En Doñana, como en el resto de Andalucía, existe un conflicto entre explotaciones especulativas y financiarizadas y empresas familiares y profesionales vinculadas al territorio.
Leandro del Moral Ituarte. Universidad de
Sevilla, Fundación Nueva Cultura del Agua
16 de mayo de 2023
No es fácil añadir algo que todavía estos días no se haya dicho. El propio manifiesto leído ayer 14 de mayo al final de la manifestación convocada por la Coordinadora Salvemos Doñana, es una buena síntesis de datos, ideas y propuestas. Pero siendo un territorio de valor ecológico, económico, social y emocional inmenso, me atrevo a decir que la importancia de Doñana todavía es mayor como expresión manifiesta de problemas generales y de invisibilidades.
Desde mi punto de vista, el territorio de Doñana es un laboratorio ecológico, social y político. Esta característica es la expresión más clara de su significación e importancia. Doñana es un ámbito para el que se han elaborado más planes de ordenación y desarrollo territorial que en ningún otro lugar de España. En uno de ellos, aprobado en 2004, se mandó elaborar un plan sectorial de ordenación de los regadíos de una parte del ámbito, el Plan de la Corona Forestal, el Plan de la Fresa.
Es el único plan que existe en Andalucía (y en España) que pretenda poner orden en el desorden generalizado del uso del agua subterránea, desde Almería hasta Huelva, pasando por el Altiplano de Granada, las comarcas de Antequera y Estepa o la Axarquía malagueña. ¿Por qué solo se intenta aquí? Porque es Doñana: la joya de la corona de la biodiversidad y de los paisajes de Europa. Esa es su función: transmitir con su sufrimiento el del conjunto del territorio.¿Por qué el Partido Popular se ha metido, ya a nivel nacional, en el embrollo de desmontar ese plan tan sensible y tan dificultosamente aprobado diez años después de que se mandara redactar? Porque en esta plaza emblemática se está disputando, con Vox, el liderazgo de la “defensa del regadío” que, por su potente dimensión simbólica, más allá de su peso socio-económico, facilita gobiernos no solo municipales, sino provinciales (Alicante, Almería…) y regionales (Murcia, Andalucía…). Otra cosa es que no haya calculado bien la jugada y ahora se vea (ya veremos cómo queda la evaluación tras las elecciones municipales) que se pueden perder más votos de los que se ganan.
¿Cuál es la alternativa
desde una perspectiva progresista, no retropopulista? Abrir un debate social y
democrático. Frente a la defensa de los “cientos de familias” que “los
ecologistas y los tecnócratas de Bruselas” quieren arruinar, los sectores
progresistas, como los que la Mesa Social del Agua de Andalucía representa,
están planteando un enfoque redistributivo. No hay solo un conflicto entre
regadíos y ecosistemas, y entre legales e ilegales. Aquí, como en el resto de
Andalucía, existe un conflicto entre explotaciones especulativas y financiarizadas
y empresas familiares y profesionales vinculadas al territorio. Ese es el nuevo
discurso que hay que construir: la explicación de que, con el telón de fondo
del cambio climático, es imprescindible activar la transición justa, no
retórica y vacía, sino real y territorialmente enraizada, incluyendo la denuncia
de la deplorable situación de la mano de obra jornalera. El extraordinario avance del
derechista-populista Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB) en los Países Bajos
ha sido el último y potente aviso de lo que hay que evitar.
Muchos hemos visto con alegría
que este discurso (el de la transición justa, la reasignación de recursos, el
reparto de los bienes y los males que la reorientación del sistema exige), se
ha expresado con fuerza en la manifestación en defensa de Doñana de ayer
domingo 14 de mayo.