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P. A. González Ruiz, autor del blog Criticonomia
25 de abril de 2025
Actualmente, la acumulación mundial de capital, basada en la
reconfiguración de la división internacional del trabajo que descansa a su vez
en los cambios en el proceso de producción (desarrollo capitalista de las
fuerzas productivas), adopta la forma de un recrudecimiento de la lucha
competitiva entre bloques geopolíticos. Entre estos bloques unos están en
ascenso, caso de China y Rusia, mientras otros están en declive, como USA y la
Unión Europea (UE, en adelante).
El debilitamiento del capital europeo, cuya expresión inmediata es el estancamiento económico (véase el gráfico), se viene poniendo de manifiesto en la pérdida de competitividad en el mercado mundial, en la reducción del peso económico, en el retroceso en las zonas de influencia (África, Asia, Latinoamérica). Puede, incluso, rastrearse en las diversas crisis globales y locales padecidas por la sociedad europea, así como en la respuesta institucional a cada crisis: crisis financiera de 2008 (salvamento a la banca y austeridad social), crisis de los acuerdos de Minsk de 2014 (distanciamiento de Rusia y alineamiento con USA), crisis de la covid de 2020 (fondos Next Generation EU), luego el enfrentamiento con Rusia a través de la OTAN en la guerra de Ucrania (renuncia a la energía barata rusa) y, más recientemente, en el abandono (o traición) de Trump o la crisis armamentística. Un apunte exterior: la actitud de la nueva administración USA pretende lo mismo que la anterior, pero parte de una autocrítica, de ahí el MAGA (hacer América grande de nuevo, porque no lo es) y ello a cualquier precio, incluso sacrificar a sus “aliados”, o sea explotarlos aún más; de ahí el America First (primero América).
Sin entrar a considerar por qué el capital de la UE tiene este
recorrido aparentemente errático y a veces suicida, la respuesta que los
líderes europeos, representantes políticos del capital total de la Unión
Europea, ante la crisis de la defensa europea, es la carrera armamentística a
través de un plan de 0,8 billones de euros.
Este sobreesfuerzo militar no es solo la manera inmediata de
abordar el déficit en defensa, ni si quiera es solamente la respuesta a una
supuesta amenaza rusa (tres años para conquistar un tercio de Ucrania, cuánto
tiempo tardaría en llegar a Alemania, por no hablar de que un conflicto con
Rusia pondría al mundo al borde del “game over” nuclear).
El plan militarista europeo es algo más. Es la forma de garantizar
las mejores condiciones para la apropiación del plusvalor mundial al capital
europeo en su competencia con el resto de capitales. A través del poder militar
y de la disuasión que lo acompaña es como la actual Unión Europea puede ofrecer
a las empresas europeas el acceso a recursos estratégicos, tecnologías más
avanzadas, rutas de transporte más baratas o mercados más lucrativos.
Además, el esfuerzo bélico puede reactivar la economía y permitir
adquirir tecnologías que mejoren la productividad, y con ella la competitividad
de las mercancías y la explotación (aumento de la tasa de plusvalor) de la
fuerza de trabajo europea.
Sin embargo, este esfuerzo bélico implicará serios sacrificios a
las sociedades europeas: más impuestos, más inflación y menos gasto público
social (servicios públicos y prestaciones públicas). Esto significará un mayor
empobrecimiento de la población y creará condiciones para la resistencia
popular y la agudización de la lucha de clases. Por ello, es necesario
convencer a la sociedad europea de la necesidad primerísima de este sacrificio
social consecuencia del rearme bélico al servicio del capital europeo. Extender
el miedo al oso ruso y esgrimir el abandono del águila americano, forman parte
del discurso necesario.
Es más, una condición del fin que persigue el capital europeo a
nivel mundial es aumentar la explotación a nivel local, lo que significa,
además de los recortes sociales comentados, retrocesos laborales y deflación
salarial. Esto supondrá empeorar las condiciones de vida y de trabajo de una
buena parte de la clase obrera europea. Ante cualquier intento de sobreponerse,
generalmente a través de sus organizaciones sindicales, serán reprimidas. Así,
es probable que el militarismo hacia el exterior se acompañe de una
intensificación de la represión en el interior.
Ahora bien, ¿qué forma política es la que mejor puede acompañar la
represión interna y el expansionismo externo, para facilitar la valorización y
ampliación del capital? Hasta ahora, la forma política idónea que ha encontrado
el capital europeo ha sido la gran coalición. Pero, desde hace años, lleva
entrenando a la ultraderecha; la ha tenido sentada en el banquillo a la espera
de que las “élites” tecnócratas y abobaliconadas (ja) muestren su incapacidad;
recientemente las han sacado a calentar y algunos elementos han salido al
terreno de juego. Esta es el fascismo, la ultraderecha, la derecha extrema,
llamadla como queráis: es el suplente político para el capital si la situación
se vuelve ingobernable.
