El auto del Supremo es político. Para defender su concepto de la unidad de
España. Y para poner en su sitio a un Parlamento que el pueblo ha querido que
esté controlado por progresistas y nacionalistas. Los jueces han decidido dejar
claro que los únicos que mandan de verdad son ellos.
Joaquín
Urías. Profesor de Derecho
Constitucional de la Universidad de Sevilla y ex letrado del Tribunal
constitucional.
5 de julio de 2024
Este artículo fue
publicado originalmente en elDiario.es el
pasado 1 de julio. Lo publicamos aquí con autorización del autor.
El Tribunal Supremo lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a violar
la soberanía popular. Nuevamente ha decidido que su voluntad vale más que la
del pueblo, expresada –como dice la Constitución– en la ley. Los jueces de
nuestro más alto tribunal de justicia dejan así una vez más en el aire la
pregunta de si en España es posible la democracia.
La explicación técnica de
lo que han hecho es sencilla, aunque en los próximos días el aparato mediático
y jurídico de la derecha nos va a intentar convencer de lo contrario. La ley de
amnistía dice que no serán amnistiados los delitos de malversación cuando haya
existido propósito de enriquecimiento. Para aclarar este concepto, la propia
ley detalla que no se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos
públicos a finalidades independentistas “cuando, independientemente de su
adecuación al ordenamiento jurídico, no haya tenido el propósito de obtener un
beneficio personal de carácter patrimonial”. La norma es clara. Cristalina. Nos
puede parecer mejor o peor, podemos estar o no de acuerdo con lo que dice, pero
no hay duda de ello: si se usó dinero público para el referéndum del uno de
octubre sin intención de obtener un beneficio patrimonial personal, es decir,
sin voluntad de quedarse con dinero para ellos mismos, el delito tiene que ser
amnistiado.
