara en la provincia española nº 53.
Comienza en esos años la explotación por España de los recursos naturales saharauis. En 1962 el INI constituye una empresa para explotar los fosfatos de Bucraa (en 1969 se construirá una cinta mecánica de más de 90 km de longitud para transportar los fosfatos a la costa).
En 1963 la ONU inicia sus requerimientos para que España descolonice el Sáhara y realice un referéndum de autodeterminación. En 1969 nace un movimiento de liberación saharaui de carácter moderado, que plantea un acuerdo con España para la progresiva independencia, pero al año siguiente la Legión reprime violentamente una manifestación nacionalista en El Aaiún y mata al menos a 12 personas. Además, el líder del movimiento de liberación desaparece. La represión desatada impulsa la creación en 1973 del Frente Polisario (Frente Popular para la liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro), cuyo objetivo era lograr la independencia a través de la lucha armada contra la ocupación española.
Vergonzoso abandono del Sáhara en manos de Marruecos
En 1974 el rey Hassan II de Marruecos afronta una contestación política y social cada día más fuerte. Como una maniobra de distracción para ocultar el descontento, pone sus ojos en el Sáhara. Por su parte España, presionada por la ONU y asediada por el Polisario y por Marruecos, anuncia la celebración de un referéndum a celebrar en el primer semestre de 1975. A este fin se elabora un censo de población. Pero llega la fecha y la consulta no se celebra.
Aunque el Tribunal Internacional de la Haya dictamina que Marruecos no tiene ningún derecho de soberanía sobre la zona, el 6 de noviembre de 1975 Hassan II, aprovechando la debilidad del régimen de un Franco que agoniza, organiza la “Marcha Verde” hacia El Aaiún, con 350.000 civiles y 25.000 soldados, presentándola como un movimiento pacífico de los pobladores del territorio. La operación, diseñada por la inteligencia de EE.UU., fue financiada por Kuwait y apoyada por Francia y por Mauritania; todos ellos temían la implantación por el Polisario de un régimen socialista al estilo de Argelia.
El gobierno de Arias Navarro, asustado, cede a las presiones y garantiza al rey de Marruecos la entrega del Sáhara. Los papeles de la CIA revelaron que Juan Carlos de Borbón facilitó información confidencial al embajador estadounidense, Wells Stabler y que pactó en secreto con Hassan II la entrega del territorio. En efecto, el 14 de ese mismo noviembre de 1975 se firma el Acuerdo tripartito de Madrid con Marruecos y Mauritania. Traicionando al pueblo saharaui, a la ONU y a su propio ejército, España abandona el Sáhara y la deja a merced de Marruecos y Mauritania, que acto seguido la invaden militarmente y se reparten el territorio. La ONU nunca reconoció el pacto tripartito y siguió considerando al Sáhara Occidental un territorio pendiente de descolonización. El gobierno español ni cumplió con su obligación de llevar a cabo el proceso de descolonización, ni delegó sus responsabilidades como Estado colonizador en la ONU, que hubiera sido otra opción.
En 1976, mientras abandonan el territorio las últimas tropas españolas, el Polisario proclama la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y comienza la guerra contra los invasores. Muchos saharauis huyeron de las ciudades por las tropelías cometidas por los marroquíes. Más de 200.000 saharauis, entre ellos 50.000 niños, malviven en condiciones muy precarias en campamentos ubicados en el desierto de Argelia, como el de Tinduf.
En 1979 la débil Mauritania devuelve al pueblo saharaui el territorio que había ocupado al sur, pero Marruecos lo invade de inmediato. En 1980, para afrontar las incursiones del Polisario, Marruecos comienza la construcción de 8 muros defensivos, con una longitud total de 2.720 km y miles de minas antipersona. Controla 2/3 del territorio y sus principales recursos naturales, quedando el tercio restante bajo control de la RASD.
