Concentración
por la educación pública en Andalucía frente al Parlamento andaluz. Mauri
Buhigas
Carmen Yuste
11 de noviembre de 2026
Artículo
publicado originalmente en El Diario de
la Educación
A principios de
curso, suelo pasar un pequeño cuestionario a mis alumnos y alumnos con algunas
preguntas que me permitan conocer un poco de sus vidas, más allá de la
información que consta su expediente burocrático. Me interesa cómo les gusta
que les llame, si tienen una mascota, sus gustos y aficiones. Les pregunto
también por sus materias favoritas y las que no les gustan nada, si tienen
costumbre de leer alguna cosa o sobre los lugares donde pasan el tiempo cuando
salen del instituto. Una de las cuestiones trataba sobre cosas que les gustaría
cambiar Y me llamó mucho la atención la respuesta de un alumno de 3º de ESO:
“Me gustaría que me dejaran solo y tranquilo”. Busqué un momento para charlar
con él y me contó que vivía en un piso con sus abuelos, su madre, su tía, sus
primos pequeños, su hermana mayor con su novio y una sobrinita que acababa de
nacer. Sin un espacio propio donde estudiar, leer, jugar o simplemente
descansar, cuando necesitaba un poco de intimidad, salía al rellano de la
escalera. Ahora sí, comprendí su respuesta en toda su dimensión.
Es importante acercarnos a la realidad del alumnado, no solo porque la empatía es una cualidad imprescindible de nuestra profesión, sino porque las circunstancias materiales tienen un impacto directo en el desempeño académico y el desarrollo personal en la infancia y la adolescencia. Las condiciones habitacionales que me contaba mi alumno no son generalizables, pero dan una idea de la realidad de muchas familias de Andalucía y de otros territorios.
Para poner la
situación en contexto, en Andalucía alrededor del 24% de los hogares
sufre inseguridad habitacional, es decir que casi una de cada cuatro familias
no cuentan con un lugar adecuado, seguro, estable y asequible para vivir. El coste de la
vivienda empuja a la pobreza a casi la mitad de las familias que viven de
alquiler y a una cuarta parte de las hipotecadas, a pesar de tener un empleo
activo. Y así, según el último informe del Observatorio de la Infancia y la
Adolescencia de Andalucía, el 36,9% de
menores se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.
La inseguridad
habitacional se refleja en una enorme diversidad de situaciones que afectan
gravemente a la infancia y la adolescencia. El alza de los precios de la
vivienda obliga a las familias a dedicar un porcentaje cada vez más alto de sus
ingresos al alquiler o la hipoteca, a trabajar más horas o aceptar varios
trabajos para tratar de asumir el gasto creciente. Como consecuencia, son
muchos los niños y niñas que se crían en un entorno de ansiedad, tensión y
prácticamente solos, pues sus familias pasan gran parte del día trabajando para
pagar el alquiler y la hipoteca, sin alcanzar a cubrir otras necesidades como
una alimentación saludable, protección frente al frío y el calor o actividades
de ocio y disfrute. Si las carencias materiales son importantes, aún lo es más
la ausencia de verdadera conciliación que impide pasar tiempo de calidad en
familia y dificulta generar lazos afectivos. Tampoco es posible muchas veces,
por más que se quiera, apoyar a los menores en sus tareas escolares, acudir a
tutorías o participar en el AMPA y en las actividades de colegios e institutos,
lo que a veces se confunde con desinterés o dejadez.
El escenario
descrito se agrava si nos referimos a menores vulnerables, como quienes tienen
alguna discapacidad o necesidades educativas especiales y a la infancia de origen
migrante. Estas familias sufren, además, las dificultades derivadas de su
situación administrativa, la falta de redes sociales amplias y también, la
xenofobia y el racismo. A los problemas generales provocados por la crisis de
la vivienda, las familias migrantes suman otras: miedo e inseguridad legal,
prejuicios y rechazo de los arrendadores o necesidad de hacinarse en pisos
compartidos, entre otras.
El exponente
máximo de la crisis habitacional son los desahucios y, en lo que va de año, se
han producido 1.353 en Andalucía. El dato ya es de por sí escalofriante, pero
lo es aún más si tenemos en cuenta que, según estimaciones de UNICEF, entre el 70 % y
el 80 % de las familias que sufren un desahucio tienen menores de edad a su
cargo.
