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La mayoría social
necesita otra política, basada en el aumento de los ingresos del Estado para incrementar
el gasto social
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La movilización
ciudadana y la unidad de las fuerzas políticas progresistas en torno a estos
objetivos, los dos factores fundamentales para hacer posible un cambio a corto
plazo
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17
de marzo: Multitudinaria manifestación en Sevilla, a pesar de la lluvia, en
defensa de las pensiones públicas. (foto: AGUS ROMERO)
Juan M. Valencia
Rodríguez - 24 de abril de 2018
En
nuestro artículo anterior mostrábamos con datos inapelables el inadmisible
crecimiento de las desigualdades en España, y concluíamos afirmando la necesidad y
posibilidad de invertir ese proceso en beneficio de la mayoría social, si pudiéramos
contar con un gobierno decente.
Desde el
poder y los medios de comunicación a su servicio se nos dice una y otra vez que
las políticas neoliberales de austeridad y recorte social son el único camino,
y si no se suben más las pensiones y el gasto social en su conjunto, es porque
no hay más recursos. Eso es falso. ¿Cómo va a ser la única política posible
aquella que engorda los bolsillos de los más pudientes a costa de sufrimientos
enormes de la población común? Los recursos aparecen para lo que le interesa a
la oligarquía rica dominante, como salvar bancos y cajas con dinero público.
¿Qué se hace porque son imprescindibles para que funcione la economía? Muy
bien, pues entonces que sean nacionalizados, y entonces el dinero de todos
estará bien empleado: se dispondrá de una banca pública que funcione al
servicio de los intereses de la mayoría, y no para el beneficio de unos pocos.
Intentan hacernos creer que eso es lo que hay, para impedir que exijamos otras
cosas. No es que no sepan hacerlo mejor, no es cuestión de saber técnico, es
que no quieren, porque gobiernan para la ínfima minoría más acaudalada y
poderosa.
Por más que lo
repitan, el discurso neoliberal no contiene más que falsedades, como han
denunciado prestigiosos economistas (entre ellos Premios Nobel como Stiglitz o
Krugman) que demuestran cómo las políticas de austeridad llevan a la economía
al desastre y la creciente desigualdad engendra más crisis, es su causa
principal. Hay que detener esta salvaje política neoliberal que masacra los
intereses de la población.
La política
que beneficia a la mayoría social iría justo en el sentido contrario a las
medidas neoliberales que se están aplicando: fortalecer el sector público y
elevar los salarios, porque aumentan la demanda y dinamizan la economía, en
tanto que bajarlos genera más crisis. No es este el lugar para desglosar con
detalle las medidas que conformarían un programa económico y social posible y
beneficioso para la mayoría de la sociedad, solo expondremos sucintamente sus
ejes principales, y algunas de las medidas concretas por medio de las cuales
podrían ponerse en marcha.
Ampliar el
sector público significa incrementar los ingresos del Estado, tanto mediante el
estímulo de la actividad económica como mediante la subida de los impuestos
directos fundamentales, que gravan a los que más tienen, y que deben tener los
mismos tipos en todas las Comunidades Autónomas: aumento del IRPF a las rentas
más altas, recuperación para las grandes empresas del 35 % en el Impuesto de
Sociedades que había antes, restablecimiento del Impuesto de Patrimonio y el
Impuesto de Sucesiones con tipos exentos razonables. Incremento de las cotizaciones
sociales a las medianas y grandes empresas. Además, perseguir de manera más
eficiente el fraude fiscal, suprimir las SICAVS y prohibir la actuación en
España de los fondos de inversión radicados en paraísos fiscales.
Un
instrumento financiero vital sería la creación de una banca pública mediante la
nacionalización de las cajas de ahorro y su puesta al servicio de la economía
social, no para que actúen como los bancos.
El
Estado debe promover el empleo estable (comenzando por las propias
Administraciones Públicas) y eliminar las ayudas al empleo precario, e impulsar
con vigor la investigación y nuevas actividades productivas (energías
renovables, nuevas tecnologías, reciclaje y medio ambiente, cultura, agricultura
ecológica), porque nuestra economía no puede seguir tan dependiente de la
construcción y el turismo.
Es preciso
conseguir un reparto más equitativo de la riqueza producida por la sociedad,
con crecimiento de los salarios y moderación de los beneficios empresariales.
Hay cosas que el Estado puede establecer por sí mismo: subida notable del
Salario Mínimo, prohibición legal de diferencias salariales de género,
promoción de la negociación colectiva. Con carácter de urgencia hay que
proceder a la derogación de la legislación laboral regresiva impuesta en los
últimos años y reforzar la protección de los derechos sindicales, para dar a
los trabajadores mayor capacidad de defender sus intereses. Pero también los
trabajadores están obligados a vencer el miedo y luchar por lo suyo, aun a
costa de sacrificios (siempre los hubo). A este respecto es evidente que se
requiere un sindicalismo más directo y representativo, sin olvidar una gran
verdad: el peor sindicato es el que no existe.
El sector
financiero español debe ser objeto de una regulación y control más estrictos, y
es ineludible trabajar a escala europea e internacional para el control de los
movimientos de capital y la imposición de tasas a las transacciones
especulativas.
Es necesario
asimismo paralizar la lacra social de los desahucios y obstaculizar la
especulación inmobiliaria.
La profundización
de la democracia es otro objetivo clave para que no se hurten las decisiones
económicas principales a los órganos democráticos representativos y a toda la
ciudadanía. Hay que consagrar en la Constitución esta política social,
derogando el cambio introducido en su artículo 135, en el que se debe priorizar
el gasto social respecto al pago de la deuda, y modificar en el mismo sentido
la Ley de Estabilidad Presupuestaria, suprimiendo la regla de gasto.
Solo con una
política como la que apuntamos, antagónica a la que se está practicando, es
posible avanzar en un sentido favorable para la mayoría. Es una política
perfectamente viable, pero no podemos esperar que nos venga caída del cielo. La
experiencia demuestra que las poderosas élites económicas no están dispuestas a
dar su brazo a torcer, a menos que se les obligue a ello.
El primer e
ineludible factor para conseguirlo es la movilización ciudadana, la presión
social. En esta problemática no hay salvadores, tenemos que serlo nosotros
mismos. La
ciudadanía tiene que volver a rearmarse para invertir la marcha de las cosas.
La fuerza está en la gente, en las personas decididas a actuar y defender sus
derechos y sus intereses.
El segundo y
también imprescindible factor es que esta política llegue a las esferas del
poder. El PP y Ciudadanos están de manera clara y decidida del lado de la
política neoliberal que defiende los intereses de las élites económicas.
Necesitamos un gobierno decente, que ponga en marcha una política en sentido
contrario a la actual. La única manera de llegar a él, en un plazo no demasiado
largo, es mediante la unión de todas las fuerzas progresistas, incluyendo al
PSOE, siempre que esté dispuesto a desembarazarse de las connivencias con las
políticas neoliberales en las que incurrió y asuma una política transformadora.