Sebastián Martín Recio. Médico. Marea Blanca en Sevilla. CAMB
En estos días, en los que estamos viviendo los estragos de la llamada segunda ola de la pandemia del coronavirus, también estamos observando cómo están proliferando los anuncios publicitarios de los distintos seguros privados de salud. Comienzo con esta observación porque es de general conocimiento y conclusión que en la medida en que la sanidad pública ha sufrido un grave deterioro, la sanidad privada ha incrementado sus beneficios económicos, sus infraestructuras y sus pólizas de seguros.
Pero esto que vemos no es una historia de reciente aparición. Nos encontramos ante un proceso, una estrategia de largo alcance, que, paso a paso, ha venido permitiendo el avance de un concepto y de un modelo sanitario que se basa en la consecución de la hegemonía de la sanidad privada en el conjunto de los servicios sanitarios.
1.- La Ley General de Sanidad, su art. 90, el Informe Abril Martorell, y la Ley 15/1997
En
1986 se aprobó la Ley General de Sanidad,
un verdadero avance social, llamado a superar el modelo de seguridad social
existente, basado en la financiación y el acceso a los servicios sanitarios
públicos a quienes cotizaban a la Seguridad Social. Los demás –no cotizantes-
quedaban excluidos y, de forma muy evidente, quienes no tuvieran recurso alguno,
ni pensión ni ayuda de ningún tipo, en
situación de pobreza extrema, conformando los llamados padrones de beneficencia, atendidos de
forma marginal en hospitales llamados de la caridad y por los médicos rurales. La asistencia “universal y gratuita”,
aunque en principio no completa, fue una conquista social relevante.