martes, 28 de mayo de 2019

DISCRIMINADOS




Francisco Casero Rodríguez, Antonio Ramírez de Arellano López, Ezequiel Martínez Jiménez y Antonio Aguilera Nieves

28 de mayo de 2019

El carácter afable, tolerante, hospitalario de las mujeres y hombres del medio rural es conocido. Sabemos todos de la buena gente del campo. Debe resultar llamativo por ello, el creciente movimiento de rabia que está removiendo los territorios que apenas tienen ya gente para quejarse.

Esta voz de alarma que se propaga comienza a colarse en los periódicos, en los noticieros y en los discursos de los partidos políticos. Está muy bien que se sumen, a base de repetirlo, propios y extraños acabarán entendiendo que la situación es angustiosa y preocupante para todos.

Porque, en primera instancia es un error de base plantear que el debate consiste en una dicotomía, en una elección entre el medio urbano y el rural. El problema de falta de gestión del territorio al que está llevando el despoblamiento del interior tiene consecuencias sobre todos. Acuciado por el tensor que es el cambio climático. La inmensa mayoría del paisaje español está humanizado y requiere, para su mantenimiento de la acción continuada de la mano del hombre. En caso contrario, estaremos, todos, perdiendo calidad y cantidad de alimentos que dejan de producirse, además de otros productos agrarios y forestales. Pero también subirá el riesgo de incendio en unas regiones y el de desertización en otras. Disminuirá la cantidad y calidad del agua que se produce en las cabeceras de los acuíferos y que todos necesitamos después aguas abajo en las ciudades. También la capacidad de regeneración del aire. La propia producción de energía se ve afectada. Es, en definitiva, un empobrecimiento de las expectativas de vida colectiva. El despoblamiento es un problema estructural que nos perjudica a todos, sin excepción.


Para frenarlo primero y revertirlo es importante considerarlo como efecto y no como agente causante de esta crisis demográfica. Es decir, el despoblamiento es el efecto de la falta de oportunidades en el medio rural, de la desigualdad, de la carencia de servicios públicos básicos. La disponibilidad de educación, sanidad, servicios, provocada por la inexistencia de políticas territoriales transversales provoca el despoblamiento y la falta de relevo generacional. Durante años, las personas de los pueblos remotos pidieron infraestructuras para mejorar sus condiciones de vida. Ahora, estas carreteras, les están sirviendo para poder irse más rápido, más lejos del pobre futuro del pueblo.

Allí van quedando menos, junto a ellos, se está produciendo el envejecimiento y la masculinización de la población rural lo que hace que las expectativas de revitalización se vayan a los suelos. Y un aspecto adicional que suele olvidarse. Son cada vez más pobres. Las personas en edad avanzada, en procesos de jubilación obtienen menos rentas. Esto hace que el medio rural se haga menos atractivo para las empresas privadas. Ya no se habla, por ejemplo, de tener plena cobertura de móvil en todo el territorio. Sin embargo, curiosamente, los pasajeros del tren entre Madrid y Barcelona, el que cruza el área más despoblada de la Península, tienen wifi durante todo el recorrido. Ese tipo de cliente objetivo si es rentable. Este ejemplo evidencia la prioridad de los objetivos y una realidad indignante. Ahora que la conexión supone un servicio básico pues son numerosas las transacciones básicas diarias que tienen que hacerse por internet, muchos ciudadanos, por su lugar de residencia, no tienen acceso a ella. En las últimas semanas ha sido noticia el cierre de sucursales bancarias, de centros sanitarios, de acorte de personal y horarios.

Podría realizarse una larga relación de servicios y productos públicos a los que la población rural tiene mayor dificultad de acceso, servicio o incluso no pueden hacerlo. En la era de la conectividad global, seguimos manteniendo el poder en las capitales administrativas, lanzando el mensaje de que es en la ciudad donde está lo importante. Por eso los jóvenes del medio rural miran a la ciudad, seamos honestos. Parecemos olvidar que es función esencial del Estado y el Gobierno garantizar la igualdad de todas las mujeres y hombres. Dice el artículo 14 de la Constitución: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”

Parece que en esta redacción es necesario incluir “lugar de residencia”. Porque eso, en definitiva, es lo que está ocurriendo. Existe un colectivo, inmenso por otro lado, de mujeres y hombres que están siendo discriminados por su lugar de residencia. Circunstancia intolerable, inadmisible pues son ellos los mejores guardianes del territorio, los que nos suministran bienes esenciales de calidad; Sin ellos, todo se convertiría en abandono y ruina, malas hierbas, y en los peores casos, cenizas tras el fuego.

Los autores de este texto han podido comprobarlo y vivirlo en primera persona en los últimos años en los que han convocado en diversos rincones del territorio hasta una veintena de encuentros con agentes sociales de numerosas comarcas para reflexionar y debatir sobre esta cuestión que es de las grandes preocupaciones de las mujeres y hombres del medio rural, que debería ocupar un espacio importante en la vida pública y política.

Es urgente corregir esta situación. Es obligación del Estado revertir esta deriva, empezando por la aplicación efectiva de una ley en vigor, pero olvidada en la práctica, la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible en el Medio Rural. También desplegando políticas que sean discriminatorias, pero positivas. Que corrijan la situación de desigualdad que sufre el medio rural. Redefinir patrones de servicio en educación, en sanidad. Fiscalidad rural que corrija la pérdida de competitividad por ubicación. Incentivos a la puesta en valor de recursos históricos, naturales, agrarios, culturales. Verdadera administración digital. Son numerosas las vías que ya se están estudiando, escasas las que están en marcha. Tenemos que mejorar el modelo de gobernanza de nuestro territorio.

Una política que otorgaría justicia y alentaría la equidad social transversal consiste en compensar a los territorios y su gente que produce toda una serie de bienes públicos indispensables para todos: agua, aire, energía, alimentos. Elementos que todos necesitamos, que son producidos en nuestros montes, en nuestras sierras, pero que no los tenemos adecuadamente recogidos en la cadena de valor social, en nuestro modelo de gobernanza, en nuestro sistema de justicia social. La sociedad debe tanto, necesita tanto de las mujeres y hombres del campo que es imprescindible que empecemos a reconocérselo, con hechos.