Juan Miguel Fernández
Ruiz
Interventor
de la Seguridad Social y Asesor técnico del Tribunal de Cuentas.
[Conferencia
en Sevilla de Juan Miguel Fernández, organizada por la Plataforma Sevillana en
Defensa de las Pensiones Públicas el 19 de marzo de 2019. Crónica recogida por
Juan Valencia]
17
de mayo de 2019
Las propuestas de la
CEOE para el futuro del sistema de pensiones
La
gran patronal agrupada en la CEOE ha formulado públicamente cuál es el modelo
de Seguridad Social y lo ha reflejado en sus propuestas para las elecciones del
28 de abril, entre las que destacan:
- Conseguir más privatizaciones
- Rebajar el tipo de cotización de la patronal a la Seguridad Social.
- Incrementar la edad de jubilación.
- Establecer incentivos fiscales para quienes contraten planes de pensiones privados.
Lo
que hay detrás es el deseo del gran capital de buscar inversiones más rentables
para toda la riqueza que están acumulando a costa de la mayoría social, y para
ello han dirigido sus ojos hacia el sector público. En particular, los Bancos
ven cómo cada año pasan por sus manos 140.000 millones de euros de las
pensiones públicas. Su avidez de ganancia se alborota ante esa apetitosa
cantidad de dinero. Anhelan, ansiosamente, PRIVATIZAR todo lo que se pueda de
ese suculento montante económico. Para ello tienen que destruir las conquistas
alcanzadas durante décadas de lucha por el pueblo trabajador. Y han diseñado un
instrumento para conseguirlo: el Pacto
de Toledo. Hay algo revelador: la iniciativa para crearlo partió de la
desaparecida Convergencia y Unió, el
partido de Jordi Pujol y de la gran burguesía catalana.
El sistema de la
Seguridad Social
En
efecto, el Pacto de Toledo, desde su origen, ha puesto ya encima de la mesa lo
que desea la CEOE, reducir las cotizaciones sociales de la patronal, que son
una parte del salario. Únicamente la decidida resistencia social lo ha
impedido. El núcleo del sistema que quieren romper está sustentado en la solidaridad de los trabajadores, que es
lo que soporta todo el edificio de la Seguridad Social y de las pensiones; es
una solidaridad intergeneracional,
no de un año u otro. Y quieren confundir las prestaciones contributivas,
financiadas con salario diferido, con las prestaciones asistenciales, que son
las destinadas a las personas necesitadas que no cotizaron o lo hicieron insuficientemente. Estas
prestaciones asistenciales o no
contributivas, que son otra cosa diferente de las prestaciones contributivas y
están fundamentadas en otro principio, la solidaridad
ciudadana.
La
Seguridad Social actual fue creada por la Ley
de Bases de 1963, que implantó un modelo unitario e integrado de protección
social de gestión pública, con una financiación basada en las cotizaciones
sociales, que son parte del salario del trabajador. Fue la respuesta del
franquismo ante las fuertes luchas que en ese momento estaban protagonizando
los mineros de Asturias, y que dieron lugar al nacimiento de Comisiones
Obreras.
Hay
algo esencial que tratan de ocultar por todos los medios: la Seguridad Social
no tiene techo de gasto. Tiene presupuesto propio e instituciones propias. El
presupuesto de la Seguridad Social se hace de la siguiente manera: primero se
hace un cálculo, que se puede precisar con mucha exactitud, de lo que hay que
pagar en pensiones, prestaciones diversas, etc. A continuación se concretan los
ingresos que hay que buscar para atender esos gastos. Si hay desfase, el Estado
debe aportar lo que falte con la cantidad correspondiente que debe consignar en
los Presupuestos del Estado, en calidad de aportación
al Presupuesto de la Seguridad Social, tal como establece la Ley General de la
Seguridad Social en su artículo 109.2, No
puede haber déficit. Lo que ha sucedido es que, por un lado, se ha
exagerado el importe que iban a sumar las hipotéticas cotizaciones, y por otro
lado, que el Estado no ha efectuado las aportaciones
que por ley tenía que hacer, sino que habla de “préstamos” (no debe ser así, aunque se trate de préstamos al 0 % de
interés y a 10 años, prorrogables).
