Miguel Toro
14
de mayo de 2019
Las
elecciones municipales, y autonómicas en muchos territorios del estado español,
es un buen momento para traer a la palestra un tema recurrente en la política
española: centralizar o descentralizar. La irrupción de Vox en la política
española y su seguidismo, en muchos temas, por el PP y Ciudadanos ha hecho que sus
seguidores achaquen algunos problemas de España a las autonomías. Argumentan
que la proliferación de comunidades autónomas aumenta el gasto en políticos
corruptos y sobre todo aumenta, desde su punto de vista, el tamaño de un estado
ya demasiado grande y opresor de los negocios privados. El llamado problema catalán es, según esta forma de
pensar, una manifestación clara. Si el estado español estuviera más
centralizado, dicen, los independentistas catalanes no podrían tener
tentaciones de separarse. En el fondo todas esas razones son simples
manifestaciones de algo más profundo: el rechazo a la profundización
democrática. La reivindicación de que todas las soluciones están en lema de
tiempos pasados: España Una, Grande y Libre. Son ideas del pasado.
También
en determinados sectores ligados al PSOE se mantienen ideas jacobinas que
justifican la necesidad de la recentralización en lo injustificado, desde su
punto de vista, de la duplicación de administraciones: europea, central,
autonómica y municipal, de las diferencias de inversión o calidad de las
atenciones en algunos servicios públicos entre distintas comunidades autónomas.
Desde esos ámbitos se nos intenta convencer de que eliminando algunas competencias
ya transferidas todos viviríamos mejor. Son visiones demasiado simplistas de la
realidad que creen que al centralizar las decisiones en Madrid desaparecerían
las tensiones territoriales y aparecería la igualdad en la distribución de los
recursos y la eficiencia en su uso. Solo tenemos que pensar en el estado
centralista de la época franquista en España para darnos cuenta de que allí
también hubo, y mucho, desarrollo desigual de las ciudades y de las autonomías.
Frente
a lo anterior, sin embargo, podemos observar que el aumento de la calidad de
vida en las ciudades, los servicios públicos que se ofrecen en ellas, está
relacionada claramente con época democrática. Las elecciones municipales le han
sentado bien a las ciudades españolas. El del desarrollo descentralizado del
estado del bienestar ha sido debido en buena parte a la existencia de
comunidades autónomas. Los vecinos de un municipio exigen cosas concretas a sus
representantes en el Ayuntamiento. Lo ciudadanos de una comunidad autónoma
exigen cosas concretas a los políticos elegidos en el correspondiente
parlamento.
La
descentralización en España, y en muchas partes del mundo, está asociada a
progreso. Es el momento de seguir con esa descentralización. Es el momento de
seguir dando más competencias a entes más cercanos a los ciudadanos:
ayuntamientos, comarcas y entidades autónomas. Junto a esto es conveniente
resaltar que hay muchas tareas que requieren una visión centralizada más allá
de un estado. Es el caso de los impuestos a las grandes multinacionales, la
política bancaria, etc. que necesitan estar dirigidas desde la Unión Europea. La
política internacional, y otras, debe permanecer asociada al estado. En otro
lugar hemos hablado de ello, centrémonos hoy en el aspecto de descentralización
hacia los municipios. Veamos algunos elementos que desde nuestro punto de vista
deberían ser transferidos a los municipios, que nuevos elementos organizativos
deberían potenciarse y que otros deberían irse eliminando progresivamente.
Se
ha discutido mucho de la necesidad de eliminar las Diputaciones Provinciales.
Estoy de acuerdo en ello, posiblemente de forma progresiva, pero habría que
eliminarlas. Muchos de los servicios ahora en manos de las Diputaciones
deberían pasar a entidades más pequeñas como podrían ser las Mancomunidades de
Municipios asociadas a comarcas o áreas metropolitanas. Otras competencias, o
determinados aspectos de estas, en manos de las autonomías deberían pasar a
manos de estas Mancomunidades. Estas Mancomunidades deberían tener un órgano de
gobierno y un presidente elegido directamente por los ciudadanos. Este órgano
potenciaría las discusiones y las capacidades de decisión en temas ahora muy
alejados del ciudadano medio. Sin ser exhaustivo veamos algunos.
Los
servicios de abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y
tratamiento de aguas residuales, de tratamiento de residuos, de prevención y
extinción de incendios deberían pasar a las Mancomunidades. Son servicios en
manos de la Diputaciones en la mayor parte de los casos pero que su gestión
debería acercarse a los ciudadanos.
El
asesoramiento legal y la asistencia económica y técnica a los Municipios, los
servicios de gestión de la recaudación tributaria, los servicios de
administración electrónica y la contratación centralizada, actualmente en manos
de las Diputaciones deberían pasar a las Mancomunidades. Posiblemente
eliminando algunos funcionarios de los ayuntamientos pequeños como el
secretario y otros técnicos. La complejidad técnica de esos servicios va en
aumento. Los municipios pequeños no pueden mantener unos servicios de calidad.
La Diputación está demasiado lejos y su elección es indirecta.
El
acercamiento de los servicios públicos al ciudadano y su transparencia están
totalmente relacionados con la descentralización. Un primer ejemplo es el caso
de la sanidad. Actualmente los servicios de salud municipales están gestionados
por gerentes que dan cuentas ante las delegaciones provinciales de la
Consejería de Salud de la correspondiente autonomía. Esta gestión implica la
gestión personal sanitario, la financiación, los equipos, los edificios, etc.
Esto se nos presenta como algo técnico que debe ser decidido por técnicos. Pero
es algo político que necesita ser discutido por los ciudadanos. La calidad de
los funcionarios públicos de los centros de salud, el funcionamiento eficiente
de los mismos, el presupuesto necesario, la elección de los directores de esos
centros, etc. deberían ser discutidos y aprobados en las Mancomunidades de
Municipios.
Un
segundo ejemplo es la enseñanza primaria y secundaria. Los municipios tienen la
competencia sobre conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros
educativos de las enseñanzas no universitarias y la gestión y realización de
actividades o servicios complementarios a las enseñanzas. El aspecto central de
su gestión, la elección de los directores de los centros públicos de primaria y
secundaria, la planificación de nuevos centros, las unidades necesarias en cada
uno, etc. son gestionados por la Consejería de Educación de la correspondiente
autonomía a través de sus delegaciones provinciales. La educación, junto a la
sanidad, son muy importantes para la población. Es muy importante que los
aspectos anteriores dejen de ser sólo técnicos para pasar a ser políticos y por
lo tanto decididos en organismos adecuados como las Mancomunidades de
Municipios.
Otros
servicios públicos pueden ser considerados desde el punto de vista anterior.
Como hemos dicho arriba la descentralización está asociada a progreso. Un progreso
ligado a la ampliación de la democracia y a las posibilidades de decidir por
parte de la población sobre las cosas que le afectan.