Las consecuencias
de todo ello en la infancia y la adolescencia ya se han puesto de relieve en
diferentes informes y artículos: complicaciones
de salud física, como afecciones respiratorias o malnutrición; problemas de
salud mental: cambios de conducta e inestabilidad emocional, entre otros;
dificultades académicas: desmotivación, pérdida de concentración, bajada del
rendimiento académico o abandono escolar temprano.
Una vez superada
la etapa de escolarización obligatoria, la gente joven que se plantea un
proyecto vital en base a estudios superiores, encuentra un nuevo obstáculo
relacionado con la vivienda. La falta endémica de una oferta pública de
residencias universitarias a precios asequibles en Andalucía, se había venido
supliendo por dos vías; el circunscribir las expectativas a la oferta académica
de la provincia de residencia o el alquiler privado de habitaciones en pisos
compartidos. La primera opción se encuentra con el límite del desajuste entre
demanda y oferta, por lo que un porcentaje significativo de jóvenes debe
renunciar a los estudios deseados, por la imposibilidad de alcanzar la nota de
acceso requerida. El alquiler de una habitación en un piso compartido es una
opción que se aleja de las posibilidades de la mayoría, pues los precios en
ciudades como Sevilla o Málaga no son asumibles para muchas familias. Así, el
papel de la universidad pública como ascensor social choca con la realidad de
la crisis habitacional que lleva a cada vez más jóvenes a renunciar a los
estudios universitarios.
Quienes buscan un
piso para compartir en las capitales andaluzas deben competir no solo con el
monstruo de los alojamientos turísticos, sino con jóvenes que están opositando,
realizando prácticas o en sus primeros años de carrera profesional, precariado y
trabajadores eventuales, como el profesorado interino que también recurren al
alquiler de habitaciones por la imposibilidad de alquilar una vivienda
completa.
La crisis
habitacional en Andalucía afecta gravemente al profesorado, en especial a las
compañeras y compañeros interinos. El profesorado interino debe sostener con su
sueldo la vivienda habitual y la residencia temporal donde tiene sus destinos
temporales, o bien se encuentra al principio de su carrera, sin colchón
económico que le facilite la movilidad, ni posibilidad de tenerlo en un futuro
próximo, precisamente porque emplea un alto porcentaje del salario en vivir
allí donde se le destina en cada momento, haciendo imposible el ahorro. Si
estas circunstancias son, de algún modo, propias de la situación de interinidad,
el encarecimiento de los alquileres ha venido a dificultar enormemente el
acceso a la vivienda de este sector docente.
Desde hace ya
muchos años, ser nombrado para una interinidad en una ciudad o pueblo de
cualquier punto de la costa andaluza suponía dos mudanzas anuales: una en
septiembre y otra en junio, cuando los arrendadores dan por finalizados los
contratos temporales para dar paso al alquiler vacacional, mucho más rentable.
En los últimos años, esta situación se ha agravado con la explosión del
alquiler turístico que ya no afecta solo a la costa, sino a las capitales,
ciudades y pueblos de todo el territorio. El encarecimiento de los alquileres
obstaculiza el acceso a un arrendamiento asumible y el personal interino se ve,
en ocasiones, obligado a renunciar a un nombramiento o a recurrir a
alternativas como los albergues juveniles. Desarrollar una carrera profesional
y un proyecto vital en estas circunstancias se hace muy difícil.
Aunque el
profesorado interino es el eslabón más vulnerable, la crisis habitacional
afecta al conjunto de la profesión, debido a la pérdida de poder
adquisitivo. Mientras el sueldo base docente ha aumentado aproximadamente un 25,1 %
desde 2011, los precios han subido un 36,6 %, quedando los salarios 11,5 puntos
porcentuales por detrás del incremento de los precios. Ante esta situación,
USTEA y otras organizaciones sindicales han exigido al gobierno andaluz medidas
urgentes, como el establecimiento de un complemento específico o la promoción
de vivienda públicas o de alquiler asequible para docentes en zonas
tensionadas.
