Del ejemplo de los sexenios universitarios hemos podido sacar algunas conclusiones que deberíamos aplicar a otros sectores de la administración pública
Miguel Toro
28 de mayo de 2024
Este artículo fue publicado originalmente en elDiario.es el pasado 21 de mayo
Tras su publicación a
finales del año pasado, la evaluación del desempeño de los empleados públicos
ha entrado en vigor. Se introduce una nueva evaluación obligatoria del desempeño
para todos los empleados de la Administración General del Estado con el fin de
valorar la conducta profesional y medir el rendimiento del personal. ¿Es esta
una medida correcta? ¿Es necesaria la evaluación de los funcionarios en
general? Y en particular, ¿es necesaria la evaluación de los profesores de las
universidades públicas, de los centros públicos de enseñanza primaria y
secundaria? ¿Es necesaria la evaluación de los médicos de los hospitales
públicos? ¿Es necesaria la evaluación de los jueces? Y así un largo conjunto de
preguntas para cada uno de los sectores de la administración pública.
La respuesta a esta
pregunta, como podemos imaginar, depende mucho en general de si se la hacemos a
un ciudadano que ha sido atendido por un funcionario o al funcionario.
Actualmente el discurso, muy necesario, en defensa del sistema público suele
poner en el centro al funcionario, sus demandas y necesidades, cuando a quien
tenemos que poner en el centro es al ciudadano. Es el ciudadano el objeto de la
atención púbica y es responsabilidad de la Administración Pública conseguir el
máximo beneficio para los ciudadanos. Lo que el Estado debe procurar es que el
ciudadano reciba la mejor asistencia sanitaria, la mejor enseñanza
universitaria, la mejora enseñanza primaria y secundaria, que disponga del
mejor sistema judicial, etc. La buena marcha de la Administración Pública se
basa en la capacidad de sus trabajadores (que la demuestran al acceder a su
puesto de trabajo) y en su mejora continua.
Toda administración moderna necesita una función pública profesional. De ella depende la calidad en los servicios públicos que recibimos, el cumplimiento de las normas que nos damos o la lucha contra la corrupción. Sin ella, es muy difícil el progreso económico y social de un país a medio y largo plazo. La falta de empleados públicos profesionales y dedicados lastra el desarrollo económico de buena parte de los países del mundo. Para conseguirlo, es necesario que sean elegidos conforme a sus méritos y capacidades. Pero, además, es igualmente imprescindible que no sean sólo defensores de sus intereses. Para eso, precisamente, debe servir la evaluación: para localizar debilidades y fortalezas, potenciando las segundas y corrigiendo las primeras, otorgando responsabilidades e incentivos a los más capaces y formando a quienes lo necesiten.
Pero diseñar sistemas
válidos y eficaces para realizar esta evaluación no es algo que se pueda
improvisar. Además, la evaluación se ve generalmente con recelo porque, mal
diseñada y en manos equivocadas, puede ser un instrumento para separar de su
cargo a quienes estén distanciados, política o personalmente, de su evaluador.
En otros casos se ve con recelo por parte del funcionario porque lo ve como un
mecanismo de control sobre su trabajo y no como un mecanismo de mejora del
servicio al ciudadano.
En el sistema público
español tenemos un ejemplo de evaluación del que podemos aprender tanto en sus
aspectos positivos como negativos: son los sexenios de investigación del
sistema universitario. Este es un sistema que otorga cada seis años un sexenio
de investigación a aquellos profesores universitarios que hayan conseguido un
conjunto de publicaciones de calidad, normalmente en revistas internacionales.
Cada sexenio significa un incremento, pequeño, de la cantidad percibida
mensualmente, una acreditación de la carrera profesional: ascender a Profesor
Titular o Catedrático, estar en tribunales de tesis doctorales, rebaja del
número de horas de docencia, etc.
Claramente esta evaluación
ha producido un resultado importante: las publicaciones de las universidades
españolas han aumentado de forma muy importante desde los años 80, cuando se
implantaron los sexenios. Por otra parte, no todos los profesores tienen todos
los sexenios posibles. Solo un 50 % tienen el número de sexenios óptimos.
Incluso
con el resultado en investigación obtenido esta evaluación guiada solo por los
sexenios con la orientación actual tiene muchos aspectos negativos que están
siendo criticados y que deberían ser mejorados: no se evalúa la docencia
universitaria, no se evalúa la transferencia de tecnología entendida como
aportación de conocimiento a la sociedad para impulsar su desarrollo económico,
se evalúa poco la transferencia de conocimiento, la investigación que se
incentiva tiene poca relevancia en muchos casos, etc. Algunos detalles sobre
este debate se pueden encontrar en Contra la perversión del
sistema de evaluación de la ciencia y en
La necesaria reforma de la
acreditación del profesorado universitario.
Debido a estas necesidades de mejora la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA)ha actualizado los
principios y los criterios de evaluación de los sexenios de investigación.