Ahora
repiten una y otra vez: “La Seguridad Social está en quiebra”. Es falso. Lo que
ha ocurrido es que en los años de bonanza del sistema, cuando eran muchos los
trabajadores que cotizaban y muy pocos todavía los que recibían pensiones, la
Seguridad Social acumuló enormes cantidades porque había superávit de
cotizaciones todos los años. Pero en vez de constituir éstos excedentes como reservas de la Seguridad Social, el
Estado echó mano a menudo de estos fondos para atender otras necesidades, pero sin consignar estas cantidades que
tomaba de la Seguridad Social, ni devolverlas, ni constituir reservas. Esta es
una deuda histórica que el Ministerio de
Hacienda contrajo con la Seguridad Social, que había que haber registrado y
ser devuelta a la Seguridad Social.
Hablar,
pues, del déficit crónico de la
Seguridad Social (SS) es una gran falsedad. La Seguridad Social legalmente no puede tener déficit, no se puede
emplear este término, ni el de “déficit estructural”, porque la Seguridad Social, con sus ingresos y gastos propios de la
Administración de la Seguridad Social dispone de presupuestos propios, que no
son extraños o ajenos a los Presupuestos Generales del Estado, sino que muy
contrario forman parte de ellos, junto con los Presupuestos del Estado y los de
otros entes públicos. La Seguridad Social está incluida en los Presupuestos Generales
del Estado. Y como la Ley General de Seguridad Social especifica, si las
cotizaciones no alcanzan para cubrir el presupuesto de gasto de la SS, hay que
destinar partidas del Presupuesto del Estado. Pero, en calidad de aportaciones desde el Presupuesto del
Estado al Presupuesto de la Seguridad
Social, no en calidad de préstamos,
que es lo que se está haciendo. Estos préstamos suman ya en torno a 50.000
millones de euros, equivalente a más del 5 % del PIB. ¿Por qué están
registradas como préstamos?: por la cobardía de los gobiernos ante la Unión
Europea (UE): para respetar la política de austeridad y los techos de gasto que
la UE impone, estas aportaciones constan como préstamo, y no como gasto a imputar al Presupuesto del
Estado, por lo que no se cuenta a efecto de déficit público del Presupuesto del
Estado, con lo cual lo que se hace es esconder
el déficit público. Hacienda esconde
su déficit como deudas de la SS., haciendo pasar por préstamos lo que por ley deben
ser aportaciones obligatorias.
Por
tanto, esta supuesta deuda de la SS debe
condonarse, como ha repetido con insistencia el Tribunal de Cuentas.
Y
además, está todo lo que el Estado debe a la Seguridad Social por las
cantidades que cogieron durante décadas del superávit de la SS.
Las reformas del
sistema de la Seguridad Social
Las
primeras decisiones en contra de nuestro modelo de SS se tomaron durante los
gobiernos de Felipe González (PSOE), con Pedro Solbes al frente del Ministerio
de Hacienda: comenzaron a emplear el término de préstamos a la Seguridad
Social, en vez de aportaciones. Había que “quedar bien” con la UE a la que
pertenecíamos ya.
Los
últimos gobiernos han establecido asimismo medidas que socavan el sistema
público de pensiones y el modelo de la Seguridad Social. Una disposición clave,
que se tomó en 2011, fue la reforma
“exprés” del artículo 135 de la Constitución, por acuerdo entre PSOE y PP,
que introdujo el concepto de “estabilidad presupuestaria” y obligaba a que el pago de la Deuda pública fuese el
primer capítulo de gasto a considerar, por delante de cualquier otro gasto del
Estado, en sus Presupuestos Generales.
Otra
de la reformas introducidas por el presidente Rodríguez Zapatero, del PSOE, fue
la de elevar progresivamente la edad de jubilación hasta alcanzar los 67 años.
En esa misma dirección, el PP con su
reforma de 2013 ha introducido el concepto de “índice de sostenibilidad” que
reduce de manera constante cada año el
montante de la pensión, y el índice de revalorización de las pensiones
normalmente anclado en el 0,25% de aumento anual, que generalizó las protestas
de los pensionistas.
