LA MAYOR DE LAS MENTIRAS DE NUESTRO TIEMPO

                   

25 de enero de 2019, Suiza, Davos: Christine Lagarde, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), habla durante la Reunión Anual 2019 del Foro Económico Mundial.- Manuel López / Foro Económico Mundial

Juan Torres López, Catedrático de Economía aplicada de la Universidad de Sevilla

22 de diciembre de 2021

El presente artículo fue publicado el día 17 de diciembre de 2021 en el diario Público. Hoy, con la autorización del autor, se publica en este Blog para nuestros lectores.

El pasado día 7, el Banco Internacional de Pagos publicó los últimos datos disponibles sobre las transacciones financieras registradas en los 27 países o zonas de mayor volumen de todo el mundo, lo que equivale a decir en la práctica totalidad del planeta.

Aunque las cifras no se presentan acumuladas se pueden sumar con relativa facilidad las correspondientes a cada uno de los diferentes conceptos para obtener el total: 14.937 billones de dólares (billones españoles, es decir, millones de millones).

De esa cantidad, el 26% corresponde a las transacciones registradas en Estados Unidos, el 13% al Reino Unido y el 12% a China. Las de estos tres países suman, por tanto, el 51% del total. Las realizadas en España, 74 billones de dólares (0,5% del total).

VUELVE A CASA POR NAVIDAD

José Antonio Bosch. Abogado.

21 de diciembre de 2021

Al parecer deberíamos congratularnos todos porque la justicia suiza ha archivado la causa por presunto blanqueo de capitales y cobro de comisiones ilícitas y ello por falta de pruebas que impiden sostener una acusación contra varios investigados entre los que se encontraba nuestro rey demérito.

Y no han logrado pruebas de cargo, entre otros motivos, porque quienes debían de ayudar en la investigación, es decir, las autoridades sauditas, jamás colaboran con la Justicia de otros países y menos cuando esas mismas autoridades son cómplices necesarios de los delitos que se investigan. Lo de la soberanía nacional lo tienen tan asumido que sus trapos sucios sólo los lavan en casa y en sus embajadas, que para eso son también suelo patrio (no hay más que recordar el asesinato en Turquía del periodista Jamal Kashoggi).

GUERRA JUDICIAL

 

Joaquín Urías, Profesor Titular de  Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla

19 de diciembre de 2021

Este trabajo fue dado a conocer originalmente el 11 de noviembre de 2021 en la primera entrega de “Poder Judicial”, sección del autor en el programa “Horizonte Republicano” que emite el segundo jueves de cada mes, de las 17 a las 18 h, el Ateneo Republicano de Andalucía (ARA), en Radiópolis, 92.3 FM, la radio comunitaria y participativa de Sevilla.

Estamos viviendo una auténtica situación de lawfare, o guerra judicial, que es lo que sucede cuando los jueces utilizan su poder para hacer política y silenciar determinadas opciones.

En España, desde hace unos años, desde la victoria en las últimas elecciones de las fuerzas progresistas, el poder judicial está actuando como un auténtico poder político. Los jueces españoles, la cúpula judicial, está muy inclinada hacia la derecha, y está utilizando su poder para afianzar una derecha que ha perdido en las urnas. Todas las reformas gubernamentales, todos los intentos de acción gubernamental progresistas se encuentran con los jueces del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, que lo bloquean y que haciendo política impiden las políticas de progreso.

El caso más reciente, sin duda, es el del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez fue condenado sin pruebas, por dar una supuesta patada a un policía. Incluso los policías presentes, exceptuando al que lo sufrió, decían que no habían visto nada, que este hombre había sido siempre pacífico. El policía que lo acusaba no fue capaz de aportar ningún parte médico de haber sufrido ningún tipo de agresión y ni siquiera fue capaz de explicar cómo se había dado la agresión.

MEMORIA DEL EXILIO

Nota: El presente artículo de Rafael Polo Brazo ya fue publicado el día 1 de junio de 2021 en la propia web del autor . Hoy, se publica en este Blog para nuestros lectores.  El artículo encaja en el marco de actualidad de la Reforma de la Memoria Histórica y al que acompañaran otros tres de dicha temática.

