Carmen Yuste Aguilar, profesora de Enseñanza
Secundaria
7 de diciembre de 2021
Tras más de año y medio de una pandemia con consecuencias desastrosas a todos los niveles, podría pensarse que se iba a producir una reflexión global sobre aspectos tan sensibles como la sanidad, la educación o el cuidado del medio ambiente; “saldremos mejores” decía mucha gente. Lo cierto es que, al menos en Andalucía, la pandemia parece haber servido, más que como tope al desenfreno neoliberal, como punto de apoyo para tomar impulso. Estamos probablemente ante otro de esos momentos en los que quienes ostentan el poder se encuentran con la ocasión idónea para poner en práctica la doctrina del shock que, en palabras de Naomi Klein, no es otra cosa que “esperar a que se produzca una crisis de primer orden o estado de shock, y luego vender al mejor postor los pedazos de la red estatal a los agentes privados mientras los ciudadanos aún se recuperan del trauma, para rápidamente lograr que las reformas sean permanentes”.
Estamos aún en ese estado de shock que permite que, aunque la situación sanitaria continúe siendo muy delicada, miles de trabajadoras y trabajadores de la sanidad pública sean despedidos en Andalucía, mientras la atención primaria se deteriora cada día y enfermedades muy graves están dejando de ser diagnosticadas por el brutal recorte de recursos en la sanidad pública. No puede deberse a otra cosa que al mismo estado de conmoción social que el gobierno andaluz haya aprobado una Ley del Suelo que supone, no solo un ataque feroz al medio ambiente de nuestra tierra, sino una renovación de la apuesta de la oligarquía por la especulación y el ladrillazo; de aquella otra crisis, tampoco salimos mejores.
Entre los sectores considerados esenciales durante los momentos más duros de la pandemia, junto a la sanidad y otros, está sin duda la educación. En tiempo record, maestras y maestros, todo el cuerpo docente tuvo que reinventarse para paliar la enorme brecha que se abría entre el alumnado con diferente situación socioeconómica, al cerrarse las puertas de colegios e institutos.
La crisis sanitaria provocada por la pandemia tuvo un doble efecto: por un lado, puso de relieve la necesidad de reducir las ratios de alumnado en la red de centros de Andalucía por motivos sanitarios; y por otro lado, la tímida reducción coyuntural de las ratios, como resultado de la contratación de docentes de refuerzo para atender a las consecuencias de esta crisis, constató que es factible adecuar las ratios a la realidad cuando ésta lo requiere. ¿Pensó el gobierno andaluz en aplicar una bajada estructural de la ratio en las aulas andaluzas? Nada más lejos de la realidad: se ha seguido aplicando un plan implacable de adelgazamiento de la Educación Pública en Andalucía que, con ratios inasumibles y centros masificados, ha perdido 1200 clases de educación infantil y primaria en lo que va de legislatura. Mientras, la empresa privada va ganando parcelas de negocio: aumenta la oferta de plazas en centros privados concertados, se extiende exageradamente la oferta privada de ciclos de formación profesional,... y se generaliza la externalización de servicios educativos esenciales.
Hace tan solo quince días, la Consejería de Educación publicó la convocatoria del Programa PROA+. Se trata de un programa financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea que debiera ir dirigido a la dotación de recursos materiales y humanos, especialmente de orientación educativa, a los centros públicos en zonas en situación de vulnerabilidad económica. La resolución publicada establece que estos fondos, asignados a Andalucía a través del Ministerio de Educación, se destinarán a los centros, a través de la subcontratación del servicio con empresas externas.
El modelo de subcontratación de la atención educativa de financiación europea se está generalizando en Andalucía desde inicios de la legislatura. El Programa Impulsa, establecido en 2019, se enmarca dentro de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS) y tiene como objetivo prevenir el absentismo y el abandono escolar temprano, así como mejorar la respuesta educativa en los centros públicos de entornos socio-económicos vulnerables y en los centros de educación especial. La implantación de este programa, financiado por el Fondo Social Europeo a través del Ministerio de Educación, se realiza también a través de empresas subcontratadas.
En la misma línea de privatización y subcontratación de la atención educativa, a principios de octubre la Consejería de Educación aprobó un nuevo decreto por el que se establece que la asistencia al alumnado con necesidades educativas especiales por parte de profesionales técnicos de integración social (PTIS) y de interpretación de lengua de signos española (ILSE) pasa a ser un “servicio complementario”. De esta manera y en flagrante contradicción con la Ley de Educación de Andalucía, importantes aspectos de la atención al alumnado con necesidades educativas especiales quedan equiparados a los servicios de comedor o transporte escolar y, como éstos, serán llevados a cabo por empresas externas subcontratadas, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE).
El modelo de subcontratación y conciertos educativos se afianza también en la educación del alumnado de 0 a 3 años. Hace tan solo unos días, la Junta de Andalucía fue la única comunidad autónoma que rechazó recibir los 123 millones de euros de los fondos europeos que le corresponden del plan aprobado por el Consejo de Ministros para la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años. Esta dotación hubiera permitido crear 12.000 plazas públicas de guardería. El único motivo alegado por el gobierno andaluz para rechazar estos fondos europeos es salvaguardar la red de guarderías privadas que abarcan el 62 % de las plazas de primer ciclo de educación infantil en Andalucía.
El adelgazamiento de la red de centros públicos y la
subcontratación masiva de servicios educativos esenciales supone un grave
menoscabo del sistema educativo andaluz. La progresiva sustitución de
profesionales públicos en plantillas consolidadas por contratos más o menos
temporales con entidades privadas se traduce en una alarmante disminución de la
calidad educativa, así como en un aumento de la precariedad laboral en el
sector educativo.
Si no reaccionamos pronto y colectivamente, cuando despertemos del shock, todo será privado y estaremos privados de todo.
¡Pero
vamos a reaccionar!