viernes, 8 de marzo de 2024

LAS MOVILIZACIONES DEL CAMPO

Otra vez están los tractores en las carreteras y en las ciudades. El campo de nuevo se levanta. Una vez más vemos lo mismo y seguiremos viéndolo en el futuro porque, en mi opinión, no están haciendo un diagnóstico correcto de sus problemas, no están teniendo unas alianzas acertadas para defender sus intereses y en sus luchas no apuntan a los objetivos que les causan esos problemas.


Manuel Lara Castejón

8 de marzo de 2024

De nuevo los agricultores y ganaderos del Estado han salido a protestar con sus tractores a las carreteras y ciudades. Las ya conocidas y tradicionales organizaciones agrarias, ASAJA, COAG Y UPA convocan a estas movilizaciones con la novedad de aparecer en este conflicto nuevas “organizaciones agrarias” no vinculadas a las tradicionales, como PLATAFORMA 6F o UNION DE UNIONES, y hasta grupos independientes locales. En esta ocasión son parte de una ola de protesta de varios países europeos que reclaman la defensa del campo como medio de vida y de producción de alimentos. Estas protestas europeas son indicadores de que el campo no va bien y también de que el campo europeo se ha globalizado, compartiendo los mismos problemas y soluciones.

En general las reivindicaciones que se plantean por todos se vienen a resumir en los bajos precios pagados a los agricultores, que en muchos casos no llegan a cubrir los costes de producción, a pesar de la Ley de la cadena alimentaria, que obliga a no vender a pérdidas, ley que intermediarios y multinacionales no cumplen, y más si se compara con los altísimos precios que pagan los consumidores de esos mismos productos en los mercados, y los imparables e incesantes altos costes de los medios de producción necesarios para producirlos: maquinarias, repuestos, abonos, insecticidas, semillas, electricidad, combustible, transportes, salarios, préstamos, etc.. A ello se añaden otros motivos de queja: la burocracia creciente, farragosa y costosa, que exige cada vez más Europa para ser un agricultor o ganadero “legal”; la competencia desigual que hay entre la agricultura europea y las de otros países que abastecen con muchos productos el mercado español mediante los Tratados de Libre Comercio con condiciones mucho más favorables para los agricultores de esos países que para los nuestros, pues esos terceros países exigen muchos menos controles sanitarios en los usos de técnicas y manejos agrícolas a sus agricultores y prestan una escasa atención a la preservación del medio ambiente, además de los bajos salarios imperantes en esos países, hasta el punto de llegar a trasladar la producción de los propios agricultores españoles a esos otros países del norte de África para abaratar costes y lograr más beneficios. En concreto se sabe que unos 100 agricultores andaluces están cultivando y produciendo en Marruecos bajo fórmulas de arriendo o compra de tierras en ese país. En demasiados otros casos, surgen grupos y voces dentro del sector que entrelazan otras reivindicaciones ajenas a los problemas del campo con evidente interés político, haciéndolas aparecer como parte de esos programas, tales como la supresión de la Agenda 2030 y las medidas de contenido verde para la lucha contra la contaminación de la tierra y el agua entre otras, con el propósito de desgastar, acosar y derribar al gobierno de turno.

Este escenario que estamos viendo en estos días, con la falta y tergiversación de información que llega a la opinión pública del conflicto, que no refleja en estas luchas los reales problemas y objetivos y las verdaderas causas de los problemas agrarios, crean una alta confusión en los propios agricultores y ganaderos y mucho más en la opinión pública, que lo entiende en buena parte como un problema de los señoritos explotadores del campo que se hacen millonarios con las ayudas de Europa.

Para empezar, hay que aclarar que no son los mismos intereses los de los grandes terratenientes y sociedades mercantiles que los de los pequeños y medianos agricultores. No quieren lo mismo unos y otros. No son las mismas soluciones válidas para todos por igual. Y más teniendo en cuenta que en Europa el 3 % de propietarios poseen el 50 % de la tierra, en una proporción similar a la concentración de tierras en Colombia, Brasil o Filipinas. La Europa de los pequeños agricultores está desapareciendo:

