viernes, 29 de marzo de 2019

La transparencia de los servicios públicos: II

Miguel Toro
29 de marzo de 2019

Como ya hemos comentado en artículos previos (primero, segundo) hay que hacer una apuesta decidida por lo público, su valor, su respeto y su cuidado. Esto requiere recolectar los impuestos adecuados para mantenerlo cada vez con mejor calidad, en beneficio de la mayoría de los ciudadanos. Pero también conseguir servicios públicos eficientes a juicio de la mayoría de la sociedad y justificar sus costes. No es suficiente que las administraciones públicas hagan las cosas bien desde un punto de vista normativo, sino que un buen gobierno en el sector público debe buscar aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión, fomentar la cultura de ética pública, gestionar los impactos sociales, ambientales y económicos que se producen por la actuación de la Administración, y avanzar en la profundización democrática mejorando la participación de los usuarios y la población en general.

Participación de los ciudadanos en la gestión de los servicios públicos

Es muy importante diseñar mecanismos de gestión, de toma de decisiones en los servicios públicos independientes del partido político que esté en el gobierno. Hace falta un rumbo de los servicios públicos con un horizonte mayor que una legislatura. Para que eso sea posible es necesario que las decisiones de inversión a medio plazo, de gestión del personal, de promoción, se tomen por comisiones que integren a los profesionales del sector correspondiente, a los ciudadanos junto a la representación directa de los partidos políticos. La participación de ciudadanos elegidos directamente para la gestión del servicio público, junto con los profesionales respectivos, en la toma de decisiones es clave en los servicios públicos.


Los mejores profesionales, tal como acrediten las evaluaciones llevadas a cabo al respecto, son los que deben estar en las comisiones que estamos proponiendo para dirigir los servicios públicos. La representación de los profesionales no es la representación sindical. Esta se encarga de defender los intereses del personal adscrito a los servicios públicos, pero no de establecer su dirección, no de establecer los mecanismos de evaluación de los servidores públicos.

El sistema de prestación de servicios públicos, combinando eficiencia de gestión y servicio público, deberá depender institucionalmente de un instrumento de poder y gestión mixto: gobiernos, sectores profesionales (implicados en cada campo de actividad) y representación social de elección directa. La unión de estos tres mundos es imprescindible para dotarlos de contenido social, profesional y dotar de más democracia a todo el sistema.

La propuesta anterior hay que concretarla en cada servicio público y cada ámbito geográfico: municipal, autonómico y estatal. También hay que incluir muchos aspectos del sistema público bajo la perspectiva de servicio público y actuar en consecuencia. Un par de ejemplos en esta línea es el de la Justicia como servicio público y el sector energético. El primero está regido por el Consejo General del Poder Judicial. Desde la perspectiva anterior una parte de este debe ser elegida por los ciudadanos directamente. Posiblemente entre profesionales del sector. Actualmente la norma que regula su composición y funcionamiento depende de los poderes políticos de los partidos mayoritarios y por ello se convierte en un órgano dependiente de los mismos.

El sector energético no está considerado como servicio público. Las grandes decisiones, la política de precios las acaban imponiendo las grandes empresas del sector.

En educación hay que crear instrumentos para la toma de decisiones a nivel municipal, autonómico y estatal. Instrumentos que tengan delegadas la mayor parte de las competencias que actualmente residente en el ejecutivo. Competencias para establecer las estrategias, para fijar las prioridades, para diseñar los mecanismos de evaluación de los funcionarios públicos, etc. Instrumentos formados por una representación de los partidos políticos, de los profesionales más competentes y ciudadanos elegidos directamente para ese cometido.

Algo similar debe hacerse en el caso de la sanidad, la dependencia, etc. Estas ideas son importantes en la gestión de las universidades, de los hospitales, de la enseñanza primaria y secundaria, del poder judicial, del sector energético, la política de viviendas, la gestión de la dependencia, la gestión de la renta de inserción, etc.

Somos conscientes de que estas propuestas requieren importantes cambios legales, incluidos cambios en la Constitución. Pero son cambios necesarios para avanzar en la profundización de la democracia.

Priorización de las compras públicas

Las compras públicas constituyen un factor decisivo para el desarrollo de un país. Sus efectos son varios: por un lado, impulsan la actividad económica a través de la demanda agregada y, por otra parte, contribuyen a mejorar la eficiencia del proceso económico a través de nuevas infraestructuras y servicios. Éstas están sujetas a un doble equilibrio: por un lado, el de la eficiencia, que potencia la economía y el empleo, y por otro, el del reequilibrio, que busca impulsar el crecimiento en las zonas de menor renta relativa. La transparencia completa de las compras de material, y de la contratación en general, es completamente necesaria.

El sector público es un gran cliente de las empresas, en algunos sectores el principal cliente. En el mercado alimentario, por ejemplo, se estima que la administración pública destina entre 2.000 y 3.000 millones de euros al año a compras de alimentos, el 13% del PIB. Si esas compras las realizase con criterios de proximidad, de sostenibilidad, sería la mejor noticia posible para el sector agroalimentario local.

El sector público como cliente tiene una enorme responsabilidad. Decide a quién le hace los encargos y, por tanto, dónde se va a generar la riqueza y el empleo. Esta circunstancia ya ha sido estudiada y constatada por la propia Unión Europea. El Parlamento Europeo ya publicó una directiva, que impulsa la compra pública responsable. Se pueden priorizar los aspectos sociales y medioambientales en las licitaciones, e ir más allá del precio.

Es urgente que la administración pública incorpore estos criterios de creación de empleo a los pliegos de contratación, priorizando a aquellas empresas que generen puestos de trabajo dignos y estables en el territorio, que adquieran los productos y servicios intermedios en empresas locales, que tengan un claro compromiso social. Pliegos adjudicados a empresas ajenas al territorio acaban siendo ejecutados, mediante subcontratas, por organizaciones locales sobre las que recae la verdadera responsabilidad del proyecto y sin embargo no tienen ningún reconocimiento posterior.

Hay que reconocer las buenas prácticas empresariales. Empresas que generan empleo local, contratan colectivos desfavorecidos, tienen programas de integración social y laboral, desarrollan programas de crecimiento a sus empleados, que se implican en proyectos con su comunidad. Empresas que instauran la equidad en su cultura y minimizan el impacto medioambiental de sus actividades

Minimización de la burocracia

El incremento de la densidad regulatoria por parte de la Unión Europea, de las CCAA y de los entes locales, junto con la del Estado, ha contribuido al sobredimensionamiento de la burocracia en España. En muchos casos con la aparición de normas que se solapan y en algunos casos se contradicen.

La simplificación administrativa es un componente clave para el mejor funcionamiento de los servicios públicos. Hay muchas razones que justifican la importancia de abordar la simplificación administrativa:
  • Eliminar unos costes que actualmente soportan los ciudadanos y que no aportan beneficios.
  • Eliminar desplazamientos reiterativos
  • Eliminar documentos y requisitos innecesarios, lo que facilita la iniciación electrónica de los procedimientos. Dicho de otra forma, la administración electrónica será posible si la hacemos simple.
  • Dar satisfacción al derecho ciudadano de no aportar documentación que ya obra en poder de las administraciones públicas. 
Algunas vías son:
  • Eliminar la solicitud de requisitos y documentos no incluidos explícitamente en los procedimientos administrativos
  • Posponer la presentación de documentación a la finalización de los procedimientos administrativos
  • Reducción de la documentación requerida o sustitución por declaraciones responsables.
Lo primero que se necesita para simplificar es un impulso político. Lo cual exige una implicación política directa y al máximo nivel en los procesos de simplificación.