28
de marzo de 2024. Presa de Alcalá del Río
Leandro del Moral Ituarte
16 de abril de 2024
Las lluvias de la última semana de marzo
han traído cierto alivio a la importante situación de sequía que atraviesa
Andalucía. Los ecosistemas terrestres y acuáticos han respirado con alivio: el
agua ha saturado los suelos, los ríos han corrido por sus cauces, recuperando
en ocasiones sus llanuras de inundación, y los acuíferos se han beneficiado de
la infiltración de parte de la lluvia caída. Es cierto que estas lluvias no se
han distribuido de manera uniforme por todo el territorio: en las cuencas del Tinto-Odiel-Piedras
y del Guadalquivir -sobre todo en la primera, que afecta a la provincia de
Huelva- las lluvias han sido abundantes y han dado lugar a una recuperación
significativa de los recursos embalsados; por el contrario, en la cuenca del
Guadalete-Barbate y en las cuencas Mediterráneas andaluzas, la precipitación ha
sido menor, muy reducida en las zonas más orientales, de manera que las
provincias de Cádiz, Málaga, el litoral granadino y Almería no han mejorado e
incluso, pese a las aportaciones de marzo, se encuentran en peor situación que
el año pasado por estás misma fechas.
No es hora, por tanto, de lanzar las
campanas al vuelo. En primer lugar porque las lluvias no han venido a resolver
de manera general la propia situación de sequía meteorológica y todavía no han
compensado el déficit de precipitación acumulado. A esto se añade que después
de las lluvias vuelven las temperaturas anormalmente altas, provocando una
evapotranspiración extraordinaria, que reducirá la productividad en términos de
‘lluvia útil’ o ‘agua azul’ de estas precipitaciones.
Pero, sobre todo, no es hora de mensajes imprudentes porque –como siempre insistimos desde la Mesa social del agua de Andalucía- no podemos confundir el fenómeno meteorológico de la sequía, déficit de precipitaciones, con la escasez, que es el desequilibrio entre las altas demandas sociales de agua, especialmente en los sectores productivos (regadío y turismo) y los recursos disponibles. Es necesario insistir en esta idea clave: lo que afecta a Andalucía es una crisis de escasez, acentuada por lluvias erráticas y extraordinarias olas de calor, detrás de las cuales asoma cada vez con más claridad el cambio climático. La demanda de agua del conjunto de Andalucía, con grandes diferencias espaciales, ha sobrepasado la disponibilidad del recurso. El déficit es estructural, soportado en muchos casos por la sobreexplotación generalizada de aguas subterráneas.
Y en este punto se sitúa el debate
técnico-político concreto clave, en el que hay mucho trabajo que hacer en términos
de razonamientos y explicaciones ecológicas, económicas, sociales y culturales.
El discurso dominante en nuestro marco político–institucional incorpora el
reconocimiento de ese ‘déficit estructural’, para pasar inmediatamente a
interpretarlo como un ‘déficit de infraestructuras’ con las que aumentar el
factor ‘recurso disponible’ que es, frente a la demanda, la otra variable de la
ecuación. Aunque en la Mesa social estemos estratégicamente
comprometidos en hacer pedagogía sobre la sobreexplotación y sobre la necesaria
contención inmediata de la demanda y su reducción en el plazo más breve
posible, el debate no está ni mucho menos resuelto. Solemos decir que nuestra
controversia es expresión del debate general sobre la necesaria transición
socio-ecológica justa (energía, sistema agro-ganadero, movilidad, hábitat…),
que en el caso del agua, en cierta manera, va por delante. En este caso no se
trata de comer menos carne o coger menos aviones por responsabilidad (las dos
cosas, carne y vuelos de mala calidad, están más baratos que nunca); se trata
de usar menos agua (que no significa solo aumentar la engañosa eficiencia sino
reducir realmente el consumo neto) porque ya hay menos agua y
las previsiones científico-técnicas y administrativas compartidas sobre descensos
futuros se están adelantando en el calendario.
