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viernes, 30 de octubre de 2026

EL PELIGRO DE CONVERTIR EL DERECHO A LA VIVIENDA EN UN NEGOCIO. UN CHOQUE DE INTERESES.

 

Manuel Lara Castejón

30 de octubre de 2026

El derecho a la vivienda está dejando de ser un bien social que garantiza techo a las familias y ha pasado a ser considerado un negocio más que genera beneficios. El capitalismo se lanza a acaparar el máximo de viviendas con la ayuda y complicidad de los aparatos del Estado.

Las movilizaciones por el derecho a la vivienda es una manifestación clara de la lucha de clase. Toda la derecha y ultraderecha españolista y nacionalista han rechazado uno o los dos decretos. No ha habido una puesta de acuerdo premeditada entre ellos, simplemente han respondido defendiendo firmemente los intereses de clase de la burguesía. La reacción de trabajadores y capas populares ha sido la misma, cientos de miles de personas, partidos políticos y organizaciones sociales y sindicales han reaccionado llenando las calles y plazas en defensa del derecho a la vivienda, concretado en varias reivindicaciones fundamentales, concisas y claras:

-  Bajada drástica del precio de la renta de los alquileres y su control y acceso a alquileres a largo plazo.

-  Expropiación a los fondos buitres y grandes tenedores de las viviendas que poseen.

-  Impedir que los fondos buitres sigan acaparando la vivienda.

-  La vivienda es para vivir las familias y no para ganar dinero ni dedicarlas al negocio turístico.

-  Rechazo a los decretos por considerarlos insuficientes, ya que no solucionan el problema en sus causas. Gobierne quien gobierne la vivienda se defiende.

Estas movilizaciones que acaban de empezar han puesto de manifiesto con absoluta claridad el enfrentamiento de intereses contrarios: por un lado, el capitalismo, fondos buitres y multinacionales, que temen que esos decretos frenen o ralenticen su expansión y obtención de beneficios en su búsqueda de nuevos mercados hasta ahora en manos de los trabajadores como es la vivienda; y por otro la reacción y respuesta de los trabajadores y ciudadanos de impedir la pérdida del derecho a techo que la misma Constitución del sistema capitalista garantiza. Dos bloques nítida y claramente definidos y enfrentados en la defensa de sus intereses. Es la expresión más rotunda y clara que mueve estos intereses irreconciliables que han provocado este conflicto. Cada protagonista de esta lucha está exactamente en su lugar. Veremos quién gana esta batalla.

Es destacable el papel del gobierno socialdemócrata como gestores del capitalismo en su cara más amable, se ha apresurado a proponer algunos parches cuyo fin es desactivar este movimiento de lucha, más que solucionar el problema. Ese es su interés y lo confirma el hecho de que lleven 7 años gobernando y no solo no han solucionado este problema, sino que se ha ido agravando bajo sus gobiernos al dejar total impunidad y el campo libre a los fondos de inversión que han ido acaparando un millón de viviendas hasta la fecha. Actúan como conciliadores en este conflicto proponiendo unas soluciones que saben que no tocan los intereses de los fondos de inversión, como bien han puesto de manifiesto los acampados en Madrid y otras ciudades, pero pueden engañar a muchas gentes y debilitar la lucha y también sacar rédito político en unas próximas elecciones generales que se han apresurado a convocar en un momento favorable. La convocatoria de elecciones generales para noviembre de 2026 no es más que una consecuencia forzada de esta lucha. He aquí el motivo por el que se niegan a desalojarlos como piden desde los centros de poder de la derecha.

El desahucio de Maricarmen ha sido el detonante de hasta dónde ha llegado en este país el problema de la vivienda, ha puesto de manifiesto ante los ojos de la sociedad el nivel de rapiña y criminalidad de estos fondos buitres en su afán de acumular ganancias. El Estado español ha estado a su servicio en ese proceso, bancos y empresas que compran edificios enteros para dedicarlos al turismo y exigen desahucios, jueces que emiten órdenes de desalojo sin tener la más mínima conciencia humana, policías que cumplen esas órdenes a base de golpes y violencia. Y el Gobierno que establece leyes que permiten esto y no lo impiden. Y poderosos medios de comunicación que justifican la barbarie. Todos los poderes del Estado al servicio del capitalismo. Frente a este brutal ataque se ha levantado el poder de los trabajadores y los ciudadanos para impedirlo, ocupando las calles y las plazas. Esta es la fotografía de las causas del conflicto.

En estos días, las calles se han llenado de manifestaciones exigiendo el derecho a la vivienda y en muchas plazas se han instalado los manifestantes en cientos de tiendas de campaña que mantienen la lucha. De aquí ha surgido la convocatoria de una huelga general en España el día 11 de noviembre. El Sindicato de Inquilinos ha pedido a los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT que la apoyen y sean convocantes. Involucrar tan directamente a estos sindicatos en este conflicto tiene sus riegos y ventajas. Indudablemente este apoyo refuerza y aumenta las garantías de éxito de la huelga, pero también tiene un riesgo de desvirtuar los objetivos de esta noble y limpia lucha. Teniendo en cuenta el historial de la trayectoria de claudicaciones y renuncias que estos sindicatos han tenido con los trabajadores y su historial de colaboración con la patronal abandonando los intereses de la clase obrera en multitud de conflictos y huelgas, puede suceder que bajo su supuesto apoyo intenten debilitar y manipular este movimiento de lucha. Es sorprendente su apoyo tan entusiasta a esta huelga general cuando hay tantas y tan poderosas razones para haberla convocado desde hace muchos años por la pérdida constante de derechos laborales, de pérdida de poder adquisitivo de los salarios, de retroceso en las libertades sindicales, de leyes restrictivas y perjudiciales para los obreros, de despidos libres, etc., y no han movido un dedo, teniendo la sensación muchos trabajadores que habían desaparecido. Más nos parece que es subirse a un tren ganador que está sacudiendo los cimientos de tantos derechos perdidos.

Es el momento propicio para que la clase obrera y ciudadanos ocupen su sitio y participen en esta lucha en defensa del derecho a la vivienda.