viernes, 3 de abril de 2020

La necesidad de recuperar unos Servicios Públicos potentes y el respeto al Mundo del Trabajo, resurgen con la crisis del coronavirus (y II)



No hay casualidad en política. No lo ha sido, la bancarrota de Servicios Públicos y el desprecio al mundo del trabajo que nos hemos encontrado; mucho menos aún toda la política española a partir de su entrada en la Unión Europea (UE), antes Comunidad ECONÓMICA Europea (CEE) y tampoco lo es la agresiva lucha mediática iniciada por las derechas, en esta crisis del COVID-19.


Antonio Sánchez Rodríguez

3 de abril de 2020

Atendiendo lo más inmediato he de decir que en el momento más crítico de esta pandemia las derechas optan por el ataque mencionado, es más que probable que sea al comprobar que la izquierda en el gobierno está sacando adelante la terrible crisis del coronavirus -pese a posibles errores inebitables que surgen en las situaciones extraordinarias-, sobre todo al estar teniendo en consideración a toda la población. Frente a estas medidas, se ven hoy con más claridad los métodos que el PP utilizó para resolver sin éxito la crisis en el 2011: rescatando a poderosos y recortando derechos y la economía de la clase media y de los más necesitados. Digo sin éxito porque han dejado una enorme deuda pública, un pendiente de cobro a los bancos de casi 50.000 milonesl de euros, todos los recortes de salarios, servicios públicos ya comentados y el mayor índice de desigualdad de los últimos tiempos.

El PP y las otras derechas lo hacen creyendo que les será rentable políticamente, y la aplican ocurra lo que ocurra en ese momento en el país: ya sea un bloqueo de los presupuestos generales o que la gente esté muriendo a centenares cada día. Es destacable esta deslealtad al pueblo español porque no ocurre igual en ninguno de los países afectados. Del mismo modo que lo es resaltar la templanza que está mostrando este gobierno de coalición, centrado en su responsabilidad, aguantando los ataques respondiendo que no es momento de entrar en debates que no sirvan para lo prioritario: frenar la pandemia y respetar el orden de: primero salud y segundo economía.

No todo vale en política y esperemos que el pueblo no permanezca ciego, ni acrítico, que contraste las noticias y que valore los hechos y no los dichos.

Retomando el hilo con el artículo anterior publicado (31/03/2020), veamos el por qué tampoco ha sido un cúmulo de casualidades el camino hermanado de España con la Unión Europea para llegar a donde estamos, sino un convenio interesado y dirigido por el poder económico neoliberal transformado en leyes..

La conexión de España y Europa (CEE después UE)


España deseaba el ingreso en la Comunidad Económica Europea, ya desde la dictadura franquista que inició en 1959 una “Liberación Económica” y solicitó su ingreso por primera vez el 9 de febrero de 1962 que le fue denegado el 6 de marzo. Continuó con nuevas solicitudes, pero no fue hasta el 1986, ya realizada la transición, cuando entra a formar parte de ella.

A sabiendas de cómo evolucionaba el capital y la reacción neoliberal en occidente en la mitad de los 80, podemos decir que no nos tocó la mejor época. El 9 de noviembre del 1989 cayó el muro de Berlín. Eran tiempos en los que la socialdemocracia había tocado techo en sus objetivos históricos de su política reformista y aparecía agotada su meta “Sociedad del Bienestar”. En España copian el modelo de adaptación a los nuevos tiempos y van cambiando de criterios reinventando una nueva dirección a la contra de sus principios: descubren el capitalismo, abandonan el marxismo y se hacen pro-mercado, y encaran sin tapujos las externalizaciones y privatizaciones, en imagen y semejanza de los neoliberales europeos. En esas fechas, no tiene pudor para definirse como liberales.

No hay que olvidar algunos líderes de estas nuevas vías: el expresidente Felipe González (1982-1996) con sus privatizaciones, creación de las ETT y dos Huelgas generales; Tony Blair (1997-2007) con su 3ª Vía  o  Gerhard Schröder (1998 y 2005) con su Agenda 2010. Todos cada vez más cercanos en ideología con los conservadores y simplemente atendiendo sus directrices sin la más mínima oposición que se conozca.

Este cambio de ruta deja un estrecho margen entre la socialdemocracia y la del liberalismo, en la que los aspectos económicos son demasiados parecidos y sólo en los sociales permanecen algunas diferencias, pero los avances sociales se nutren de programas específicos que se van a desarrollar por SSPP que evidentemente requieren ser económicamente dotados, por tanto si la fiscalidad y los impuestos se acortan los programas se reducirán o desaparecerán de los Presupuestos del estado. De ahí que se diga “dame un presupuesto y te diré la ideología”.

A continuación se muestra la secuencia concertada para transformar España en un estado servidor y fiel cumplidor de los programas de los estados más ricos y potentes de esa Europa neoliberal que se estaba creando.    

Proceso histórico de las leyes en Europa y España que han influenciado en la privatización de los SSPP (No otras)

Insisto en que lo que ocurre en un momento determinado en política, no es nunca un acto fortuito, casual ni improvisado, la dinámica histórica es la que va determinando dichos momentos, de manera que llegar hasta la situación actual ha requerido concebir un objetivo y llevarlo a cabo pese a la resistencia del mundo del trabajo.