Así pues, volviendo a la coyuntura
concreta, frente a mensajes imprudentes, la experiencia de estos últimos años y
la atenuación de la gravedad de la sequía, aunque muy pequeña en gran parte del
litoral andaluz, abren la oportunidad de impulsar el replanteamiento del modelo
de gestión del agua en Andalucía. En la provincia de Huelva, en el
Tinto-Odiel-Piedras, la sequía de estos últimos años ha abierto los ojos a los
que aún confiaban en el carácter infinito del agua, apoyaban las previsiones de
45.000 nuevas hectáreas de regadío y toleraban la continua expansión de los
riegos “en precario”. En otras zonas, como en el Guadalquivir, el Guadalete o
la Axarquía, se han vuelto a ver las consecuencias del crecimiento directamente
ilegal de los regadíos que, además de la propia viabilidad de las inversiones
realizadas, ponen en riesgo el suministro a demandas legalmente establecidas,
incluso a los abastecimientos urbanos. Sin olvidar los proyectos de desarrollos
de la industria del ocio y turismo, con una incidencia hidrológica,
socio-económica y territorial de otro tipo, que reactivan
experiencias ya conocidas, con el factor desalación (‘independización de la
lluvia’, como dicen en Cataluña) incorporado, sobre lo que tendremos que hablar
específicamente en otro momento.
En términos más concretos, la experiencia
de estos años de sequía (2018-2024) ha demostrado la necesidad imprescindible
de elaborar y disponer de Planes Especiales de Sequía (PES), como mandan las
leyes de agua estatal y autonómica. Pese a sus deficiencias, que explican las
alegaciones de la Mesa social del agua, el PES del Guadalquivir ha
permitido aplicar medidas de reducción de dotaciones y otras actuaciones
escalonadamente, desde las primeras etapas de la sequía. Por el contrario, en
las cuencas internas de Andalucía, la ausencia de estos planes ha provocado
falta de previsión y tomas de decisión bruscas y contradictorias, como la de
pasar de cero restricciones al anuncio del 75 % de disminución de dotaciones,
en el caso del Guadalete-Barbate, que tras las lluvias se han reducido al 50 %.
De la misma manera, hemos confirmado la
necesidad de disponer de Planes de Emergencia de Sequía elaborados de una
manera participativa en todas las poblaciones mayores, como mínimo, de 10.000
habitantes, como ordena la Ley andaluza del agua. Allí donde se ha dispuesto de
estos planes (como en Cádiz, Puerto Real, Chiclana o el área metropolitana de
Sevilla), la identificación de umbrales desde pre-alarma hasta emergencia, que
disparan con cierta objetividad medidas de información, concienciación,
restricción de usos, etc., han demostrado su utilidad, aun con todas sus
imperfecciones. La administración no puede decidir, ya en situación de
emergencia y sin la imprescindible participación pública, prohibir o no
determinados usos (duchas en playas o gimnasios, llenado de piscinas…). Es
necesario también, en el marco de estos planes, impulsar programas locales de
reutilización que consigan que los baldeos, riego de jardines y de campos de
golf se hagan solo con aguas regeneradas. Hay que introducir la obligación de
que los hoteles se doten de tanques de aguas de aguas grises para este tipo de
usos. Además, hay que transmitir responsabilidad a los turistas, que pueden
disfrutar de sus vacaciones pero siendo conscientes de las constricciones
climáticas del territorio en el que vivimos.
En todo caso, hay que insistir que la
gestión de la escasez de agua, además de ahorro, eficiencia, exige una perspectiva
de justicia social que, entre otras medidas, se concreta en la
modulación de dotaciones de riego que garanticen la supervivencia de la
agricultura familiar y profesional, arraigada en el territorio. Es necesario
insistir también en que la reasignación de agua entre distintos usuarios no se
puede hacer por medio de mercados opacos entre agentes privados, sino, entre
otras medidas, por medio de ‘bancos públicos de agua’ transparentes y
participados, basados en criterios ambientales, económicos y sociales de
interés general. Un auténtico cambio de modelo de política del agua.