Francisco Casero Rodríguez
4 de octubre de
2022
Ante el debate de actualidad sobre la problemática del agua, es importante destacar que desde la Mesa Social del Agua de Andalucía aportamos las líneas de la situación y respuesta:
Desde hace cinco años se viene desarrollando en Andalucía una experiencia inédita en el conjunto de España. Se trata de la colaboración en los temas del agua de un numeroso grupo de organizaciones sociales representativas de muy diferentes sectores, sindicatos de trabajadores, organizaciones agrarias, ecologistas, empresariales, ciudadanas y científicas, que nos hemos constituido en Mesa Social del Agua de Andalucía: CCOO Andalucía, COAG Andalucía, UPA Andalucía, AEOPAS, FACUA Andalucía, WWF, Greenpeace, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción Andalucía, Fundación SAVIA, Fundación Nueva Cultura del Agua, Red Andaluza de la NCA.
Las organizaciones que componemos la Mesa Social del Agua hemos asistido a foros, encuentros, espacios de participación pública y hemos mantenido reuniones con el objetivo de realizar valoraciones y aportaciones respecto a las políticas públicas de gestión de nuestro recurso más valioso, el agua.
Al comienzo ya del año hidrológico 2022-2023, la Mesa Social del Agua quiere expresar su preocupación por la situación que atraviesa Andalucía y la deriva que está experimentando el debate sobre la política del agua en nuestra Comunidad. La sequía pluviométrica que padece Andalucía, de intensidad y distribución desigual (en Almería, por ejemplo, las lluvias están por encima de lo normal en la provincia) ha hecho aflorar con fuerza el problema de fondo: la escasez. El déficit de recursos no se debe, solamente, a una reducción excepcional y prolongada de las lluvias, sino a un desequilibrio permanente entre las demandas y los recursos disponibles. Es necesario insistir en esta idea clave: sequía no es lo mismo que escasez. La primera es una reducción de volumen de precipitaciones por debajo de la media estadística. La segunda es un déficit de recursos respecto de las demandas. Esto segundo es lo que afecta a Andalucía: una gran crisis de escasez, acentuada en algunas zonas por una desigual sequía pluviométrica intensificada por unas extraordinarias olas de calor, detrás de las cuales asoman los efectos del cambio climático. La demanda de agua del conjunto de Andalucía, con grandes diferencias espaciales, ha sobrepasado la disponibilidad del recurso. El déficit es estructural, ocultado por la sobreexplotación generalizada de aguas superficiales y subterráneas. Este es el diagnóstico muy preocupante que hay que explicarle a la ciudadanía.
La primera víctima de esta situación son nuestros ríos, manantiales, fuentes y lagunas, es decir, los ecosistemas acuáticos, un dominio público colectivo, profundamente deteriorado en cantidad y calidad en la mayor parte del territorio andaluz. Y detrás de ellos, los propios usos humanos más dependientes del buen estado de estos ecosistemas: los abastecimientos de localidades medias y pequeñas y la ganadería extensiva y semiextensiva dependientes de los recursos locales. Y junto a ellos, los sistemas de riego de aguas superficiales, que ya vienen padeciendo grandes recortes en la mayor parte de la Comunidad.
Como se había anunciado, la nueva legislatura autonómica ha puesto legítimamente el agua en el centro de sus prioridades. Las sesiones del Parlamento andaluz han comenzado con el debate de una Proposición no de Ley (PNL), relativa a actuaciones del Estado en materia de política de agua que Andalucía necesita con carácter urgente. Se trata de un compendio de actuaciones e infraestructuras declaradas de interés general que el Gobierno Autonómico exige al central para abordar la sequía. Es indudable la parte de responsabilidad del Gobierno Central en esta situación, la obligación de cumplir sus compromisos y la necesidad de colaboración leal entre administraciones para planificar las políticas de agua en Andalucía. Sin embargo, la PNL ignora los auténticos problemas: la sobreexplotación de los recursos y la presencia de los impactos del cambio climático. También ignora la obligación de definir prioridades (las restricciones que padecen numerosos pequeños municipios andaluces) y de evaluar social y económicamente las actuaciones, muchas de las cuales corresponden a competencias autonómicas.
