El representante de Israel en la ONU rompe el Informe presentado por el Consejo de Derechos Humanos que condena a su gobierno por los crímenes cometidos contra la población palestina
Rosario Granado
16 de noviembre de
2021
En el mes de mayo de 2010 Ameer Makhoul, coordinador de la Plataforma de ONGs palestinas en Israel ITTIJAH, fue detenido de madrugada en su casa por el ejército israelí. Sin ninguna acusación, incomunicado y sin derecho a abogado fue sometido durante semanas a durísimos interrogatorios. Ameer estaba trabajando en proyectos subvencionados por la Agencia de Cooperación Internacional española.
El régimen israelí había anunciado previamente su deseo de terminar con los movimientos sociales de defensa de los derechos humanos por considerar que perjudicaban su imagen en el exterior. Años antes Ameer había estado en Andalucía invitado por los grupos de Solidaridad con Palestina. Estaban aún recientes las detenciones de Mohammad Otman, portavoz de la asociación «Stop the wall» (Paremos el muro) y de Eva Burnatt, dirigente del movimiento de Resistencia popular no violenta de Bil'in, asociaciones que también desarrollaban programas con Europa.
Tras seis meses de calvario por las cárceles israelíes la fiscalía propuso al abogado de Ameer Makhoul llegar a un acuerdo antes del juicio. Tenía dos opciones, reconocer la acusación de “contactar con militantes de la resistencia libanesa” aún sin pruebas (si las hubiera habido no hubieran negociado nada) y así conseguir una pena más corta de 9 años de cárcel, o no reconocer la acusación y entonces sería acusado de delitos mayores y condenado a cadena perpetua. La decisión de declararse culpable fue muy difícil para Ameer Makhoul, para su familia y para el equipo de la defensa, pero el abogado Hatim Kanaaneh consideró que era la única opción posible dentro de un régimen de apartheid como el israelí donde las condenas a los palestinos no dependen de acusaciones basadas en pruebas sino de decisiones políticas.
Se trata jurídicamente de una aberración. En un Estado de derecho el fiscal está obligado a fundamentar su acusación aportando las pruebas necesarias. En cualquier otro país sería absolutamente aberrante obligar a los acusados a reconocerse culpables con este tipo de chantajes y amenazas. Sin embargo en Israel es una práctica generalizada, tanto con la población palestina israelí (llamada del 48), como era el caso de Ameer, como con los palestinos de los territorios ocupados.
Un caso similar es el de Juana Ruiz Sánchez, detenida en su casa el 13 de Abril de 2021, de madrugada, sin acusación alguna, incomunicada e interrogada durante varios días, siendo torturada física y sicológicamente. No hay pruebas contra ella. La organización para la que trabaja, los Comités de Trabajo para la Salud, (HWC) que presta atención sanitaria a casi cuatrocientas mil personas gracias a las subvenciones recibidas de España y de otros países europeos, fue declarada ilegal por Israel. La diferencia con el caso de Ameer es que ella está bajo jurisdicción castrense como todos los palestinos de los territorios ocupados y que es ciudadana española por lo que el gobierno español tiene la obligación de intervenir, aunque no lo haya hecho hasta ahora.
Después de siete meses de cárcel, el día 10 de Noviembre, la fiscalía militar llegaba a un acuerdo con Avigdor Fieldman, abogado de Juana, por el que ella aceptó dos de los cinco cargos de la acusación, haber trabajado para la organización HWC y haber transferido dinero a un territorio ocupado; esto a cambio de reducir la cárcel a 13 meses y a una multa de 14.000 euros. Según su abogado en ningún caso Juana ha reconocido haber financiado al FPLP. Como se podrá comprobar leyendo el documento firmado, las declaraciones a la prensa del ministro israelí de Defensa, Benny Ganz, y de Exteriores, Yair Lapid, diciendo que Juana había confesado y que se declaraba culpable de financiar al FPLP son totalmente falsas. Estas declaraciones a la prensa se enmarcan dentro de la campaña de propaganda contra las organizaciones palestinas y sus trabajadores con el objetivo de criminalizarlas, desmantelar los servicios que prestan e impedir la existencia de organizaciones y movimientos sociales palestinos.
Dos años antes, en 2019, Gilad Erdan, ministro israelí de Asuntos Estratégicos, estuvo en el Parlamento Europeo apoyado por un emisario de Estados Unidos, para acusar al movimiento BDS de antisemitismo e intentar que fuera ilegalizado, pero no tuvo éxito porque el informe presentado carecía de pruebas concretas. Los países europeos llevan ya más de una década sufriendo presiones de Israel para terminar con el apoyo financiero a la cooperación con Palestina, pero estas presiones hasta el momento han sido un fracaso y Europa sigue financiando a las ONGs palestinas.
