Carmen Yuste Aguilar
24 de junio de 2025
Como cada junio, los medios y
las redes se llenan de noticias y artículos sobre las pruebas de acceso a la
universidad o las carreras más demandadas. En este hito anual de la agenda
mediática se incluye también el debate sobre numerus clausus y notas de corte, desde enfoques diversos: desde el
que lo plantea como un fenómeno natural irremediable, hasta las visiones más
críticas que señalan, desde hace décadas, lo que el sistema de acceso tiene de
elitismo y clasismo. Una de las grandes reivindicaciones del movimiento
estudiantil era la eliminación de la criba por nota y de toda restricción en el
acceso a los estudios superiores, cristalizado en el lema “¡El hijo del obrero
a la universidad!” (eran otros tiempos y el masculino “genérico” no nos hacía
entonces saltar las alarmas). Luego llegaron el Plan Bolonia y la LOU, el 3+2
(grado seguido de máster), el encarecimiento de las matrículas universitarias,
los másteres de precio inasequible… Últimamente, cuando confrontar este modelo
es más necesario que nunca, con la proliferación de universidades privadas que
aprovechan el déficit de plazas públicas, el discurso falaz de la meritocracia
y la excelencia contamina incluso los discursos que se dicen progresistas. La
eliminación de los numerus clausus y de cualquier traba en el acceso a estudios
superiores de las clases populares ha dejado, al parecer, de ser una prioridad.
Otra renuncia.
La cuestión se traslada ahora a la Formación Profesional, que no ocupa aún los titulares ni el foco de interés de las izquierdas políticas y sociales, al menos en la medida que debería. En los últimos años, estos estudios han experimentado un crecimiento extraordinario. El espectacular despegue de la FP es un fenómeno conocido y ampliamente estudiado y comentado. Entre los motivos que explican esta expansión se han señalado, entre otras, la búsqueda de salidas laborales en un periodo de sucesivas crisis económicas, la alta empleabilidad de estas enseñanzas, el intento de reciclaje profesional de un sector de población con titulación universitaria que no consigue empleo de acuerdo con su capacitación académica o el aumento del prestigio de unos estudios que, hasta hace no demasiado tiempo, se consideraban un reducto de segunda, sin reconocimiento, dirigido a la clase trabajadora.
La fuerte y creciente demanda
de la FP debería cubrirse con una oferta pública y gratuita suficiente que
además afronte estas enseñanzas, no solo como mera capacitación laboral más o
menos especializada, sino como una formación técnica integral. No es así y lo
cierto es que existe un fuerte desajuste entre una demanda creciente y una
oferta estancada de plazas públicas. El déficit estructural de plazas de FP en
la Educación Pública no es fruto de la ineficacia o de la falta de
planificación, sino todo lo contrario. Las administraciones públicas en general
y el gobierno andaluz en particular llevan a cabo una política consciente que
mantiene anquilosada la oferta pública, abonando así el nicho de mercado del
floreciente sector de la enseñanza privada.
Entre el curso 2018-19 y el
pasado curso 2023-24, es decir, desde la llegada del PP al gobierno de la
Junta, el número de estudiantes en ciclos de grado medio o superior de FP en
Andalucía ha pasado de 123.558 a 210.243. Pero el crecimiento no ha sido igual
en la Educación Pública que en la enseñanza privada y así, el porcentaje
relativo pública-privada en la FP andaluza se está decantando paulatinamente,
en beneficio de la enseñanza privada, concertada o no. Pero si hay un dato que
llama la atención es el del rápido y acusado crecimiento de los ciclos
superiores estrictamente privados que han pasado en estos años de 12.077
matrículas a 34.625 -¡casi se ha triplicado!- y una de cada tres matrículas en
esta etapa son ya en centros privados.
Una situación semejante a la
descrita se observa en la modalidad online de FP, una modalidad aún más
rentable, al no tener que invertir en instalaciones, instrumental o maquinaria.
En Andalucía, los ciclos puramente privados de FP a distancia han pasado, en el
periodo 2018- 2023 (último año con datos) de 1.358 a 11.419. Hay que tener en
cuenta que esta modalidad permite que empresas con sede en Madrid o Cataluña
capten alumnado de Andalucía y de otros territorios. Las cifras en estas
comunidades son aún más espectaculares: el sector de la FP privada a distancia
ha pasado, en Madrid, de 1.720 a 29.175 matrículas y en Cataluña, de 18.221 a
66.257.