Concluyamos. Ciertamente estamos ante un momento zeintenwende o punto de inflexión, lo cual es visto como por algunos como un interregno (cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer). Sin embargo, tras la voluptuosidad de las formas emerge, en la realidad capitalista, el mismo contenido. Este plan militarista y el frenesí belicista que el consejo de administración del capital europeo pretende, para reafirmarse competitivamente en el ámbito de la acumulación mundial de capital, tiene un reverso interior que es aumentar la represión para garantizar los sacrificios sociales y la explotación redoblada de la clase obrera europea. No hace falta decir qué proyectos políticos son los más adecuados para estos fines.
Deuda
para el rearme, ¿quién gana?
Los
líderes de la Unión Europea (UE) han decidido gastar 0,8 billones de euros
(800.000 millones) en un plan para rearmarse con la justificación de la amenaza
rusa. Financiar, pagar, este plan (Rearme de la UE) requerirá, entre otras
medidas, emitir más deuda pública. Pero, ¿qué es la deuda pública y cómo le
afecta a la ciudadanía?
El
Estado capitalista, en nuestro caso la Unión Europea, tiene gastos (de
materiales, de personal, etcétera) que ha de pagar, financiar, normalmente con
impuestos que cobra a la ciudadanía (clases sociales). En el caso de España el
presupuesto público ascendió en 2023 a cerca de 0,6 billones de euros.
En
determinados momentos, el gasto público puede exceder de lo normal lo cual
requiere ingresos públicos extraordinarios, que no es conveniente canalizar a
través de impuestos (evitar la excesiva imposición y sus problemas de
legitimación). Por ejemplo, una catástrofe de grandes dimensiones (crisis
financiera y del euro, o la crisis de la Covid en 2020). En lo que nos trae se
trata de aumentar el gasto en defensa (gasto bélico), en las dos veces
anteriores era mejorar la liquidez del sistema y afrontar la recuperación tras
la pandemia.
Cabría
preguntarse si el aumento del gasto bélico es una necesidad social, en este
caso, más urgente que, por ejemplo, dotarse de mejores servicios públicos
(sanidad, educación, viviendas, cuidados a las personas) o prestaciones
(pensiones, desempleo, pobreza). En la primera parte de este artículo razonamos
que este plan respondía a la necesidad del capital europeo de sobreponerse a su
decadencia geopolítica sobre la base del expansionismo exterior y del
incremento de la explotación en el interior.
Dejando
a un lado ese importante asunto, para abordar el gasto público incrementado se
acude a la deuda pública. Por tanto, la deuda pública es una forma de financiar
los gastos del Estado.
En
este punto puede resultar interesante observar cómo la sociedad, lejos de
confiar en las fuerzas del mercado y en la iniciativa privada, delega en el Estado
este tipo de asuntos. Aquí los liberales, libertarios o "enemigos" de
la iniciativa pública, no suelen sacar pecho para solicitar que sean los
individuos o las empresas, el sector privado, los que se encarguen del asunto.
Una
diferencia respecto de los impuestos es que la deuda pública es voluntaria (en
lo inmediato), o sea la suscribe el que quiere. Para ello, el Estado, o la
institución pública que sea (la UE, por ejemplo) emite títulos, que representan
una parte del gasto necesario, que venden a cambio de una promesa de devolución
con un rendimiento (intereses de la deuda pública). Con la venta el Estado
obtiene el dinero. Observemos, por tanto, que la voluntariedad del que suscribe
(principalmente la clase capitalista) tiene la contrapartida de la
obligatoriedad de pagarla por el Estado (financiado principalmente por la clase
obrera).
El
suscriptor de los títulos no es que sea un patriota dispuesto a sacrificar
parte de su patrimonio para defender el interés general, además y sobre todo
espera ganar dinero con esta inversión en títulos de deuda pública. Otra
ventaja es que, a diferencia de otras inversiones financieras, la deuda pública
está respaldada por el Estado, la única institución que no quiebra. Es decir,
es una inversión financiera segura.
Así,
por ejemplo, si el Estado necesita 1.000 puede emitir 100 títulos cada uno a 10
euros con lo que, cuando los venda (colocación de la deuda pública) reunirá el
dinero suficiente para afrontar el gasto que motivó la emisión de los títulos
de deuda pública. A cambio, y durante un número de años según el título, deberá
devolver los mil euros más el rendimiento (interés), que puede variar según el
plazo. Actualmente el porcentaje de este interés ronda el 3 por ciento.
