Leandro
del Moral Ituarte,
Fundación Nueva Cultura del Agua y Mesa Social del Agua de Andalucía
15 de julio de 2025
En el momento actual, para
enfocar adecuadamente la transición socio-ecológica justa del sistema
agroalimentario es imprescindible la reconceptualización política de la
agricultura familiar, social o profesional, un concepto, como ya hemos expuesto
en otro lugari, sometido a intensos debates y necesitado de cambios
importantes. Efectivamente, por una parte, se multiplican los mensajes con los
que, mezclando argumentos contradictorios e instrumentalizando emociones, se
confunde a sectores fundamentales para esa transición. Desde la extrema derecha
se intenta neutralizar al sector agrario profesional y arraigado en el
territorio con mensajes sobre el “desprecio de los urbanitas a nuestros
agricultores”, a los que la sociedad urbana, dicen, considera “simples
parásitos, vividores de subvenciones, y enemigos del medio ambiente”, como
repite el exministro, y antes personaje relativamente razonable, Manuel
Pimentel (2024)i[i],
en un libro que se devora en medios agrarios. Un fenómeno, planteado de manera tendenciosa
y desorbitada, que se apoya en algunas verdades parciales. En efecto, hay que
constatar que todavía se mantienen en sectores del mundo ecologista
planteamientos y visiones negativas del sector agrario, enraizados en los
debates históricos de la izquierda marxista sobre ‘la cuestión campesina’,
actualizados en el marco de la crisis ecológica, que se traducen en falta de
empatía hacia esa pequeña agricultura (“son los mismos pillos”) que para
sobrevivir tiene que sacar la última gota de agua del acuífero ya
sobreexplotado y labrar el último rincón de tierra de la ribera del arroyo ya
invadido al extremo.
Pero, frente a eso, además de la fuerte tradición de pensamiento, organización y práctica que simboliza, por ejemplo, La Vía Campesina, estamos asistiendo en el territorio español a la emergencia de algo nuevo, apoyado en múltiples experiencias de ‘coaliciones tácticas’ entre ecologismo y agricultores; y dinamizado sin duda por la gran protesta agraria de 2024, que puso en evidencia la enorme potencia territorial del sector agrario, minoritario en términos de porcentaje de población ocupada o del PIB, pero que tiene en sus manos el 90 % del espacio no urbanizado, los suelos, la biodiversidad, el agua y la alimentación. Además de raíces culturales y señas de identidad socialmente compartidas.
El mundo agrario, que es
profundamente desigual, con una gran parte de sus miembros en situación de
‘vulnerabilidad’, no expresa social y, sobre todo, políticamente con claridad
esa desigualdad y los conflictos intrasectoriales que se derivan de ella. Sin
duda, la propia estructura económica-productiva del sector deja poco margen y autonomía
a los agricultores que, en gran parte, ceden su voz a estructuras organizativas
sujetas a las demandas de las corporaciones que controlan los suministros y las
‘cadenas de valor’. Las organizaciones que tienen como objetivo representar a la
parte del sector enraizada en el territorio saben que existen subsectores que
encaran las presiones del mercado desde diferentes posiciones y relaciones de
poder. Por eso, tienden a lanzar mensajes unitarios sobre los intereses
agrarios, sin señalar y menos subrayar las diferencias, pensando que, si no lo
hacen de forma ‘equilibrada’, eludiendo conflictos, la parte del sector agrario
de mayor poder social y político va a desacreditar y a confrontar los
planteamientos que afecten a sus intereses. Son conocidos, también, los
episodios de ‘repliegue estamental’ en situaciones de crisis -sequía, crisis
ambiental- en las que domina la identificación sectorial agraria global
(cooptación de la portavocía por las élites agrarias, como FERAGUA en Andalucía
o SCRATS en Murcia) frente a la expresión social de las distintas posiciones e
intereses dentro del sistema agroalimentario.
Sin embargo, también es
cierto que, sin pretender simplificar una larga y diversa trayectoria, esa
tradicional y persistente hostilidad del sector ecologista y de la izquierda
han facilitado y siguen facilitando el cierre de filas defensivo del sector
agrario. Las situaciones son muy diferentes entre zonas o provincias de una
misma comunidad autónoma, lo que pone de manifiesto la mezcla de factores
estructurales y de liderazgos personales. Allí donde se produce, la
incomunicación y confrontación entre élites agrarias y organizaciones
ecologistas por un lado, y entre agricultores y activistas ecologistas por el
otro, estos procesos son factores explicativos adicionales de la dificultad de
los territorios rurales españoles para articular un movimiento de mayor calado
y transversalidad capaz de disputar el modelo agrario dominante y el imaginario
de una transición socio-ecológica hídrica y agraria justa.
