Antonio Aguilera Nieves
26 de febrero de 2021
El balance de 2020 en el mercado laboral es demoledor, y, sin embargo, parece pasar de puntillas por nuestras noticias de actualidad. En un momento en que se teme por la vida, esto de los puestos de trabajo parece sonar a daño colateral esperado e inevitable, pero lo cierto es que encierra un tremendo dramatismo. Presente, y si no le ponemos la máxima atención, también futuro.
Los 622.600 empleos perdidos en España 2020, 53.000 de ellos en Andalucía, suponen un pozo hondísimo para demasiadas familias, una fractura de desigualdad social que se hace más profunda y que vamos a tardar en superar años. Un retroceso colectivo que es una fatal consecuencia de la debilidad de nuestros órganos de gobierno.
El número total de desempleados en Andalucía a final de 2020 era de 907.200, la tasa de paro se sitúa en el 22,74 %. A ello es necesario añadir que según la metodología Eurostat y de la OIT, las personas incluidas en un ERTE se les considera oficialmente ocupadas. Esto es, la lectura que ofrecen los datos oficiales no está siendo leal con la gravedad y la urgencia de la situación. Estas cifras han dejado de asustar a los analistas, lamentablemente acostumbrados a vernos en lo más alto de este triste escalafón. De largo nos viene. La crisis de los ochenta nos llevó al 21,5 % de desempleo, la del 92 al 24,5 %. Más recientemente, la crisis de 2008 nos llevó a más de un 27,2 % de la población activa, esto es, más de 6.000.000 de personas que querían trabajar, pero no podían hacerlo. Angustioso para cualquier persona con responsabilidad pública, para cualquier persona preocupada por su pueblo y su tierra, pero una situación tristemente incorporada a nuestra cotidianidad. Por eso, aunque nos saque una mueca, acabamos aceptando y conviviendo con términos como la fuga de los jóvenes al extranjero, parados de larga duración, pérdida de talento, contratos injustos…
La precariedad del mercado laboral, la indefensión de los trabajadores, con cifras insultantes de empleos temporales y casos de abuso de empleadores, sigue siendo moneda de cambio cotidiano. Las dificultades de las mujeres para lograr condiciones equiparadas a los hombres siguen siendo un reto ambicioso. Los escándalos de los sindicatos de clase han debilitado sus posiciones en la concertación social, les ha hecho perder su capacidad de movilización, de presión. Las reuniones del Pacto de Toledo han acabado convirtiéndose en un mero trámite, cada vez son menos los que esperan algo de ellas.
Toda esta tormenta perfecta tiene como principal afectada a la clase trabajadora, esto es, los trabajadores por cuenta ajena y el 96 % por ciento del empresariado, constituido por pymes y micropymes, es decir, casi el 60 % de la población. Cifra aún mayor si se contemplan los trabajadores del sector público con régimen temporal.
Todo este conjunto de fatalidades hunde sus causas en un cúmulo de despropósitos e incapacidades en la acción de gobierno que urge corregir. Es necesaria una reforma valiente de la normativa laboral, que equipare el mercado al de Estados más progresistas, que reconozca la realidad del siglo XXI, que incorpore de manera clara la igualdad de la mujer, la conciliación personal, el teletrabajo, pero también la meritocracia, el reconocimiento de profesiones esenciales, que incentive las carreras profesionales, la movilidad....
La permanencia de forma activa durante más tiempo de las personas en el mercado laboral es un factor clave para lograr una estabilidad social que necesitamos como nunca, una pieza esencial para evitar acrecentar las desigualdades y exclusiones sociales, una necesidad colectiva para recorrer la senda de superación de la crisis económica que ya tenemos.
La financiación pública que se ha inyectado en los últimos meses mediante los ERTEs ha sido una tabla de salvación para muchos, pero es exclusivamente un puente, una solución temporal. La hucha se agota, y sigue echándose en falta la reforma del mercado de trabajo que dé respuestas estables a este nuevo escenario cada vez más tecnológico, con mano de obra más cualificada pero también más envejecida, con una globalización tangible en muchos sectores que les está exigiendo una revisión integral en sus procesos productivos y competitivos.
Es hora de que seamos honestos con los empresarios que en realidad son trabajadores por cuenta propia, con oficios como los del campo y la mar absolutamente menospreciados, con entidades globales que utilizan a las personas como mero recurso temporal al que hay que exprimir.
Nuestro futuro es el de nuestra gente. Tenemos que sustentarlo en la estabilidad personal y profesional. Lograr la dignidad de estas tiene que ser hoy nuestra máxima prioridad.
En ese camino debemos desprendernos de planteamientos erróneos que parecen enquistados y anulan la posibilidad de alcanzar los objetivos colectivos. El bochornoso espectáculo que vemos de forma habitual en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Andaluz, consigue que cada día más personas los ignoren. Se evidencia una clara pérdida de capacidad de gobierno y de priorizar los problemas de la gente. Las instituciones se colapsan en vez de cumplir la misión esencial que tienen, ser los motores de salida de la situación mediante decisiones políticas que se trasladen a la sociedad. Sin embargo, véase, por ejemplo, la manera en que el gobierno del Estado ha sacado adelante el decreto de los fondos europeos, o el debate del último pleno del Parlamento Andaluz, unos guiones a la altura del mejor Berlanga.
En los mismos días, el ministro de economía alemán, Peter Altmaier, anunció que su gobierno estaba ya en disposición de desembolsar otros 50.000 millones a las empresas alemanas. Se suman a los 80.000 millones anteriores, y a los 23.000 que se han llevado al mercado laboral y los 130.000 del primer programa de estímulo de la crisis. En Alemania hay mayor capacidad de endeudamiento público, pero sobre todo lo que hay es capacidad para poner a disposición de la gente las herramientas políticas. Con estas decisiones, los socios de gobierno, especialmente los socialdemócratas, pueden llevar al desastre político a su propio partido, pero son conscientes que lo relevante es el interés general y no el suyo particular.
El 2020 ha traído una tormenta que ha obligado a armar las defensas, a recomponer el escenario. El 2021 debe ser el período que abra un proceso de cambio profundo que logre poner en la primera línea las necesidades reales de la sociedad, trabajando decididamente por disminuir las desigualdades, por favorecer la integración, por lograr la dignidad de tanta, tanta gente que hoy la echa en falta. El objetivo es la revisión del mercado laboral para permitir que todos los que lo deseen puedan vivir dignamente de su profesión, de su oficio, de su empresa, pero en los pasos previos tenemos una tarea imperiosa, que los partidos políticos dejen de ser el fin en sí mismos porque acaban bloqueando y deslegitimando las instituciones, anulando con ello su función vital, estar al servicio del Pueblo.