  • En España hay 24 millones de Has cultivables.
  • Hay 915.000 explotaciones agrícolas.
  • De ellas, solo 56.000 explotaciones poseen 14 millones de has. El 6,10 % de grandes propietarios poseen el 58 % de la tierra.
  • El resto de explotaciones, 859.000, posee 10 millones de has. El 93,95 % de pequeños y medianos propietarios poseen el 42 % de la tierra.
  • 472.000 pequeños propietarios (51,56 %) tienen menos de 5 has. Y en conjunto poseen solo 909.000 has (3,8 % de la tierra).
  • Los Fondos de Inversión y Sociedades Mercantiles ya poseen 3.360.000 has, el 14 % del total de las tierras.-        

¿Es posible que los intereses de los dueños de estas grandes propiedades, Fondos de Inversión y Sociedades Mercantiles, sean los mismos que los de ese 51,56 % (472.000) de pequeños agricultores con menos de 5 has?

Esos grandes terratenientes, grupos de inversión y Sociedades Mercantiles, tales como Juan Abelló, industrial y financiero de los más ricos de España, la casa de Alba, Samuel Flores, familia Botín, José María Aristrain, Mora Figueroa-.Domecq, Nicolás Osuna, Nestlé, Mercadona, Campofrío, Nutrexpa SL, García Carrión SA, Zumos Valencianos del Mediterráneo SA, Osborne Distribuidora SA y otros más, conforman una gran burguesía oligárquica, especuladora, monopolista y financiera, con intereses económicos repartidos en los grandes negocios multinacionales que hoy dominan las finanzas y las decisiones políticas a nivel mundial, compartiendo intereses en los bancos, energéticas, distribuidoras de la alimentación, canales de transportes internacionales, empresas químicas y farmacéuticas, militares, etc. En definitiva, son quienes deciden los destinos del mundo, y entre ellos las políticas agrarias, tanto en Europa y el mundo como en España.

Por ello no es posible que la opinión pública entienda con claridad las causas de este conflicto cuando a sus ojos están, bajo la misma bandera, por un lado los grandes propietarios de tierra y ricos de España y los poseedores de las mejores tierras productivas, y por otro los pequeños agricultores que se están arruinando cada día un poco más y que ven que ya no pueden vivir de sus tierras. Hay que recordar que en 2020 cada día desaparecían 49 de estas pequeñas explotaciones.

Es un error formar esas alianzas que hoy sostienen el conflicto agrario porque los grandes propietarios de tierra desvían y ocultan las causas del mismo, que no son otras que las políticas agrarias que estas burguesías imponen en Europa a través de sus grupos de presión, que controlan las redes de distribución de los alimentos y por tanto imponen los precios a los productos en origen al agricultor, controlan los precios de las semillas, fertilizantes e insecticidas, las maquinarias y repuestos, los precios de la luz y el gasoil. Tienen acciones en bancos y grandes superficies y deciden los préstamos y el precio del producto al consumidor. Y además cada vez poseen más tierra acaparando las de los que abandonan esa actividad. Los enemigos del campo, de los que luchan por vivir de él, de la agricultura familiar, de la soberanía alimentaria, del pequeño agricultor, están dentro del campo.

UPA Y COAG deben buscar nuevas alianzas que no pasen por los grandes terratenientes de ASAJA, porque son intereses distintos y encontrados. Es posible tejer nuevas alianzas de pequeños y medianos agricultores con Asociaciones de Consumidores, Cooperativas Agrícolas y en especial con el sector jornalero, que en algunas de estas luchas se ha prestado a apoyar y ha sido rechazado precisamente por estos grandes terratenientes. Nuevas alianzas pactadas, claro está, sobre principios justos y consensuados: precios justos de sus productos a los consumidores y cumplimiento y respeto estricto a los derechos laborales y salariales de los jornaleros. Con un discurso reivindicativo claro, señalando las causas del problema y exigiendo soluciones reales y acordes con los problemas del campo.

LA POLITICA AGRARIA COMUNITARIA (PAC) ESTÁ DISEÑADA PARA CONCENTRAR LA TIERRA EN MENOS MANOS, PARA EMPUJAR A LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES AL ABANDONO.

