Juan
Manuel Gil de Escobar Delgado (Ingeniero industrial. Dirección de proyectos y
empresas)
Francisco Casero Rodríguez
9 de noviembre de 2021
Ya no es solo noticia de prensa y asunto recurrente de comentario y alarma social, sino que ha llegado a tocar nuestro bolsillo como ciudadanos. El precio mayorista en el mercado diario de la electricidad se ha multiplicado por cuatro en el último semestre y ya está viéndose repercutido sobre la factura de la luz de los consumidores, con subidas que incluso están llevando a la pobreza energética al consumidor doméstico más desfavorecido y con menos recursos económicos.
Dicho sea lo anterior sin desmerecer al consumidor industrial o empresa, grande o pequeña, cuyos costes se están viendo incrementados con final e inevitable repercusión sobre la actividad económica, sobre su incuestionable función social, e incluso sobre el empleo.
Pero, ¿nos debemos conformar con lo que hay porque es lo que nos ha tocado vivir? ¿Existen propuestas de solución? ¿Todo vale en esas propuestas? Y lo que es más importante, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos o como sociedad civil?
El mecanismo de fijación de los precios de la
electricidad
Para dar oportuna respuesta, lo primero es conocer desde dentro la razón de tan alto precio y sus componentes y condicionantes.
Aún siendo el problema hondo y complejo, parte de él se encuentra en el actual sistema de fijación de precios de la electricidad en el mercado diario en España. Básicamente consiste en un mecanismo de subasta en el que concurren las empresas propietarias de las distintas centrales de generación eléctrica, con independencia de su tecnología de base y fuente de energía primaria (hidráulica, nuclear, eólica, solar, combustibles fósiles como el gas, etc.). Al representar una subasta, serán aquellas centrales con costes de explotación menores las que primero aportarán a la red eléctrica al concurrir con precio inferior, correspondiendo teóricamente entre otros a aquellas con tecnologías más económicas, menores inversiones o fuentes energéticas más baratas. Como aún el desarrollo actual de la tecnología no permite el almacenamiento masivo de esa energía generada, las centrales de mayor coste irán conectándose hasta igualar la oferta global con la demanda eléctrica existente en cada momento. La clave está en que al final de la subasta todas las tecnologías cobrarán de acuerdo al precio de la última que entró, es decir, de la más cara.
Por tecnologías, las primeras en aportar son la nuclear (22 % de referencia) y las renovables (eólica y solar, en mucha dependencia del día y la disponibilidad de viento y sol), después la cogeneración y otras tecnologías de menor capacidad (12 %), la hidráulica (18 % en un día típico), y por último los ciclos combinados (constituidos por dos ciclos termodinámicos de vapor y gas).
Al respecto de los ciclos combinados, que actualmente suponen en torno al 18 % de la energía suministrada, éstos se encuentran muy condicionados por el precio del gas y de los derechos de emisión de CO2, muy elevados en la coyuntura internacional que nos ocupa. Tanto es así, que el precio actual del mercado diario de la electricidad casi coincide con su precio medio de generación. Con ello, podemos deducir fácilmente el beneficio económico que les supone al resto de las tecnologías productoras, en el 82 % de la producción, al repercutir costes de operación mucho más bajos (aproximadamente 42 € la nuclear, 22 € la renovable, y casi gratis la hidráulica).
Y aunque existe un mercado intermediario donde las empresas comercializadoras eléctricas negocian a ambos lados de la cadena de valor, primero con los generadores y después con el consumidor final, su referencia de base es ese mismo precio mayorista diario de la electricidad, por lo que es inmediato deducir que es el consumidor final el que repercutirá todos esos beneficios extraordinarios del sistema de fijación de precios.
El precio final al consumidor
España no es el país de Europa con los precios mayoristas más elevados. Por arriba se encuentran Reino Unido, Portugal e Italia, y por debajo, Francia y Alemania. Esto es así porque en Francia el 70 % de su sistema de generación de electricidad proviene de la energía nuclear, y en Alemania porque se basa fundamentalmente en el mercado libre, y por tanto el precio se estabiliza y se ajusta más a la baja (en el caso de España, solo el 36 % de los contratos en el mercado del pequeño consumo está indexado al precio mayorista diario).
Con todo, no podemos simplificar la situación y asignar todos los males al mercado mayorista y su mecanismo de subasta.
De fondo tenemos un problema medioambiental que resolver y que está muy asociado a la emisión de gases contaminantes y de efecto invernadero, además de residuos radiactivos, que las centrales de generación producen per se. La Unión Europea ha decidido acelerar la transición energética ante la amenaza de cambio climático, obligando a que las inversiones hechas previamente en tecnologías contaminantes (carbón, hidrocarburos…) deban amortizarse aceleradamente, y evitando realizar otras nuevas. Y de la misma manera, como medida de desincentivación, sigue incrementando los derechos de emisión de CO2 (al doble aproximadamente en el último año).
También en España, en la primera década de este siglo, se decidió incentivar la instalación de infraestructuras renovables mediante el establecimiento de un precio fijo a los productores (precio regulado). Las tecnologías de entonces eran más caras que las actuales, por lo que en algunos casos, ese precio está por encima del coste actual. Es por ello por lo que desde entonces se esté produciendo el denominado déficit de tarifa, y en consecuencia una deuda que actualmente se está repercutiendo en la factura de los consumidores que puede alcanzar hasta el 15 % del total.