Hay
diversos tipos de títulos según el plazo, en el caso de España tenemos: los de
corto plazo (máximo un año, letras del tesoro), los de medio plazo (unos 5
años, bonos del estado) y los de largo plazo que llegan a 30 años son las
obligaciones del Estado. A finales de 2023, la deuda pública española rondaba
1,6 billones de euros (en torno al 110% del producto interior bruto).
Como
se ve, tarde o temprano, el Estado ha de devolver la deuda pública emitida
(amortización de la deuda) más sus intereses (gasto financiero de la deuda o
servicio de la deuda), lo que totaliza la carga de la deuda pública. Año tras
año, el Estado va dedicando una parte del presupuesto público a pagar esta
carga, una partida de los Presupuestos Generales del Estado (no incluye
sociedades como RTVE ni otras administraciones públicas como comunidades
autónomas). En España en el año 2023 se dedicaron 128.800 millones de euros al
pago de la deuda, de los que 97.500 millones fueron amortización y 31.300
millones de euros se destinaron a intereses (las prestaciones por desempleo
ascendieron en ese año a 21.300 millones de euros).
El
pago de la carga de la deuda pública se puede abordar con impuestos. También
puede recurrirse a nueva deuda para pagar la deuda anterior, es la
refinanciación de la deuda. Otra opción es emitir dinero, lo cual genera
tensiones inflacionarias que reducen el poder adquisitivo de las rentas.
De
esta forma una parte de los impuestos se destina a pagarles a aquellos que
prestaron al Estado (clase capitalista). Por tanto, el resto de gastos se ven
afectados negativamente porque no crecen lo que podrían crecer e incluso porque
disminuyen (sacrificios). En nuestro caso, para aumentar el gasto bélico habrá
que contener o disminuir los gastos sociales. En 2023 los presupuestos
generales reservaban 12.800 millones de euros a defensa, aunque otras fuentes
llegan a duplicarlo; solo la Intervencion General de la Administracion del
Estado contabilizaba15.250 millones ese mismo año.
El
gasto bélico beneficia a sus receptores, que son las industrias bélicas
propiedad de los grandes capitales. Si, además, estos bienes no se producen en
Europa (o España) o por los capitales del territorio (europeos o españoles),
todo el importe se irá fuera. Encima, si tampoco somos proveedores de esos
capitales, entonces el beneficio inducido será nulo (vamos, de auténtico
primo). En el caso de las armas, hay que decir que como solo son medio de
producción de la guerra o actividad bélica, pues corren el riesgo de morirse de
risa sin reportar ninguna “utilidad”; caso distinto si ese dinero se invirtiera
en tractores, camiones o infraestructuras, que sí revertirían en cuanto
inversiones, por no hablar de los beneficios del gasto social. Casi 9.000
millones de euros se reservaron, en 2023, en el presupuesto de defensa para
programas especiales de modernización y armamento en España.
Por
ejemplo, de un presupuesto público de 1000 si se destina el 10 por ciento a las
armas (100), dejarán de ir a servicios públicos; además, otro 10 por ciento irá
a pagar el nominal de la deuda pública (100) y otra partida para pagar su
rendimiento, pongamos el 3 por ciento (3). Así, de un presupuesto de 1000, 100
irán a armas y 103 a deuda pública.
Por
último, hemos de ponderar el efecto redistributivo de este proceso: la deuda
pública es una inversión segura para la clase capitalista; el gasto en armas es
mayoritariamente una compra a las empresas capitalistas, que pretende defender
las propiedades principalmente en manos de los capitalistas; el incremento del
gasto bélico se detraerá del gasto social perjudicando a la clase obrera, la
principal usuaria (servicios públicos) y destinataria (prestaciones públicas);
la devolución de la deuda más sus intereses cuya destinataria es la clase
capitalista será afrontada por impuestos pagados principalmente por la clase
obrera o mediante emisión monetaria generadora de inflación que castiga sobre
todo el poder adquisitivo de la clase obrera.
En
fin, una jugada maestra de nuestras élites, gestoras y protectoras del capital
europeo, la de endosar sacrificios a la clase obrera (menos servicios y
prestaciones públicas, pero más impuestos o inflación) poniendo el Estado al
servicio de la defensa de los intereses de la clase capitalista (armas para
defender su propiedad y rendimientos para engordar sus bolsillos). Por eso, hoy
por hoy, la defensa de los intereses de la población europea (mayoritariamente
asalariada) pasa, entre otras cuestiones, por oponerse al esfuerzo bélico y
defender la paz.