Por ello, aunque de manera sintética, es recomendable ver las implantaciones de unas leyes tanto europeas como propias que han materializado el flujo histórico neoliberal contribuyendo plenamente a que la situación actual sea la que es, en lo relativo a las privatización, enflaquecimiento del estado y recortes de los SSPP en nuestro país.

Resulta sorprendente comprobar como para que las leyes que facilitan la privatización no sean entorpecidas por otras más de carácter funcional y propias se cambian al mismo tiempo, para que el aparato funcione como un juego de engranajes bien lubricado, por ejemplo, la Ley de contratos o la del EBEP, modificación de las estructuras de las Administraciones Públicas, etc. Por otra parte se comprobará que si el período Aznar fue muy productivo comprobamos que el año 2007 de Zapatero no se quedó atrás ajustando y abriendo los caminos. Finalmente y aprovechando la crisis, remata Rajoy. 

·         Tratado del funcionamiento de la Unión Europea (antes Tratado de la Comunidad Europea y en su versión original Tratado de Roma de 1957 (arts. 85 a 94) con la introducción de la doctrina norteamericana de la libre competencia.
·         En consecuencia en el 1963 se dictaría en España la primera ley sobre defensa de la competencia, una materia antes desconocida. A partir de aquí la cruzada por la libre competencia no es ya compatible con un modelo de servicios públicos económicos, en que el monopolio concesional era la regla.
·         En 1977 se presentó la demanda de adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. (Entra en el 1986)
·         La Constitución de 1978 en su art. 128 ha de repartirse en dos apartados para recoger las influencias europeas, por lo que refleja en su apartado 2. la aceptación de la participación de las empresas privadas.
·         En el año 1983 el Gobierno del PSOE comienza la escalada de privatizaciones en nuestro país. Las más reseñables fueron SEAT (1983), ENASA-Pegaso (1990), ACESA-Concesionaria de autopistas (1987), en el campo de las energéticas se privatizó un 26% del capital de REPSOL (1989), también lo fueron parcialmente ENDESA (1988) y GESA (1986), y ENCE en el sector de pasta de madera y papel. Además de las anteriores, la privatización parcial de TELEFÓNICA fue pionera en Europa, pues fue de las primeras empresas de telefonía en salir a los mercados, mucho antes que por ejemplo British Telecom.
·         Tratado de Maastricht de 1992: el artículo 104 del Tratado de Maastricht  consagró la prohibición de que los Bancos centrales financiaran a los gobiernos. Una condición completamente absurda desde el punto de vista económico y financiero, que solo beneficia a la Banca privada. También estableció otra medida igualmente carente de fundamento científico: la independencia de los Bancos centrales que, en realidad, simplemente ha sido el procedimiento que permite que actúen con total libertad al servicio de la Banca privada. Este tratado es el responsable original de que los Estados europeos estén maniatados a la hora de hacer política económica. Maastricht fue, por eso, la primera y más clara alerta de que los constructores y beneficiarios de la Europa neoliberal que allí se ponía en marcha no necesitaban democracia, sino todo lo contrario y que, por tanto, con el Tratado comenzaba su desmantelamiento real.
·         En los años 93 y 94, con los socialistas todavía en el poder, el Estado perdió definitivamente la mayoría de acciones de las grandes empresas: REPSOL, ARGENTARIA, ENDESA y TABACALERA. Para entonces TELEFÓNICA ya estaba privatizada en un 65%. En total, hasta 1996 se completaron dieciséis Ofertas Públicas de Venta de acciones (OPVs), que produjeron unos ingresos de más de 10.200 millones de euros (1,7 billones de pesetas). Mientras el Estado hacía caja y algunos un gran negocio, los EREs se multiplicaban y miles de trabajadores eran enviados al paro.
·         Sobre aquella primera piedra de 1957 se construye, con el actual art. 86 del Tratado del Ámsterdam de 1997, la política actual que va directamente a sustituir el servicio público tradicional por el régimen de las public utilities (Un tipo de organización que mantiene la infraestructura de un servicio público y que también hace referencia al conjunto de los servicios prestados por estas organizaciones al ciudadano como los de: electricidad, gas natural, agua y aguas residuales, incluso los servicios telefónicos). (Párrafo de José Ramón Parada. Catedrático de derecho Administrativo de la UNED)
·         El 5 de mayo de 1996 entra en el gobierno José Mª Aznar, a partir de este año se dictan leyes en clara aplicación de la política marcada por Europa en la línea de Servicio de Interés Económico General con o sin carácter comercial, iniciando el proceso de desvirtuación del régimen de SSPP económicos con las siguientes leyes (en paralelo al Tratado de Amsterdam y después de él):
·         Tratado de Amsterdam de 1997. Con Maastricht y el presente tratado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento se cumple el objetivo central de la Comisión Europea de institucionalizar la competitividad, como regla básica del funcionamiento del Mercado para la expansión de la economía y el beneficio privado.
·         Ley 6/1997, de 14 abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE). En su Capítulo III trata de las Entidades Públicas Empresariales.
·         Ley 15/1997 de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.
·         Ley 54/1997 de 27 de noviembre sobre el sector Eléctrico
·         Ley 11/1998 de 24 de abril. Ley general de las telecomunicaciones
·         Ley 24/1998 de 13 de julio. Ley del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales.
·         Ley 34/1998 de 7 de octubre. Ley de Hidrocarburos.
·         Tratado de Niza de 2001 (Reparto del poder de los estados europeos)
·         El 17 de abril de 2004 recupera el PSOE (Zapatero) el gobierno sin mayoría absoluta y sigue potenciando la estructura de las AAPP con la Ley 28/2006 de 18 julio sobre Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos.
·         ACUERDO de 7 de junio de 2005, de Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Innovación y Modernización de Andalucía (2005-2010). Atendiendo las recomendaciones del tratado de LISBOA que desea convertir la UE “La economía del conocimiento más Competitiva y dinámica del mundo” y no olvidando que la palabra “Modernización” era un subterfugio. 
·         Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) (se prepara y adapta la Función Pública para lo que se nos viene encima.)
·         Andalucía, siempre socialista, sigue inmediatamente el modelo de la anterior ley para reordenar sus cerca de 360 Agencias de todo tipo, con la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, con una respuesta a la contra importante al Decreto Ley 5/2010 hijo de esta Ley que condujo a la reformar de la misma con la 1/2011.
·         Ley 30/2007 de 30 de octubre sobre contratos públicos (Todo tiene que encajar  y la Ley de contratos debió adaptarse, encomiendas de gestión, etc.).
·         Tratado de Lisboa del 1 de diciembre de 2009 que refunde el tratado de la Unión Europea (que a su vez recoge los tratados de Maastricht, Amsterdam y de Niza) y el tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (antes Tratado de la Comunidad Europea o de roma)
·         Ley 1/2011 de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía que reforma la 9/2007.
·         Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Dicho lo anterior dejo sin entrar en más detalles los ‘Mantras’ que se han utilizado ante la población para justificar las externalizaciones, las privatizaciones de los SSPP con la creación de la conocida como “Administración paralela”, y que seguro les suenan:

1.- El Outsourcing, o Subcontratación o  externalización. Realmente lo que permite es la temporalidad y reduce las plantillas fijas.
2.- La rentabilidad de los SSPP.  Ningún Servicio Público debe ser enfocado como un negocio, la rentabilidad exigida a los SSPP es únicamente la rentabilidad social.
3.- Las AAPP van a funcionar como una empresa privada. Nunca los objetivos de un estado son los de una empresa y por tanto su funcionamiento es totalmente dirigido a los ciudadanos no al negocio. 
4.- El que consume paga: Es el mantra más insolidario. Los servicios públicos no demandan un precio por el servicio recibido, sino que se nutren de los impuestos recibidos por el estado.

Finalmente dejo los resultados de este estudio encargado por la propia UE, pero no muy extendidos por ser demoledores para las políticas llevadas a cabo por la misma UE. En los procesos de privatización estudiados en el informe PIQUE:

1.  Se transforman monopolios públicos en privados, disminuyendo el número de operadores. Este hecho va directamente en contra de la razón principal esgrimida para abrir los Servicios Públicos al libre mercado; que es favorecer la libre competencia para mejorar la calidad y abaratar los precios para los usuarios a través de la multiplicación de los proveedores
2.      Se demuestra una anti-correlación entre privatización y el nivel y calidad del empleo. Esto ocurre también en las empresas públicas antes de su privatización para hacerlas más atractivas de cara a su posicionamiento en el mercado. Al mismo tiempo empeoran las condiciones laborales, de forma directa así como por la sustitución de puestos de trabajo fijos con temporales, y por la utilización masiva de la subcontratación.
3.      Se reduce el poder de negociación de los sindicatos; lo que a su vez contribuye, aún más, al deterioro de las condiciones laborales.
4.      No se garantiza el acceso universal, ya que aumentan los precios y se restringe el derecho de acceso a los sectores más rentables
5.      Empeora la calidad de los servicios (“Servicios de alta calidad necesitan trabajo de alta calidad”, se dice en el informe final de Estudio PIQUE)
6.      El Estado no ahorra costes, ya que:
a)    tiene que pagar más para las medidas de regulación de empleo (por los menos ¡en los Estados que tienen una red de protección social contra el desempleo!);
b)    paga más para la modernización de las infraestructuras que sirven para que las empresas a privatizar sean más atractivas;
c)    en caso de quiebra tiene que recuperar el servicio a su coste
7.      Crece la influencia del sector privado sobre las administraciones locales
8.      Disminuye el nivel de productividad y de I+D después de la privatización
9.      Los usuarios no están satisfechos, y exigen una mayor intervención del Estado
10.  Los servicios gestionados por las administraciones locales pasan a ser controlados por empresas transnacionales, que no conocen las necesidades de las comunidades a las que en teoría sirven