Juan Miguel Fernández, Asesor Técnico del Tribunal de
Cuentas, jubilado. Sindicalista de UGT
Este artículo, publicado originalmente en Argumentos Socialistas, ayuda a explicar
las bases que nos permiten defender que el modelo de seguridad social vigente
en nuestro país, el sistema de reparto financiado por cotizaciones sociales, es
decir, con salario diferido, es perfectamente sostenible si se elimina el
lastre que los distintos gobiernos han echado en las espaldas del sistema
Se publica en este blog el 7 de junio de 2019
Las cuentas de la Seguridad Social han sido
objeto de unas manipulaciones que se han prolongado hasta hoy, con el gobierno
del PP, y que reclaman aclaración y superación. Sobre todo se han registrado
como préstamos lo que tenían que ser simples transferencias para cubrir las
carencias de ingresos del sistema de Seguridad Social.
Las reformas de
pensiones de 2011 y 2013 se insertaron en una secuencia de manipulaciones contables
iniciada en los años 90, y recientemente continuada por el gobierno del PP,
consistente en registrar como préstamos lo que tenían que ser simples
transferencias para cubrir las carencias de ingresos del sistema de Seguridad Social.
Entre otras cosas consiguieron ofrecer un cuadro desastroso de fuerte
endeudamiento del sistema de Seguridad Social, ante el que las exigencias de
derogación de las reformas parecen convertirse en peticiones retóricas,
mientras crecen como setas nuevas propuestas de reformas que trocearían la
Seguridad Social. La exigencia de anular los efectos perversos de la ingeniería
contable y restablecer la verdad de los hechos es una exigencia democrática
irrenunciable.
1. La Seguridad Social desde hace 20 años arrastra una
deuda de 17.168,65 millones de euros, causada por la concesión de once
préstamos por parte de la Administración del Estado durante los años de 1992 a
1999. Se concedieron para hacer frente a gastos sanitarios del Estado y para financiar
déficits de la Seguridad Social previstos en sus presupuestos iniciales, pero
en ambos casos el gobierno de turno optó por financiarlos a través de
préstamos, en lugar de hacerlo por transferencias corrientes.
Desde un punto de
vista técnico, el asunto ha sido reiteradamente abordado por el Tribunal de
Cuentas, con propuestas concretas de resolución que no se atendieron. En 1996
el Tribunal dictamina (1) que lo más adecuado es “la condonación de los
préstamos, lo que equivaldría en el fondo a la concesión de una transferencia,
carácter que como se ha venido sosteniendo reiteradamente en años anteriores, deberían
haber tenido desde el principio”. Desde entonces se ha reiterado la necesidad
de la cancelación de la deuda, por condonación o por la concesión de transferencias
a la Tesorería General de la Seguridad Social.
2. Estos criterios no se aplicaron ni siquiera después de
las modificaciones introducidas por la Ley 24/1997, de 15 de julio (2), en la
Ley General de Seguridad Social (LGSS) artículo 109, estableciendo la financiación
de las contributivas no solo con cotizaciones sociales, sino también mediante
aportaciones del Estado.
El PP, ante las
necesidades de complementar la insuficiencia de las cotizaciones, en lugar de disponer
las transferencias oportunas desde el presupuesto del Estado, que es lo
establecido en la LGSS, ha esquilmado el Fondo de Reserva, disponiendo de él en
importes muy superiores al límite legal establecido. Solo cuando el saqueo del
Fondo lo ha llevado al borde del agotamiento, ha reiniciado la práctica de los préstamos
en julio de 2017, por 10.192 millones de euros. Este posicionamiento del
Gobierno de Rajoy está en sintonía con el PDe-CAT. Su representante en el Pacto
de Toledo, Carles Campuzano, escribe que “la clave de la sostenibilidad del
sistema va a ser establecer más impuestos y menos cotizaciones” (3). En el
mismo sentido se pronuncian CEOE y CEPYME, reclamando negociar con los
sindicatos la rebaja de las cotizaciones sociales y la eliminación de la
cotización adicional por horas extraordinarias.
Es más, la aceptación
de esas premisas conduce a sectores del movimiento obrero a proponer no la
defensa del actual sistema de reparto, sino su desmembración. Véase la
propuesta de financiar con impuestos las prestaciones de viudedad y orfandad, o
la que pide la asunción por parte del Estado de los gastos de administración de
la Seguridad Social, o las de cambiar el modelo actual de Seguridad Social por
otro que dé entrada a la financiación por impuestos finalistas.
Los préstamos antiguos se debían condonar, y en cambio se
han incrementado artificialmente
Un caso especial lo
constituye la propuesta hecha en el Pacto de Toledo de utilizar parte del patrimonio
propiedad de la Seguridad Social para saldar las falsas deudas que figuran en
su contabilidad a causa de los préstamos. Se trata de “compensar” esas falsas
deudas, a cambio de traspasarles la propiedad de los edificios sanitarios y de
servicios sociales propiedad de la Seguridad Social a la Administración Central
o las CCAA, a las que en su día se les transfirió el uso.
