Antonio Aguilera Nieves
26 de febrero de 2021
El balance de 2020 en el mercado laboral es demoledor, y, sin embargo, parece pasar de puntillas por nuestras noticias de actualidad. En un momento en que se teme por la vida, esto de los puestos de trabajo parece sonar a daño colateral esperado e inevitable, pero lo cierto es que encierra un tremendo dramatismo. Presente, y si no le ponemos la máxima atención, también futuro.
Los 622.600 empleos perdidos en España 2020, 53.000 de ellos en Andalucía, suponen un pozo hondísimo para demasiadas familias, una fractura de desigualdad social que se hace más profunda y que vamos a tardar en superar años. Un retroceso colectivo que es una fatal consecuencia de la debilidad de nuestros órganos de gobierno.
El número total de desempleados en Andalucía a final de 2020 era de 907.200, la tasa de paro se sitúa en el 22,74 %. A ello es necesario añadir que según la metodología Eurostat y de la OIT, las personas incluidas en un ERTE se les considera oficialmente ocupadas. Esto es, la lectura que ofrecen los datos oficiales no está siendo leal con la gravedad y la urgencia de la situación. Estas cifras han dejado de asustar a los analistas, lamentablemente acostumbrados a vernos en lo más alto de este triste escalafón. De largo nos viene. La crisis de los ochenta nos llevó al 21,5 % de desempleo, la del 92 al 24,5 %. Más recientemente, la crisis de 2008 nos llevó a más de un 27,2 % de la población activa, esto es, más de 6.000.000 de personas que querían trabajar, pero no podían hacerlo. Angustioso para cualquier persona con responsabilidad pública, para cualquier persona preocupada por su pueblo y su tierra, pero una situación tristemente incorporada a nuestra cotidianidad. Por eso, aunque nos saque una mueca, acabamos aceptando y conviviendo con términos como la fuga de los jóvenes al extranjero, parados de larga duración, pérdida de talento, contratos injustos…