Las ayudas que los agricultores y ganaderos reciben de Europa, lo que se denomina Política Agraria Comunitaria (PAC), deberían ser un factor importante para mantener las rentas de los pequeños y medianos agricultores. Sin embargo, estas ayudas están diseñadas por un lado para empujar a favor de la concentración de la tierra, y por otro para ir favoreciendo la desaparición de los pequeños agricultores. Ahora está en fase de desaparición el tramo entre 2 y 5 hectáreas.

El criterio básico para percibirlas es el “pago único”. Se paga una cantidad por hectárea. Es todo lo contrario de un criterio de reparto justo basado en la solidaridad para apoyar la supervivencia de la pequeña propiedad y la familiar, de ligar la población a sus lugares de origen, de asegurar unas rentas dignas a los pequeños campesinos y ganaderos y de nivelar y regular las desigualdades en las zonas rurales y los mercados. Llevando esta lógica de pago de ayudas al terreno de la realidad, resulta que esos 472.000 agricultores que decíamos antes que tienen menos de 5 has y que representan el 51,56 % de propietarios, y que solo poseen 909.000 has del total español, cobrarían cada uno de ellos no más de 1.000 euros de ayuda por año. Esta ridícula cantidad descalifica por sí sola esa declaración de intenciones de garantizar rentas dignas a los agricultores. Sin embargo, 34.107 grandes explotaciones perciben 2.266.666.000 de euros del total de las ayudas PAC. Un 3,8 % de perceptores cobran un 48 % de toda la ayuda que llega a España. El 45 % recibe como ayuda una media de 526 euros/explotación. Mientras los máximos perceptores reciben, como media, 916.000 euros. Las mismas multinacionales distribuidoras de la alimentación son las que cobran las mayores ayudas que vienen a España.

Revertir esta lógica del reparto de ayudas obliga a poner tope al cobro de las ayudas PAC mediante nuevos criterios más justos que beneficien al pequeño y mediano propietario. Esta reivindicación es vital para garantizar la viabilidad futura de la mayoría de agricultores.

Una presión más que empuja hacia el abandono de tierras es la enorme burocracia que establece la propia Unión Europea para acreditar que se es agricultor y para poder acceder a cualquiera de las ayudas. Cualquier agricultor tiene que recurrir a gestores y técnicos, lo que supone un gasto adicional que muchos no pueden hacer. Todas estas políticas agrícolas conforman un entramado tejido desde Europa bajo presión de multinacionales, grupos de inversores y grandes intereses económicos de forma premeditada. Políticas diseñadas para que a lo largo del tiempo el campo deje de tener agricultores y pase a manos de firmas anónimas y fondos de inversión. Entonces la alimentación mundial será un arma de control poblacional para decidir quién come y qué es lo que se come[1].

 

LOS PROTAGONISTAS DE ESTAS LUCHAS, ¿QUIENES SON?

Hace semanas que las organizaciones agrarias COAG, UPA Y ASAJA, animadas por las movilizaciones de los agricultores franceses y alemanes, se sumaron a estas protestas con reivindicaciones similares. Después de esto han ido surgiendo otros nombres, algunos de ámbito local y desconocidos hasta ahora, que sin previo aviso han sacado sus tractores.

Es conocido que COAG y UPA representan, relativamente, el sector más progresista del campesinado. Todo lo contrario que ASAJA, que agrupa a la gran propiedad agrícola, con una ideología conservadora y retrógrada y cada vez más de ultraderecha, aunque también es cierto que pertenecen a ella muchos pequeños y medianos agricultores.

En los últimos años y en estas movilizaciones se están dando a conocer nuevos grupos tales como PLATAFORMA 6F, cuya cara más conocida es la valenciana Lola Guzmán, de profesión enfermera pero perteneciente a familia de agricultores de cítricos. Su escasa vida pública está ligada al partido político VOX.

UNION DE UNIONES ha tomado ahora algo más de protagonismo y presencia pública. Su dirigente es el extremeño Luis Cortés, personaje ligado desde hace tiempo a las luchas campesinas. Fue expulsado de COAG en 2005 al ser procesado en tres ocasiones por fraude de ayudas europeas, falsificar documentos y estafar a 250 agricultores. Ha estado en la cárcel desde el 2010 al 2013, cumpliendo varias condenas, una de 1 año y 6 meses, otra de 4 años y 2 meses y una tercera por contratos ficticios con propósito de enriquecerse, de 2 años y 9 meses.