Mal pueden defender
las pensiones los que pretenden tapar las manipulaciones contables con
operaciones de verdadero saqueo del patrimonio. Se trata de un conjunto de más
de 600 edificaciones, entre los cuales se encuentran los grandes hospitales,
muchos de ellos en el centro de las ciudades, cuya adquisición se financió principalmente
con cotizaciones sociales.
3. La manipulación contable aludida es simple: lo que
debería haberse financiado con aportaciones del Estado a la Seguridad Social y
haber sido soportado por el Presupuesto de gasto del Estado, se registra como
préstamo a la Seguridad Social. Es decir, no es computable como gasto no financiero
del Estado, ni por tanto como parte del déficit del Estado, sino como un déficit
de la Seguridad Social.
El punto inicial de
la manipulación consiste en partir de una previsión de ingresos inflada. Así, en
2016 se presupuestaron unos ingresos por cotizaciones superiores en un 16% a lo
recaudado el año anterior. El “exceso de optimismo” recaudatorio del gobierno,
haciendo una previsión de ingresos que se sabía inalcanzable, ocultaba el “déficit”
que emergería al final de año.
Al final de año los
ingresos por cotizaciones crecieron un 3%, crecimiento muy alejado del 16%
previsto, apareciendo así una diferencia que el gobierno y la prensa llaman “déficit”,
pero que solo es fruto de una presupuestación engañosa. El Gobierno quiere así
esconder la obligación legal que tiene de aportar las transferencias corrientes
para el pago inexcusable de las pensiones.
Lo que debía haberse
hecho es presupuestar los ingresos por cuotas en coherencia con la situación
económica general, y determinar la cuantía de las otras partidas susceptibles
de utilización para financiar las pensiones. En primer lugar, la aplicación
legal del Fondo de Reserva (3% del gasto), y en segundo lugar una partida de
ingresos en concepto de las transferencias del Estado, por la cantidad
necesaria para cubrir el pago de las pensiones.
No hay lugar para
hablar de déficit. La causa de los “déficits” es el incumplimiento del Gobierno
de sus compromisos financieros con la Seguridad Social.
4. La imagen creada del sistema de reparto y la propaganda
sobre los déficits anuales, pretende crear incertidumbre entre la juventud y
los trabajadores, debilitando la solidaridad entre generaciones. El gobierno
oculta que el sistema es sólido. Oculta por ejemplo la existencia de los cuantiosos
superávits generados, 519.194 millones de euros (4), empleados en políticas
ajenas a la Seguridad Social y sin registrarse como reservas del sistema, que
en la actualidad permitirían abordar el futuro con holgura.
Igualmente ocurre con
las políticas seguidas de financiar las insuficiencias de cotizaciones con préstamos
en lugar de transferencias a la Seguridad Social, los regalos a los empresarios
con reducciones en las cotizaciones, los gastos indebidos cargados en las
cuentas de la Seguridad Social. Son prácticas que debilitan el pacto entre generaciones
y han creado un terreno abonado para justificar las reformas aprobadas, que
impiden el mantenimiento del poder adquisitivo y la suficiencia de las
pensiones.
La política de financiar las insuficiencias de
cotizaciones con préstamos, debilita el pacto entre generaciones
Efectivamente, es
necesario revertir esta situación y fortalecer la solidaridad entre
generaciones de trabajadores cotizantes y pasivos, actuando en coherencia con
los artículos 41 y 50 de la Constitución, que configuran al Estado como garante
de los derechos adquiridos, y el artículo 109 de la LGSS. Estas son las bases
que establecen el mecanismo actualmente vigente para aportar la financiación
complementaria necesaria en situaciones como la actual de insuficiencia de las
cotizaciones sociales.
Las centrales
sindicales tomaron posición rechazando las prácticas del gobierno con la
concesión de nuevos préstamos en 2017. Con razón, pues dice UGT que “vulnera la
LGSS, que dispone que la diferencia entre ingresos y gastos del sistema se debe
cubrir mediante transferencias del Estado y no a través de créditos, que lo que
hacen es endeudar más a la Seguridad Social” (5). En parecidos términos se ha
pronunciado CCOO. Se trata de un posicionamiento que apunta al centro del
problema, aunque, además, solo desarrollando el rechazo a todas sus consecuencias
puede convertirse en el punto de apoyo sólido para defender coherentemente el actual
sistema de reparto.
(1) Declaración definitiva sobre la
cuenta general del Estado, ejercicio 1996.
(2) Ley 24/1997, de 15 de julio, de
consolidación y Racionalización del sistema de la Seguridad Social.
(3) Alternativas Económicas, nº 42
(4) Propuestas de la Confederación
Sindical de CCOO para garantizar la calidad y sostenibilidad, actual y futura,
del sistema público de pensiones. 28 de noviembre de 2016.
(5) UGT. Nota del 13 de julio de 2017:
“El gobierno ha vulnerado la LGSS con el crédito al Fondo de Reserva”.