Y por otro lado, nos encontramos con la encrucijada que presentan las centrales nucleares. Sus residuos suponen un problema medioambiental, pero por otro lado la utilización de su tecnología significaría un abaratamiento significativo del precio de la electricidad, una reducción del riesgo por dependencia externa de hidrocarburos y también de la emisión de gases contaminantes y de efecto invernadero. En España, con la moratoria nuclear impuesta en las dos últimas décadas del siglo pasado, se limitó el parque de generación a lo existente hasta el momento.
Por supuesto para componer el total de la factura a pagar queda en última instancia el resto de costes regulados aparte del déficit de tarifa (transportes y distribución, en total alrededor de un 40 % de la factura) y los impuestos (fundamentalmente el IVA).
Todas estas políticas y acciones de carácter medioambiental representan una inversión de futuro muy responsable y social por ser las nuevas generaciones los beneficiarios de ellas, pero conlleva una factura que hoy debe ser pagada por adelantado. Si queremos asumir esa responsabilidad, nos toca aceptarlo.
Entonces, ¿nos debemos conformar con lo que hay porque es lo que nos ha tocado vivir? Evidentemente no, existe un claro margen de mejora técnica en la fijación de precios y en las políticas energéticas y fiscales para el alivio de la carga en la factura.
Y en ese caso, ¿existen propuestas de solución?
Palancas para aliviar la carga. Decisiones
políticas centralizadas y mercados globales
Son muchas las palancas sobre las que se puede actuar para aliviar esa presión de la factura eléctrica, más o menos populares o acertadas en el interés general y social, entre otras, las técnicas (mercados de fijación de precios separados por tecnología), las políticas (incentivación de las energías renovables o replanteamiento de la energía nuclear), las impositivas (por ejemplo reducción del IVA del 21 % al 10 % como ha hecho temporalmente el Gobierno), las sociales (ayudas a los consumidores más desfavorecidos mitigando el efecto de la pobreza energética), etc.
Pero en cualquiera de los casos, nos encontramos ante un problema global de fuerte repercusión individual, familiar, profesional, empresarial, también local y territorial, de difícil solución en el corto plazo, a plena satisfacción de todos los actores sociales (empresa eléctrica vs consumidor final, Administración vs contribuyente) y en el interés general (economía vs responsabilidad medioambiental, infraestructuras vs impacto en el territorio).
Tanto el mecanismo de fijación de precios, como las políticas de incentivo medioambiental e impuestos, responden a un sistema cuya definición y articulación corresponden a las Administraciones y al juego del mercado nacional e internacional, de manera general, sin considerar separadamente y a priori sectores ni atender a comunidades o territorios concretos. Sí es verdad que el Estado tiene potestad para legislar en favor de ellos, pero salvo situaciones extraordinarias o muy particulares, como por ejemplo con los consumidores en riesgo de pobreza energética, históricamente su acción ha sido marginal y su impacto muy débil.
No podríamos decir lo mismo de ciertos agentes y grandes entidades, que usan su posicionamiento para aprovechamiento propio, por aquello de que el Estado y su Administración es fuerte con el débil, pero débil con el fuerte.
La necesidad de una consciencia social basada
en la defensa del territorio
Es por ello precisamente, por la acción del fuerte y en la consideración marginal sobre el débil, por lo que urge una necesaria consciencia social en defensa del territorio.
La defensa individual de intereses es inviable, salvo en su asociación, máxime en esta situación de decisiones políticas centralizadas y de mercados globales, que incluso desestimaría por ineficiente el seguimiento de personas de referencia que pudieran enarbolar esa bandera común. Negarlo sería algo así como aplicarse a sí mismo el principio de divide y vencerás.
Esa consciencia tiene por tanto que poseer mayor entidad que la individual. ¿Y cuál sería esa unidad mínima de acción viable y razonable?
En el caso que nos ocupa, y en concreto en el interés general de construcción de infraestructuras de generación eléctrica, incluso en el caso de energías renovables, no se podría justificar en ninguno de los casos un impacto negativo sobre el entorno natural, el medio rural o el territorio. El respeto por dicho territorio no puede estar reñido en ningún caso con el interés común, aún cuando existan unos intereses legítimos de las empresas promotoras y constructoras por obtener unos beneficios económicos razonables por su trabajo y riesgo asumido de emprendimiento.
Ante esto, y la pregunta que nos habíamos hecho de ¿todo vale en esas propuestas?, responderíamos que, evidentemente, no.
Es por ello por lo que la unidad mínima de acción debe estar basado en el territorio, como unidad consistente y operativa, de influencia, y sirviendo de nexo para todos los agentes sociales afectados (población, Administraciones locales, empresas, asociaciones y fundaciones territoriales, etc.), porque todos de una manera u otra se ven impactados y en sentido negativo.
Y por último nos queda la última pregunta y más importante ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos o como sociedad civil?
La responsabilidad de la sociedad civil
La toma de consciencia representa una responsabilidad, vital por su profundo calado en nuestro entorno, además de una oportunidad que se presenta única para reclamar una ordenación del territorio y su planificación.
Y no es solo la defensa del territorio, sino la de los intereses comunes de afección a nuestras economías familiares, negocios de proximidad, mantenimiento de la calidad de vida, del entorno rural y de su cultura y costumbres,…
Es la sociedad
civil la que debe ser la protagonista, para evitar que esos intereses
generales o de agentes foráneos pongan el territorio a su servicio, el
territorio que han cuidado nuestros padres, ahora trabajamos nosotros y que
quedará en herencia de nuestras generaciones futuras.
