LOS SECTORES CONSERVADORES QUIEREN UNA DEMOCRACIA SECUESTRADA

Editorial

Grupo Vientos de Cambio Justo: Antonio Aguilera, Manuel Armenta, José Antonio Bosch, Francisco Casero, Antonia Corona, Enrique Cobo, Rosario Granado, Sebastián Martín Recio, Leandro del Moral, Antonio Sánchez, Miguel Toro, Juan Manuel Valencia, Carmen Yuste

10 de enero de 2023

En estos momentos, tras la paralización de las decisiones del Senado por parte del Tribunal Constitucional, tenemos que empezar preguntándonos: ¿es España una democracia? La pregunta surge inevitablemente como reacción ante la situación inédita de un Tribunal Constitucional (TC) entrando en el Parlamento para impedir que se legisle. A ojos de todos los españoles, todas las costuras de nuestra Constitución han quedado al descubierto, o lo que es lo mismo, los agujeros de la transición han quedado de manifiesto.

La ciudadanía ha asistido atónita a la transgresión simultánea por parte del Tribunal Constitucional de tres artículos explicitados en la Constitución: “La justicia emana del pueblo” (Art. 177),  “la soberanía del pueblo reside en las Cortes” (Art.1.2) y  “Las Cortes son inviolables” (Art 66.3)…

¿Es España una democracia? Sin duda, en España hay democracia formal, pero, según algunos eminentes juristas, no ha habido nunca un minuto de democracia real. No la habrá hasta que haya una efectiva separación de poderes. En 2019 Bartolomé Clavero, en la presentación de su libro Constitución a la deriva, tras reiterar que “…el Tribunal Constitucional toma primero una decisión política y después la argumenta jurídicamente…”, dijo explícitamente: “…El Tribunal Constitucional, el Supremo y la Audiencia Nacional son elementos tóxicos, corruptores del sistema constitucional español…” Vivimos en una democracia, sí, pero una democracia imperfecta.

GUERRA JUDICIAL

 

Joaquín Urías, Profesor Titular de  Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla

19 de diciembre de 2021

Este trabajo fue dado a conocer originalmente el 11 de noviembre de 2021 en la primera entrega de “Poder Judicial”, sección del autor en el programa “Horizonte Republicano” que emite el segundo jueves de cada mes, de las 17 a las 18 h, el Ateneo Republicano de Andalucía (ARA), en Radiópolis, 92.3 FM, la radio comunitaria y participativa de Sevilla.

Estamos viviendo una auténtica situación de lawfare, o guerra judicial, que es lo que sucede cuando los jueces utilizan su poder para hacer política y silenciar determinadas opciones.

En España, desde hace unos años, desde la victoria en las últimas elecciones de las fuerzas progresistas, el poder judicial está actuando como un auténtico poder político. Los jueces españoles, la cúpula judicial, está muy inclinada hacia la derecha, y está utilizando su poder para afianzar una derecha que ha perdido en las urnas. Todas las reformas gubernamentales, todos los intentos de acción gubernamental progresistas se encuentran con los jueces del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, que lo bloquean y que haciendo política impiden las políticas de progreso.

El caso más reciente, sin duda, es el del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez fue condenado sin pruebas, por dar una supuesta patada a un policía. Incluso los policías presentes, exceptuando al que lo sufrió, decían que no habían visto nada, que este hombre había sido siempre pacífico. El policía que lo acusaba no fue capaz de aportar ningún parte médico de haber sufrido ningún tipo de agresión y ni siquiera fue capaz de explicar cómo se había dado la agresión.

EL PODER JUDICIAL Y LA SOBERANÍA POPULAR

                            

Enrique Cobo

28 de septiembre de 2021

 

Quiero reflexionar sobre las relaciones que tiene nuestro Poder Judicial con el principio constitucional de que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” (Constitución Española, Título preliminar, art.1 punto 2).

 

Este principio es el que nos constituye como un Estado democrático de Derecho en el que el pueblo español es la única referencia de legitimidad para la constitución de los poderes del Estado.

 

Todos los principios no son una realidad construida sino una perspectiva obligatoria para todos, en virtud de la que vamos haciéndolos realidad en nuestra vida en comunidad. Todos los españoles hicimos posible que la única fuente de soberanía fuera el pueblo español, uno de los tres principios esenciales para nuestra convivencia, y de ahí su afirmación en el Título Preliminar como una de las tres bases de todo nuestro entramado normativo como fundamento de nuestra convivencia.

 

Estamos viendo cómo, al igual que otras tareas, la de administrar justicia, la de interpretar y aplicar la ley, también se hace desde una persona concreta con sus opiniones personales. No es una tarea mecánica, es una función ejercida por personas con ideología, con juicios y prejuicios, con una capacidad técnica concreta, con aspiraciones personales, con diferentes estados de ánimo de la persona que ejerce esa función de juez…, como no podía ser de otra manera. La libertad de cada persona fundamenta nuestra convivencia, también la del individuo-juez.