Leandro del Moral
Universidad de
Sevilla, Fundación Nueva Cultura del Agua, Red Andaluza de la NCA.
8 de enero de 2019
Síntesis
En Andalucía, en
términos generales, no existe escasez absoluta de agua. A través de un proceso histórico
de artificialización del sistema hidrológico se han hecho disponibles enormes
cantidades de recurso. Los costes económicos, ecológicos y patrimoniales han
sido muy altos. Desde hace décadas se producen respuestas sociales fragmentadas
pero muy ricas que construyen un marco de prácticas y discursos alternativos.
En el lenguaje de
la administración del agua en España, ‘recurso disponible’ se refiere a
aquella parte del total de los ‘recursos naturales’ que se puede aplicar
a la satisfacción de ‘demandas’ humanas concretas, en el lugar, en el
momento y con la calidad requeridos en cada caso, dependiendo del tipo de ‘uso’
de que se trate: urbano, agrícola, ganadero, industrial o energético. Los recursos
hídricos naturales son el resultado del total de precipitación menos
la evapotranspiración, coincidiendo con lo que también se denomina (con
expresión nada inocente) ‘lluvia útil’, que en España está entre el 20 y
el 30% de la precipitación.
Precipitación
--> Lluvia útil (recurso natural) --> recurso disponible
Tanto los recursos
naturales como los disponibles se refieren a lo que se conoce como ‘agua
azul’, que es la que circula superficial o subterráneamente. Esta es el
agua con la que trabaja la política hidráulica, que no incluye el ‘agua
verde’ (el 70-80% del total de la precipitación) que alimenta la humedad
del suelo, la evaporación y la transpiración de las plantas,
es decir, el agua de los ecosistemas terrestres, de las masas forestales y de
los cultivos de secano (y, parcialmente, de los regadíos no cubiertos con
plásticos).
Todas estas magnitudes
se refieren a un periodo de tiempo (el año hidrológico (que comienza el 1 de octubre
y se extiende hasta el 30 de septiembre del año siguiente) y se presentan como medias de series cronológicas,
lo que hace que dependan de las características de estas series: si se toman los
datos de la serie 1985-2010 los recursos naturales se reducen entre el 10 y el
20% (según cuencas hidrográficas) respecto de los que se desprenden de la serie
1945-2010, lo que es coherente con los modelos de cambio climático, aunque en
esta reducción pueden incidir también otros factores, como el aumento de la
cubierta forestal, que consume agua, en las cabeceras de las cuencas
hidrográficas.
Pues bien, de
acuerdo con los datos oficiales actuales, en Andalucía disponemos de 7.149,54 hm3
(1 hm3 es igual a 1 millón de m3) de media cada año. Como en Andalucía vivimos 8.409.657
personas (dato de diciembre de 2016), tocamos a 850 m3 por persona
cada año, es decir a 2.329 litros de agua al día por cabeza; de agua disponible, es decir embalsada o extraída
de acuíferos, canalizada y distribuida en el lugar, el momento y con la calidad
adecuada a los distintos usos. Una interesante cifra para empezar a discutir
sobre ‘abundancia’ o ‘escasez’, relativa
o absoluta, física, social o ecosocial.
Esta disponibilidad es resultado de una ingente intervención histórica, infraestructural
e institucional, sobre el sistema hidrológico, intensificada durante los
últimos 100 años de política hidráulica
basada en la regulación de ríos, desecación de humedales y explotación de
acuíferos y apropiación social, con diferentes contenidos sociales y económicos
dependiendo de cada situación geográfica e histórica. Ni el modelo de
crecimiento económico, ni el sistema urbano, ni los paisajes actuales podrían
explicarse sin referencia a dicha política, que ha convertido a la mayoría de
los ríos, lagunas, estuarios y acuíferos andaluces en ‘masas’ de agua ‘muy
modificadas’ o en ‘mal estado ecológico’, de acuerdo con la actual
terminología de la Directiva Marco del Agua europea (DMA). En Andalucía,
como en toda España, el ciclo hidrológico ha dejado de ser un fenómeno natural
(si es que alguna vez lo fue completamente) para ser una realidad
socioecológica, en nuestro caso sociohidrologica.
Por supuesto que
estas son cifras medias, tanto social como temporal y espacialmente, bajo las
cuales se esconden diferencias muy acusadas. La mayor parte de la población,
que no es titular de ninguna concesión de regadío o uso industrial, consume
exclusivamente en torno a 125 litros de agua potable al día (menos de 50 m3/año).
Tampoco las cifras medias anuales reflejan la gran variabilidad interanual (ver
gráfico de evolución temporal del agua embalsada) o las grandes diferencias
territoriales entre el extremo occidental y oriental de Andalucía.
Agua embalsada por las principales cuencas
hidrográficas, 1994-2015
Pero aún así, las
cifras son significativas: al final del segundo año seco consecutivo (2015-2016
y 2016-2017), los embalses de Andalucía, con un llenado medio del 41,78%, almacenaban 4.978,73 hm3, a los que se
añaden las aguas subterráneas, que son la parte de los recursos más resistentes
al impacto de la sequía; por eso los cultivos de la corona forestal de Doñana no
se han dejado de regar por falta de agua ni un solo año desde que empezaron a
implantarse hace 4 décadas. Por su parte, Almería, la provincia más árida de
Andalucía se sitúa (incluyendo sobreexplotación de acuíferos, reutilización de
residuales y desalación de aguas salobres y marinas) en un cifra de dotación
por habitante similar a la media andaluza (2.500 litros/días); desde Almería,
en donde tampoco se ha dejado nunca de regar en 50 años, salen cada año no
menos de 200 hm3 de ‘agua
virtual’, en forma de productos hortícolas, y muchos más del resto de Andalucía
en forma de los principales productos exportación: aceites, frutas o cultivos
industriales.