Ante este fracaso Israel da un paso más allá, y toma la decisión de declarar ilegal a los Comités de Trabajo para la Salud, (HWC), allanando y cerrando sus oficinas y deteniendo a Juana Ruiz Sánchez. Días después detiene a su presidenta y a varios trabajadores más. Y poco después en este mismo contexto, el 22 de octubre, Israel declara a seis importantes grupos palestinos de derechos humanos como "organizaciones terroristas" vinculadas al FPLP, allanando y cerrando también todas sus oficinas. La acusación se basa en un informe de 74 páginas elaborado por el Shin Bet (policía política israelí), en el que se recogen las declaraciones de dos contables palestinos que habían trabajado para los Comités de Trabajo para la Salud (HWC) de donde fueron despedidos por malas prácticas, y que según sus abogados sufrieron interrogatorios con métodos de tortura hasta que testificaron sobre estas seis organizaciones con las que no tenían ninguna relación y de las que ellos no sabían nada. El abogado de uno de ellos, Labib Habib, dice que “lo amenazaron con detener a su mujer y a su familia, presionaron a sus familiares, algunos días fue interrogado durante 22 horas seguidas”. También dijo que se desmayó varias veces durante el interrogatorio, tras lo cual los interrogadores del Shin Bet le echaron agua y continuaron el interrogatorio. Habib también afirmó que durante todo el interrogatorio su defendido tenía las manos atadas a la espalda y las piernas atadas (lo que se conoce como la posición "shabah"), lo que le causaba un fuerte dolor. En muy pocas ocasiones se le permitió reunirse con su abogado. Según los documentos fue interrogado 32 veces.
Para fundamentar sus acusaciones Israel envió este informe en el mes de mayo de 2021 a representantes de los países europeos que trabajan con estas ONGs, con la esperanza una vez más de persuadirles de que dejaran de financiarlas. A pesar de la fuerte presión a la que los donantes fueron sometidos, al no ser nada convincente por no aportar ni una sola prueba concreta, decidieron seguir apoyándolas. El informe menciona a Suiza, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, Suecia, España y la Unión Europea, como países y organismos que apoyan financieramente a las seis ONGs. Ante este fracaso Israel decidió declarar a estas organizaciones como “terroristas”.
Estas seis organizaciones son:
Addameer, que da apoyo a los prisioneros palestinos y a sus familiares, casi 5.000 en estos momentos, hombres, mujeres y niños, en condiciones inhumanas, muchos de ellos enfermos que no reciben atención médica. De ellos, unos 500 están en detención administrativa, es decir, sin ninguna acusación. Algunos están en estos momentos en huelga de hambre. También han denunciado las ejecuciones “extrajudiciales”.
Al-Haq Law, una de las organizaciones que ha llevado a la Corte Penal Internacional la acusación a Israel de crímenes de guerra y de lesa humanidad, lo que se está investigando en estos momentos, bajo fuertes presiones.
Bisan Center, que trabaja en áreas rurales y marginales, con jóvenes y mujeres, en la defensa de los derechos socioeconómicos y en actividades socioculturales.
Defense for Children, que denuncia en sus informes el trato cruel que da Israel a los niños detenidos y encarcelados. Cada año pasan por las cárceles israelíes de 500 a 700 niños. Muchos permanecen allí largos años, saliendo ya como adultos.
Los Comités de Agricultores, que defienden a la población campesina que está siendo expulsada de sus tierras y a la que Israel le roba la tierra y el agua, especialmente en el Valle del Jordán.
Los Comités de Mujeres, que están fortaleciendo la participación de las mujeres en actividades económicas y socioculturales, estrechan lazos y reafirman su cultura y su identidad.
Y a estas seis organizaciones hay que añadir la HWC para la que trabaja Juana Ruiz, ilegalizada anteriormente. El ataque a estas organizaciones, que es un ataque político bajo el disfraz de seguridad, ha sido rechazado de plano por ONGs de prestigio como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. También la ONG israelí defensora de los derechos humanos B'Tselem ha rechazado el ataque y sostiene en un documento titulado “Esto es apartheid” que La Ley del Estado Nación Judío aprobada en 2018 y la propuesta de anexión parcial de Cisjordania, han sido las últimas vueltas de tuerca de una política supremacista judía sobre la población árabe palestina; que existe un apartheid de facto que se perpetúa para millones de palestinos desde 1967.
Desde Bruselas crece la inquietud ante estas medidas y el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, ha anunciado que “examinará muy de cerca” una decisión de Israel dirigida contra organizaciones que “promueven el derecho internacional, los derechos humanos y los valores democráticos”.
¿Qué hará Europa ante este nuevo chantaje? Probablemente todo se quedará como siempre en declaraciones justificativas sin ninguna medida concreta. Israel actúa por hechos consumados, impuestos unilateralmente con el poder que le da la impunidad de la que goza gracias al apoyo de Estados Unidos y a la aceptación en la práctica de Europa, con la que mantiene relaciones preferentes. Pero ante este nuevo giro de tuerca urge tomar medidas concretas que obliguen a Israel a respetar los derechos humanos de la población palestina y a abandonar sus métodos mafiosos. Está en juego la misma democracia y las normas de relaciones internacionales tan duramente conquistadas.
Hace unos días el representante de Israel rompía en pedazos ante la Asamblea General de Naciones Unidas el Informe del Consejo de Derechos Humanos que condena a su gobierno por los crímenes cometidos y por declarar “terroristas” a las asociaciones de derechos humanos palestinas. ¿Habrá algún tipo de respuesta de las Naciones Unidas ante este desafío y ante esta actitud chulesca?