Francisco Casero Rodríguez
23 de marzo de 2021
Que quienes detentan un privilegio no quieran renunciar a él es comprensible, incluso que se resistan a perderlo e intenten evitar su desaparición o su devaluación, y que para ello se asocien con quienes gozan iguales o similares prebendas. Quizás no sea ético, y desde luego no es solidario, pero se entiende. Lo que no es tan comprensible es que organizaciones que representan a conjuntos más amplios de la ciudadanía, que pretenden hacerlo con sectores completos como es el caso de las organizaciones profesionales agrarias, hagan una defensa cerrada de esas posiciones de privilegio de una parte de sus representados, y se opongan a cualquier modificación que las debilite, manifestando además posturas dispares según el territorio desde donde se hagan, lo que está evidenciando una visión localista que nos confunde.
Es necesario, ante la confusión interesada de ciertos intereses, hablar de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) y del debate que está generando la puesta a punto de la reforma prevista para el periodo 2023–2027, que incluye una -ya retardada- “convergencia” en la cuantía de los pagos.
Puesto que se trata de presupuestos cerrados por “Estados miembro”, si al converger una parte de los beneficiarios pierde será porque otra gana, por simple aritmética. No se trata de un recorte, sino de redistribución, de reequilibrio. Pero solo parece oírse la voz de los que pierden, no se oye la de aquellos que con la convergencia ganan. El presupuesto de la PAC ya está asignado para cada Estado y salvo circunstancias excepcionales no va a variar, por ello lo que hay que centrarse es en corregir las grandes desigualdades territoriales. ¿Queremos continuar con el actual desequilibrio entre regiones? ¿O bien estamos dispuestos a reconocer todos de forma clara esta realidad como primer paso para cambiarla y mejorar la justicia de la aplicación de la PAC en nuestra tierra?
Según el último informe de Naciones Unidas publicado hace unos días, sólo se han cumplido el 0,5 % de los objetivos planteados en la lucha contra el Cambio Climático. Ha cambiado mucho nuestra realidad en las últimas décadas, así lo reconoce y quiere combatirlo el Pacto Verde Europeo, que debe tener en la Política Agraria una de sus herramientas más potentes.
Al igual que ocurre con la despoblación, un gravísimo problema estructural en España al que ciertas aplicaciones de la Política Agraria podrían haber estado lastimosamente contribuyendo en los últimos años. Baste ver cómo muchos de los fondos agrarios tienen como destino las grandes y medianas ciudades y no el medio rural. El municipio de Madrid cuenta con 101 explotaciones agrícolas y ganaderas según el último censo, pero tiene 10.820 solicitudes de la PAC y allí se destinan más de 206 millones de euros de los fondos agrarios. Un hecho que nos parece absolutamente incomprensible.
Tampoco entendemos el rechazo de algunas autoridades territoriales que se oponen frontalmente al cambio, cuando estas ayudas no son fondos destinados a cada uno de los territorios, sino pagos directos a las cuentas de los titulares de las explotaciones (por cierto, independientemente del lugar donde tenga su residencia y su domicilio fiscal).
Les llaman “derechos históricos”, pero en realidad se trata de “privilegios”; fueron derechos en su día, en base a unas normas que perdieron su vigencia hace años. Históricos sí son, se generaron con la reforma de 2003, sobre una realidad productiva de hace más de veinte años, las producciones por hectárea del periodo de “entresiglos”. La normativa europea ha ido variando a través de sucesivas reformas, alejándose cada vez más de la producción y acercándose a una verdadera ayuda por superficie, pero en nuestro país se ha ido regateando -hasta el momento- con esa especial habilidad de cambiar lo imprescindible para que nada cambie.
