El “derecho básico” a la vivienda que la Constitución reconoce y la necesidad de frenar la “crisis climática” que se afronta en España y en todo el mundo, nos emplaza a fundir ambos conceptos en el proceso de reconstrucción progresista que mayorías sociales y el gobierno de coalición demandan y proyectan.
Sevilla 3 de Diciembre 2021
El momento crítico que vivimos de reconstrucción en tantos aspectos de la vida política, social y económica, marca como un factor de primacía la implementación del derecho constitucional a la vivienda, con el imprescindible añadido por parte de las Instituciones Públicas de asumir la responsabilidad jurídica de su materialización, porque a día de hoy es el único derecho básico constitucional no desarrollado por Ley para su asunción.
Si a ello añadimos los compromisos y necesidad de lucha, reiterado por el Comité Europeo de las Regiones y la Comisión Europea, para avanzar en la neutralidad climática en el 2050, y que la crisis sanitaria ha evidenciado la necesidad de erradicar la pobreza energética que afecta en Europa a unos 40 millones de personas, así como que los edificios representan el 40 % del consumo energético y el 36 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, y que el 75 % de los edificios son ineficientes en capacidad energética, y solo se renueva el 1 % cada año, parece consecuente y necesario afrontar ambas materias como un proyecto unitario de reconstrucción y avance en los derechos e igualdad CONSTITUCIONAL.
Por las características y condiciones de diversidad competencial Institucional estamos abocados a la necesidad de una Ley estatal de Vivienda y Rehabilitación, que permita la posibilidad de avanzar en la IGUALDAD TERRITORIAL en todo el Estado, tan necesaria para el conjunto de las personas y las familias.