Francisco
Casero Rodríguez, Antonio Ramírez de Arellano López, Ezequiel Martínez Jiménez
y Antonio Aguilera Nieves
28
de mayo de 2019
El
carácter afable, tolerante, hospitalario de las mujeres y hombres del medio
rural es conocido. Sabemos todos de la buena gente del campo. Debe resultar
llamativo por ello, el creciente movimiento de rabia que está removiendo los
territorios que apenas tienen ya gente para quejarse.
Esta
voz de alarma que se propaga comienza a colarse en los periódicos, en los
noticieros y en los discursos de los partidos políticos. Está muy bien que se
sumen, a base de repetirlo, propios y extraños acabarán entendiendo que la
situación es angustiosa y preocupante para todos.
Porque,
en primera instancia es un error de base plantear que el debate consiste en una
dicotomía, en una elección entre el medio urbano y el rural. El problema de
falta de gestión del territorio al que está llevando el despoblamiento del
interior tiene consecuencias sobre todos. Acuciado por el tensor que es el
cambio climático. La inmensa mayoría del paisaje español está humanizado y
requiere, para su mantenimiento de la acción continuada de la mano del hombre.
En caso contrario, estaremos, todos, perdiendo calidad y cantidad de alimentos
que dejan de producirse, además de otros productos agrarios y forestales. Pero
también subirá el riesgo de incendio en unas regiones y el de desertización en
otras. Disminuirá la cantidad y calidad del agua que se produce en las
cabeceras de los acuíferos y que todos necesitamos después aguas abajo en las
ciudades. También la capacidad de regeneración del aire. La propia producción
de energía se ve afectada. Es, en definitiva, un empobrecimiento de las
expectativas de vida colectiva. El despoblamiento es un problema estructural
que nos perjudica a todos, sin excepción.
Para
frenarlo primero y revertirlo es importante considerarlo como efecto y no como
agente causante de esta crisis demográfica. Es decir, el despoblamiento es el
efecto de la falta de oportunidades en el medio rural, de la desigualdad, de la
carencia de servicios públicos básicos. La disponibilidad de educación,
sanidad, servicios, provocada por la inexistencia de políticas territoriales
transversales provoca el despoblamiento y la falta de relevo generacional.
Durante años, las personas de los pueblos remotos pidieron infraestructuras
para mejorar sus condiciones de vida. Ahora, estas carreteras, les están
sirviendo para poder irse más rápido, más lejos del pobre futuro del pueblo.
Allí
van quedando menos, junto a ellos, se está produciendo el envejecimiento y la
masculinización de la población rural lo que hace que las expectativas de
revitalización se vayan a los suelos. Y un aspecto adicional que suele
olvidarse. Son cada vez más pobres. Las personas en edad avanzada, en procesos
de jubilación obtienen menos rentas. Esto hace que el medio rural se haga menos
atractivo para las empresas privadas. Ya no se habla, por ejemplo, de tener
plena cobertura de móvil en todo el territorio. Sin embargo, curiosamente, los
pasajeros del tren entre Madrid y Barcelona, el que cruza el área más
despoblada de la Península, tienen wifi durante todo el recorrido. Ese tipo de
cliente objetivo si es rentable. Este ejemplo evidencia la prioridad de los
objetivos y una realidad indignante. Ahora que la conexión supone un servicio
básico pues son numerosas las transacciones básicas diarias que tienen que
hacerse por internet, muchos ciudadanos, por su lugar de residencia, no tienen
acceso a ella. En las últimas semanas ha sido noticia el cierre de sucursales
bancarias, de centros sanitarios, de acorte de personal y horarios.
Podría
realizarse una larga relación de servicios y productos públicos a los que la
población rural tiene mayor dificultad de acceso, servicio o incluso no pueden
hacerlo. En la era de la conectividad global, seguimos manteniendo el poder en
las capitales administrativas, lanzando el mensaje de que es en la ciudad donde
está lo importante. Por eso los jóvenes del medio rural miran a la ciudad,
seamos honestos. Parecemos olvidar que es función esencial del Estado y el
Gobierno garantizar la igualdad de todas las mujeres y hombres. Dice el
artículo 14 de la Constitución: “Los
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.”
Parece que en esta redacción es necesario
incluir “lugar de residencia”. Porque eso, en definitiva, es lo que está
ocurriendo. Existe un colectivo, inmenso por otro lado, de mujeres y hombres
que están siendo discriminados por su lugar de residencia. Circunstancia
intolerable, inadmisible pues son ellos los mejores guardianes del territorio,
los que nos suministran bienes esenciales de calidad; Sin ellos, todo se
convertiría en abandono y ruina, malas hierbas, y en los peores casos, cenizas
tras el fuego.
Los autores de este texto han
podido comprobarlo y vivirlo en primera persona en los últimos años en los que
han convocado en diversos rincones del territorio hasta una veintena de
encuentros con agentes sociales de numerosas comarcas para reflexionar y
debatir sobre esta cuestión que es de las grandes preocupaciones de las mujeres
y hombres del medio rural, que debería ocupar un espacio importante en la vida
pública y política.
Es urgente corregir esta situación. Es
obligación del Estado revertir esta deriva, empezando por la aplicación
efectiva de una ley en vigor, pero olvidada en la práctica, la Ley 45/2007 de
Desarrollo Sostenible en el Medio Rural. También desplegando políticas que sean
discriminatorias, pero positivas. Que corrijan la situación de desigualdad que
sufre el medio rural. Redefinir patrones de servicio en educación, en sanidad.
Fiscalidad rural que corrija la pérdida de competitividad por ubicación.
Incentivos a la puesta en valor de recursos históricos, naturales, agrarios,
culturales. Verdadera administración digital. Son numerosas las vías que ya se
están estudiando, escasas las que están en marcha. Tenemos que mejorar el
modelo de gobernanza de nuestro territorio.
Una política que otorgaría justicia y alentaría
la equidad social transversal consiste en compensar a los territorios y su
gente que produce toda una serie de bienes públicos indispensables para todos:
agua, aire, energía, alimentos. Elementos que todos necesitamos, que son
producidos en nuestros montes, en nuestras sierras, pero que no los tenemos
adecuadamente recogidos en la cadena de valor social, en nuestro modelo de
gobernanza, en nuestro sistema de justicia social. La sociedad debe
tanto, necesita tanto de las mujeres y hombres del campo que es imprescindible
que empecemos a reconocérselo, con hechos.
