Francisco
Casero Rodríguez y Mesa Social del Agua
11 de febrero de 2025
En la Fundación Savia venimos trabajando desde hace años en la puesta en valor del medio rural, considerando las actuaciones de renaturalización como una acción fundamental en los territorios de especial protección, como es el caso de Doñana. Hemos trabajado y elaborado en la Mesa Social del Agua un documento con aportaciones en este sentido, que compartimos a continuación:
APORTACIONES DE DIVERSAS ORGANIZACIONES DE LA MESA SOCIAL DEL AGUA DE ANDALUCÍA AL TRÁMITE DE AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL “Proyecto de Orden Ministerial por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., en régimen de concurrencia competitiva, para fomentar actuaciones dirigidas a la renaturalización y restauración ecológica en el ámbito agrario y forestal”
Aunque el ámbito de desarrollo de las subvenciones que se regulan en el proyecto de Orden es de carácter nacional, no debe olvidarse que su primera implementación se desarrollará en el Entorno de Doñana y a esta singularidad van dirigidas las aportaciones que presentamos.
Los
acuerdos de noviembre de 2023 entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de
Transición Ecológica y Reto Demográfico pretendían resolver la tensión entre la
conservación de los espacios de Doñana y la actividad agraria en los regadíos
del entorno no contemplada en los instrumentos de planeamiento como el llamado Plan de la fresa.
Se
pretendía disminuir la presión sobre el acuífero Almonte-Marismas,
imprescindible para recuperar diversos
ecosistemas de Doñana, renaturalizar terrenos
que dejaran de regarse, restablecer la legalidad en el
uso del agua, y hacerlo con el mínimo impacto sobre el tejido social
de los pequeños agricultores, promoviendo rentas y oportunidades para reconvertir los
modelos agrarios intensivos hacia la agricultura ecológica y actividades de desarrollo local. El conjunto
de objetivos es ambicioso, pero difícilmente encajable totalmente en la formulación de medidas
concretas. Por ello deben juzgarse estas medidas considerando en qué medida
contribuyen adecuadamente a la sinergia de objetivos, sin menoscabo importante
de ninguno de ellos.
En
este sentido se echa en falta que la retirada de tierras de cultivo en regadío,
restableciendo el principio de legalidad en el uso del agua, que podrá ser
contemplada en las ayudas previstas
en la Orden, no incluya
criterios relacionados con el tamaño de las explotaciones y con la
capacidad económica de los agricultores. Se resiente gravemente el equilibrio del objetivo entre restablecimiento de la legalidad en el uso del
agua y mínimo impacto sobre los pequeños
agricultores, al extenderlo a la totalidad de las explotaciones en
situación irregular.
Como se desprende de la lectura de la introducción de la Orden, las subvenciones debieran servir para impulsar proyectos que avancen en el impulso de una transición justa en la Comarca de Doñana, sin embargo, el desarrollo del articulado no dispone medida alguna orientada en esa dirección.
Consideramos que la transición hídrica justa, ecológica y social del territorio de Doñana debe asentarse sobre los siguientes principios:
1.
Frenar el colapso hídrico
que está sufriendo
la comarca de Doñana.
Para
ello consideramos fundamental, que no se amplíe la superficie de regadío
autorizado en toda la zona de influencia de Doñana a la vez que se disminuye la presión
sobre el acuífero mediante la clausura de las extracciones ilegales y el cambio de aguas
subterráneas de usos legales por las que provengan del trasvase autorizado
desde la Demarcación del Tinto, Odiel y Piedras.
Adicionalmente las ayudas para la retirada
del cultivo de tierras en regadío o las posibles compras de terrenos de regadío
para devolverlos a su condición inicial de secanos deberían centrarse en las
zonas en peor estado del acuífero o que mejoraran sustancialmente la funcionalidad hídrica
de los ecosistemas de Doñana.
En lo referente al mal estado
del acuífero deben
priorizarse las actuaciones en la cabecera
de la Rocina, Norte del Rocío y sur de Villamanrique. Para mejorar la
funcionalidad hídrica de los ecosistemas marismeños es imprescindible actuar en
la recuperación del caño Guadiamar.
Es
imprescindible acelerar el proceso de constitución de las Comunidades de Aguas
Subterráneas (CUMAS) para implicar al conjunto de regantes y usuarios en la
mejora del estado del acuífero Almonte-Marismas.
El control
de las dotaciones asignadas a cada explotación por parte de la administración, en coordinación con la
correspondiente CUMA, debe de realizarse de tal manera que no quepa ninguna
duda sobre su estricto cumplimiento y sobre la imposibilidad de su trasgresión.
