LA VIVIENDA SOCIAL: NUEVO RETO DE ESPAÑA Y LA UE

 La situación de la vivienda asequible que se vive en Europa, y en España de forma “acusada”, es un reto básico y fundamental. Su reconocimiento como derecho se ha visto violado por las políticas tan nefastas que se han aplicado en su gestión y eficiencia institucional. En los últimos diez años en Europa su precio subió un 58 % y en España un 67 %, por muchas causas e intereses ajenos a la vida social.

 

(imagen: https://gatossindicales.blogspot.com/2017/02/derecho-una-vivienda-digna.html)

Manuel Armenta

21 de enero de 2025

Cuando hablamos del Derecho a la Vivienda de las personas en términos generales, no debemos olvidar que éste es un derecho básico amparado en multitud de las normas y leyes, en España, en la UE y en el mundo. Por ejemplo:

• La Declaración Universal de los DD.HH. de 1948 (art. 25.1)
• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 11.1)
• La Constitución española (art. 47)
• La Carta Social europea (en su art. 31, que establece la obligación de los Estados de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda)
• La Carta de Derechos Fundamentales de la UE (año 2.000, en su art. 34.3), que para combatir la exclusión social y la pobreza reconoce el derecho de “ayuda social y de vivienda” a todos los que no dispongan de recursos suficientes.

RECONSTRUCCIÓN - Derechos e Igualdad (y III)

El “derecho básico” a la vivienda que  la Constitución  reconoce y  la necesidad de frenar la “crisis climática” que se afronta en España y en todo el mundo, nos emplaza a fundir ambos conceptos en el proceso de reconstrucción progresista que mayorías sociales y el gobierno de coalición demandan y proyectan.

Manuel Armenta

Sevilla 3 de Diciembre 2021

El momento crítico que vivimos de reconstrucción en tantos aspectos de la vida política, social y económica, marca como un factor de primacía la implementación del derecho constitucional a la vivienda, con el imprescindible añadido por parte de las Instituciones Públicas de asumir la responsabilidad jurídica de su materialización, porque a día de hoy es el único derecho básico constitucional no desarrollado por Ley para su asunción.

Si a ello añadimos los compromisos y necesidad de lucha, reiterado por el Comité Europeo de las Regiones y la Comisión Europea, para avanzar en la neutralidad climática en el 2050, y que la crisis sanitaria ha evidenciado la necesidad de erradicar la pobreza energética que afecta en Europa a unos 40 millones de personas, así como que los edificios representan el 40 % del consumo energético y el 36 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, y que el 75 % de los edificios son ineficientes en capacidad energética, y solo se renueva el 1 % cada año, parece consecuente y necesario afrontar ambas materias como un proyecto unitario de reconstrucción y avance en los derechos e igualdad CONSTITUCIONAL.

Por las características y condiciones de diversidad competencial Institucional estamos abocados a la necesidad de una Ley estatal de Vivienda y Rehabilitación, que permita la posibilidad de avanzar en la IGUALDAD TERRITORIAL en todo el Estado, tan necesaria para el conjunto de las personas y las familias.

DEL DERECHO A UNA VIVIENDA

Enrique Cobo

6 de abril de 2021

El derecho a una vivienda digna y adecuada ha de estar al alcance de todos los españoles, como señala en el Título I, art. 47, nuestra Constitución:

 “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

Estamos en España aquí y ahora en un momento especialmente importante para avanzar en la creación de las normas necesarias para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

El asunto es lo suficientemente importante como para que no lo despachemos con una discusión sobre si es mejor limitar el precio de los alquileres o si, por el contrario, lo mejor es bonificar a los propietarios de las viviendas alquiladas.