La dificultad
para el acceso a la vivienda del profesorado no es solo una cuestión que afecte
a nuestro colectivo, sino que tiene un impacto en el conjunto de la educación
pública. Es evidente el perjuicio causado cuando no pueden cubrirse vacantes o
sustituciones en determinados puestos, pero esta cuestión tiene otras
consecuencias más profundas a medio y largo plazo. Así, la configuración y edad
de las plantillas de los centros educativos se ve condicionada por algo tan
ajeno a consideraciones pedagógicas como es el precio del metro cuadrado en una
determinada zona. La inestabilidad de las plantillas y sus consecuencias, como
la no continuidad de los proyectos educativos, ya no se circunscribe a
determinadas áreas rurales o poco accesibles, sino que afecta a un amplio
porcentaje de los centros educativos andaluces. La turistificación de nuestros
pueblos y ciudades y la especulación urbanística, están socavando los cimientos
del sistema educativo público.
Cuando se piensa
en las consecuencias de la turistificación de los centros urbanos, salen a
relucir los comercios tradicionales que se han convertido en tiendas de
recuerdos o los bares de toda la vida que han sido sustituidos por franquicias.
Por supuesto, se ha hablado y mucho, de la sustitución de la población
permanente por alojamientos turísticos que está en la raíz de este proceso de
transformación urbana, pero no nos hemos detenido tanto en la merma o directa
desaparición de los centros escolares. El caso más llamativo es el de Cádiz
que, en los últimos veinte años, ha perdido ocho colegios públicos, pero no es
un fenómeno aislado y los centros de las ciudades se han convertido en
decorados vacíos sin gente ni alma. La pérdida del tejido comercial tradicional
es penoso, pero recuperar los centros urbanos con servicios públicos para sus
vecinas y vecinos es, en estos momentos, una utopía.
En el conjunto de
Andalucía se han suprimido 2.758 aulas públicas, desde la llegada del PP al
gobierno de la Junta que defiende su política de recortes con la excusa de la
bajada de natalidad. No se contemplan siquiera en el debate aspectos como
turistificación y modelo de ciudad, especulación, derecho a la vivienda, a la
sanidad o la educación públicas. Sin embargo, la explicación de la bajada de
natalidad comienza a hacer aguas cuando salimos de los centros históricos y
dirigimos la mirada a las áreas de expansión urbana de las ciudades.
En el caso de
Sevilla, dos grandes operaciones urbanísticas se funden entre los términos
municipales de la capital (Palmas Altas o Isla Natura) y la vecina Dos Hermanas
(Entrenúcleos), sumando casi 24.000 viviendas de nueva construcción. Estas
viviendas están ya siendo ocupadas por familias jóvenes que no pueden
permitirse una vivienda en otros barrios de la capital y que se han mudado a estas
nuevas promociones con hijos e hijas pequeños o pensando en formar una familia
en los próximos años. No tan sorprendentemente, estos nuevos barrios se han
construido sin dotación educativa ni otros servicios; solo recientemente, se ha
levantado parte de un colegio público en el que funcionan dos aulas, sin que
haya proyectados otros centros de infantil o primaria y ningún instituto. En
cambio, el ayuntamiento de Dos Hermanas formalizó, el pasado verano, la cesión
gratuita de una parcela municipal de 27.355 metros cuadrados a la Archidiócesis
de Sevilla para la construcción de un colegio religioso y una parroquia,
mientras que otros casi 3.000 metros cuadrados le fueron cedidos por el
ayuntamiento de Sevilla para una iglesia.
Se eliminan aulas
y centros educativos públicos en los centros urbanos turistificados, con la
excusa de la bajada de natalidad, y se facilita la implantación de centros
privados en las zonas de expansión urbana. El caso de Sevilla es solo un
ejemplo de de las consecuencias de un urbanismo planificado con lógica de
mercado que se repite en las zonas de expansión de otras ciudades andaluzas
como la Vega de Acá en Almería, Teatinos o Campanillas en Málaga o la Huerta de
Santa Isabel y Turruñuelos en Córdoba. Estamos asistiendo a una transformación
no solo del modelo de ciudad, sino de la propia sociedad que moldea el
urbanismo.
En Andalucía y
otros territorios, el 11N salimos a la calle por el derecho a la vivienda y en
defensa de la educación pública. Nos sumamos a la ola de resistencia que sacude
todo el continente: Francia, Portugal, Alemania, Italia o Grecia con enormes
movilizaciones que aúnan, en todos los casos, reivindicaciones similares.
Porque “sin vivienda
no hay educación” y sin educación pública no hay ciudades y
pueblos vivibles desde donde construir un futuro colectivo más libre y más
igualitario.
