A VUELTAS CON LAS INMATRICULACIONES

Fermín Novo Fernández y Miguel Campillo Ortiz, miembros de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla

29 de enero de 2021

Recientemente hemos tenido noticias sobre el asunto de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica. En el Congreso, el pasado 22 de Diciembre, fue presentada por el Grupo Parlamentario Republicano y el de Euskal Herria Bildu una Proposición no de Ley para reclamar la reversión de los bienes inmatriculados a favor de la Iglesia. Al día siguiente, un juzgado tumbó el dictamen del Consejo de Transparencia que exigía al Gobierno la publicación del listado de dichos bienes.

Es posible que, a estas alturas, alguien todavía no sepa que la inmatriculación es, simple y llanamente, dar de alta por primera vez en el Registro de la Propiedad un bien inmueble y que, para ello, el que lo inscribe debe aportar la documentación y/o los testimonios fidedignos que acrediten su propiedad. Esto es así para el común de los mortales, pero para la Iglesia Católica rigen otras normas.

Gracias al artículo 206 de la Ley Hipotecaria franquista de 1946, la Iglesia Católica queda equiparada a las Administraciones Públicas para inscribir cualquier dominio que carezca de título, mediante una certificación expedida por el Diocesano correspondiente. O sea, el obispo señala un bien y el registrador lo inscribe a nombre de la Iglesia. Así fue durante los cuarenta años de Franco…, así ha seguido siendo hasta 2015…, y así la Iglesia Católica se ha convertido en la mayor empresa inmobiliaria del país.

PARTICIPACIÓN Y TRANSVERSALIDAD PARA AFRONTAR RETOS DEL PRESENTE Y EL FUTURO

Francisco Casero Rodríguez

26 de enero de 2021

Nos encontramos en una situación, a consecuencia de la pandemia, que está provocando efectos negativos en los servicios públicos, mostrando las deficiencias a raíz de los recortes que se han ido realizando en las administraciones públicas durante décadas. Es necesario abordarlo desde una perspectiva en la que los agentes sociales, sociedad civil, administración pública y empresas privadas participen ofreciendo respuestas adecuadas a los problemas que se nos están presentando.

Por vez primera, disponemos de unos fondos europeos, los Next Generation, que nos pueden posibilitar sentar las bases para un sistema económico y de bienestar diferente.

Actualmente nos enfrentamos a uno de los mayores retos que va a afrontar la humanidad, el cambio climático. Sin políticas contundentes y medidas decisivas no se pueden dar soluciones a la realidad causa/efecto a la que la humanidad del presente y del futuro va a tener que responder a corto, medio y largo plazo.

MANIFIESTO CONJUNTO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DE PENSIONISTAS EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

Ante la agresión que las recientes Recomendaciones del Pacto de Toledo y la política del Ministro de Seguridad Social, Sr. Escrivá, suponen para el Sistema Público de Pensiones, los Movimientos Sociales de pensionistas del Estado Español abajo firmantes MANIFESTAMOS NUESTRO RECHAZO FRONTAL a la sustitución complementaria del sistema público de pensiones, por medio de LOS PLANES PRIVADOS DE EMPRESA, VÍA CONVENIOS, con soporte de dinero público y apoyo gubernamental y a costa de los ingresos de la Seguridad Social, debilitando seriamente la caja única de las pensiones. Con el falso argumento de que existe el peligro de desequilibrio financiero de las pensiones públicas, se intenta dinamitar el Sistema Público de Pensiones con la complicidad de determinados agentes sociales con intereses económicos en estos planes privados.

DENUNCIAMOS:

1. Que el conjunto de las Recomendaciones del Pacto de Toledo de octubre de 2020 y el desarrollo que de las mismas pretende hacer el Ministro de Seguridad Social excediendo negativamente las medidas propuestas en ese oscuro Pacto, preparan un futuro de pensiones públicas cada vez más reducidas para la mayoría de la población, complementadas con pensiones privadas, ahora bajo la modalidad de empresa, para quien pueda pagarlas.

¿De qué libertad hablan los opositores a la Ley Celaá?

Miguel Toro

19 de enero de 2021

A final de año se aprobaba la nueva LOMLOE (más conocida como Ley Celaá), y los detractores de dicha ley proclamaban al unísono: Libertad.