Severo Ochoa, Juan Ramón Jiménez,

María Zambrano y Rosa Chacel

Rafael Polo, Licenciado en Geografía e Historia. Sección Antropología Cultural

17 de diciembre de 2021

Se calcula que unos 465.000 españoles cruzaron la frontera francesa como exiliados a lo largo de la Guerra Civil española o los primeros meses de la postguerra. A los que hay que sumar los 13.000 que se dirigieron a las colonias francesas del norte de África y muchos miles más que se fueron por mar hacia países americanos o hacia la Unión Soviética.

La Guerra Civil mató, al menos, a medio millón de españoles, la mayoría de ellos civiles, exilió a otros tantos e hizo pasar por campos de concentración a casi un millón de personas. Esas son las terribles y frías cifras de este conflicto fratricida. Por eso sigue siendo aún un tema tabú en nuestro país.

La fuga de cerebros

YOLANDA DÍAZ NO ESTÁ SOLA

La clase social más desfavorecida, a lo largo de la historia, busca resolver las contradicciones generadas por la desigualdad. En este proceso constante hay muchos momentos que terminan cristalizando en un personaje que los representará a todos con la mejor posibilidad de resolverlas.

Otras Políticas - Acto en Valencia

Antonio Sánchez Rodríguez

14 de diciembre de 2021

Evidentemente no es un milagro, sino la materialización dialéctica en un personaje, un momento de síntesis de la lucha de clases que hace posible que ‘confluya’ la generalidad de movimientos en una especie de ‘mínimo común múltiplo’ de las demandas, y es normal que éste acabe apuntando a un personaje, entre otras cosas porque la ciudadanía necesita ponerle imagen a los procesos. Quiero insistir en que ni es un milagro, ni que estos personajes sean semidioses, NO es así. En la mayoría de los casos, la persona señalada ni siquiera se lo habría planteado como su objetivo.

En el caso de Yolanda Díaz hay que decir que de origen no lo era, ni tampoco estaba llamada a serlo y lo confesó desde el primer momento. No era la ministra que se esperaba o tocaba, ni tampoco la titular que estaba prevista para la vicepresidencia, pese a que sus vivencias y experiencia política así como su formación no hubiesen significado un hándicap para poder serlo. Sencillamente las circunstancias llegaron hasta ella y acabó admitiendo, por ejemplo, ser la vicepresidenta tercera, cuando fue llamada para ser segunda, por no abandonar y continuar lo que había empezado. Yolanda Díaz y su entorno eran muy conscientes de la gran importancia que tienen para un país las relaciones laborales y el “contrato de trabajo”. No olvidemos que “el trabajo”, no sólo para los asalariados y el resto de las clases subalternas, es el núcleo sobre el que se expandirá toda la infraestructura social creando un modo de vida concreto. Si se mueve o cambia el sistema productivo… cambiará todo.

Las confluencias

LA GENERACIÓN “TALADA”. UN GENOCIDIO ANUNCIADO

Nota: El presente artículo de Rafael Polo Brazo ya fue publicado el día 1 de abril de 2021 en la propia web del autor . Hoy, se publica en este Blog para nuestros lectores.  El artículo encaja en el marco de actualidad de la Reforma de la Memoria Histórica y al que acompañaran otros tres de dicha temática.

Antonio Machado, Miguel Hernández,

Federico García Lorca y Clara Campoamor

Rafael Polo (Licenciado en Geografía e Historia. Sección Antropología Cultural).

10 de diciembre de 2021

 

“Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas.”

