NI TRAMPAS NI ATAJOS PARA SUPUESTAMENTE FINANCIAR LA SEGURIDAD SOCIAL: EN DEFENSA DEL SISTEMA DE REPARTO

- La defensa del actual sistema de pensiones está indisolublemente unida a la defensa del principio de la caja única

- La lucha de las pensiones contributivas está unida a la lucha del movimiento obrero por la mejora de las condiciones de empleo y mejores salarios. No habrá nunca buenas pensiones si no hay buenos salarios

- Los recursos para garantizar el sistema de reparto deben buscarse en el incremento de las cotizaciones sociales.

Juan Miguel Fernández Ruiz, Profesor Honorífico de la Universidad Complutense. Funcionario del Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad Social y Asesor Técnico del Tribunal de Cuentas, jubilado.

28 de febrero de 2020

La financiación de la paga extraordinaria de pensiones del mes de diciembre, para la que no había cotizaciones suficientes, ha vuelto a plantear la discusión sobre la financiación por aportaciones o préstamos de los llamados “déficits” de la Seguridad Social, la necesidad de nuevos recursos y sobre el saqueo sistemático a que los gobiernos han sometido a la Seguridad Social.

Se constata abuso continuado en el acceso al Fondo de la Reserva de la Seguridad Social, que en 2011 alcanzó unas reservas de 66.815 millones de euros. La norma reguladora del Fondo, que permite sacar recursos hasta un 3% del gasto, se ha incumplido sistemáticamente. Así, desde 2011 a 2017, se dispuso de más de 60.000 millones de euros. Este saqueo y los de años posteriores han dejado el Fondo casi agotado. Ha sido el saqueo de la llamada “hucha de las pensiones”.

A su vez, la propaganda sobre los supuestos “déficits” de la Seguridad Social ha activado, quizás por influencia de las políticas de recortes de los gobiernos franceses, la búsqueda de alternativas de nuevos recursos mediante impuestos, tipo contribución social generalizada (CSG) o “cesta de impuestos”.

La introducción de este tipo de tributos, extraños en nuestro sistema fiscal, para financiar pensiones contributivas, supondría el inicio de un cambio sustancial del actual modelo de seguridad social de nuestro país.

Financiación por impuestos del sistema de reparto

NUEVA TRANSICIÓN para MÁS DEMOCRACIA

España reinicia en las Instituciones y en la vida política el nuevo camino de reconstrucción democrática que las mayorías sociales con sus luchas y demandas y el sufragio universal, han venido reivindicando durante años frente a los recortes en derechos y condiciones de vida dignas arrebatados

Manuel Armenta

Sevilla 25 Febrero 2020

La confluyente crisis económica y política del 2008 y el modelo de régimen democrático de la Transición del 78, no han podido soportar la lucha y movilización de millones de personas por un modelo de Democracia más justa, que retorne lo arrebatado y amplíe los derechos, la libertad, la igualdad y una vida digna de las personas para convivir en la diversidad ideológica, política, económica, social y territorial.

En consecuencia, este nuevo modelo de Transición debe enfrentar cuatro grandes retos en su estrategia de Cambio Progresista:

1) Derogar e Instaurar nuevas leyes y normas que restablezcan lo arrebatado y lo muy necesitado de mejora debido a las nefastas actitudes políticas de todos los órganos de poder del Estado durante la crisis.

2) Aplicar con rigor principios Constitucionales de los derechos básicos: de las personas, la Igualdad y del Estado Aconfesional en: lo Institucional, Representativo y Educacional.

3) Dar voz y presencia a la sociedad civil y a sus organizaciones en las Instituciones del Estado, con un nuevo sistema participativo más competencial y no profesionalizado.

4) Afrontar los nuevos retos de: Crisis Territorial, Cambio Climático, Agua, Agricultura y el Despoblamiento territorial, con medidas efectivas.

ENSEÑANZA PÚBLICA Y LAICA. (II) Hay que cambiar el rumbo

- Los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, que amparan la inclusión de la enseñanza religiosa confesional en los centros públicos, deberían ser suprimidos

- Solo la red pública garantiza la función social y emancipadora de la educación

- La enseñanza laica favorece la formación de niños y jóvenes en la libertad de conciencia

Juan M. Valencia Rodríguez (Doctor en Historia, profesor en Institutos de Enseñanza Secundaria, jubilado)

21 de febrero de 2020

NOTA.- Este artículo es continuación del publicado el pasado martes 18 de febrero, “ENSEÑANZA PÚBLICA Y LAICA (I). La anomalía de la enseñanza concertada

La enseñanza de la religión en los centros públicos

La Iglesia y sus diferentes congregaciones acogen a siete de cada diez estudiantes (70 %) de la red concertada, casi un millón y medio de alumnos en toda España.

La Constitución no ampara el sostenimiento público de la enseñanza privada confesional. Donde sí se habla de ello es en los acuerdos con el Vaticano firmados en 1979 por el entonces Gobierno de la UCD. En su artículo I se establece que “la acción educativa respetará el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar. En todo caso, la educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana”. A tal fin, los planes educativos en los niveles de Primaria y Secundaria “incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los Centros de Educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”. En el artículo III de los acuerdos se estipula que la enseñanza religiosa será impartida por personas propuestas por los Obispados.

