martes, 26 de marzo de 2019

La transparencia de los servicios públicos:


Miguel Toro

26 de marzo de 2019
 
Como ya hemos comentado aquí , y seguiremos comentando en la segunda parte de este trabajo, una base fundamental de la democracia en Europa es el mantenimiento y profundización de los servicios públicos para la mayoría de la población. Si la calidad de los servicios públicos no se mantiene aumentará la desafección de los ciudadanos hacia los políticos. Y lo que es más importante se empezará a poner en cuestión las bases de la democracia que con tantos esfuerzos hemos construido. Pero mantener la calidad sólo se consigue con una subida de impuestos, por una parte, y un aumento en la eficiencia y la transparencia de los servicios públicos por otra.
 

Debemos tener en cuenta que la calidad de los servicios públicos tiene que medirla los usuarios y la población en general. Si queremos convencer a los ciudadanos de la necesidad de un aumento de impuestos es necesario que vean dónde se invierten y como esa inversión se hace de la forma más eficiente posible para satisfacer sus necesidades. Todo esto implica aumentar la transparencia y la rendición de cuentas.

Para aumentar la calidad de los servicios públicos, y su percepción por parte de los ciudadanos, no solo se trata sólo de dedicar más recursos públicos, que evidente hay que hacer, hay que también introducir medidas que premien a los mejores servidores públicos y evidencien a los peores. Hay muy buenos profesionales en los servicios públicos y también otros que no se merecen el salario que ganan. Hay que introducir más transparencia en los resultados obtenidos y también mostrar quién trabajó más para conseguirlos. Hay que destacar a los mejores profesionales en los servicios públicos frente a los demás, premiarlos económicamente y permitirles tomar las decisiones importantes junto a los representantes directos de los ciudadanos y de los partidos políticos elegidos. En definitiva, los trabajadores de los servicios públicos debemos tener las mismas ventajas y responsabilidades que los trabajadores de los sectores privados. También es importante incrementar la transparencia en las percepciones de los funcionarios que tienen, además, una retribución del ámbito privado o que usan o han usado su posición como servidor público para obtener unas retribuciones más ventajosas en el sector privado.

Es importante conocer, en cada servicio público, los gastos que este servicio supone y los detalles del porqué de esos gastos. Dónde están asignados, cuánto significa el coste de personal, el coste de los productos necesarios, etc. Igualmente, lo que ese servicio público produce, a los ciudadanos que atiende, su grado de satisfacción, etc.

Es importante conocer las percepciones de los representantes públicos, del grupo de personas que necesitan para su funcionamiento y de los servidores públicos necesarios. En el ámbito de las contrataciones públicas es crítico conocer los criterios de adjudicación, los resultados de la misma y los responsables de tomar las decisiones clave en ese proceso sean funcionarios o representantes públicos.

La democracia requiere conocimiento, requiere información razonada. Esta información, además de ser pública, deber ser proporcionada por los gobiernos de forma fácilmente procesable y agregable. Necesitamos lo que empieza a denominarse como Gobiernos Abiertos que aporten Datos Abiertos.

Junto al gran volumen de datos existentes en Internet tenemos una gran carencia de datos públicos de relevancia sobre la acción de los gobiernos, las decisiones que toman, las razones sobre las mismas, etc. Tenemos más carencia aún sobre los activos que poseen las empresas que contratan con las Administraciones Públicas o reciben subvenciones de las mismas y sobre el valor de los mismos. Datos abiertos (open data en inglés) es una filosofía y práctica que persigue que determinados datos estén disponibles de forma libre a todo el mundo, sin restricciones de copyright, patentes u otros mecanismos de control.  Los datos públicos implican la publicación de información del sector público en formatos que permitan su reutilización por terceros para la generación de nueva información útil.

Un Gobierno Abierto debe asumir el compromiso de garantizar que la administración y operación de todos los servicios públicos que el Estado brinda puedan ser supervisadas por los ciudadanos. Esta obligación debe extenderse a garantizar que la información pública de una persona, jurídica o física, siempre respetando la privacidad recogida en las leyes, se aporte a la comunidad como un dato abierto. En esta línea de transparencia deben actuar las organizaciones políticas, sindicales, etc.

Algunas medidas concretas

De forma general los servicios públicos, en su orientación y planificación, deben ser responsabilidad única del Estado como representante del interés de la mayoría. Aunque por necesidades concretas podría cederse su gestión a cooperativas de trabajadores que demuestren una mejora de su eficiencia según los criterios de los ciudadanos.

Muchas medidas concretas se han ido proponiendo aquí recogemos algunas. En primer lugar, en el ámbito de contratación pública es precisa una mayor transparencia de toda relación económica que tiene la administración con los agentes económicos. Todos los contratos que formalicen las administraciones públicas deberían estar accesibles a los ciudadanos, tanto en el momento de la formalización como con posterioridad. Incluso ¿por qué no retransmitir en directo las reuniones de las comisiones y juntas de contratación, a través de Internet? Asimismo, para facilitar una mayor concurrencia en la adjudicación de los contratos, se debe fortalecer la prohibición del fraccionamiento artificial de los contratos y limitar los procedimientos negociados sin publicidad en la contratación. En materia de contratación pública, aunque de Ley de Contratos del Sector Público prohíbe contratar con quien hubiese sido condenado por corrupción, es posible que se produzcan subcontrataciones con empresas corruptoras, y eso debería vigilarse.

En segundo lugar, es muy importante la rendición de cuentas, que debe ir encaminada hacia la evaluación del grado de cumplimiento de los compromisos y actuaciones reflejadas en los programas electorales y, en su caso, en los posibles planes estratégicos de las administraciones públicas. Pero hay que ahondar en el detalle de cómo se gasta. Hay que avanzar hacia el desarrollo de una contabilidad analítica de las diferentes actividades y servicios de los organismos públicos que permita conocer y publicitar los costes reales de cada actuación y política pública. Los ciudadanos quieren saber no sólo en qué gastan las administraciones los recursos que les ceden pagando los impuestos, sino que también quieren saber qué resultados se obtienen con dicho gasto y si ese gasto está justificado desde el punto de vista de la mayoría.

Es necesario profundizar en la información de los resultados, esto es, en la información de indicadores de medida adecuados que permitan un correcto seguimiento y evaluación de resultados. Para ello es necesario definir con claridad cada uno de ellos indicadores de los servicios públicos y nombrar a personas concretas que sean las responsables de mantenimiento de la calidad de esa información. No es admisible que haya dudas, como las está habiendo e Andalucía actualmente con el cambio de gobierno, sobre las listas de espera en los hospitales públicos.

Estamos convencidos que un servicio público no es bueno simplemente porque tenga funcionarios que oferten el servicio. Un servicio público será de calidad cuando está diseñado para conseguir el bienestar de la mayoría, de sus usuarios, con la máxima eficiencia posible. Es el ciudadano quien pierde si un organismo público paga a una persona más de lo que aporta. Es necesario elegir a los mejores para gestionar los servicios públicos y denunciar a aquellos que no cumplan con sus funciones. Son necesarios mecanismos de evaluación de los servidores públicos, la introducción de incentivos de diversos tipos para los más dedicados, la denuncia de los que no cumplen con su trabajo y el despido de los incompetentes. Es necesaria mucha transparencia de estas evaluaciones, de lo que cobran, de los resultados que consiguen. Esto es especialmente relevante en sanidad, en las universidades y en la enseñanza primaria y secundaria.