Considero que el objetivo real de la norma no es proteger a la embarazada y a su familia porque, de ser así, el centro de la regulación sería la mujer gestante.
José Antonio Bosch. Abogado.
A
grandes rasgos, la nueva norma trata de establecer ayudas a la mujer embarazada
y a la familia en la que se produce un embarazo, adelantando en el tiempo
determinados beneficios que se obtendrían tras el nacimiento del nuevo miembro.
Así, en lugar de tener que esperar al nacimiento para acceder a ciertas ayudas,
se tiene por «nacido» al feto meses antes de que su madre dé a luz.
Inicialmente, nadie en su sano juicio puede oponerse a que se aprueben ayudas
para una familia en un momento en que aumentan sus necesidades y gastos y,
además, como consecuencia de una actividad que interesa al conjunto de la
sociedad: la reproducción. Pero ¿realmente lo que le importa al Gobierno de la
Comunidad de Madrid es la protección de la familia y la promoción de la
natalidad?
A
mi juicio, la respuesta es no. Existen razones evidentes que justifican esta
posición y que permiten sostener que el fin último de la norma es ir allanando
el camino hacia la reducción de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres y, más concretamente, del derecho al aborto.
Considero
que el objetivo real de la norma no es proteger a la embarazada y a su familia
porque, de ser así, el centro de la regulación sería la mujer gestante. Sin
embargo, el eje sobre el que se construye la ley es el cigoto, embrión o feto,
denominado eufemísticamente «concebido no nacido». La Asamblea de Madrid sabe
perfectamente que, en nuestro sistema jurídico, la personalidad se adquiere en
el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento
del seno materno, y que el nasciturus no es titular de
derechos fundamentales en sentido propio por no ser persona.
Ese
obstáculo jurídico ha frustrado reiteradamente los intentos de quienes han
pretendido acabar con el aborto argumentando que vulnera el artículo 15 de la
Constitución, aquel que proclama que todos tienen derecho a la vida y a la
integridad física y moral. La discusión ha consistido precisamente en intentar incluir
dentro de ese «todos» al embrión y al feto, e incluso, en las posiciones más
extremas, al óvulo fecundado.
Ya
en diciembre de 1983, Alianza Popular, antecedente del actual Partido Popular,
se opuso a la despenalización del aborto mediante un recurso previo de
inconstitucionalidad interpuesto por José María Ruiz-Gallardón, comisionado por
cincuenta y cuatro diputados de las Cortes Generales, contra el texto
definitivo del Proyecto de Ley Orgánica de reforma del artículo 417 bis del
Código Penal.
La
oposición continuó con el recurso presentado en junio de 2010 por Federico
Trillo-Figueroa y Martínez-Conde, diputado y comisionado de otros setenta
diputados del Grupo Parlamentario Popular, contra la Ley Orgánica 2/2010, de 3
de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del
embarazo. Y volvió a manifestarse en enero de 2014 con el Anteproyecto de Ley
Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la
Mujer Embarazada, iniciativa que finalmente le costó el cargo al entonces
ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
No
obstante, para apaciguar a los sectores más conservadores de su electorado, el
Gobierno de M. Rajoy impulsó posteriormente la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de
septiembre, destinada a restringir el acceso al aborto de las mujeres de 16 y
17 años.
Volviendo
al presente, cuando el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid presentó
el proyecto de ley ante la Asamblea para su votación, justificó la necesidad de
la norma citando, entre otras referencias, al papa León XIV y su alegato en
favor de la vida. En términos similares se expresó el portavoz del Partido
Popular durante el debate parlamentario, apelando incluso a la denominada
«cultura del descarte». Semejantes justificaciones, ausentes del preámbulo de
la ley, no parecen responder a la voluntad de ayudar a la embarazada y a su
familia, sino más bien a un posicionamiento ideológico claramente definido.