La PNL, arropada por el conjunto de las declaraciones que se vienen haciendo desde diversos sectores, trasmite una gran confusión, mezclando medidas de naturaleza y escala espacial y temporal muy distinta. Se presentan como urgentes actuaciones con efectos a medio y largo plazo, que tardarían muchos años en ejecutarse y que nada tienen que ver con la emergencia de sequía: pretenden generar más recursos hídricos, en ocasiones no para consolidar las actuales demandas insatisfechas, sino para ampliarlas, sobre todo con el desarrollo de nuevos regadíos. Por el contrario, faltan soluciones para temas más urgentes y realmente producidos por la sequía. La mayoría de los municipios que han sufrido cortes a lo largo del verano de 2022 son pueblos menores de 20.000 habitantes que gestionan el agua de forma aislada o esperan inversiones para conectarse a grandes sistemas. Sin desconocer la necesidad prioritaria de ordenar el uso de los recursos locales, la mayoría de estos casos podrían haberse evitado si estuvieran integrados en sistemas supramunicipales o si se hubieran construido las obras incluidas en convenios firmados con ese fin desde hace años. En este contexto, no nos parece adecuado anunciar la suspensión del cobro durante el próximo año del canon autonómico de mejora, un tributo cuyo destino se amplió en 2019 precisamente para sufragar actuaciones correspondientes al conjunto del ciclo integral del agua. Es necesario planificar una relación de actuaciones con un enfoque realmente de obras de emergencia. Consideramos necesario un plan de choque para evitar los cortes de agua en Andalucía en el marco del impulso de la gestión pública a través, cuando sea necesario, de sistemas supramunicipales eficaces y transparentes.
En la misma línea de actuaciones de corto plazo realmente centradas en la emergencia de sequía, es necesario dotar de ayudas urgentes a las numerosas explotaciones ganaderas que podrán verse abocadas al cierre en las próximas semanas. Es urgente suministrarles agua por medio de las pequeñas infraestructuras que se requieran en cada caso (pantanetas, canales, abrevaderos, balsas) con las que paliar la situación. Es necesario evitar que en los próximos años se reproduzcan las situaciones dramáticas que se están viviendo en estos momentos. Otros medidas realmente de emergencia de sequía se refieren al regadío, empezando con la modulación de dotaciones, en la línea de un reparto social del agua, que garantice un mínimo de superficie regada por explotación para asegurar la supervivencia de todas las explotaciones familiares y profesionales. Con esa misma orientación, son urgentes e imprescindibles los apoyos financieros y fiscales habituales en estos casos, pero ajustados a las diferentes situaciones socio-económicas de manera que garanticen las rentas básicas del tejido productivo agrario que consolida población y vida en el territorio. Es preferible que estas ayudas se concedan de forma directa, como compensaciones de rentas, no a través de exención de los costes del agua, que reduce las ya generalmente bajas señales económicas de escasez del recurso.
Para el medio y el largo plazo, hacen falta otros planeamientos, sin entremezclarlos desordenadamente con las medidas urgentes y a corto plazo. Algunos de los diagnósticos y orientaciones fundamentales ya estaban incluidos en el Pacto Andaluz por el Agua aprobado en la legislatura autonómica anterior: definición de objetivos medioambientales prioritarios, participación y transparencia, garantía de los servicios urbanos y mínimo vital, atención a los déficits estructurales y demandas sostenibles (incluyendo “limitación de la superficie de regadío”), resiliencia frente a sequías, adaptación al cambio climático, recuperación de costes y financiación, sostenibilidad. Una relación de conceptos aprobados por el Parlamento de Andalucía que han desaparecido de los mensajes de la Junta de Andalucía y otros agentes sociales.
En ese sentido estratégico, reiteramos en estos momentos los planteamientos y propuestas que venimos haciendo, que se pueden sintetizar en los siguientes puntos:
1. La prevención del deterioro y la recuperación y el mantenimiento del buen estado ecológico de los ríos, humedales, estuarios, aguas costeras y aguas subterráneas es un objetivo inaplazable de la política de aguas, legalmente establecido al máximo nivel (comunitario, estatal y autonómico). Este objetivo exige la fijación completa del régimen de caudales ecológicos. La planificación hidrológica es el auténtico marco donde tomar las decisiones, poner en práctica las medidas e inversiones concretas y desarrollar los procesos de participación pública efectiva.