La convergencia entre regiones ya se ha llevado a cabo en el resto de los países europeos, mientras aquí seguimos con el debate abierto en 2015 y algunos pretenden alargarlo hasta 2030, defendiendo al parecer unos intereses privados muy concretos. Cincuenta regiones productivas son muchas regiones, 23 de tierras arables, 18 de cultivos permanentes y 9 de pastos, con diferencias en los valores medios de las ayudas por hectárea difíciles de asimilar:
- En las tierras arables
varían entre los 84,50 y los 1.430,66 € (casi 17 veces superior la mayor sobre
la menor).
- En los cultivos
permanentes, entre los 93,79 y los 503,81 € (cinco veces mayor)
- En los pastos, entre
60,39 y 232,01 € (cerca de cuatro veces mayor).
Pero si las diferencias en los valores medios se ven exageradas, no son nada con las diferencias reales dentro de cada una de las regiones establecidas. Aquí el reparto es estrambótico; por señalar solo un caso, el de la región “09.02” de cultivos permanentes, en la que el intervalo va desde los 0,76 a los 30.063,39 €/ha; y no es el intervalo mayor, hay mayores diferencias en alguna de pastos.
A ojos de un ciudadano ajeno a estos asuntos euro-agrarios, este reparto -recogido en una interesante tabla publicada por el FEGA- se asemeja más a los resultados de un sorteo de la Lotería, que a una distribución razonable de fondos públicos para el apoyo a una actividad económica esencial.
No se entiende, pero menos se entiende aún si con los asépticos datos (del FEGA), nos acercamos al territorio, a las explotaciones, por ejemplo, a algunos olivares de Jaén, recogidos en dos de las tres de las regiones productivas de cultivos permanentes en las que se encuadran:
- “19.02”, en la que están los olivares de las Sierras de Segura y Cazorla, y los del Condado, olivares tradicionales de sierra, en general de secano, sobre suelos en pendiente, poco desarrollados; en resumen, producciones cortas y costes de cultivo altos ya que es muy difícil la mecanización de las labores, especialmente la recolección. Con los precios actuales medios del aceite no se cubren gastos, y el pago directo medio es de 338,31 €/ha.
- “21.02”, olivares de La Loma, también tradicionales, pero sobre suelos de campiña y con una alta proporción en regadío, producciones mucho más altas, costes por aceite producido mucho menores, con rentabilidad positiva. La subvención media es de 503,81 €/ha.
Se producen por tanto discriminaciones según el territorio y según el modelo de producción, circunstancia que hemos trasladado en diversas ocasiones a las autoridades respecto a la ganadería extensiva y ecológica. También ocurre en otros sectores como el olivar.
Un dato curioso, pero significativo: entre los estudios de costes del olivar destaca – entre otros- el que la Asociación de Municipios del Olivo (AEMO) mantiene, actualizado periódicamente, desde hace una decena de años. En la última actualización (2020), en el apartado en el que calcula la rentabilidad de cada uno de los tipos de olivar considerados, mantienen la cuantía de la ayuda directa de la PAC como un tanto fijo por unidad de peso de aceite (0,90 €/Kg de aceite), igual para todos, se trate de “olivar tradicional de secano no mecanizable” o “intensivo de riego” o cualquier otro; no se trata de un olvido, ni de un anacronismo, la aproximación se ajusta tanto a la realidad que los autores la dan por válida.
A mayor rentabilidad, mayor ayuda. No cuadra con los objetivos declarados de la PAC, no cuadra con “asegurar unos ingresos justos”.
Los agricultores de una y otra región productiva, directamente o a través de sus cooperativas, compiten en el mismo mercado, y el sistema actual de distribución de ayudas contribuye a incrementar la desventaja de las zonas con más dificultades, les añade un “hándicap”. No cuadra con los objetivos declarados de mantener el “incremento de la competitividad”, ni con el “apoyo al relevo generacional”, ni tampoco con “mantener las zonas rurales vivas”.
Para el fortalecimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales, para que esta política agraria común hacia la que se acaba de iniciar la transición esté orientada a la obtención de los resultados definidos en sus objetivos, es imprescindible alcanzar, más pronto que tarde, una convergencia real, acabar definitivamente con los “privilegios”.