Los detractores de dicha ley repiten una y otra vez que se oponen a la misma “Porque reclaman libertad para poder educar a sus hijos según sus principios”, “Porque quieren seguir teniendo libertad para llevar a sus hijos al centro que quieran”, “Porque esta ley restringe el derecho de los padres a impartir la educación que quieran a sus hijos”, etc.

¿Pero de que libertad hablan? Lo podemos comprender mejor leyendo las razones de Más Plurales, un grupo opositor a la LOMLOE. Dicen que no aceptarán que la LOMLOE permita a las autoridades educativas imponer la distribución del alumnado basada en la planificación arbitraria de la Administración, por encima de las necesidades reales de escolarización manifestadas por las familias. No aceptan la planificación pública de la educación. Quieren que el estado siga financiando con fondos públicos a los colegios concertados, quieren que estos colegios tengan libertad para elegir a sus alumnos, poder rechazar a alumnos con dificultades económicas o con otras ideas religiosas, quieren que estos colegios impongan la religión que consideren conveniente. Pero todo ello financiado con fondos públicos. Quieren crear colegios para el sector acomodado de la sociedad pero financiado con los recursos de todos.

¿Por qué se opone a que suba el salario mínimo el partido de la Ministra de Economía?

Nota: El presente artículo de Juan Torres López (Catedrático de Economía aplicada en la Universidad de Sevilla), fue publicado el día 25 de diciembre de 2020 en el diario “Público”. Hoy, 15 de enero de 2021, con la autorización del mencionado autor, se publica en este Blog para nuestros lectores.

 

Juan Torres López

15 de enero de 2021

Cuando Pedro Sánchez nombró a Nadia Calviño como ministra dije que fue un acierto. Si se proponía adoptar las medidas que había ofrecido al electorado en el Programa Electoral del PSOE, u otras mínimamente progresistas, sería muy probable que se encontrara con resistencias en las instituciones europeas. Incluso si se limitara a hacer la política más convencional posible tendría en Europa desconfianza, presión y obstáculos dado el tipo de gobierno de coalición que iba a formar. En esas condiciones, nombrar ministra de Economía a una persona que a su gran cualificación profesional unía el conocimiento directo de las instituciones y las personas que gobiernan la Comisión Europea era un acierto político innegable porque, sin duda, podría servir de dique de contención en momentos de apuro. Y, demás, Calviño tampoco era una fundamentalista neoliberal tan del estilo de otros ministros de economía "socialistas" anteriores.

Este reconocimiento, sin embargo, no significa que se pueda considerar que Calviño esté defendiendo todos los intereses que dice defender mayoría del gobierno. No hay declaración suya en la que no se esfuerce en proteger los intereses de la gran patronal y de la banca así que, con independencia de que tenga o no el carné del PSOE (lo que yo desconozco) se puede decir de forma más que metafórica que forma parte de otro partido, ese de las grandes empresas, el IBEX y los banqueros que no se presenta nunca a las elecciones pero que actúa como si las hubiera ganado todas.

LA RECONSTRUCCIÓN Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

La novedosa situación que vivimos consecuencia del Covid-19, nos exige una cierta reordenación de los conceptos y criterios para la organización, sostenibilidad, participación y representación de movimientos sociales en las estructuras de planificación de la Reconstrucción.

Manuel Armenta

12 de Enero de 2021.

Situados en un momento histórico no solo por la Pandemia del Covid-19, sino porque el proceso de reconstrucción que se necesita, está siendo liderado por la coalición que soporta al nuevo gobierno, por fuerzas políticas de diferentes ideologías y posiciones políticas, unido a la voluntad popular en las urnas y al objetivo de Cambio por una mejor Democracia, Igualdad y Condiciones de vida dignas. Tenemos que conseguir que el protagonismo de los movimientos y organizaciones sociales que se necesitan para esta lucha muy confrontada social y políticamente, se reconstruyan con nuevas formas de participación, representación y confluencia social en las Instituciones.

Reconstrucción y Transición son dos términos y objetivos fundidos para avanzar por el buen camino de progreso y cambio, con independencia de cuales sean las prioridades políticas y medidas de prevalencias y alcance, motivadas por la crisis sanitaria.

Y para ello será fundamental que la sociedad civil se rearme de conciencia y protagonice con esas nuevas estructuras y formas de lucha, para hacer más posible y sostenible sus reivindicaciones y mejoras en el nuevo sistema inclusivo y participativo de base con las Instituciones Públicas. Y todo ello, sin menoscabo y presencia de los entes económicos, sociales y sindicales, profesionalizados que viven acomodados en esas estructuras.