Miguel Toro
26 de marzo de 2019
Como ya hemos comentado aquí , y
seguiremos comentando en la segunda parte de este trabajo, una base fundamental
de la democracia en Europa es el mantenimiento y profundización de los
servicios públicos para la mayoría de la población. Si la calidad de los servicios
públicos no se mantiene aumentará la desafección de los ciudadanos hacia los
políticos. Y lo que es más importante se empezará a poner en cuestión las bases
de la democracia que con tantos esfuerzos hemos construido. Pero mantener la
calidad sólo se consigue con una subida de impuestos, por una parte, y un
aumento en la eficiencia y la transparencia de los servicios públicos por otra.
Debemos
tener en cuenta que la calidad de los servicios públicos tiene que medirla los
usuarios y la población en general. Si queremos convencer a los ciudadanos de
la necesidad de un aumento de impuestos es necesario que vean dónde se
invierten y como esa inversión se hace de la forma más eficiente posible para
satisfacer sus necesidades. Todo esto implica aumentar la transparencia y la
rendición de cuentas.
Para
aumentar la calidad de los servicios públicos, y su percepción por parte de los
ciudadanos, no solo se trata sólo de dedicar más recursos públicos, que
evidente hay que hacer, hay que también introducir medidas que premien a los
mejores servidores públicos y evidencien a los peores. Hay muy buenos
profesionales en los servicios públicos y también otros que no se merecen el
salario que ganan. Hay que introducir más transparencia en los resultados
obtenidos y también mostrar quién trabajó más para conseguirlos. Hay que
destacar a los mejores profesionales en los servicios públicos frente a los
demás, premiarlos económicamente y permitirles tomar las decisiones importantes
junto a los representantes directos de los ciudadanos y de los partidos
políticos elegidos. En definitiva, los trabajadores de los servicios públicos
debemos tener las mismas ventajas y responsabilidades que los trabajadores de
los sectores privados. También es importante incrementar la transparencia en
las percepciones de los funcionarios que tienen, además, una retribución del
ámbito privado o que usan o han usado su posición como servidor público para
obtener unas retribuciones más ventajosas en el sector privado.
Es
importante conocer, en cada servicio público, los gastos que este servicio
supone y los detalles del porqué de esos gastos. Dónde están asignados, cuánto
significa el coste de personal, el coste de los productos necesarios, etc.
Igualmente, lo que ese servicio público produce, a los ciudadanos que atiende,
su grado de satisfacción, etc.
Es
importante conocer las percepciones de los representantes públicos, del grupo
de personas que necesitan para su funcionamiento y de los servidores públicos
necesarios. En el ámbito de las contrataciones públicas es crítico conocer los
criterios de adjudicación, los resultados de la misma y los responsables de
tomar las decisiones clave en ese proceso sean funcionarios o representantes
públicos.
La
democracia requiere conocimiento, requiere información razonada. Esta
información, además de ser pública, deber ser proporcionada por los gobiernos
de forma fácilmente procesable y agregable. Necesitamos lo que empieza a
denominarse como Gobiernos Abiertos
que aporten Datos Abiertos.
Junto
al gran volumen de datos existentes en Internet tenemos una gran carencia de
datos públicos de relevancia sobre la acción de los gobiernos, las decisiones
que toman, las razones sobre las mismas, etc. Tenemos más carencia aún sobre
los activos que poseen las empresas que contratan con las Administraciones
Públicas o reciben subvenciones de las mismas y sobre el valor de los mismos.
Datos abiertos (open data en inglés)
es una filosofía y práctica que persigue que determinados datos estén
disponibles de forma libre a todo el mundo, sin restricciones de copyright,
patentes u otros mecanismos de control. Los
datos públicos implican la publicación de información del sector público en
formatos que permitan su reutilización por terceros para la generación de nueva
información útil.