Entre los ciclos más
demandados y, por tanto, más ofertados en los centros privados están aquellos
vinculados a la tecnología, como robótica, informática o desarrollo de
videojuegos, también los relacionados con actividades físicas y deportivas, los
audiovisuales y, sobre todo, los de la rama sanitaria. Puesto que comunidades
como Madrid o Cataluña no establecen límites a los ciclos que pueden ser
impartidos a distancia, se ofertan en modalidad online los de la rama
sanitaria, por ejemplo, que pueden cursarse “cómodamente desde casa”, como se
proclama en su publicidad. Así, puede haberse cursado todo un ciclo de la rama
sanitaria sin haber siquiera tocado instrumental médico o de laboratorio, por
no hablar de pacientes de carne y hueso. Aún no hemos llegado a esto en
Andalucía, pero claro que ya hay jóvenes andaluces que han realizado estos
ciclos online, caros pero de baja calidad, ante la falta de plazas públicas en
nuestra comunidad.
La Formación Profesional
privada es un lucrativo negocio en el que están invirtiendo empresas sin
relación previa con la enseñanza, particularmente fondos de capital de riesgo o
fondos buitre. Que sean fondos de
inversión quienes controlen centros de estudio no parece la mejor garantía de
calidad de la enseñanza. El paradigma es MEDAC,
la empresa fundada y dirigida por Javier Imbroda, hasta muy poco tiempo antes
de ser designado Consejero de Educación por Moreno Bonilla. El fondo
norteamericano Kohlberg Kravis Roberts,
KKR, compró MasterD y MEDAC para
construir un gigante de la enseñanza privada: Davante, que forma parte de Educa
Holdco y que posteriormente ha seguido comprando empresas del sector, con
el objetivo de monopolizar este mercado en alza. Educa Holdco opera en
Andalucía y el resto del Estado a través de Educa
Lux, una empresa establecida en el paraíso fiscal de Luxemburgo. Este
conglomerado incluye al grupo Pef 1
Mediterráneo Activo Holding, a su vez propietaria de la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo,
aprobada por la Junta a pesar de todos los informes en contra de su solvencia
académica y viabilidad. Tal y como ha publicado y denunciado El Salto, el fondo KKR actúa en los más
diversos sectores y es propietario mayoritario de la inmobiliaria Yad2 que ofrece propiedades
inmobiliarias en territorios palestinos ocupados por Israel.
La extensión del negocio de
la FP es una gallina de los huevos de oro para algunos y un mecanismo de
segregación para la mayoría. Cada año, cientos de jóvenes de Andalucía se
quedan sin plaza y fuera de la red pública de FP: al menos, el 18 % de quienes
lo solicitan, según ha declarado la Consejera de Desarrollo Educativo y
Formación Profesional, Carmen Castillo, en sede parlamentaria. Los centros
privados no tienen más límite de acceso que su precio, que está entre los 2.000
y los 6.000 euros o incluso más. Estudiantes y familias que pueden
permitírselo, muchas veces a costa de un gran esfuerzo, se ven en la tesitura
de elegir entre renunciar a estudiar o matricularse en un centro privado de FP,
ya sea en alguno de los centros implantados en Andalucía o en la modalidad
online a distancia. Quienes no tienen la posibilidad de acceder a ésta, ni
siquiera con préstamos o créditos, deben desistir de su proyecto vital,
abandonando sus estudios una vez finalizada la ESO u optando por cursar
Bachillerato, una opción no elegida y que muchas veces termina en fracaso y
frustración. Así, una parte importante de la juventud andaluza queda fuera del
sistema educativo y abocada a trabajos no cualificados, mal pagados y
precarios.
La hoja de ruta del gobierno
de la Junta para la educación andaluza está clara y no difiere de la del
gobierno central y las instituciones europeas. La comunidad educativa y quienes
defendemos los servicios públicos en Andalucía tenemos otros planes y no hay
tiempo que perder para ponernos en marcha y desandar la senda de la
privatización que nunca debió emprenderse, ni en la universidad ni en la
Formación Profesional.