Otro “dirigente” que ha destacado en estos días es el murciano Diego Conesa, con conexiones con la PLATAFORMA 6F, líder de la secta Orden Pristina y militante de VOX.

En Salamanca y otras zonas también han surgido “grupos independientes” similares a estos aquí señalados. Son estos grupos y líderes ligados al fascismo y grupos políticos de extrema derecha los que entremezclan parte de las reivindicaciones del campo con otras de carácter político con el propósito de desgastar al gobierno de turno. Ondean banderas constitucionales e inconstitucionales del viejo régimen dictatorial y cuelgan de sus tractores pancartas con mensajes políticos de contenido fascista que nada tienen que ver con estas movilizaciones. Son los más insistentes en querer derogar las tímidas reformas de la Unión Europea que se apuntan en la Agenda 2030 encaminadas a preservar el medio ambiente frente a la contaminación de productos químicos. Se aprovechan tanto de estas luchas como del sector, pues saben que es un caldo de cultivo muy favorable para ello, conscientes de que el campesinado español es uno de los sectores más conservadores del Estado. Pero además crean una gran confusión en la opinión pública, que cree que todos los que están en las carreteras son iguales.

 

REFORMA AGRARIA Y CONTROL CAMPESINO.

Los problemas que tiene el campo no se arreglan solo con mejorar la Ley de la cadena alimentaria, que ninguna multinacional ni distribuidora alimentaria está dispuesta a cumplir. Se aborda con justicia, con una Ley de Reforma Agraria (tema olvidado, es tabú hablar de ella en España) que cuestione la propiedad de la tierra como punto de partida y que empiece a limitar la compra de tierras por Fondos de Inversión y Sociedades Anónimas y haga una redistribución más justa de la gran propiedad heredada del feudalismo. Pero además, debe abordar cuestiones como la fijación de precios en origen y al consumidor, el control de los canales de venta y distribución de los alimentos, el control de la cadena y los medios de producción desde la siembra hasta la recolección, el diseño de una nueva Política Agraria para garantizar la Soberanía Alimentaria de los ciudadanos del Estado Español, con técnicas de producción respetuosas con el medio ambiente, no contaminantes ni agresivas con la tierra y el agua, para asegurar por un lado los alimentos de buena calidad y de otro el futuro del planeta para nuestros descendientes. En todos estos procesos de toma de decisiones se debe garantizar la participación real de los agricultores y ganaderos, que son quienes trabajan y entienden el campo. Una Política Agraria que proteja al pequeño y mediano agricultor, las explotaciones familiares y las empresas de economía social. El campo, un sector estratégico de la economía española porque produce los alimentos que necesitamos cada día, no puede estar en manos de las decisiones de multinacionales y fondos buitre depredadores cuyo único objetivo es el lucro ilimitado y el beneficio económico desenfrenado, a costa de esquilmar la tierra y el agua y sin importarle la vida de las personas.



[1] A modo de ejemplo, añado lista de algunas empresas que cobran las ayudas PAC, todas ellas ajenas al campo, pero que deciden las políticas agrarias en nuestro país: Zumos Valencianos del Mediterráneo SA (cobra 10.348.401 euros), Productos Alimenticios Gallo (7.393.346 €), Galletas Siro (7.142.228 €), Nutrexpa SL (5.552.410 €), L. García Carrión SA (5.458.807 €), Galletas Gullón SA (3.711.913 €), Bodegas Vega Sicilia SA (3.530.811 €), Nestlé España SA (2.760.388 €), Mercadona SA (2.599.483 €), Casa de Alba (2.290.632 €), Campofrio Ali SA (2.250.861 €), Osborne Distribuidora SA (1.486.510 €), Domecq Wines España SA (896.659 €), Gonzalez Byas SA (777.278 €), Leche Pascual SA (777.200 €), Quesos Forlasa SA (761.058 €), Gallina Blanca, SA (695.907 €), Lidl Supermercados SA (691.655 €), Segura Viudas SA (670.843 €), El Pozo Alimentación SA (617.805 €), Pesquería Isla Mayor SA (580.273 €), Felix Solis SA (381.260 €), Codorniú SA (362.310 €), Carrefour SA (126.680 €), Puleva Food SL (64.898 €), Alcampo SA (52.720 €).