Marruecos desoye los mandatos de la ONU
Aunque EEUU torpedeaba cualquier acción internacional contra la ocupación marroquí por sus intereses estratégicos en la zona, en 1985 la ONU promueve un acuerdo que reconozca el derecho de autodeterminación de los saharauis. El Polisario y Marruecos aceptan su propuesta en 1988, pero hasta 1991 no se llega a un alto el fuego, aceptado por los saharauis bajo promesa del referéndum, que habría de celebrarse en febrero de 1992. La ONU despliega la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO).
Pero el referéndum no llega, porque Marruecos no lo desea, sabe que lo perdería. Da largas, espera que la presión internacional se vaya apagando, y aprovecha para reforzar sus posiciones militares y a la vez desencadenar una represión continuada sobre la población que quedó en las ciudades principales del Sáhara. En 2009 la activista saharui Aminatu Haidar, expulsada ilegalmente de su país por Marruecos, inicia en Lanzarote una huelga de hambre. Un año después cerca de 20.000 saharauis acamparon en las afueras de El Aaiún para reclamar sus derechos. Fueron brutalmente desalojados por Marruecos y 24 activistas sufrieron largas condenas de cárcel, denunciadas por la justicia internacional.
El 21 de diciembre de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, su máxima instancia jurídica, dictaminó con absoluta rotundidad que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos, y que por tanto no puede aplicarse allí ningún acuerdo de la UE con Marruecos sin el consentimiento del pueblo saharaui.
La desesperación lleva de nuevo a la guerra
El olvido internacional, el referéndum que no llega, una vida sin horizonte en el desierto, ha sumido a los saharauis en la desesperación. Su paciencia ha llegado al límite. En especial, los más jóvenes han dicho ¡basta! En noviembre de 2020 Marruecos rompe el alto el fuego decretado hace casi 30 años al enviar fuerzas militares contra los civiles saharauis que se manifestaban desde hace cuatro semanas en el paso de Guerguerat. Carente de otras expectativas, el Polisario declaró el 14 de noviembre el estado de guerra contra el ocupante marroquí.
Como reacción al reinicio de la contienda en el Sáhara Occidental, se crea la Red Ciudadana Internacional de Apoyo al Pueblo Saharaui, Red CIAPS, una iniciativa de la sociedad civil internacional que pretende parar la guerra e impulsar una rápida respuesta internacional que imponga la legalidad en la zona a través de la celebración del Referéndum de Autodeterminación acordado en 1991 por las partes. Tres son sus demandas claves:
1.
Al Gobierno de España, que asuma de forma activa su
responsabilidad para finalizar el proceso de descolonización interrumpido en
1975.
2.
Al Gobierno de Francia, que ratifique en el Consejo de Seguridad
de la ONU las decisiones aprobadas de forma democrática por la Asamblea General
para la solución del conflicto en el Sáhara Occidental y la celebración del
referéndum de autodeterminación.
3.
A la Comisión Europea, que haga efectivas sanciones políticas y
económicas al Reino de Marruecos por la ruptura del alto el fuego y la
violación constante de los DDHH y la legalidad internacional en el Sáhara
Occidental.
Josep Borrell, Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ha dejado claro que Europa considera, conforme a las resoluciones de la ONU, que el Sáhara es un territorio autónomo pendiente de descolonización y que la UE está comprometida con la ONU para hallar una solución que garantice al pueblo saharaui el derecho a la autodeterminación.
A pesar de ser la “Potencia Administradora del Sáhara Occidental”, según dictó en 2014 en un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el entonces juez Marlaska, hoy ministro de Interior, hasta ahora España ha mirado para otro lado. La opinión pública española apoya la causa saharaui, pero los gobiernos, sacrificando el Estado de Derecho y el Derecho Internacional, han cedido siempre ante los intereses económicos e inmigratorios con Marruecos y la presión de EE.UU. (en diciembre de 2020, a punto de finalizar su presidencia, Donald Trump ha proclamado su reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental; a cambio, Marruecos se compromete a estrechar lazos con Israel).
Ahora, se espera del Gobierno formado por PSOE y Unidas Podemos que dé pasos efectivos para hacer realidad el referéndum y reparar así la injusticia cometida contra los saharauis, una mancha negra en la historia de España, responsable moral, histórico y legal de la situación. Debemos exigírselo.