Hay
otros aspectos que también habría que mejorar. Uno primero es que la evaluación
es individual y eso está produciendo en muchos casos carreras profesionales
individuales donde cada uno va a lo suyo sin primar la necesaria
colaboración. Sería importante, como se hace en otros países, evaluar al
departamento y al centro y que esta evaluación repercutiera de manera positiva
o negativa sobre cada uno de sus miembros. Uno segundo sería el preguntarse si
la sociedad (las empresas, las instituciones públicas…) no deberían tomar parte
de alguna manera en la evaluación. Esta pregunta tiene respuesta más clara en
algunos sectores de la administración pública que en otros.
Pero,
junto a estos aspectos mejorables o discutibles, podemos sacar algunas
conclusiones positivas:
·
Una evaluación, aunque no perfecta porque eso
es imposible, siempre es preferible a ninguna evaluación.
·
La evaluación debe ser llevada a cabo por una
entidad externa y unos evaluadores expertos en la materia pero distantes del evaluado,
ya sea individuo, departamento o centro.
·
La evaluación debe afectar a la carrera
profesional del evaluado. No solo en términos económicos, también en los
puestos que puede llegar a ocupar.
·
En una evaluación no puede resultar que todos
los evaluados obtengan la evaluación óptima. Debe haber evaluaciones positivas
y negativas y ambas en diferentes grados.
·
Un incentivo no puede estar ligado solo al
paso del tiempo como los trienios de los funcionarios. Eso, más que un
incentivo, es simplemente una subida del salario.
De
este ejemplo de los sexenios universitarios hemos podido sacar algunas
conclusiones que deberíamos aplicar a otros sectores de la administración.
Por
ejemplo, el profesorado de enseñanza primaria y secundaria debería evaluarse. Esta
evaluación podría hacerse de manera individual, por departamentos, por centros,
o de una manera mixta, pero debería impactar sobre la carrera profesional del
funcionario. Es decir, sobre sus percepciones económicas, sus posibilidades de
traslado, sobre la posibilidad de ocupar determinados puestos, etc. Para que
eso sea posible debería crearse a nivel autonómico una Agencia Andaluza para la
Evaluación de la Calidad en Primaria y Secundaria y
diseñar unos mecanismos de evaluación que aseguren que evaluadores y evaluados
estén distantes entre sí. Una agencia similar ya ha existido en Andalucía no
hace tantos años. Desde mi punto de vista los padres de los alumnos y
posiblemente los compañeros del evaluado deben participar de alguna forma en la
evaluación.
Ante
esta propuesta la mayoría del profesorado se pone a la defensiva. Argumentan
que la evaluación es imposible de hacer, que las zonas de Andalucía son muy
desiguales, que eso introduciría competitividad entre el profesorado. En
definitiva, según ellos, que no serviría para nada e introduciría mecanismos de
control en el profesorado.
El
ejemplo de los sexenios universitario dice todo lo contrario. Pero lo primero
que debemos tener en cuenta es qué objetivo queremos mejorar en las escuelas e
institutos.
Además,
hay otro tema crucial en la evaluación: si queremos mantener la calidad del
sistema público debemos acercarlo al ciudadano y hacerlo participar, de alguna
forma, en las evaluaciones de los servicios públicos que están siendo pagados
con sus impuestos. No podemos dejar todas las decisiones en las manos de los
funcionarios por una parte y por otra debemos comprender que una buena
evaluación sirve para apoyar a los buenos profesores, que hay muchos y muy
buenos, y dar un toque de atención a los que no son tan diligentes.
De
manera similar está la evaluación de los médicos de hospitales públicos y de la
atención primaria. En este caso sí existe alguna evaluación, pero muy ligada al
ahorro económico en medicamentos y de manera muy tangencial a la investigación.
La calidad de la sanidad pública es de gran interés para los ciudadanos: por
aumento de las listas de espera, los días de espera para las citas en primaria,
etc. Estos son fundamentalmente problemas de financiación, problemas de
recursos públicos dedicados a la sanidad, pero, de nuevo como en el caso
anterior, además de denunciar los problemas de financiación, debemos acercar la
administración de la sanidad pública a los ciudadanos que son los que pagan los
impuestos. Esto implica evaluar a los profesionales y departamentos sanitarios
y para ello es necesario contar con alguna agencia autonómica que la lleve a
cabo. Es muy importante que en esta evaluación no solo participen
profesionales, también debe haber representantes de los pacientes y los ciudadanos
en general.
Otro caso, pero no el último, es el caso de la justicia. Este es un caso que habría que dedicar más tiempo, pero, como servicio público que es, debería ser evaluado y en esta evaluación debe participar la sociedad de alguna manera. La evaluación de los funcionarios del sistema judicial y de los juzgados debe hacerse y no debe dejarse únicamente en las manos de los propios jueces.
En definitiva, debemos evaluar a los funcionarios y los servicios públicos en general para mejorarlos de acuerdo con objetivos fijados democráticamente, para que puedan rendir cuentas antes los usuarios y para acercar su gestión a la ciudadanía que los mantiene con sus impuestos. Debemos poner al ciudadano en el centro de los servicios públicos. No evaluar a los funcionarios es una forma más de abandono de los servicios públicos. Es lo que están haciendo los gobiernos del PP en las comunidades que gobiernan: primar la sanidad, enseñanza y universidades privadas, no dotar de la financiación suficiente a los servicios públicos y dentro de ellos no premiar a los empleados públicos más dedicados.