El representante de Israel en la ONU rompe el Informe presentado por el Consejo de Derechos Humanos que condena a su gobierno por los crímenes cometidos contra la población palestina
Rosario Granado
16 de noviembre de
2021
En el mes de mayo de 2010 Ameer Makhoul, coordinador de la Plataforma de ONGs palestinas en Israel ITTIJAH, fue detenido de madrugada en su casa por el ejército israelí. Sin ninguna acusación, incomunicado y sin derecho a abogado fue sometido durante semanas a durísimos interrogatorios. Ameer estaba trabajando en proyectos subvencionados por la Agencia de Cooperación Internacional española.
El régimen israelí había anunciado previamente su deseo de terminar con los movimientos sociales de defensa de los derechos humanos por considerar que perjudicaban su imagen en el exterior. Años antes Ameer había estado en Andalucía invitado por los grupos de Solidaridad con Palestina. Estaban aún recientes las detenciones de Mohammad Otman, portavoz de la asociación «Stop the wall» (Paremos el muro) y de Eva Burnatt, dirigente del movimiento de Resistencia popular no violenta de Bil'in, asociaciones que también desarrollaban programas con Europa.
Tras seis meses de calvario por las cárceles israelíes la fiscalía propuso al abogado de Ameer Makhoul llegar a un acuerdo antes del juicio. Tenía dos opciones, reconocer la acusación de “contactar con militantes de la resistencia libanesa” aún sin pruebas (si las hubiera habido no hubieran negociado nada) y así conseguir una pena más corta de 9 años de cárcel, o no reconocer la acusación y entonces sería acusado de delitos mayores y condenado a cadena perpetua. La decisión de declararse culpable fue muy difícil para Ameer Makhoul, para su familia y para el equipo de la defensa, pero el abogado Hatim Kanaaneh consideró que era la única opción posible dentro de un régimen de apartheid como el israelí donde las condenas a los palestinos no dependen de acusaciones basadas en pruebas sino de decisiones políticas.