2. Diversificación sectorial.
El
sector de los frutos rojos y el turístico de la comarca en la actualidad están
en un modelo de mercado de competencia en precio. Esta dinámica provoca que el
crecimiento se convierta en una huida hacia adelante que tensiona los recursos
pero que en la práctica no mejora la vida de agricultores, trabajadores y la
comarca en general. Abordar de forma
clara y decidida un proceso de diversificación basado en la diferenciación, la singularidad
y la sostenibilidad resulta imprescindible, añadiendo transformación y valor
añadido.
Junto
a los sectores básicos de la comarca es necesario incorporar otras actividades
que enriquezcan el tejido productivo y la solvencia económica y social de la
comarca.
3. Equidad social.
Demasiadas
personas en la comarca, normalmente asociadas al trabajo agrícola se encuentran en situaciones de precariedad que a todos nos debe avergonzar. Garantizar la dignidad de los trabajadores
y trabajadoras desplazados, normalmente extranjeros, durante toda su estancia
en España debe ser objetivo
básico. Para ello se tienen que poner en funcionamiento todas aquellas
instalaciones necesarias, además de mecanismos de atención social, sanitaria y
educativa.
En los
procesos de reestructuración productiva de la comarca se debe apoyar
decididamente a la agricultura familiar
y profesional por estar imbricada
en el territorio y que es
consciente de la necesidad de conservarlo, frente a modelos de grandes explotaciones cuya propiedad es ajena al territorio y su horizonte de actividad extractiva es a corto plazo.
La
justificación de las medidas
e inversiones públicas basadas en argumentos sociales no pueden reducirse a expresiones retóricas que ignoren la actual distribución altamente concentrada de
los recursos hídricos, en cuya
asignación es necesario aplicar, cuando sea necesario, criterios de
discriminación positiva que garanticen las explotaciones sociales y familiares.
4.
Evitar la traslocación del problema.
Ante la intensa atención
y vigilancia sobre
la comarca de Doñana, se corre el peligro de que
especuladores trasladen su producción a otras zonas para continuar con su modelo de negocio egoísta y cortoplacista. Incorporar mecanismos que eviten que el problema no se traslade desde Doñana a
otras comarcas resulta importantísimo, para ello es esencial establecer mecanismos de control,
vigilancia y coordinación entre las diversas cuencas hidrográficas.
Por
estos motivos proponemos la inclusión en la Orden de criterios que contemplen la modulación de las ayudas para la
reducción de la presión sobre las masas de agua subterráneas de Doñana:
1. Discriminar por tipo de cultivo (desde
el arrozal hasta los frutos rojos) teniendo en cuenta consideraciones de
generación de actividad económica y de empleo en la comarca.
2. Consideraciones
de mayor o menor adecuación agroecológica (preocupación,
por ejemplo, por la expansión del olivar intensivo, el almendro y otros cultivos leñosos en suelos de arenas o de marisma).
3. Eficiencia de cada retirada de regadío
para la reducción de presión sobre el acuífero,
teniendo en cuenta factores hidrogeológicos:
primar desafectación de regadíos en las zonas más
convenientes para el objetivo de la recuperación del acuífero. Para evitar que
la incorporación voluntaria al plan podría originar un mosaico inconexo de
espacios renaturalizados que presenten escasa viabilidad ecológica, debería
primarse la concentración de terrenos a retirar
del cultivo o, en su caso,
la adquisición pública de las mismas
o la oferta de permutas.
4. En las zonas de menor impacto sobre el acuífero
o de menor sensibilidad sobre los ecosistemas primar la conversión de regadíos a cultivo ecológico o la reconversión
a secanos.
5. Adquisición
de las fincas de marisma transformada para
su renaturalización. Se trata de un proyecto de agricultura fallida y se
precisa su incorporación al patrimonio público para eliminar
drenajes y favorecer su renaturalización espontánea.
6. Tamaño de la explotación y vinculación de las empresas
con el territorio:
criterios sociales que contemplen el apoyo a las explotaciones familiares y
profesionales enraizadas en el tejido productivo local.
7. Criterio de legalidad.
Impedir que puedan acogerse a las ayudas grandes explotaciones incursas en usos irregulares del agua para el
regadío o de la ordenación territorial y forestal.
8. Criterios
de buenas prácticas laborales: valorar las condiciones laborales y vitales de las personas
trabajadoras, así como prever apoyos para los que resulten afectados por la
pérdida del empleo.
9. Transparencia y participación pública, de
manera que la concesión de las subvenciones sea transparente y sirva para
realizar el seguimiento y evaluación necesarias
La
inclusión de estos criterios propuestos en la Orden permitirá obtener una
sinergia benéfica entre los objetivos ambientales, de restauración de la
legalidad y de apoyo a la agricultura familiar y profesional y, por tanto,
compatibilizar la conservación de Doñana, el desarrollo del territorio y el
apoyo social a las medidas propuestas.
Mesa
Social del Agua de Andalucía