General Mola: Instrucción Reservada nº 1. 25 de abril de 1936[1]

EL ATAQUE IMPLACABLE DEL GOBIERNO DE LA JUNTA A LA EDUCACIÓN PÚBLICA DE ANDALUCÍA

Carmen Yuste Aguilar, profesora de Enseñanza Secundaria

7 de diciembre de 2021

Tras más de año y medio de una pandemia con consecuencias desastrosas a todos los niveles, podría pensarse que se iba a producir una reflexión global sobre aspectos tan sensibles como la sanidad, la educación o el cuidado del medio ambiente; “saldremos mejores” decía mucha gente. Lo cierto es que, al menos en Andalucía, la pandemia parece haber servido, más que como tope al desenfreno neoliberal, como punto de apoyo para tomar impulso. Estamos probablemente ante otro de esos momentos en los que quienes ostentan el poder se encuentran con la ocasión idónea para poner en práctica la doctrina del shock que, en palabras de Naomi Klein, no es otra cosa que “esperar a que se produzca una crisis de primer orden o estado de shock, y luego vender al mejor postor los pedazos de la red estatal a los agentes privados mientras los ciudadanos aún se recuperan del trauma, para rápidamente lograr que las reformas sean permanentes”.

RECONSTRUCCIÓN - Derechos e Igualdad (y III)

El “derecho básico” a la vivienda que  la Constitución  reconoce y  la necesidad de frenar la “crisis climática” que se afronta en España y en todo el mundo, nos emplaza a fundir ambos conceptos en el proceso de reconstrucción progresista que mayorías sociales y el gobierno de coalición demandan y proyectan.

Manuel Armenta

Sevilla 3 de Diciembre 2021

El momento crítico que vivimos de reconstrucción en tantos aspectos de la vida política, social y económica, marca como un factor de primacía la implementación del derecho constitucional a la vivienda, con el imprescindible añadido por parte de las Instituciones Públicas de asumir la responsabilidad jurídica de su materialización, porque a día de hoy es el único derecho básico constitucional no desarrollado por Ley para su asunción.

Si a ello añadimos los compromisos y necesidad de lucha, reiterado por el Comité Europeo de las Regiones y la Comisión Europea, para avanzar en la neutralidad climática en el 2050, y que la crisis sanitaria ha evidenciado la necesidad de erradicar la pobreza energética que afecta en Europa a unos 40 millones de personas, así como que los edificios representan el 40 % del consumo energético y el 36 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, y que el 75 % de los edificios son ineficientes en capacidad energética, y solo se renueva el 1 % cada año, parece consecuente y necesario afrontar ambas materias como un proyecto unitario de reconstrucción y avance en los derechos e igualdad CONSTITUCIONAL.

Por las características y condiciones de diversidad competencial Institucional estamos abocados a la necesidad de una Ley estatal de Vivienda y Rehabilitación, que permita la posibilidad de avanzar en la IGUALDAD TERRITORIAL en todo el Estado, tan necesaria para el conjunto de las personas y las familias.

EL COLAPSO DE LA SANIDAD PRIVADA Y LA BURBUJA DE LOS SEGUROS PRIVADOS DE SALUD

Sebastián Martin Recio. Médico. Marea Blanca en Sevilla. Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas

30 de noviembre de 2021 

Con los datos que se van publicando aparece una paradoja de especial relevancia:

El progresivo aumento de los seguros privados de salud, que llegan a casi 14 millones de pólizas en el Estado y dos millones de personas en Andalucía, no se está viendo correspondido en la misma proporción con un incremento de las infraestructuras, dotaciones y personal de la sanidad privada para atender este incremento de la demanda.

LOS ACUERDOS CON EL VATICANO DE 1979 DEBEN SER ANULADOS

Miguel Campillo Ortiz, director del programa Sintonía Laica en Radiópolis, miembro de Europa Laica

26 de noviembre de 2021

Los  concordatos son acuerdos,  convenios o tratados entre la Santa Sede y un  Estado con el propósito de regular sus relaciones en diversas materias. Durante la época moderna la firma de Concordatos con Roma se inscribe  dentro de la política regalista[1] seguida por los Austrias, pero, sobre todo, por los Borbones en el siglo XVIII. El primer Concordato entre España y la Santa Sede se firma en 1737. El segundo se firmó en 1753 y permaneció en vigor hasta que se firmó el de 1851, con Isabel II. Durante la dictadura de Franco se firmó el Concordato de 1953, que oficialmente no se ha derogado.   Inspirado en el  nacionalcatolicismo de la  época,  se  publicó  en  el  BOE  con  este encabezamiento: “En el nombre de la Santísima Trinidad”.