Un
Gobierno Abierto debe asumir el compromiso de garantizar que la administración
y operación de todos los servicios públicos que el Estado brinda puedan ser
supervisadas por los ciudadanos. Esta obligación debe extenderse a garantizar
que la información pública de una persona, jurídica o física, siempre
respetando la privacidad recogida en las leyes, se aporte a la comunidad como
un dato abierto. En esta línea de transparencia deben actuar las organizaciones
políticas, sindicales, etc.
Algunas
medidas concretas
De
forma general los servicios públicos, en su orientación y planificación, deben
ser responsabilidad única del Estado como representante del interés de la
mayoría. Aunque por necesidades concretas podría cederse su gestión a
cooperativas de trabajadores que demuestren una mejora de su eficiencia según
los criterios de los ciudadanos.
Muchas
medidas concretas se han ido proponiendo aquí recogemos algunas. En primer
lugar, en el ámbito de contratación pública es precisa una mayor transparencia
de toda relación económica que tiene la administración con los agentes
económicos. Todos los contratos que formalicen las administraciones públicas
deberían estar accesibles a los ciudadanos, tanto en el momento de la
formalización como con posterioridad. Incluso ¿por qué no retransmitir en directo
las reuniones de las comisiones y juntas de contratación, a través de Internet?
Asimismo, para facilitar una mayor concurrencia en la adjudicación de los
contratos, se debe fortalecer la prohibición del fraccionamiento artificial de
los contratos y limitar los procedimientos negociados sin publicidad en la
contratación. En materia de contratación pública, aunque de Ley de Contratos
del Sector Público prohíbe contratar con quien hubiese sido condenado por
corrupción, es posible que se produzcan subcontrataciones con empresas
corruptoras, y eso debería vigilarse.
En
segundo lugar, es muy importante la rendición de cuentas, que debe ir
encaminada hacia la evaluación del grado de cumplimiento de los compromisos y
actuaciones reflejadas en los programas electorales y, en su caso, en los
posibles planes estratégicos de las administraciones públicas. Pero hay que
ahondar en el detalle de cómo se gasta. Hay que avanzar hacia el desarrollo de
una contabilidad analítica de las diferentes actividades y servicios de los
organismos públicos que permita conocer y publicitar los costes reales de cada
actuación y política pública. Los ciudadanos quieren saber no sólo en qué
gastan las administraciones los recursos que les ceden pagando los impuestos,
sino que también quieren saber qué resultados se obtienen con dicho gasto y si
ese gasto está justificado desde el punto de vista de la mayoría.
Es
necesario profundizar en la información de los resultados, esto es, en la
información de indicadores de medida adecuados que permitan un correcto
seguimiento y evaluación de resultados. Para ello es necesario definir con
claridad cada uno de ellos indicadores de los servicios públicos y nombrar a
personas concretas que sean las responsables de mantenimiento de la calidad de
esa información. No es admisible que haya dudas, como las está habiendo e
Andalucía actualmente con el cambio de gobierno, sobre las listas de espera en
los hospitales públicos.
Estamos
convencidos que un servicio público no es bueno simplemente porque tenga
funcionarios que oferten el servicio. Un servicio público será de calidad
cuando está diseñado para conseguir el bienestar de la mayoría, de sus
usuarios, con la máxima eficiencia posible. Es el ciudadano quien pierde si un
organismo público paga a una persona más de lo que aporta. Es necesario elegir
a los mejores para gestionar los servicios públicos y denunciar a aquellos que
no cumplan con sus funciones. Son necesarios mecanismos de evaluación de los
servidores públicos, la introducción de incentivos de diversos tipos para los
más dedicados, la denuncia de los que no cumplen con su trabajo y el despido de
los incompetentes. Es necesaria mucha transparencia de estas evaluaciones, de
lo que cobran, de los resultados que consiguen. Esto es especialmente relevante
en sanidad, en las universidades y en la enseñanza primaria y secundaria.
