Enrique Cobo
6 de
abril de 2021
El derecho a una vivienda digna y adecuada ha de estar al alcance de todos los españoles, como señala en el Título I, art. 47, nuestra Constitución:
“Todos los españoles tienen derecho a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las
condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el
interés general para impedir la especulación.
La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística
de los entes públicos.”
Estamos en España aquí y ahora en un momento especialmente importante para avanzar en la creación de las normas necesarias para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
El asunto es lo suficientemente importante como para que no lo despachemos con una discusión sobre si es mejor limitar el precio de los alquileres o si, por el contrario, lo mejor es bonificar a los propietarios de las viviendas alquiladas.
Tenemos, los españoles, suficiente información sobre las experiencias propias y las ajenas como para poder iniciar una discusión creativa acerca de qué hacer para que este derecho pueda ser disfrutado por todos los ciudadanos que vivimos en España. Ha de darse el debate público necesario para definir qué tenemos que hacer ahora para que todos lo disfrutemos y para que en el futuro próximo y lejano el disfrute de este derecho se consolide de forma efectiva y clara.
El punto de partida ha de ser, creo yo, el de considerar que el disfrute individual de este derecho es competencia del Estado, que debe arbitrar los mecanismos necesarios para que cada persona pueda hacerlo efectivo en su vida. Este derecho ha de ser tratado como un derecho fundamental y que, por tanto, no se puede hacer depender del mercado como si fuera una mercancía porque no lo es y porque no funciona como tal en la realidad.
A partir de ahí, hay que tratar de dar con los medios adecuados para tal fin y debatir publica e institucionalmente sobre los múltiples aspectos que este tema lleva consigo, que lo hace algo más que el importantísimo objetivo de hacer real ese derecho constitucional, pues en realidad está en juego también el uso del territorio y el modelo de convivencia de relaciones entre nosotros y con nuestro entorno que debemos favorecer.
Sin ánimo de contemplar todos los aspectos, pienso que debíamos dialogar al menos sobre las siguientes cuestiones:
A) Presencia determinante
de viviendas de titularidad pública y/o social. Establecer un objetivo –por
ejemplo, un tercio de las viviendas en la ciudad-, los ritmos para conseguirlo
y el límite temporal para que sea una realidad -por ejemplo, en 5 años-, así
como definir los medios presupuestarios y técnicos para conseguirlo.
B) Fiscalidad del suelo y
de las viviendas construidas y por construir con la perspectiva de hacer
efectivo ese derecho. Fiscalidad que distinga entre viviendas usadas por el
titular y viviendas de ocupación ocasional u ociosas.
C) Regulación de los
contratos de alquiler para contemplar su duración (indefinida y temporal) y la
fiscalidad que a cada tipo corresponda, y para definir, en su caso, las
capacidades del propietario y del inquilino en la renovación.
D) Establecer objetivos y
normas para que las administraciones públicas accedan a la propiedad del suelo
en cantidad suficiente en cada ciudad, a fin de disponer de un parque de
vivienda pública bastante para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna,
y para que este fin sea compatible con que la ciudad no expulse ni someta el
uso de la misma a otros poderes distintos al del interés público general.
E) Limitar el mercado de
suelo, estableciendo proporciones significativas de suelo destinado a vivienda
de precio de alquiler limitado (¿2/3?) sin que pueda ser superior a un
determinado precio (por ejemplo: 4 € por metro cuadrado de vivienda).
F) Regular subsidios o beneficios
fiscales para los promotores de viviendas de precios de los alquileres
limitados, y según el tiempo de vinculación a esos compromisos.
G) Estudiar la posibilidad
de vincular el límite del alquiler a un porcentaje sobre el precio de la
vivienda en el catastro, y la participación de los propietarios en la fijación
del mismo a partir del mínimo que fije la administración.
H) Definir las obligaciones
de las administraciones públicas con el suelo que tengan en propiedad, desde la
prohibición de su venta incondicionada y definiendo las condiciones para su uso,
con objeto de premiar el de uso para viviendas de precio del alquiler limitado
y la mayor duración temporal con esa vinculación.
Son algunos puntos para la reflexión con los que pretendo indicar que es un tema que merece un debate público y político en profundidad, con la pretensión de que se traten en profundidad y con perspectiva los múltiples aspectos de este importante y complicado tema.
Con esta reflexión pretendo aportar alguna perspectiva para enfocar el tema del acceso a la vivienda participando en la discusión abierta sobre este derecho fundamental. Doy por supuesto que coincidimos en que mucha gente tiene muchos problemas para acceder al disfrute de una vivienda y de que es un problema al que las instituciones han de hacer frente.
Por último quiero señalar que la perspectiva para el debate debe tener en cuenta señalar objetivos a corto plazo y objetivos a medio y largo plazo o permanentes, y que se distingan específicamente y con la mayor claridad posible. A corto plazo las medidas han de perseguir que nadie tenga que dedicar a disfrutar de una vivienda más del 20-25 % de sus ingresos, actuando sobre la oferta y sobre los demandantes.
Para ello aquí y ahora hay que “dinamizar” el parque de viviendas infrautilizado en manos de grandes o pequeños tenedores, imponiendo una fiscalidad sobre las viviendas que no se utilicen (a partir de la tercera vivienda, la cuarta la quinta o la décimo quinta), una fiscalidad que disuada de tener viviendas vacías y que incentive ponerlas en el mercado. No se puede descartar proceder a intervenir esa titularidad de viviendas y expropiarlas para que cumplan el fin social que deberían tener. Actuaciones de este tipo podrían tener una mayor efectividad a corto plazo si se hacen rápidamente y en cantidad significativa.
En todo caso, de lo que se trata es de considerar la vivienda como una mercancía sujeta a las reglas del mercado, que no lo es ni debe serlo, o considerar que el disfrute de una vivienda digna y adecuada es un derecho exigible, como lo son ya, casi completamente, la salud o la educación.
La perspectiva con la que creo que hay que mirar en este momento el asunto es que el disfrute de una vivienda debería ser un derecho exigible, como podría deducirse de la Constitución y de la Declaración de los Derechos Humanos y, sobre todo, de la experiencia que tenemos de ver el sufrimiento que causa en muchísima gente la imposibilidad de disfrutar de ese derecho sin hacer sufrir otros derechos, por ejemplo alimentarse, porque pagar el alquiler y comer son para muchos derechos incompatibles.
Garantizar el derecho a una vivienda digna como un derecho a hacer realidad por los poderes públicos y, por tanto, exigible por la ciudadanía: yo creo que es la perspectiva más correcta para encontrar las mejores soluciones a este problema.
Si fuera esta la perspectiva, como lo es para la educación o para la salud, deduciríamos que la manera de afrontarlo es desde la titularidad pública de los medios para satisfacer ese derecho, la educación y la sanidad públicas en su caso o el parque de viviendas públicas respecto a este derecho. El mercado, intervenido o sin intervenir, no satisfará nunca ese derecho de forma digna y para todos lo mismo, como ocurre, ya nos hemos convencido, con la salud o con la educación.
El
Estado ha de ser titular del número de viviendas necesario para que todos,
TODOS, puedan ejercer su derecho a habitar una vivienda digna. Para ello,
podemos seguir hablando, tendrá que tener una adecuada presencia en la
titularidad del suelo necesario para construirlas, ser promotor de las
viviendas que necesite en cada momento, e intervenir en el mercado de la
vivienda, mercado que no dejará de existir de la misma forma que existen la
sanidad y a educación privadas.