La
lucha de la derecha española contra el aborto no es nueva, ni ha dejado nunca
de ocupar un lugar destacado entre sus prioridades políticas. Lo novedoso es la
estrategia empleada. Aunque se trata de una táctica ya utilizada en distintos
países gobernados o influenciados por la extrema derecha populista, su
incorporación al panorama español merece atención. No se trata de atacar
frontalmente el aborto, sino de construir progresivamente una narrativa que
permita justificar, llegado el momento, su prohibición o la imposición de
restricciones tan severas que hagan inviable su ejercicio efectivo.
La
estrategia consiste en avanzar gradualmente en el reconocimiento de derechos al
cigoto, al embrión o al feto, aproximándolos cada vez más a la condición
jurídica de persona. No es casual que el artículo primero de la ley establezca
que su objeto es «habilitar la asimilación del concebido no nacido al hijo ya
nacido». Tampoco parece casual la elección del verbo asimilar, cuya
acepción, según la Real Academia Española, incluye la idea de equiparar o
considerar iguales dos personas o cosas.
Lo
que se pretende es acostumbrar a la sociedad a identificar el concepto de
«concebido no nacido» con el de «persona». Una vez consolidado ese relato, el
paso siguiente resulta sencillo desde el punto de vista argumentativo: si toda
persona tiene derecho a la vida y el concebido no nacido es considerado una
persona, el feto tendría también derecho a la vida en términos equivalentes.
Esa sería la base discursiva sobre la que podría construirse una futura
limitación radical del derecho al aborto.
Cuando
los ciudadanos realizamos un acto que, respetando aparentemente la letra de una
norma, persigue vulnerar su espíritu o finalidad, nos encontramos ante lo que
jurídicamente se denomina fraude de ley. También los parlamentos pueden
incurrir en dinámicas semejantes cuando aprueban disposiciones que, más allá de
lo que afirman sus exposiciones de motivos o preámbulos, persiguen en realidad
eludir o erosionar otras normas del ordenamiento jurídico. Cuando se utiliza de
forma torticera una institución jurídica para sortear mandatos
constitucionales, estamos igualmente ante un fraude.
Conviene
recordar que, en nuestro país, el Tribunal Constitucional ha declarado que la
decisión de la mujer de interrumpir su embarazo encuentra amparo en el artículo
10.1 de la Constitución, que consagra la dignidad de la persona y el libre
desarrollo de la personalidad, así como en el artículo 15, que garantiza el
derecho fundamental a la integridad física y moral. Esta realidad normativa,
junto con la evolución de la jurisprudencia y la amplia aceptación social del
aborto, explica que determinados sectores hayan abandonado la confrontación
directa para buscar nuevas estrategias encaminadas a lograr la ilegalización o
la práctica imposibilidad de cualquier interrupción voluntaria del embarazo.
Si
la Asamblea de Madrid quisiera realmente apoyar a la mujer embarazada y
fomentar la natalidad, como afirma, podrían plantearse innumerables medidas con
una eficacia mucho mayor: acceso a la vivienda, salarios dignos, refuerzo de la
atención primaria, ampliación de la red de escuelas infantiles, comedores
escolares, políticas efectivas de conciliación laboral y familiar y un largo
etcétera de iniciativas que sí inciden directamente sobre las decisiones
reproductivas de las familias.
Por
el contrario, se ha optado por una norma cuya incidencia real tanto sobre la
natalidad como sobre la situación material de las mujeres embarazadas es muy
limitada. Sin embargo, la escasa eficacia práctica de su letra contrasta con la
potencia simbólica de su mensaje, que contribuye a construir y reforzar un
relato ideológico que podría servir, más pronto que tarde, para promover una
reducción sustancial de los derechos sexuales y reproductivos.
Conviene
desconfiar de estas músicas seductoras y de estos cantos de sirena que, como en
el relato homérico, actualmente tan de moda, tratan de conducirnos lentamente
hacia los arrecifes donde terminaran naufragando nuestras libertades.
Artículo publicado en NR Periodismo Alternativo 24/07/26.