Tras el Concilio Vaticano II y bajo el papado de Pablo VI, en 1966 se comenzó a negociar la renovación del Concordato de 1953, con un primer resultado, el Acuerdo de 1976. Sus dos artículos establecen el modo de designación de arzobispos y obispos y que los clérigos no estarían sometidos a la justicia ordinaria sino a la eclesiástica. Además, se nombraba al rey Juan Carlos como vicario general castrense. 

UNA PERSONA, UN VOTO

Enrique Cobo

23 de noviembre de 2021

¿Es sustento esencial de la democracia que el valor del voto de cada persona sea el mismo?

Me decía un alcalde de Motril que había muchos asuntos sobre los que podríamos coincidir, muchos más de lo que yo podría imaginar, pero que no creía posible que yo pensara que mi voto valiera lo mismo que el de un Lazarillo de Motril cualquiera.

Y el otro día, conversando con una amiga, trabajadora, culta y militante de una organización de izquierda, me decía que yo, si era sincero, no podía afirmar que el voto de un discapacitado debía tener el mismo valor que el mío. 

Ahora me vuelvo a preguntar si en esta "democracia madura" lo que dice el artículo 1 de nuestra Constitución de que "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado" es una afirmación retórica o una profunda convicción entre nosotros.

TURQUÍA: DEL LAICISMO DE ATATÜRK AL ISLAMISMO DE ERDOGAN

Waleed Saleh, Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, miembro de Europa Laica

19 de noviembre de 2021

Mustafà Kemal Atatürk (1881-1938) es el fundador y primer presidente de la República Turca instaurada en 1923. Las bases del nuevo Estado turco fueron construidas sobre principios laicos: la abolición del sultanato o califato islámico, la separación de la religión de la política y convertir Turquía en un Estado civil y moderno.

El Tratado de Lausana (1923), firmado por Turquía por un lado y por Gran Bretaña, Francia, Italia, Grecia y sus aliados por otro, reconoció al Estado turco moderno y reemplazó al Tratado de Sèvres de 1920, un pacto injusto para el Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial.

Entre las estipulaciones de la convención de Lausana se establecía que la Turquía moderna debería apartar el islam de la esfera pública, abolir el califato musulmán y redactar una constitución civil que sustituyera a la antigua constitución.

Muchas mezquitas fueron clausuradas, el hiyab fue prohibido y el Ministerio de los Bienes Píos fue desmantelado. Con estas y otras medidas llevadas a cabo por el gobierno de Atatürk, Turquía se convirtió en modelo de laicismo para muchos países de mayoría musulmana.

LA UNIÓN EUROPEA RECHAZA LAS ACUSACIONES DE ISRAEL CONTRA LAS ASOCIACIONES DE DERECHOS HUMANOS DE PALESTINA

El representante de Israel en la ONU rompe el Informe presentado por el Consejo de Derechos Humanos que condena a su gobierno por los crímenes cometidos contra la población palestina 

Rosario Granado

16 de noviembre de 2021

En el mes de mayo de 2010 Ameer Makhoul, coordinador de la Plataforma de ONGs palestinas en Israel ITTIJAH, fue detenido de madrugada en su casa por el ejército israelí. Sin ninguna acusación, incomunicado y sin derecho a abogado fue sometido durante semanas a durísimos interrogatorios. Ameer estaba trabajando en proyectos subvencionados por la Agencia de Cooperación Internacional española.

El régimen israelí había anunciado previamente su deseo de terminar con los movimientos sociales de defensa de los derechos humanos por considerar que perjudicaban su imagen en el exterior. Años antes Ameer había estado en Andalucía invitado por los grupos de Solidaridad con Palestina. Estaban aún recientes las detenciones de Mohammad Otman, portavoz de la asociación «Stop the wall» (Paremos el muro) y de Eva Burnatt, dirigente del movimiento de Resistencia popular no violenta de Bil'in, asociaciones que también desarrollaban programas con Europa.

