¡Qué escándalo!

                                     

José Antonio Bosch. Abogado.

12 de octubre de 2021

¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! He descubierto que aquí se juega, dijo el capitán Renault a la vez que ordenaba a sus hombres clausurar el Café de Rick en la inolvidable película Casablanca. Las autoridades alemanas habían tomado una decisión y el capitán la ejecutaba justificándola, n´importe quoi, que diría un francés. No importa el motivo, da igual, se trataba de ejecutar una orden a la que se debía buscar una justificación, aunque la orden y la justificación no tenían relación alguna.

La frase me ha venido a la memoria estas últimas semanas en las que hemos podido leer en diferentes medios de comunicación, escuchar a contertulios, políticos, leer proposiciones de ley…, todo ello con un punto común: se ha descubierto que en este país el aborto se realiza, mayoritariamente, en clínicas concertadas, lo que me lleva a dos reflexiones. La primera, que no puede haber tanta ignorancia entre personas tan preparadas como para desconocer un hecho que, desde la despenalización del aborto en España en el año 1985, se viene produciendo y publicándose, año a año, por el Ministerio de Sanidad. La segunda, que cuando se acude a un argumento así y hay una coincidencia temporal en su utilización, por parte de políticos y medios de comunicación, es porque existe una razón real no expresada, existe una “orden”, como en Casablanca, a la que hay que dar cobertura.

Es bueno hacer un poco de historia para entender la situación actual de las clínicas concertadas de interrupción de embarazo. Es un hecho constatado que, tanto si en un país el aborto está prohibido como si está autorizado, las tasas de aborto son similares en todos los países dado que donde no está autorizado la mujer busca las vías para abortar. En la España postfranquista, las que podían viajaban a Londres y las que se quedaban en España acudían a toda una red clandestina de abortos de diferente signo. Entre los que practicaban el aborto cuando estaba prohibido, había una serie de ginecólogos que se arriesgaban a dar con sus huesos en prisión, pero que defendían el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y ayudaban poniendo sus conocimientos y experiencia al servicio de ese derecho.

Cuando llegó la despenalización del aborto, aquellos ginecólogos “clandestinos” que mayoritariamente trabajaban en la sanidad pública, trataron de que en sus hospitales se practicasen las interrupciones de embarazo, pero chocaron contra un muro de prejuicios, por lo que decidieron abandonar sus hospitales y abrir sus propias consultas. La despenalización del aborto dejaba un amplio margen de inseguridad jurídica a quienes lo practicaban por lo que, salvo los que venían de una situación más peligrosa, pocos fueron los que se atrevieron (ni en la sanidad pública ni en la privada) a dar esa prestación sanitaria en los primeros años de la despenalización.

Así, llegamos al año 2010, en el que se aprueba la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, que reconoce el derecho de la mujer al aborto y lo declara incluido en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, con una red de clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo que cubren la mayor parte del país y con una sanidad pública que (salvo mínimas excepciones) seguía sin atender en los hospitales la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

A partir de la entrada en vigor de la indicada Ley Orgánica, toda vez que la prestación se garantiza a través de las diferentes administraciones sanitarias de las comunidades autónomas, el acceso al aborto ha sido desigual en función de la comunidad autónoma en que resida la mujer solicitante. En las comunidades donde desde la red pública se ha acometido en forma directa las IVE, Cataluña y Baleares, se ha producido un fenómeno que resulta interesante analizar: las mujeres abortan, mayoritariamente, por el método farmacológico. En las Comunidades donde se realiza la prestación a través de concierto con las clínicas acreditadas, las mujeres deciden que método prefieren.

Resulta obligado señalar que no es cuestión vana esto de los métodos de interrumpir los embarazos. A grandes rasgos, hay dos métodos, el instrumental y el farmacológico. Evidentemente, además de la voluntad de la mujer para acceder a uno u otro, hay que tener en cuenta el historial médico de cada mujer y en función de eso se le recomienda uno u otro método. Al margen de los planteamientos médico-científicos en los que no voy a entrar y al margen del derecho de la mujer a ser informada de ambos métodos y poder elegir el que decida, sí quiero señalar algunas diferencias entre los métodos.

De una parte, ahora que estamos de lleno en el debate de la objeción de conciencia, el método farmacológico aleja al profesional de la medicina del resultado. Es decir, el profesional sanitario receta el fármaco y la paciente, libremente, decide tomarlo o no. El profesional sanitario no realiza el aborto, lo decide u ejecuta la mujer. Ya sé que el planteamiento es tremendamente cínico, pero es muy utilizado. Por otra parte, “recetar pastillas” requiere una formación menos extensa que formar para intervenir instrumentalmente. Además, desde el punto de vista económico, en principio, el método farmacológico es más barato. Y, finalmente, una reflexión que da sentido a la coincidencia material y temporal de los argumentos  de los políticos y medios en el debate sobre este asunto, el método farmacológico lo impulsan, obviamente, los grandes laboratorios y no creo que sea necesario extenderme sobre el poder real que ejercen estas multinacionales.

Cierto es que el tan citado método tiene algunos inconvenientes, como que es un “aborto en diferido”, conlleva menos protección a la intimidad de la mujer, no permite el acompañamiento y tiene un margen de fallo de +- el 5 %. Por supuesto, también tiene inconvenientes el instrumental, de ahí el derecho a elegir de la mujer.

Por todo ello, cuando me encuentro que en todos los medios se denuncia el escándalo de las clínicas concertadas, que de golpe y porrazo aparecen propuestas de diferentes partidos de modificación de la conocida como ley del aborto, cuando veo que desde el Ministerio de Igualdad (Unidas Podemos) hay coincidencia con el Ministerio de Sanidad (PSOE) en la materia, cuando leo que el método farmacológico empodera a la mujer y todo ello unido a los antecedentes de la prestación desde la red pública en Cataluña y Baleares, creo que no erraré con el siguiente vaticinio: vamos camino de lograr que la prestación sanitaria de la interrupción del embarazo pierda calidad en nuestro país y que de nuevo vuelva la doble categoría del tratamiento, la diferencia entre las mujeres que puedan pagar un aborto privado y las que tenga necesariamente que acudir a la pública. Me gustaría equivocarme.

Cierto es que esto ya pasa en la salud bucodental, en oftalmología y en otras tantas actividades médico sanitarias, pero desde luego no parece que sea el ejemplo a seguir. Todavía estamos a tiempo de evitarlo.