2. Es clave y urgente garantizar
el equilibrio entre las demandas y los consumos en base a los recursos
realmente disponibles y su evolución en el tiempo. Es necesario asumir los
límites actuales de cada demarcación hidrográfica y prever la reducción de
aportaciones que ya está ocasionando el cambio climático.
3. La política del agua debe
asumir como eje central el Derecho Humano al Agua y la gestión pública frente a
los problemas de pobreza hídrica y privatización de servicios públicos. Es
fundamental realizar un diagnóstico del abastecimiento urbano en su conjunto,
conocer las necesidades que tienen nuestros pueblos y ciudades, conocer en
detalle el presupuesto de esas carencias y establecer adecuados mecanismos de
financiación. Es necesario mejorar la gobernanza en la gestión del agua,
impulsar la mejora del Reglamento del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano, y
la creación de un Observatorio del ciclo urbano del agua.
4. Los sistemas del ciclo urbano
del agua deben incluir criterios de cohesión y justicia territorial entre los
principales sistemas metropolitanos y los pequeños y medianos municipios con
sistemas propios. Es prioritario abrir un debate sobre las inversiones que se
requieren para reducir las pérdidas en las redes, aumentar la eficiencia y
resolver los déficits en la depuración de aguas residuales. Es urgente acometer
el saneamiento y depuración en las aglomeraciones de pequeño tamaño, buscando
las soluciones más factibles desde el punto de vista técnico, económico y
ambiental.
5. Es necesario mejorar los
aspectos energéticos vinculados a la gestión del agua. Es fundamental
establecer mecanismos que permitan reducir consumos, hacer energéticamente más
eficientes los procesos e incorporar de manera decisiva las energías
renovables, producidas por los propios gestores del agua en todos los usos
(urbanos, agrarios, industriales), buscando su descentralización y fomentando
el papel de los actores de la gestión pública.
6. Es necesario redefinir el
papel y la dimensión del regadío. El agua para la agricultura debe
redistribuirse con criterios sociales, debe priorizar el apoyo a las pequeñas y
medianas explotaciones profesionales frente a modelos de producción intensiva
basada en cultivos altamente consumidores de agua y otros recursos. Igualmente,
la necesaria adaptación del sector a los efectos del cambio climático requiere
el desarrollo de modelos de agricultura de baja huella hídrica y la evolución
hacía sistemas de producción ecológicos. Es necesario establecer tarifas
volumétricas en el sector agrario que incentiven el ahorro real del recurso
hídrico, una medida contra el despilfarro, que contribuye además a democratizar
los métodos de cobro y representatividad de los regantes.
7. La reutilización de aguas
regeneradas y la desalación deben apoyarse siempre que sea ambientalmente
posible, con el objetivo de sustituir las extracciones en los ríos y acuíferos
sobreexplotados. Debe garantizarse que el destino de estos recursos no sean
concesiones privadas a empresas gestoras sino fines de interés general.
8. Es imprescindible construir un
Pacto Social del Agua, retomando lo que de positivo tuvo la experiencia del
Pacto Andaluz, que asuma y promueva un modelo de participación activa, justa,
diversa, comprometida y equilibrada, en el que puedan intervenir todos los
actores socio-económicos y ciudadanos en igualdad de condiciones y donde la
protección del recurso sea la base de una nueva política de aguas. Una
participación social apoyada por unas administraciones implicadas, con la
dotación adecuada en términos de recursos económicos y humanos.
9. Es necesario desarrollar el proceso de pedagogía
social efectiva que exige la transformación de los actuales modelos sociales y
de pensamiento. Un proceso necesario para facilitar el consenso que requiere
afrontar los impactos del cambio climático y los enormes retos de una
transición hidrológica ambiental y socialmente justa. Es necesario entender y
asumir que esta tarea choca con inercias culturales, sociales y políticas muy
poderosas.