Tras seis meses de calvario por las cárceles israelíes la fiscalía propuso al abogado de Ameer Makhoul llegar a un acuerdo antes del juicio. Tenía dos opciones, reconocer la acusación de “contactar con militantes de la resistencia libanesa” aún sin pruebas (si las hubiera habido no hubieran negociado nada) y así conseguir una pena más corta de 9 años de cárcel, o no reconocer la acusación y entonces sería acusado de delitos mayores y condenado a cadena perpetua. La decisión de declararse culpable fue muy difícil para Ameer Makhoul, para su familia y para el equipo de la defensa, pero el abogado Hatim Kanaaneh consideró que era la única opción posible dentro de un régimen de apartheid como el israelí donde las condenas a los palestinos no dependen de acusaciones basadas en pruebas sino de decisiones políticas.

MANIFIESTO MEMORIALISTA

EN DEFENSA DE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA DE ANDALUCÍA

EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DEL GOLPE Y LA DICTADURA FRANQUISTA

12 de noviembre de 2021

La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía se fundamenta en los principios de «Verdad, Justicia y Reparación», y en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres, tal y como recoge en su artículo 2. Asimismo, hará efectivos tres derechos esenciales: el derecho a conocer, el derecho a investigar y el derecho a la reparación plena (artículo 3).

Ninguno de estos principios y derechos están siendo garantizados ni llevados a la práctica por el Gobierno de la Junta de Andalucía, formado en coalición por Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo de la ultraderecha.

La Ley 2017, de Memoria a Histórica y Democrática de Andalucía (LMHD) instituyó la fecha del 14 de Junio como día institucional para reparar la memoria no sólo como víctimas de la dictadura, sino por su papel en la lucha por la recuperación de las libertades, a cuyo compromiso debemos la reinstauración de la derrocada democracia.

Por ello, las víctimas y sus familias, para las que exigimos respeto y sentido recuerdo, así como las organizaciones memorialistas, denunciamos la paralización y la involución que el actual Gobierno de la Junta de Andalucía está llevando a cabo en las políticas públicas de Memoria Histórica y Democrática, lo que ha supuesto un grave retroceso en la consecución plena de los derechos de las víctimas del franquismo.

LA UNIÓN HACE LA FUERZA EN LA DEFENSA DE TERRITORIO

Juan Manuel Gil de Escobar Delgado (Ingeniero industrial. Dirección de proyectos y empresas)

Francisco Casero Rodríguez

9 de noviembre de 2021

Ya no es solo noticia de prensa y asunto recurrente de comentario y alarma social, sino que ha llegado a tocar nuestro bolsillo como ciudadanos. El precio mayorista en el mercado diario de la electricidad se ha multiplicado por cuatro en el último semestre y ya está viéndose repercutido sobre la factura de la luz de los consumidores, con subidas que incluso están llevando a la pobreza energética al consumidor doméstico más desfavorecido y con menos recursos económicos.

Dicho sea lo anterior sin desmerecer al consumidor industrial o empresa, grande o pequeña, cuyos costes se están viendo incrementados con final e inevitable repercusión sobre la actividad económica, sobre su incuestionable función social, e incluso sobre el empleo.

Pero, ¿nos debemos conformar con lo que hay porque es lo que nos ha tocado vivir? ¿Existen propuestas de solución? ¿Todo vale en esas propuestas? Y lo que es más importante, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos o como sociedad civil?

El mecanismo de fijación de los precios de la electricidad

Los beneficios caídos del cielo para las eléctricas

Sixto Martín, ingeniero

5 de noviembre de 2021

El precio de la electricidad sigue subiendo y los ciudadanos cada vez están más preocupados por el impacto que está produciendo sobre sus bolsillos y sobre la economía en general. La tasa de inflación está aumentando y en gran medida esto es debido al impacto de la subida de la energía en general y en particular de la electricidad. ¿Pero quiénes ganan y quiénes pierden con esto?