Es decir, además de la anomalía que supone dedicar fondos públicos a sostener centros privados (enseñanza concertada), el sentido de lo público se rompe también a través de la inclusión en el currículo oficial vigente de la enseñanza religiosa confesional, impartida por profesores no seleccionados como el resto en un proceso público y transparente, sino designados directamente por la autoridad religiosa. Además, las clases de Religión se establecen como alternativa a las asignaturas de “Valores sociales y cívicos” o “Valores Éticos”, de manera que se les veda a los alumnos asignados a la asignatura de religión la posibilidad de formarse en los valores cívicos, universales y laicos que se abordan en esas materias. 

Contenidos educativos del pacto de gobierno PSOE-Unidas Podemos

ENSEÑANZA PÚBLICA Y LAICA. (I) La anomalía de la enseñanza concertada.

- La Educación es un derecho básico de todas las personas y es obligación del Estado satisfacerlo.

- La enseñanza concertada (privada pero sostenida con fondos públicos) y su dimensión es una anomalía de nuestra democracia que no debería perpetuarse.

- Los centros públicos son los verdaderos garantes de la “libertad de enseñanza”.

Juan M. Valencia Rodríguez (Doctor en Historia, profesor en Institutos de Enseñanza Secundaria, jubilado)

18 de febrero de 2020

La Educación: un derecho básico, responsabilidad del Estado

La educación constituye uno de los pilares esenciales del Estado del Bienestar. Sin ella es imposible avanzar hacia una sociedad más justa y avanzada. Es un instrumento indispensable para promover la igualdad real y el progreso económico y cultural.

Es obligación del Estado, por tanto, organizar un sistema educativo que garantice a toda la población el acceso a una educación de calidad, y dotarlo de los recursos económicos necesarios para su sostenimiento, ampliación y mejora continuada, en todos los niveles educativos: Infantil, Primaria, Secundaria y Universidad.

Las monarquías de épocas pasadas no asumían dicha obligación, eso solo se produce en la Edad Contemporánea, con los Estados surgidos de las revoluciones liberales y más tarde con los Estados democráticos. Hoy se entiende que forma parte indispensable del Contrato Social entre gobernantes y gobernados que da legitimidad al Estado.

En España el panorama de la “Instrucción Pública” era desolador hasta que llegó la II República. En el primer bienio de la misma se desplegó una hercúlea tarea de extensión y dignificación de la enseñanza pública y de construcción de centros educativos, en especial de Enseñanza Primaria, en lo que fue el mayor esfuerzo educativo que ha conocido la historia de nuestro país, al punto de forjarse el merecido apelativo de “la República de los Maestros”.

MENORES OLVIDADAS

JOSE ANTONIO BOSCH

Abogado.

11 de febrero de 2020

Hasta el mes de julio del 2015, cuando una menor de 16 o 17 años alegaba de forma fundada que solicitar el consentimiento a su padre o madre para interrumpir su embarazo le provocaba un conflicto grave con posibilidad de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o la posibilidad de una situación de desarraigo o desprotección, la ley permitía que se practicase la interrupción del embarazo sin conocimiento ni consentimiento de sus progenitores.

Con los datos del Ministerio de Sanidad, en España no llegaban a cuatrocientas jóvenes al año las que acudían a los centros acreditados de interrupción de embarazo sin ser acompañadas por padre, madre o representante legal y, sin embargo, en base a una supuesta protección de las menores se cambió la ley, imponiendo desde entonces la necesidad de que el progenitor o responsable legal consienta el aborto de las menores de dieciocho años.

Se supone que cuando se modifica una norma es para mejorarla porque existe una nueva realidad social que reclama la reforma, pero no cabe duda que esto es una mera suposición y que son muchas las motivaciones que hay tras una reforma legislativa y ni qué decir tiene que muchas más y no todas abiertamente expresadas, cuando lo que se modifica es una ley de aborto con los votos de los partidos de la derecha.

LOS QUE NOS AGARRAN A LA TIERRA

Francisco Casero Rodríguez

Fundación Savia, presidente

4 de febrero de 2020

 

El eslabón más débil de la cadena alimentaria es el primero. La actividad del agricultor, del ganadero no está suficiente, y adecuadamente reconocida, social y económicamente. Andalucía es una tierra de la que brota riqueza. Hemos sido, somos, una gran potencia en producción de alimentos, la calidad de nuestros productos es mundialmente reconocida y por eso nos buscan. Estamos a la vanguardia en manejo, en innovación, en producción ecológica. Pero seguimos teniendo una enorme asignatura pendiente porque no logramos que este motor natural, adecuadamente gestionado sea la palanca de progreso que las andaluzas y andaluces se merecen, especialmente los que viven y trabajan en el medio rural.

Los más exigentes mercados quieren alimentos andaluces. Gran parte del valor añadido se genera en la transformación e intermediación de estos. Fortalecer nuestra industria agroalimentaria aprovechando la proximidad a los lugares de proximidad, la competitividad que ofrecen las energías renovables, la mano de obra cualificada, el estar integrado en el sistema normativo más exigente del mundo son las mejores herramientas y aliados.