Carmen Yuste Aguilar, profesora de Enseñanza Secundaria
10 de mayo de 2022
En el contexto actual
de vorágine pre-electoral, la política (y en particular el ámbito de las
izquierdas), se parece más a un mercado persa que a otra cosa: todo el mundo
anda pendiente de pactos, coaliciones, listas y reparto las futuras cuotas de
poder, ¡esperemos que no se estén repartiendo los trozos de una tarta para
acabar lamiendo las migajas del mantel! Y mientras se desarrolla el regateo
bochornoso, quienes lamentablemente se perfilan como vencedores se están
repartiendo ya un botín mucho más jugoso: la Educación Pública.
“¡Que viene la
derecha!” esta vez no sirve, sobre todo porque la derecha más dura gobierna en Andalucía
desde hace cuatro larguísimos años. Ya conocemos y padecemos la política
salvaje de destrucción programada y sistemática de sus servicios públicos y particularmente
de la Educación. Es un nicho de mercado que el neoliberalismo no quiere dejar
escapar.
Ya están aquí. La
derecha no esconde que su objetivo es jibarizar la Educación Pública para regalarles
el negocio a sus amigotes, desde la Educación Infantil a la Universidad,
pasando por todos los niveles educativos. Llevan haciéndolo desde que llegaron
al poder en Andalucía.
En lo que va de legislatura, el gobierno de la Junta fue capaz de rechazar 123 millones de euros de los fondos europeos para la creación de plazas públicas de Educación Infantil y proteger así el negocio de las guarderías privadas. En estos cuatro años se han eliminado 1.181 clases (la mayoría de Educación Primaria) de la red de centros públicos y se seguirán recortando aulas el próximo curso, tanto en Educación Primaria, como Secundaria, mientras la enseñanza privada concertada aumenta su porcentaje de implantación. La autorización de nuevos centros de Formación Profesional -que dan respuesta a la alta demanda que el gobierno de las derechas se niega a cubrir con plazas públicas- es una auténtica mina de oro; el paradigma es MEDAC, empresa vinculada al anterior Consejero de Educación que, desde que éste llegó a la Junta, multiplicó por quince su valor y se vendió a un fondo de inversión estadounidense por 200 millones de euros. La última andanada, poco antes de convocar las elecciones, ha ido dirigida contra las universidades públicas, con la aprobación de la creación de tres universidades privadas, a pesar de las protestas de rectores, profesorado y estudiantes y pasando por encima de los informes negativos de la Conferencia General de Política Universitaria del Ministerio de Universidades, de la Dirección de Evaluación Académica de la Junta de Andalucía y del Consejo Andaluz de Universidades (CAU). Todo ello, además de la subcontratación y externalización masiva de tareas educativas esenciales, como la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, los programas de prevención del absentismo y el abandono escolar y otras muchas.
Los recortes y la
privatización no vienen solos, sino acompañados de la aterradora amenaza de
persecución ideológica que ya se extiende en otros territorios gobernados por
la derecha y sus socios de ultraderecha y que han amagado con implantar aquí.
Ahí están el veto parental, las acusaciones de adoctrinamiento a las y los
docentes de la Escuela Pública, la persecución del pensamiento libre y crítico,
el señalamiento de la coeducación y la educación en igualdad como algo a
erradicar, la persecución de la educación en valores: contra la discriminación
a las personas LGTBI, contra la xenofobia y el racismo, por una escuela
pacifista y ecologista, etc.
Si las derechas,
incluyendo su ala filofranquista, ganan las elecciones del 19 de junio, toca
redoblar esfuerzos para impedir que sigan socavando la Educación Pública, enfrentando
sus nefastas políticas desde las aulas y las calles. Serán tiempos sombríos. Pero
no hay que dar la batalla por perdida antes de enfrentarla. Si “los nuestros”
se dejan de intrigas palaciegas, aún nos cabe la esperanza de revertir la
tendencia de estos últimos años, también desde el Parlamento. A la reconquista,
sí, de los derechos duramente arrancados y que tanto necesitan las gentes
trabajadoras de Andalucía.