Empecemos por ver los datos de producción eléctrica de julio, agosto y septiembre de 2021 y de 2020   : 

Producción por tecnologías jul ago. sep. 2021 y 2020 Gwh

                                                 2.020                                 2021

	Jul-ago-sep	% s/ total	Jul-ago-sep	% s/ total	Dif ª  2021 – 2020
CC GAS	15.427	23,9	10.646	17,6	-4.781	-31,0%
Nuclear	15.182	23,5	15.160	25,0	-22	-0,1%
Eólica	11.570	17,9	10.840	17,9	-729	-6,3%
Cogenerac. GAS	6.795	10,5	6.492	10,7	-302	-4,4%
Solar fotovoltaica	5.058	7,8	6.663	11,0	1.605	31,7%
Hidráulica	5.395	8,4	5.476	9,0	81	1,5%
otros	5.179	8,0	5.342	8,8	163	3,2%
Generación total	64.605	100,0	60.620	100,0	-3.985	-6,2%

 

En 2021 se ha producido una disminución de 3.985 millones de Kwh respecto de la producción de 2020. Por tanto no parece correcto que el aumento de precios pudiera adjudicarse, en parte, al aumento de la demanda, cuando esta ha caído un 6,2 %. 

¿Quién debe elegir a los miembros de las instituciones del Estado?

Miguel Toro

2 de noviembre de 2021 

Llevamos varios años sin que se renueve el Consejo General del Poder Judicial. Es una institución muy importante porque se encarga, entre otras cosas, de regular los ascensos de jueces y magistrados y nombrar cargos importantes en el Tribunal Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia.

En estos momentos PSOE y PP están llegando a acuerdos para renovar el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional y otros. La renovación del Consejo General del Poder Judicial se está posponiendo.

En el proceso de renovación hay argumentos que se están poniendo encima de la mesa y que es conveniente meditar. El PP está defendiendo claramente que el Consejo General del Poder Judicial debe ser elegido por los propios jueces. Pablo Casado afirma que la Constitución “dice claramente” que los vocales del Consejo de extracción judicial, refiriéndose al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), “tienen que ser elegidos directamente por los jueces”. ¿Pero esto es así? Y desde otro punto de vista, ¿esto debería ser así si queremos tener una democracia amplia?

EL PROYECTO DE LEY ESCRIVÁ NO DEBE SER APROBADO

 13 de Noviembre

En defensa de las Pensiones Públicas, contra los recortes y la privatización

Unidad de Acción Pensionista

29 de octubre de 2021

Los y las pensionistas, la gente trabajadora y la ciudadanía en general estamos convocados a manifestarnos el próximo día 13 de noviembre, en las capitales de los distintos Pueblos y Comunidades del Estado, para defender nuestras Pensiones Públicas y demandar al Gobierno que ponga fin a los anunciados recortes, a las pensiones de miseria y a los Planes Privados de Empresa.

Expresamos nuestro desacuerdo con el Pacto de Toledo y con el plan del Gobierno de reforma de las pensiones que lo desarrolla, liderado por el ministro Escrivá, que hace caso omiso de las reivindicaciones urgentes por las que venimos luchando desde hace más de tres años y que no pueden esperar ni un día más. Reclamamos la dimisión de Escrivá, y la reforma que esperamos del Gobierno es blindar las pensiones Públicas, dignas, justas y suficientes y hacer efectivas nuestras reivindicaciones.

Esta nueva reforma (la tercera en 10 años) al dictado de la banca y el poder financiero, se traducirá, si no somos capaces de remediarlo, en recortes de las futuras jubilaciones, y en un plan de privatización del Sistema Público de Pensiones. Además, y entre otras cosas, tampoco garantiza la capacidad adquisitiva de las pensiones a partir del 2022, al establecer un sistema de cálculo del IPC que no permite revisar los recortes hasta pasados los 5años.

Instamos a todos y cada uno de las y los parlamentarios del Congreso de los Diputados a rechazar la reforma contenida en el Proyecto de Ley presentado en el Congreso y votar en contra de él.