Miguel Toro
28 de marzo de 2023
Pocas dudas quedan ya de la
evidencia del cambio climático. Ya no es un problema que afecta a “otra gente,
otros países, otras sociedades” ni es un problema a largo plazo. Está
pasando aquí y ahora. Si la tendencia actual continua, ningún país del mundo quedará
a salvo de sus efectos. Y España será uno de los más afectados, con un 80 % de
su territorio en riesgo de desertificación.
Los efectos del cambio
climático tienen un impacto directo sobre todas las personas. Sin embargo, ese
impacto no es igual para todos. Las personas en situaciones más vulnerables,
que son quienes menos contribuyen al cambio climático, son las que más sufren
sus peores consecuencias. Y esto es así porque éste no es un problema
simplemente ambiental o ecológico. Hablamos de un problema de desigualdad
global. Hablamos de la forma en que se consigue y se distribuye la energía, de cómo
se producen los alimentos y cómo se calcula su precio. Hablamos de un sistema
económico que se basa en la concentración en pocas manos de la riqueza y los recursos,
mientras socializa los residuos y los impactos medioambientales.
Como se está demostrando las temperaturas medias registradas en Andalucía acumulan un ascenso cercano a los 2 grados. Nuestra comunidad es una de las regiones que más ha visto modificada la configuración de las precipitaciones, tanto en la cantidad total como en su distribución temporal. Nos encontramos con uno de los principales problemas ambientales que Andalucía está afrontando en los últimos años: la radicalización de los periodos de sequías, que se ha acentuado en los últimos 5 años. Esta situación ha derivado en un déficit hídrico acumulado muy acusado tanto en la Cuenca Mediterránea Andaluza como en la del Guadalquivir.
Pero la responsabilidad de
las emisiones de CO2, una de las causas del cambio climático, está repartida de
forma muy desigual. En la UE, el 10 % de la población con mayor huella de
carbono representa el 27 % de todas las emisiones de los hogares de la UE, lo
que es ligeramente superior a lo que aporta la mitad de la población con menor
huella. Los mayores desplazamientos aéreos, las casas más grandes de los más
ricos, son algunas de las razones.
Un estudio sugiere
que los hogares ricos tienen huellas de carbono superiores a 129 toneladas de
CO2 equivalente al año, lo que representa aproximadamente 10 veces más que el
hogar medio. Los esfuerzos de mitigación del cambio climático a menudo se
centran en las personas más pobres del mundo, y se ocupan de temas como la
seguridad alimentaria y energética, y el aumento del potencial de emisiones a
partir del crecimiento previsto de la población, los ingresos y el consumo. Sin
embargo, se necesitan más políticas dirigidas a las personas en el extremo
opuesto de la escala social: los súper ricos.
Por otra parte los españoles,
en muchas
encuestas, están de acuerdo en que el Estado dedique parte de su presupuesto
a medidas destinadas a paliar los efectos del cambio climático: prevenir los
incendios, mejorar el aislamiento de los edificios, plantar más árboles,
mejorar los sistemas de transporte público, etc.
Pero las desigualdades
pueden eximir a las personas de cualquier responsabilidad sobre los cambios en
su estilo de vida, ya sea en el ámbito personal o político. Los ciudadanos se
preguntan por qué tienen que reducir sus emisiones si los muy ricos generan más
emisiones en un día que ellos en un año. Los ciudadanos esperan que las
personas más ricas cooperen más. Dado que España se encuentra objetivamente
entre los países más desiguales de la UE, una mayor contribución de los más
acomodados parece fundamental para recabar de la mayoría un apoyo crítico a las
acciones climáticas ambiciosas.
Sin una redistribución
sustancial de la riqueza, resulta inviable abordar el cambio climático de
manera efectiva. El cambio climático es una crisis global que requiere
soluciones a gran escala y la movilización de recursos financieros
significativos para financiar las iniciativas necesarias para combatirlo. Son
ideas de Piketty que
comparto. Puede ser una afirmación fuerte, pero los que afirman lo
contrario están mintiendo al mundo según él. Tampoco dicen la verdad los que
manifiestan que la redistribución de la riqueza es deseable pero, lamentablemente,
técnica y políticamente imposible.
Muchos ciudadanos desconfían
ante los programas de la izquierda ecologista como se ha demostrado recientemente
en Suecia e Italia y prefieren la derecha antiinmigrante y nacionalista. Sin una
transformación fundamental del sistema económico y la distribución de la
riqueza, el programa ecológico progresista corre el riesgo de volverse contra
las clases medias y trabajadoras.
La riqueza está tan
concentrada en una pequeña parte rica de la población que es posible mejorar
las condiciones de vida de la gran mayoría mientras se combate el cambio
climático. Eso siempre que abordemos una redistribución ambiciosa. Esto
requiere una reducción drástica del nivel de riqueza e ingresos de los más
ricos, y además ésta es quizás la única forma de construir mayorías políticas
para salvar el planeta.
Según datos del World Inequality
Report, la participación de la riqueza mundial en manos del 10 %
más rico representa el 77 % del total, en comparación con solo el 2 % para el
50 % más pobre. En Europa, que se suele presentar como un remanso de igualdad
en el mundo, la participación del 10 % más rico es del 61 % de la riqueza
total, frente al 4 % del 50 % más pobre. Esta desigualdad, además, ha aumentado
después de la crisis del 2008. El 1 % más rico a nivel mundial se quedó con el
38 % de la riqueza adicional acumulada desde mediados de la década de 1990,
mientras que el 50 % más pobre recibió solo el 2 % de la misma.
En Francia, según los datos
disponibles, el impuesto sobre la renta total pagado por los 500 individuos
ricos de 2010 a 2022 equivale a menos del 5 % de un enriquecimiento de unos 800
mil millones. Y pagan tan poco porque la ley les permite usar desgravaciones
de todo tipo.
Un impuesto único del 50 %,
frente al 5 % actual, sobre este enriquecimiento de los más ricos no sería
excesivo. No lo sería en un momento en que los pequeños ahorros ganados con
esfuerzo están pagando un impuesto inflacionario adicional cercano al 10 %
anual durante el año pasado. Con ese impuesto a los más ricos se podrían
recaudar muchos miles de millones de euros.
En España estamos en una
situación similar. Según un estudio el
1 % con más renta acapara en España 2,7 puntos más de renta que el 50 % más
pobre. El porcentaje de renta del 1
% más rico ha crecido desde 2007 de un 13,4 % a un 16,9 %, mientras
la mitad más pobre bajaba del 17,2 % al 14,2 %. El 10 % con mayor renta también
ha mejorado, del 39,5 % al 42,3 %.
Se pueden pensar en muchas fórmulas,
pero las cantidades son vertiginosas: aquellos que afirman que no hay nada
sustancial que recuperar de estos impuestos simplemente no quieren o no se
atreven a contar.
Esta redistribución debe ser
a nivel nacional pero también internacional. Una parte de los ingresos de los
más ricos debería pagarse directamente a los países más pobres, en proporción a
su población y su exposición al cambio climático. Los países del Sur ya no
pueden esperar cada año a que el Norte se digne a cumplir con sus
compromisos.
Pronto serán las elecciones
generales y la prometida reforma fiscal del gobierno progresista ha sido
pospuesta debido a otras prioridades. Es hora de incluir la redistribución entre
los objetivos de las izquierdas progresistas. Este es un objetivo necesario en
los momentos que vivimos, que entronca con las reivindicaciones de la tradición
progresista de nuestro país.