Si mantenemos vivo el derecho de la ciudadanía a una
vivienda como es reconocido por la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y la Constitución Española, ninguna de las instituciones del Estado
competentes en la materia pueden dejar de priorizar su aplicación con leyes,
imponiéndose sobre cualquier referente inmobiliario especulativo imperante en
el sector.
Manuel
Armenta
16 de diciembre de 2025
La crisis que estamos viviendo durante años, se ha convertido ya en un gran problema que afecta a todos los países como un auténtico fenómeno global, aunque existan los referentes de subidas “moderadas o excesivas” en unos u otros. Esta crisis ya configura la vivienda como un bien de mercado y no como un derecho fundamental, que afecta prioritariamente a los sectores sociales más necesitados de ellas: por la escasez de recursos económicos y por el abandono de las políticas sociales y leyes de viviendas que las instituciones están practicando.
La vivienda se ha convertido en un bien de inversión muy importante no solo para las empresas, sino para personas de clases medias y altas que están generando rentas de los mercados superiores a otros ámbitos de inversión: el sector inmobiliario. Y ello afecta no solo a las viviendas de nueva construcción, sino a las existentes de todos los tipos que también se enajenan, incluidas las provenientes del nivel protegido que también se descalifican con el tiempo. Todo ello profundiza aún más la crisis, con especial énfasis en los sectores de población más desprotegidos y escasos o carentes de recursos. La vivienda es el sumidero de derechos básico por el que se retrocede en la igualdad de oportunidades y la justicia social por la que la España progresista hoy avanza.