La tendencia de la evolución
de las contradicciones y conflictos dentro del sector agrario es hacia el
agravamiento. La información disponible apunta a la intensificación de los
procesos de concentración de las explotaciones, de financiarización del sector
con la extensión y fortalecimiento de nuevos agentes ajenos al territorio;
procesos de modernización, de desarrollo y aplicación de innovaciones
tecnológicas que requieren escalas de explotación y capacidades financieras y
de gestión cada vez mayores. Es la expresión en el sector agrario del orden
económico internacional identificado con la globalización de la economía
capitalista, regido por principios neoliberales que orientan las funciones del
Estado en beneficio del poder ejercido por grandes grupos empresariales con un
elevado volumen de activos y, por tanto, capacidad negociadora, junto a la
difusión de una lógica de acumulación financiera que permea ya todo tipo de
actividades produciendo la pérdida de anclaje territorial de las grandes firmas
agrarias controladas por fondos de inversión transnacionales. A la vez, como
respuesta todavía insuficiente, se acentúa la conciencia de las propias
diferencias dentro del sector agrario, tal como se ha reflejado durante las
movilizaciones agrarias del año pasado, que propiciaron una nueva reflexión por
parte de organizaciones ecologistas y partidos políticos sobre el mundo
agrario, en el marco del debate sobre la necesidad de cambio del conjunto del
modelo agro-alimentario.
Sin embargo, existen dudas sobre
el futuro y la entidad política de estos debates y sobre el sentido del trabajo
de apoyo a la activación discursiva y política del sector de la agricultura
familiar-social profesional. El fortalecimiento del neoliberalismo y la
financiarización es la tendencia real en la que estamos sumidos, impulsado por
lo que parecen fuerzas motoras imparables. Pero también existen movimientos de
resistencia y construcción de propuestas, muchas ‘alianzas tácticas’ y debates
estratégicos como el que representa la Mesa Social del Agua de Andalucía, que
suscita rechazo por parte de los poderes pero también curiosidad y estimulación
de debates. Por arriba, también las instituciones tienen que responder con algo
más que concesiones de carácter antiecológico y proteccionista. Un reciente
documento de la Comisión Europea hablaba de justicia social en el campo e
incorporaba elementos de esta nueva conciencia en el discurso público y en el
plano operativo, aunque su actual evolución no augura nada positivo en ese
sentido. También, ya a escala estatal, la anunciada Ley de la Agricultura
Familiar podría, y debería, ser una ocasión de avances significativos contra la
hegemonía reaccionaria en el campo.
Hay que preguntarse, finalmente,
sobre la especificidad y potencialidad que tiene situar estas reflexiones en el
mundo del agua, es decir, hablando del sistema agrario, el mundo del regadío.
¿Qué aportaciones se pueden ofrecer desde la gestión del agua a los
interrogantes que rodean la construcción de la transición ecológica, en nuestro
caso hídrica, justa? Localizar la reflexión sobre la transición justa en el
agua nos sitúa en un terreno de naturaleza física, jurídica, cultural y
política especial. ¿Quién habla hoy de repartir la tierra? Pero, ¿por qué no de
repartir el agua, que es un dominio público de gestión colectiva, cuyo uso de
hecho se asigna administrativamente, de otra manera? Del reparto del agua con
criterios de carácter social y ecológico sí podemos hablar, abriendo un debate
jurídico e instrumental sobre mecanismos concretos como la modulación de la
reducción de dotaciones en sequías (que son laboratorios de situaciones crónicas
en perspectivas de cambio climático), o la defensa de la reasignación de
recursos vía centros de intercambio (‘bancos públicos de agua’) frente a los
contratos de cesión de concesiones (‘mercados de agua’). En el momento
histórico actual, además de mejorar los aspectos económicos y ambientales de la
gestión del agua, hay que afrontar los cambios institucionales (normativos,
organizativos, políticos) que permitan incorporar claramente la dimensión socio-ecológica en su asignación y
reparto. A través de ese proceso de ‘transición hídrica justa’, el agua puede
ser una referencia para el cambio general de modelo de desarrollo necesario.
Para ayudar a la concreción
de este proceso de cambio en el mundo agrario es necesario desarrollar sistemas
de criterios e indicadores que permitan identificar los modelos de explotación
agraria adaptados a los diferentes territorios, para centrar en ellas las
políticas de apoyo, incluidas las referentes a la asignación de recursos
hídricos. Este ha sido el objetivo del proyecto de investigación TRANAGRO-Hacia Una Transición Hídrica Justa
en la Agricultura, desarrollado por diversas organizaciones de la Mesa
Social del Agua de Andalucía, coordinado por la Fundación Nueva Cultura del
Agua, y que ha contado con la financiación de la European Climate Foundation.
En próximas contribuciones a este blog presentaremos con más detalles la
contribución de estas investigaciones.
[i] Leandro del Moral, Violeta
Cabello, Nuria Hernández-Mora, Joan Corominas, Abel La Calle (2024) . Agua, agricultura, mundo rural: desigualdad
y transición justa, Revista Digital de Ideas Políticas Número 20, pp.
41-66.
iiPimentel, M. (2024). La venganza del campo. Almuzara.