MUFACE UN PRIVILEGIO DE ALGUNOS FUNCIONARIOS QUE NO SE DEBE MANTENER

Miguel Toro

9 de enero de 2025

Este artículo se publicó originalmente en elDiario.es el pasado 19 de diciembre de 2024

Ante todo, debo decir que soy funcionario público. Soy profesor emérito de la Universidad de Sevilla. Pero dicho esto leo en los periódicos cómo se está mostrando de forma descarnada la crisis de Muface. La crisis de la mutualidad de los funcionarios públicos. En esto últimos días del año 2024 todavía no se sabe si finalmente habrá concierto de Muface con aseguradoras privadas para proporcionar a los funcionarios públicos la posibilidad de ser atendidos en la medicina privada. Son momentos en los que la sanidad pública, particularmente en Andalucía, está sufriendo problemas muy importantes. Por la congestión de la atención primaria, por el aumento de las listas de espera, etc.

En estos momentos, con la complicada situación de la sanidad pública, las aseguradoras piden un aumento desorbitado de las primas para atender a los funcionarios públicos. Las aseguradoras han pedido un aumento del orden del 40 % en la prima que debe pagar el Gobierno.

LA ESTRATEGIA DE LA SANIDAD PRIVADA

Sebastián Martín Recio. Médico. Marea Blanca en Sevilla. CAMB

18 de diciembre de 2020

En estos días, en los que estamos viviendo los estragos de la llamada segunda ola de la pandemia del coronavirus, también estamos observando cómo están proliferando los anuncios publicitarios de los distintos seguros privados de salud. Comienzo con esta observación porque es de general conocimiento y conclusión que en la medida en que la sanidad pública ha sufrido un grave deterioro, la sanidad privada ha incrementado sus beneficios económicos, sus infraestructuras y sus pólizas de seguros.

Pero esto que vemos no es una historia de reciente aparición. Nos encontramos ante un proceso, una estrategia de largo alcance, que, paso a paso, ha venido permitiendo el avance de un concepto y de un modelo sanitario que se basa en la consecución de la hegemonía de la sanidad privada en el conjunto de los servicios sanitarios.

1.- La Ley General de Sanidad, su art. 90, el Informe Abril Martorell, y la Ley 15/1997

En 1986 se aprobó la Ley General de Sanidad, un verdadero avance social, llamado a superar el modelo de seguridad social existente, basado en la financiación y el acceso a los servicios sanitarios públicos a quienes cotizaban a la Seguridad Social. Los demás –no cotizantes- quedaban excluidos y, de forma muy evidente, quienes no tuvieran recurso alguno, ni pensión ni ayuda de ningún tipo, en  situación de pobreza extrema, conformando los llamados padrones de beneficencia, atendidos de forma marginal en hospitales llamados de la caridad y por los médicos rurales. La asistencia “universal y gratuita”, aunque en principio no completa, fue una conquista social relevante.

NI TRAMPAS NI ATAJOS PARA SUPUESTAMENTE FINANCIAR LA SEGURIDAD SOCIAL: EN DEFENSA DEL SISTEMA DE REPARTO

- La defensa del actual sistema de pensiones está indisolublemente unida a la defensa del principio de la caja única

- La lucha de las pensiones contributivas está unida a la lucha del movimiento obrero por la mejora de las condiciones de empleo y mejores salarios. No habrá nunca buenas pensiones si no hay buenos salarios

- Los recursos para garantizar el sistema de reparto deben buscarse en el incremento de las cotizaciones sociales.

Juan Miguel Fernández Ruiz, Profesor Honorífico de la Universidad Complutense. Funcionario del Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad Social y Asesor Técnico del Tribunal de Cuentas, jubilado.

28 de febrero de 2020

La financiación de la paga extraordinaria de pensiones del mes de diciembre, para la que no había cotizaciones suficientes, ha vuelto a plantear la discusión sobre la financiación por aportaciones o préstamos de los llamados “déficits” de la Seguridad Social, la necesidad de nuevos recursos y sobre el saqueo sistemático a que los gobiernos han sometido a la Seguridad Social.

Se constata abuso continuado en el acceso al Fondo de la Reserva de la Seguridad Social, que en 2011 alcanzó unas reservas de 66.815 millones de euros. La norma reguladora del Fondo, que permite sacar recursos hasta un 3% del gasto, se ha incumplido sistemáticamente. Así, desde 2011 a 2017, se dispuso de más de 60.000 millones de euros. Este saqueo y los de años posteriores han dejado el Fondo casi agotado. Ha sido el saqueo de la llamada “hucha de las pensiones”.

A su vez, la propaganda sobre los supuestos “déficits” de la Seguridad Social ha activado, quizás por influencia de las políticas de recortes de los gobiernos franceses, la búsqueda de alternativas de nuevos recursos mediante impuestos, tipo contribución social generalizada (CSG) o “cesta de impuestos”.

La introducción de este tipo de tributos, extraños en nuestro sistema fiscal, para financiar pensiones contributivas, supondría el inicio de un cambio sustancial del actual modelo de seguridad social de nuestro país.

Financiación por impuestos del sistema de reparto

HAY QUE ACABAR CON EL PACTO DE TOLEDO

Juan Miguel Fernández Ruiz

Interventor de la Seguridad Social y Asesor técnico del Tribunal de Cuentas. 

[Conferencia en Sevilla de Juan Miguel Fernández, organizada por la Plataforma Sevillana en Defensa de las Pensiones Públicas el 19 de marzo de 2019. Crónica recogida por Juan Valencia]

17 de mayo de 2019

Las propuestas de la CEOE para el futuro del sistema de pensiones

La gran patronal agrupada en la CEOE ha formulado públicamente cuál es el modelo de Seguridad Social y lo ha reflejado en sus propuestas para las elecciones del 28 de abril, entre las que destacan:

• Conseguir más privatizaciones
• Rebajar el tipo de cotización de la patronal a la Seguridad Social.
• Incrementar la edad de jubilación.
• Establecer incentivos fiscales para quienes contraten planes de pensiones privados.

Lo que hay detrás es el deseo del gran capital de buscar inversiones más rentables para toda la riqueza que están acumulando a costa de la mayoría social, y para ello han dirigido sus ojos hacia el sector público. En particular, los Bancos ven cómo cada año pasan por sus manos 140.000 millones de euros de las pensiones públicas. Su avidez de ganancia se alborota ante esa apetitosa cantidad de dinero. Anhelan, ansiosamente, PRIVATIZAR todo lo que se pueda de ese suculento montante económico. Para ello tienen que destruir las conquistas alcanzadas durante décadas de lucha por el pueblo trabajador. Y han diseñado un instrumento para conseguirlo: el Pacto de Toledo. Hay algo revelador: la iniciativa para crearlo partió de la desaparecida Convergencia y Unió, el partido de Jordi Pujol y de la gran burguesía catalana.