Lo
curioso es que siempre se dice que el problema de la SS reside en la
insuficiencia de los ingresos, pero
precisamente ese es el capítulo que no se toca en ninguna de las reformas
efectuadas o propuestas, todo lo contrario, el efecto de todo lo que se propone
es la reducción de los ingresos.
Solo
la movilización multitudinaria y sostenida en el tiempo de los pensionistas ha
impedido que las reformas que precarizan y degradan el sistema de la SS hayan
ido más adelante. Por eso el Pacto de Toledo ha estado paralizado, sin avanzar
en sus deliberaciones y reuniones durante dos años.
El Pacto de Toledo
El
Pacto de Toledo, creado en 1995, es una comisión parlamentaria integrada por
partidos con representación en las Cortes, cuyo objeto es analizar “los
problemas estructurales del sistema de Seguridad Social y de las principales
reformas que deben acometerse” para, según declara, “asegurar la sostenibilidad
del sistema público de pensiones”, dejando el asunto al margen de la
confrontación política ordinaria, pero señalando como obstáculo para alcanzar
esos objetivos al sistema de reparto "a causa de la estructura financiera del sistema de la Seguridad Social española
fundamentado en un régimen de
reparto".
Funciona
a base de “recomendaciones”, que deben tomarse por consenso.
En
realidad, las cosas son de otra manera. Por ejemplo, el Pacto de Toledo no se ha planteado algo tan vital para el
sistema público de la Seguridad Social como la derogación de la contrarreforma
laboral iniciada con el presidente Zapatero, o al menos su aspecto más negativo
como el aumento de la edad de jubilación a los 67 años.. Está discutiendo lo
que la gran patronal de la CEOE quiere para que haya un cambio de parámetros en
el modelo: rebaja de las cotizaciones empresariales, elevación de la edad de
jubilación, ampliación de la base de cálculo a toda la vida laboral (con lo que
ello supone de rebaja sustancial de las pensiones), exigencia de mayor número
de años de cotización para tener derecho a la pensión máxima, igualar los
distintos regímenes a la baja eliminando los derechos adquiridos que otorgan
los regímenes específicos a algunos colectivos, disminución de las prestaciones
asistenciales, etc.
¿Cuál
es su objetivo?: En el fondo, lo que se
quiere con el Pacto de Toledo es cambiar el modelo, conformar un modelo público
de Seguridad Social raquítico, con una escasa protección social, para crear
un mercado, un espacio de negocio en que esas necesidades las
cubra la empresa privada (planes privados de pensiones, medicina privada,
asistencia social privada, etc.).
Hay
ya una legislación que está actuando en esa dirección. Y además quieren que los
sindicatos ayuden a eso; por ejemplo, los
están induciendo a aceptar y promover en los convenios de grandes
empresas sistemas complementarios de
pensiones e incluso fondos para “otras cosas”. Eso supone, ni más ni menos,
hacerle la competencia al sistema público de la SS, y no debemos consentirlo. De la misma manera, se quieren hacer pasar
como medidas encaminadas a asegurar el sistema mecanismos que en realidad lo
socavan, como la creación de impuestos específicos, “finalistas”, “IVA social”,
por ejemplo, pagados por todos, que a la postre vienen a recaer sobre los
asalariados.
Conclusiones
La
Plataforma en defensa del Sistema
Público de Pensiones está dando buena respuesta a todas estas maniobras, y,
con razón, se felicita de la reciente
ruptura del Pacto de Toledo.
Para
quien quiera defender el modelo público de la Seguridad Social, no hay nada que negociar dentro del Pacto
de Toledo, en donde son mayoría abrumadora las fuerzas políticas que
quieren cargarse el modelo. Con quien hay que negociar, directamente, con los apoyos
parlamentarios que puedan obtenerse, es con quien esté en el Gobierno, que es
quien puede asegurar la continuidad del modelo.
El
Pacto de Toledo, en suma, no es un instrumento para defender las pensiones,
sino todo lo contrario. La perspectiva está clara: hay que acabar con el Pacto de Toledo.