Para decirlo sintética pero claramente: el agua
en Andalucía es rehén del regadío. La lógica del regadío tiene una hegemonía social,
cultural y política aplastante: el aplicar el agua al riego es de “sentido
común”. Y como las ‘demandas’ de este sector son insaciables, la ‘escasez’ y el
‘déficit’ siguen creciendo, pese a que los ‘recursos disponibles’ no han cesado
de aumentar. Este esquema hay que matizarlo territorialmente: en algunas
comarcas son las demandas turísticas-residenciales las que más presionan sobre
los ecosistemas acuáticos; pero esas situaciones son realmente bastante puntuales.
El peso del sector urbano y turístico sobre el total de agua usada no supera el
15% como media regional; aunque importante, es minoritario (en la escala de las
respectivas cuencas) en la mayor parte del litoral (Huelva, Cádiz, Granada,
Almería); incluso en la Axarquía los cultivos (con el actual boom del mango,
que se añade al anterior del aguacate) son el factor determinante. Sólo en la
Costa del Sol occidental el sector urbano-turístico adquiere total protagonismo
entre los usos del agua.
Con el mega-sistema hidráulico disponible las
demandas urbanas (aparte de situaciones locales aisladas) están técnicamente garantizadas;
por eso en Andalucía no ha habido restricciones urbanas de agua masivas desde
el final de la gran sequía de 1992-1995. Esa fue la gran lección que se extrajo
de aquella experiencia traumática: hay que reducir las dotaciones del regadío
antes de que haya necesidad de restringir el agua a la población. Además, los consumos
urbanos han descendido de manera generalizada y acusada desde entonces (con un
máximo de descenso en Sevilla, un 40% desde 1991 a 2016), lo que ayuda a la
gestión.
Pero la presión agraria también afecta a la calidad:
los principales problemas de contaminación (nitratos, turbidez, fitosanitarios)
tienen su origen en la extensión del regadío, que va destruyendo los sistema
locales de abastecimiento (regadío del olivar en las Subéticas o en la Hoya de
Antequera; nuevos cultivos hortícolas en el Altiplano de Granada). Un proceso
difuso, de iniciativa privada, con cobertura institucional y financiera
pública, basado en aguas subterráneas, que ha sucedido a las grandes
operaciones estatales, principalmente con aguas superficiales, de décadas
anteriores.
No se trata de demonizar al regadío, sino,
por el contrario, de entender sus profundas raíces históricas, territoriales y
culturales; y de situarlo en el marco del papel de Andalucía en la economía
global, y más concretamente española y europea: especialización en los sectores
primario y terciario no especializado. Los cultivos de regadío tradicionales se
tienen que intensificar y los de secano (olivo, almendro, cereales…) no pueden
mantenerse en el mercado si no es incorporando el riego, que significa más extracción
de recursos naturales (agua, suelos –por incremento de la erosión- y reducción
de calidad ambiental y biodiversidad).
En este contexto ecológico y político la resistencia
social al ‘extractivismo hídrico’ ha sido y sigue siendo, no hay que engañarse,
débil y fragmentaria, aunque, como veremos, se multiplica en el territorio con
formas organizativas y discursivas muy ricas.
La presión social organizada, con capacidad de ‘movilización de masas’,
sigue produciéndose a favor de la continuación de la estrategia hidráulica (“más
agua para todos”), como acabamos de ver en las movilizaciones, encabezadas por
los alcaldes, en contra de la introducción de algunas medidas de control del
regadío en el entorno de Doñana. Algunos de los últimos grandes embalse que han
acabado de artificializar los pocos ríos que quedaban, generalmente con ninguna
o escasa racionalidad económica (Andévalo, Melonares, Rules…) no han suscitado
oposición social relevante, salvo las críticas de grupos de activistas
ecologistas y sectores de la comunidad científica. La legitimidad de las
demandas agrarias es muy potente en la sociedad andaluza.
Es muy significativo que las primeras
reacciones con cierta base social se produjeran, a partir de finales del siglo
pasado, en el traspaís de la Costa del Sol (valles del Genal, Hozgarganta y río
Grande), defendiendo el territorio frente a proyectos de embalses justificados por
necesidades del desarrollo urbano-turístico. Oponerse a que inunden tu propio valle
para alimentar la espiral inmobiliaria (o el riego de campos de golf) proporciona
más material simbólico cohesionador de resistencias y movilizador de agentes
locales que oponerse a la ‘honrada y sacrificada’ actividad de los
agricultores. El Grupo de Trabajo del Valle del Genal, su elaboración de
discurso (con el libro El Genal apresado.
Agua y planificación: ¿desarrollo sostenible o crecimiento ilimitado, de
1998) y su ágil y flexible organización son un punto de referencia fundamental
para el movimiento social y están en el origen de la constitución de la Red
Andaluza de la Nueva Cultura del Agua (RANCA, Málaga, 25 de mayo de 2001), que desde entonces agrupa a colectivos que trabajan en los ríos Genal, Guadiaro, Vélez,
Nacimiento y Grande en la provincia de Málaga; Riopudio, Guadaíra, Corbones y
Guadalquivir, en Sevilla; sistema Fuente-Charca y Huerta de Pegalajar y
acuíferos de Jódar y de la Loma de Úbeda, en Jaén; ríos Almanzora y Adra y
acuíferos del Campo de Nijar y de Dalías en Almería; ríos Hozgarganta y
Guadalete en Cádiz; ríos Castril, Guardal y Guadalfeo, en Granada; estuario del
Guadiana, Tinto, Odiel y acuífero de Doñana en Huelva; Guadiato, Hornachuelos y
arroyo Bejarano, en Córdoba, entre otros.